Sentencia 2013-00003 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 08001-23-31-000-2013-00003-01(ACU)

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Fernando Téllez Lombana

Demandado: Presidencia de la República - Ministerio de la Justicia y del Derecho - Consejo Superior de la Carrera Notarial

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la providencia del Tribunal Administrativo del Atlántico de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, Ley 1437 de 2011(25), vigente al momento de la presentación de la demanda —dic. 14/2012— y el Acuerdo 15 de 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los tribunales administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2.2. Cuestión previa - excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Toda vez que la sentencia de primera instancia no resolvió las excepciones propuestas por el Notario 26 del Círculo de Bogotá - Gustavo Samper Rodríguez y el Departamento Administrativo de la Función Pública, respectivamente, referentes a su falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no son los competentes para dar cumplimiento a la normativa que invocó el actor, la Sala las decidirá negativamente por cuanto su vinculación obedeció a su posible interés en los resultados del presente asunto y no al hecho de endilgárseles falta de cumplimiento frente a las normas que invocó el actor.

En consecuencia, en la parte resolutiva de la presente sentencia, se declararan no probadas.

2.3. Generalidades de la acción de cumplimiento.

2.3.1. Antecedentes.

La acción de cumplimiento, cuya finalidad es la efectividad de la ley y de los actos administrativos se encuentra inspirada en el “writ of mandamus” y el “injuction”(26), instituciones jurídicas del derecho anglosajón.

La primera figura se encuentra consagrada en el Código Judicial de los Estados Unidos en su artículo 1631, como la potestad establecida de “las cortes del distrito para compeler a un empleado o funcionario de los Estados Unidos o a cualquiera de sus agencias a ejecutar una obligación debida al demandante”.

Por su parte el injuction “es una orden expedida por una corte de contenido perentorio que obliga a alguien a hacer o a cesar un agravio o un perjuicio. Como recurso el injuction se caracteriza porque permite prestar toda la atención en el mérito del caso con un mínimo de tecnicismo procesal”(27).

Bajo este influjo del derecho comparado respecto de la búsqueda de la eficacia del ordenamiento jurídico, pero sobre todo debido al gran problema latente de la inaplicabilidad de la ley y los actos administrativos, quiso el constituyente del año 1991 consagrar una acción destinada a conjurar dicha crisis. En ese sentido, conviene en resaltar los comentarios de los delegados de la Asamblea Nacional Constitucional cuando expresaron al respecto:

“... tenemos que reconocer que el problema legislativo que se ha visto en Colombia no es solamente porque el legislativo no legisle, en todos sus órdenes, sino también que esa ley, esas ordenanzas, esos acuerdos, muchas veces no los ejecutan: entonces lo que queremos establecer aquí es un acción para que una vez la ley ha cumplido con todo su trámite y entrado en vigencia a través de su publicación, o a través del mecanismo mediante el cual la misma norma prevé cuando entra en vigencia, pues sea puesta en vigencia de verdad, y que las personas por ese interés general que les asiste, tengan un mecanismo a través del cual se puedan hacer efectivas y por eso las hemos denominado acciones de ejecución y cumplimiento.

“... Lo mismo pasa también con los actos administrativos. Se ve cómo muchas veces las situaciones administrativas se definen a través de los actos correspondientes, pero no se ejecutan; entonces la obra pública o el servicio público o la intervención en un caso determinado y concreto que se ha solicitado, simplemente no se ejecuta porque el funcionario no lo hace. Entonces, lo que se estamos estableciendo es el mecanismo para que tenga cumplimiento ese acto administrativo, que fue con los requisitos legales debidamente producido...”(28).

Dicha acción fue la de cumplimiento, finalmente consagrada en el artículo 87 superior, con la finalidad “de combatir la falta de actividad de la administración. Son frecuentes los casos en los cuales pese a existir un clarísimo deber para que las autoridades desarrollen una determinada acción de beneficio particular o colectivo, las mismas se abstienen de hacerlo. El particular afectado podría, entonces, acudir a esta acción para exigir el cumplimiento del deber omitido”(29).

La referida acción constitucional tuvo su desarrollo legislativo en la Ley 393 de 1997, cuyo objeto “es hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”(30). Regida bajo los principios de “publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, eficacia y gratuidad”(31).

2.3.2. Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y requisitos.

Desde la perspectiva legal, la jurisprudencia ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de cumplimiento comprende tanto la ley en sentido formal como la ley en material, esto último desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el Presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política(32).

Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que estos reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se precisa lo anterior, si se tiene en cuenta que no es dable el mecanismo constitucional previsto en el artículo 87 constitucional frente a actos de mera ejecución, pues tales determinaciones no tienen la categoría de un verdadero acto administrativo, ya que solo se limitan a materializar una orden judicial o administrativa(33).

También ha de señalarse que el ejercicio de la potestad reglamentaria puede ser objeto de acción de cumplimiento, cuando se supera el lapso establecido en la Ley y no se expide el respectivo reglamento; en decir del Consejo de Estado se tiene al respecto que:

“la acción de cumplimiento sí es el mecanismo idóneo para exigir del Gobierno Nacional la ejecución de leyes que le ordenen ejercer la potestad reglamentaria para lograr el respectivo desarrollo legislativo, siempre y cuando la ley le haya fijado un término para ello y el mismo haya expirado. Bajo esas circunstancias el deber legal se torna inobjetable e incontenible, entre otras razones porque no resulta improcedente a la luz de las causales legalmente establecidas en la Ley 393 de 1997”(34).

Dentro de este contexto, resulta pertinente manifestar que es inadecuada la acción de cumplimiento en relación con normas fundamentales, “pues el propio constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en Sentencia C-193 de 1998, al concluir que no procede esta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas”(35).

Para su prosperidad la doctrina jurisprudencial ha establecido como requisitos los siguientes:

“i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1º).

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (arts. 5º y 6º).

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (art. 8º). El artículo 8º señala que excepcionalmente se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. La existencia de otro instrumento judicial, salvo la situación señalada, hace improcedente la acción. También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9º)”(36) (resaltados de la Sala).

Frente al requisito de la renuencia, pertinente resulta manifestar que el mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción, y para ello, es necesario que el demandante previamente a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de cumplimiento a la autoridad pública o al particular que ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin reseñado(37).

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o urgente, que haga desplazar el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Lo cual se explica en “garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio...”(38).

Como consecuencia de lo anterior, y a manera enunciativa por vía de ejemplo, la acción constitucional en estudio no procede para exigir el cumplimiento de obligaciones consagradas en los contratos estatales(39), imponer sanciones(40), hacer efectivo los términos judiciales de los procesos(41), o perseguir indemnizaciones(42), por cuanto, para dichos propósitos, el ordenamiento jurídico establece otros cauces procesales, al tratarse de situaciones administrativas no consolidadas.

Así mismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se puede incoar frente a normas que generen gastos(43) o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86 superior(44).

2.3.3. La diferencia entre la acción de cumplimiento con otras acciones constitucionales.

Finalmente, pertinente resulta resaltar, por pedagