Sentencia 2013-0003 de agosto 1º de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente:

Dra- Martha Teresa Briceño de Valencia

Radicación: 130012333000201300003-01 [20816]

Demandante: Sika Colombia S.A. (NIT. 890904996-1)

Demandada: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros del año gravable 2008

Fallo

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide si son legales los actos por los cuales el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena modificó la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la actora por el año gravable 2008.

En concreto, define si resulta procedente la adición de los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena por $173.856.865.000 y el rechazo de las deducciones por devoluciones, descuentos y rebajas por $2.642.487.000, al igual que el impuesto determinado en $1.604.904.000 y la sanción por inexactitud que se impuso por $2.411.682.000.

Para resolver la Sala hará las siguientes precisiones:

Conforme con el artículo 385 del Acuerdo 41 de 2006 del Concejo de Cartagena(23), en concordancia con el artículo 702 del Estatuto Tributario, el Distrito de Cartagena tiene la facultad para modificar, por una sola vez, las liquidaciones privadas de los contribuyentes, declarantes y agentes de retención, mediante liquidación de revisión. Este acto debe contraerse exclusivamente a la respetiva declaración y a los hechos que hubieren sido contemplados en el requerimiento o en su ampliación si la hubiere.

El artículo 386 del citado acuerdo, en concordancia con el artículo 703 del estatuto tributario, dispone que, antes de efectuar la liquidación de revisión, la administración debe enviar al contribuyente, agente retenedor o declarante, por una sola vez, un requerimiento especial que contenga todos los puntos que se proponga modificar con explicación de las razones en que se sustentan y la cuantificación de los impuestos y retenciones que se pretendan adicionar, así como de las sanciones que sean del caso.

Asimismo, dispone que el término para la notificación, la suspensión de este y la respuesta al requerimiento especial se regirán por lo señalado en los artículos 705, 706 y 707 del Estatuto Tributario Nacional(24).

Por su parte, el artículo 387 del Acuerdo 41 de 2006, en concordancia con el artículo 708 del estatuto tributario, establece la facultad que tiene la administración para ampliar el requerimiento especial, por una sola vez, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del plazo para responder el requerimiento especial y decretar las pruebas que considere necesarias.

En el artículo 389 del Acuerdo 41 de 2006 se consagra que el término y contenido de la liquidación oficial de revisión se rigen por lo dispuesto en los artículos 710 y 712 del estatuto tributario(25).

De otra parte, el artículo 395 del Acuerdo 41 de 2006 establece que “contra las liquidaciones oficiales, las resoluciones que aplican sanciones y demás actos producidos por la administración tributaria distrital, procede el recurso de reconsideración el cual se someterá a lo regulado por los artículos 720, 722 a 725, 729 a 733 del estatuto tributario nacional”.

Conforme con el artículo 720 del estatuto tributario, contra la liquidación oficial de revisión procede el recurso de reconsideración, con el cual se agota la vía gubernativa. Igualmente, el parágrafo de dicha norma dispone lo siguiente:

“ART. 720.—Recursos contra los actos de la administración tributaria.

(...).

PAR.—Cuando se hubiere atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial”.

Así pues, las normas tributarias permiten prescindir del recurso de reconsideración y demandar directamente la liquidación oficial de revisión si se atiende en debida forma el requerimiento especial, lo que incluye la respuesta oportuna de este, y la demanda se presenta dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial de revisión.

De otra parte, el artículo 744 del estatuto tributario, aplicable al demandado con fundamento en el artículo 59 de la Ley 788 de 2002(26), dispone lo siguiente:

“ART. 744.—Oportunidad para allegar pruebas al expediente. Para estimar el mérito de las pruebas, éstas deben obrar en el expediente, por alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Formar parte de la declaración; 

2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, o en cumplimiento del deber de información conforme a las normas legales. 

3. Haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o a su ampliación; 

4. Haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste; y 

5. Haberse practicado de oficio. 

6. Haber sido obtenidas y allegadas en desarrollo de un convenio internacional de intercambio de información para fines de control tributario. 

7. Haber sido enviadas por gobierno o entidad extranjera a solicitud de la administración colombiana o de oficio.

8. Haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales recíprocos de intercambio de información, para fines de control fiscal con entidades del orden nacional *2-o con agencias de gobiernos extranjeros.

9. Haber sido practicadas por autoridades extranjeras a solicitud de la administración tributaria, o haber sido practicadas directamente por funcionarios de la Administración Tributaria debidamente comisionados de acuerdo a la ley”. (Negrillas por la Sala).

De acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 744 del estatuto tributario, el contribuyente tiene la posibilidad de allegar o solicitar pruebas con la respuesta al requerimiento especial y con el recurso de reconsideración.

De conformidad con las normas anteriores, tanto la respuesta al requerimiento especial como el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión son oportunidades que tienen los contribuyentes para ejercer su derecho de defensa y, como expresión de este, pedir pruebas o hacer valer las que tiene en su poder. Si, por cualquier razón, el contribuyente no responde el requerimiento especial, puede ejercer su derecho de defensa y allegar pruebas al interponer el recurso de reconsideración contra el acto definitivo (liquidación oficial de revisión), pues la respuesta al requerimiento especial no es condición para que pueda solicitar o entregar pruebas con el recurso.

El efecto de la falta de respuesta al requerimiento especial y su atención en debida forma, aspecto que no es objeto de análisis en esta oportunidad, es el de privar al contribuyente de la oportunidad de demandar directamente la liquidación oficial de revisión, esto es, sin necesidad de recurrir dicho acto ante la Administración.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 87 del Acuerdo 41 de 2006, el hecho generador del impuesto de industria y comercio es el ejercicio de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en la jurisdicción de Cartagena Distrito Turístico y Cultural.

Conforme con el artículo 34 de la Ley 14 de 1983, en concordancia con el artículo 88 del Acuerdo 41 de 2006, son actividades industriales la producción, extracción, fabricación, manufactura, confección, preparación, reparación, ensamble de cualquier clase de materiales y bienes y en general cualquier proceso de transformación por elemental que éste sea.

Y según el artículo 35 de la Ley 14 de 1983 en concordancia con el artículo 89 del Acuerdo 41 de 2006, son actividades comerciales las destinadas al expendio, compraventa, o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor, y las demás definidas como tales por el Código de Comercio, siempre y cuando no estén consideradas por el mismo Código o por la ley, como actividades industriales o de servicios.

En sentencia C-121 de 2006(27), la Corte Constitucional declaró exequible la expresión “y las demás definidas como tales por el Código de Comercio” del artículo 35 de la Ley 14 de 1983 compilado, como artículo 198 del Decreto 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), en el sentido de que la norma correctamente interpretada proporciona pautas generales suficientes que permiten establecer qué actividades pueden ser calificadas como comerciales para ser gravadas con el impuesto de industria y comercio.

Al respecto, precisó que “la interpretación de la disposición acusada […] lleva a la Corte a concluir lo siguiente: (i) que lo gravado son las actividades comerciales y no los actos de comercio o las personas que llevan a cabo unas u otros; (ii) que las actividades comerciales gravadas son las que se benefician de la infraestructura y el mercado local municipal; (iii) que por actividades comerciales ha de entenderse “las destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes o mercancías, tanto al por mayor como al por menor” y “las demás definidas como tales por el Código de Comercio”; y (iv), que no pueden ser consideradas como actividades comerciales las que puedan ser calificadas como industriales o de servicio, según los artículos 197 y199 del Decreto 1333 de 1986”.

Por su parte, el artículo 93 del Acuerdo 41 de 2006 dispuso que:

“Son percibidos en Cartagena D. T y C. los ingresos originados en la actividad industrial, los generados en la venta de bienes producidos en el mismo, sin consideración a su lugar de destino o a la modalidad que se adopte para su comercialización”.

“Son percibidos en Cartagena D. T y C. los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él”. Subraya la Sala

Entonces, quienes ejerzan actividades industriales deben pagar el impuesto de industria y comercio en el Distrito de Cartagena cuando los ingresos sean generados en la venta de bienes producidos en dicha jurisdicción, independientemente del lugar de destino o de la modalidad de comercialización.

Y respecto del ejercicio de la actividad comercial en Cartagena se entiende que los ingresos se obtuvieron en esta ciudad cuando estas actividades no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él.

La citada norma es similar al artículo 154 numeral 3º del Decreto 1421 de 1993(28) sobre actividad comercial en el Distrito Capital, por lo que resulta aplicable el criterio de la Sala, expuesto al referirse a dicha disposición. Así, en sentencia de 25 de marzo de 2010, la Sala precisó lo siguiente(29):

“[…] el Distrito Capital puede gravar en su jurisdicción, los ingresos obtenidos en otros municipios por actividades comerciales y de servicios, si el contribuyente no demuestra que se realizan o prestan a través de establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que en este se pagó el impuesto.

En ese orden de ideas, es obligación del contribuyente acreditar tanto el registro del establecimiento de comercio como el pago de las obligaciones que por impuesto de industria y comercio se generen fuera del Distrito Capital”.

En consecuencia, si el contribuyente demuestra que ejerció la actividad comercial en otro municipio, a través de un establecimiento de comercio, y por el ejercicio de esta actividad tributó en esa jurisdicción, el Distrito de Cartagena no puede gravarlo por el ejercicio de actividad comercial por los ingresos que obtuvo fuera de su jurisdicción.

Además, conforme con la sentencia C-121 de 2006, a la que se hizo referencia, el Distrito de Cartagena sería sujeto activo del ICA en su jurisdicción respecto de los ingresos que se compruebe que el contribuyente obtuvo aprovechando la infraestructura del Distrito.

Por su parte, el artículo 99 literal c) del Acuerdo 41 de 2006, prevé lo siguiente:

“ART. 99.—requisitos para la procedencia de las exclusiones de la base gravable. – Para efectos de excluir de la base gravable los ingresos que no conforman la misma, se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

[…] c) Cuando los ingresos sean obtenidos en otra jurisdicción municipal, en el momento que lo solicite la administración tributaria Distrital en caso de investigación, deberá mostrar la declaración tributaria presentada en el municipio donde presentó el hecho generador del impuesto”.

En el caso en estudio se encuentran probados los siguientes hechos:

SIKA COLOMBIA S.A. tiene domicilio en Tocancipá (Cundinamarca) y, en general, se dedica a la fabricación, producción, compra, venta, distribución, importación y exportación de productos químicos y materiales en general que tengan su aplicación en la construcción, mantenimiento y reparación de estructuras. Asimismo, se dedica a la fabricación y comercialización de productos que tengan aplicación y uso en el mantenimiento industrial, los que complementen la línea de productos y materiales propios de la compañía y que se usen como materia prima en la industria manufacturera(30).

De conformidad con el certificado de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cartagena, SIKA COLOMBIA S.A. tiene un establecimiento de comercio en el Distrito de Cartagena, en el que la actora se dedica al ejercicio de la actividad comercial (venta de productos químicos para la construcción)(31).

El 29 de abril de 2009, SIKA COLOMBIA S.A. presentó en Cartagena la declaración de ICA por el año gravable 2008 por el ejercicio de actividad comercial. En la declaración, registró ingresos netos gravables por $10.556.320.000, un total impuesto neto de $97.603.000 y un total a pagar por ese mismo valor(32).

El Distrito de Cartagena expidió a la actora el Requerimiento Especial 099-11 de 7 de abril de 2011 en el que propuso la modificación de la declaración anterior(33).

En el requerimiento especial, el demandado propuso la modificación de la declaración en el sentido de adicionar a la base gravable el total de los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena ($173.856.865.000)(34). Igualmente, propuso rechazar devoluciones, rebajas y descuentos por $2.642.487.000 y determinar un total impuesto a cargo de $1.604.904.000, una sanción por inexactitud de $2.411.682.000 y un total a pagar de $4.016.586.000.

El 28 de abril de 2011, el demandado notificó por correo el acto a la demandante, según constancia de la empresa de correos(35).

La demandante sostiene que no contestó el requerimiento especial porque el documento se le extravió debido a que en los días en que llegó el correo estaba en las actividades de traslado de domicilio de Bogotá a Tocancipá.

Por Resolución 157 de 31 de agosto de 2011, el Distrito de Cartagena practicó liquidación oficial de revisión, en los siguientes términos(36):

ConceptoLiquidación oficialLiquidación privada
Ingresos Ordinarios y extraordinarios $ 187.055.672.000 $ 187.055.672.000
Ingresos fuera del distrito $ 0 $ 173.856.865.000
Devoluciones, rebajas y descuentos $ 0 $ 2.642.487.000
Total base gravable $ 187.055.672.000 $ 10.556.320.000
Impuesto Industria y Comercio $ 1.309.387.000 $ 73.894.000
Avisos y tableros $ 196.408.000 $ 11.084.000
Sobretasa bomberil $ 91.657.000 $ 5.173.000
Total impuestos $ 1.597.452.000 $ 90.151.000
Anticipo 40% $ 36.060.000 $ 36.060.000
Vr anticipo pagado $ 28.608.000 $ 28.608.000
Retenciones que le practicaron $ 0 $ 0
Total impuestos $ 1.604.904.000 $ 97.603.000
Sanción $1.507.301.000 X 160% $ 2.411.682.000 $ 0
TOTAL A PAGAR $ 4.016.586.000 $ 97.603.000

El 21 de septiembre de 2011, la actora interpuso recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión.

Con el recurso, la demandante allegó las declaraciones de ICA por el año gravable 2008 que presentó y pagó en los municipios donde tiene sede industrial, así:

Municipio y/o DistritoBase gravableImpuesto a cargoTotal a pagar
Rionegro (Antioquia)(37)$47.000.653.000$378.356.000$378.356.000
Duitama (Boyacá)(38)$19.995.970.000$109.978.000$113.277.000
Corrales (Boyacá)(39)$1.300.622.000$6.731.000$0
Bogotá D.C. – Bim. 1 (40)$15.599.855.000$198.055.000$4.263.000
Bogotá D.C. – Bim. 2(41)$16.328.790.000$207.311.000$733.000
Bogotá D.C. – Bim. 3(42)$17.887.692.000$227.102.000$15.761.000
Bogotá D.C. – Bim. 4(43)$18.108.438.000$229.905.000$229.865.000
Bogotá D.C. – Bim. 5(44)$21.283.598.000$270.217.000$270.211.000
Bogotá D.C. – Bim. 6(45)$19.703.518.000$250.156.000$250.136.000
Total$177.209.136.000$1.877.811.000$1.262.602.000

Asimismo, allegó las declaraciones del ICA que presentó con pago en los municipios de Bucaramanga, Girón, Soledad, Cali, Dosquebradas y Cartagena, por el ejercicio de actividad comercial, en las que registró la siguiente información:

Municipio y/o DistritoBase gravableImpuesto a cargoTotal a pagar
Bucaramanga (Santander)(46)$7.892.978.689$37.886.000$47.374.000
San Juan de Girón (Santander)(47)$7.353.329.000$42.282.000$42.282.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 1(48)$2.579.893.000$0$3.164.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 2(49)$2.941.444.000$12.354.000$12.354.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 3(50)$3.346.884.000$14.027.000$14.027.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 4(51)$3.262.266.000$13.702.0000$13.702.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 5(52)$3.628.370.000$15.239.000$15.239.000
Soledad (Atlántico) – Bim. 6(53)$3.237.267.000$13.597.000$13.597.000
Santiago de Cali (Valle del Cauca)(54)$24.319.193.000$215.347.000$28.089.000
Dosquebradas (Risaralda)(55)$11.692.448.000$45.601.000$40.339.000
Cartagena (Bolívar)(56)$10.556.320.000$97.603.000$97.603.000
Total$ 80.810.392.689$630.956.000$327.770.000

Igualmente, con el recurso de reconsideración, la actora aportó un certificado de revisor fiscal en el que se discrimina el total de ingresos gravables registrados en las declaraciones privadas presentadas en los diferentes municipios, así(57):

MunicipioValor declarado - ingresos gravables
Bucaramanga (Santander)$7.892.978.689
San Juan de Girón (Santander)$7.353.329.000
Soledad (Atlántico)$18.996.124.000
Santiago de Cali (Valle del Cauca)$24.319.193.000
Dosquebradas (Risaralda)$11.692.448.000
Cartagena (Bolívar)$10.556.320.000
Rionegro (Antioquia)$47.000.653.143
Duitama (Boyacá)$19.995.969.580
Corrales (Boyacá)$1.300.621.793
Bogotá D.C.$108.911.891.000

Igualmente, con el recurso de reconsideración allegó las siguientes pruebas(58):

Resumen de ingresos declarados y pagados en el año gravable 2008 fuera de la jurisdicción de Cartagena por cada establecimiento de comercio.

Copia de las declaraciones presentadas y pagadas en estos municipios durante el año 2008.

Ingresos reportados en las declaraciones de IVA y renta en comparación con los ingresos registrados en la declaración de ICA del año 2008.

Relación de la facturación generada durante el año gravable 2008 en el Distrito de Cartagena.

Copia de las declaraciones bimestrales de IVA del año 2008 y de la declaración de renta del año 2008.

Relación de ventas al exterior correspondientes al año gravable 2008, en medio magnético.

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá.

La liquidación oficial de revisión fue confirmada en reconsideración por la Resolución AMC-RES-001283-2012 de 4 de septiembre de 2012, con los siguientes argumentos(59):

“Es de anotar que la sociedad contribuyente pretendió dar respuesta al requerimiento especial No. 099 de 2011 proferido en su contra usando para ello el Recurso de Reconsideración, tratando de controvertir los planteamientos efectuados por la Administración en el requerimiento pluricitado con hechos y pruebas documentales, siendo que ya no era la oportunidad procesal ni administrativa para ello por haber precluido el término que señala el artículo 707 del ETN, por cuanto por no atacar el requerimiento especial plurimencionado, fue suficiente para que no prosperaran las pretensiones (…), y poder como efectivamente ocurrió proferir liquidación de revisión y sanción contenidas en la Resolución No. 157 de Agosto 31 de 2011 por medio de la cual la Secretaría de Hacienda a través de la oficina de fiscalización, expidió una Liquidación de Revisión y se impuso una sanción al contribuyente SIKA COLOMBIA S.A. Nit. 860000896-2 por cuanto la administración cumplió a cabalidad todo el ordenamiento tributario pertinente en lo concerniente a los artículos 703, 704 y 705 del ETN y salvaguardó también lo precitado en el artículo 45 de la Ley 111 de 2006”.

Así, en el acto que resolvió el recurso de reconsideración, el Distrito de Cartagena tuvo como argumento principal para confirmar la liquidación oficial de revisión, que al no haber contestado el requerimiento especial, la demandante perdió la oportunidad para controvertir las modificaciones propuestas por la administración.

En el caso en estudio, la demandante reconoció que el requerimiento especial le fue notificado pero que el acto se le extravió, por lo cual no pudo contestarlo.

Si bien la demandante no podía justificar la falta de respuesta al requerimiento especial con el extravío del acto, tampoco estaba obligada a contestar dicho requerimiento, como requisito previo para interponer el recurso de reconsideración, pues tanto la respuesta al requerimiento especial como el recurso son oportunidades que da la ley para ejercer el derecho de defensa y queda al arbitrio del contribuyente defenderse o no.

Sin embargo, como se precisó, si el contribuyente desea demandar directamente la liquidación de revisión, debe atender en debida forma el requerimiento especial, como lo prevé el artículo 720 [parágrafo] del Estatuto Tributario.

Por lo tanto, el Distrito de Cartagena debió valorar las pruebas allegadas por la actora con el recurso de reconsideración que tenían como propósito desvirtuar las glosas de la Administración plasmadas en la liquidación oficial de revisión.

Es de anotar que las pruebas que aportó la actora al recurrir la liquidación oficial de revisión desvirtúan la adición de ingresos provenientes de otros municipios, pues con las declaraciones del ICA por el año gravable 2008, presentadas en los municipios en los que encuentran ubicadas las sedes fabriles y en aquellos donde desarrolló actividades comerciales, probó que pagó en esos municipios el impuesto correspondiente a tales ingresos.

Asimismo, las sumas que aparecen en el certificado del revisor fiscal coinciden con los valores informados en las declaraciones privadas por concepto de ingresos gravados en los municipios diferentes al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena. El certificado no fue objetado por el demandado y en este consta que los ingresos gravables en Cartagena fueron de $10.556.320.000(60).

En consecuencia, de acuerdo con los artículos 93 y 99 del Acuerdo 41 de 2006, la actora solo estaba obligada a incluir en la declaración de ICA presentada en Cartagena, los ingresos obtenidos en dicha jurisdicción, pues, se insiste, respecto a los ingresos que obtuvo en los demás municipios demostró que pagó el impuesto correspondiente.

Por lo anterior, el demandado no podía adicionar como gravados los ingresos que obtuvo la actora fuera de su jurisdicción ($173.856.865.000).

En cuanto al rechazo de deducciones por devoluciones, descuentos y rebajas por $2.642.487.000, se advierte que con el recurso de reconsideración la demandante allegó copia de las declaraciones de IVA de los bimestres 1 a 6 de 2008, en la que registró los siguientes valores como devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas (renglón 33 de las declaraciones):

BimestreValor
Bimestre 1 de 2008(61)$257.417.000
Bimestre 2 de 2008(62)$520.802.000
Bimestre 3 de 2008(63)$612.707.000
Bimestre 4 de 2008(64)$382.160.000
Bimestre 5 de 2008(65)$415.077.000
Bimestre 6 de 2008(66)$454.324.000
Total año 2008$2.642.487.000

Asimismo, con el recurso de reconsideración, la actora allegó copia de la declaración de renta del año gravable 2008, en la que reportó la suma de $2.642.487.000 por concepto de devoluciones, rebajas y descuentos en ventas (renglón 46 de la declaración)(67).

En consecuencia, estaban debidamente probadas las devoluciones, rebajas y descuentos que la actora registró en la declaración del ICA del año 2008 presentada en Cartagena. Por lo anterior, es improcedente el rechazo de estos rubros por $2.642.487.000.

Comoquiera que son ilegales las glosas de la administración pierde sustento la sanción por inexactitud impuesta a la actora.

Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada, que accedió a las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

En relación con la condena en costas, el artículo 188 del C.P.A.C.A prevé lo siguiente:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

El artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Se destaca)

En este caso, nos hallamos en el evento descrito en el artículo 365 numeral 3 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012). Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(68).

Revisado el expediente se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por tanto, se confirma la decisión de primera instancia de negar la condena en costas y no se condena en costas en segunda instancia.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

NIÉGASE la condena en costas en segunda instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha»

1 Folios 336 y 337 c.p.

2 Folio 37 c.p.

3 Folios 84 a 101 c.p.

4 Folios 62 a 83 c.p.

5 Folio 38 c.p.

6 Folios 262 a 265 c.p.

7 Folios 262 a 265 c.p.

8 Folios 55 a 57 c.p.

9 Folios 102 a 107 c.p.

10 Folios 4 y 5 c.p.

11 Citó las sentencias de 9 de diciembre de 2010 y de 19 de mayo de 2011, C.P. William Giraldo Giraldo.

12 Folios 147 a 155 c.p.

13 Citó la auto de 23 de febrero de 2006, exp. 2004-00371, C.P. Camilo Arciniégas Andrade.

14 Folios 285 a 293 c.p.

15 Folios 319 a 337 c.p.

16 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones”

17 “Por el cual se dictan disposiciones en materia de impuestos de Cartagena D.T. y C., se armoniza su administración, procesos y procedimientos con el Estatuto Tributario Nacional, se expide el Estatuto de Rentas Distrital o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos distritales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario”.

18 Sentencia de 25 de marzo de 2010, 17362, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

19 Folios 361 a 363 c.p.

20 Folios 405 a 413 c.p.

21 Folios 403 a 404 c.p.

22 Folios 414 a 417 c.p.

23 “Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de impuestos de Cartagena D. T. y C., se armoniza su administración, procesos y procedimientos con el Estatuto Tributario Nacional, se expide el Estatuto de Rentas Distrital o cuerpo jurídico de las normas sustanciales y procedimentales de los tributos distritales y se dictan otras disposiciones de carácter tributario”.

24 Estatuto Tributario, artículo 705. Término para notificar el requerimiento. El requerimiento de que trata el artículo 703, deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Cuando la declaración inicial se haya presentado en forma extemporánea, los dos (2) años se contarán a partir de la fecha de presentación de la misma. Cuando la declaración tributaria presente un saldo a favor del contribuyente o responsable, el requerimiento deberá notificarse a más tardar dos (2) años después de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación respectiva”.
Artículo 706. Suspensión del término. El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá: Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección tributaria a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, mientras dure la inspección. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial, durante el mes siguientes a la notificación del emplazamiento para corregir”.
Artículo 707. Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la Administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas”.

25 Estatuto Tributario, artículo 710. Término para notificar la liquidación de revisión.
Dentro de los seis meses siguientes a la fecha de vencimiento del término para dar respuesta al Requerimiento Especial o a su ampliación, según el caso, la Administración deberá notificar la liquidación de revisión, si hay mérito para ello.
Cuando se practique inspección tributaria de oficio, el término anterior se suspenderá por el término de tres (3) meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete. Cuando se practique inspección contable a solicitud del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante el término se suspenderá mientras dure la inspección.
Cuando la prueba solicitada se refiera a documentos que no reposen en el respectivo expediente, el término se suspenderá durante dos meses”.
“ART. 712.—Contenido de la liquidación de revisión.
La liquidación de revisión, deberán contener: a. Fecha: en caso de no indicarse, se tendrá como tal la de su notificación. b. Período gravable a que corresponda. c. Nombre o razón social del contribuyente. d. Número de identificación tributaria. e. Bases de cuantificación del tributo. f. Monto de los tributos y sanciones a cargo del contribuyente. g. Explicación sumaria de las modificaciones efectuadas, en lo concerniente a la declaración h. Firma o sello del control manual o automatizado”.

26 L. 788 /2002, ART. 59.—Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.

27 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra

28 ART.  154.—Industria y Comercio. A partir del año de 1994 se introducen las siguientes modificaciones al impuesto de industria y comercio en el Distrito Capital: 
[…] .
3. Se entienden percibidos en el Distrito los ingresos originados en actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan o prestan a través de un establecimiento de comercio registrado en otro municipio y que tributen en él”.

29 Exp. 17362, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

30 Folios 34 a 36 c.p.

31 Folio 37 c.p.

32 Folio 38 c.p.

33 Folios 262 a 265 c.p.

34 Folios 262 a 265 c.p.

35 Folios 261 c.p

36 Folios 55 a 57 c.p.

37 Folio 84 c.p.

38 Folio 85 c.p.

39 Folio 86 c.p.

40 Folio 94 c.p.

41 Folio 96 c.p.

42 Folio 98 c.p.

43 Folio 99 c.p.

44 Folios 100 c.p.

45 Folio 101 c.p.

46 Folio 62 c.p.

47 Folio 63 c.p.

48 Folio 64 c.p.

49 Folio 65 c.p.

50 Folio 66 c.p.

51 Folio 67 c.p.

52 Folio 68 c.p.

53 Folio 69 c.p.

54 Folio 70 c.p.

55 Folio 83 c.p.

56 Folio 38 c.p.

57 Folio 108 c.p.

58 Folios 60 a 108 c.p.

59 Folios 102 a 107 c.p.

60 Folio 108 c.p.

61 Folio 41 c.p.

62 Folio 43 c.p.

63 Folio 45 c.p.

64 Folio 47 c.p.

65 Folio 49 c.p.

66 Folio 51 c.p.

67 Folio 40 c.p.

68 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.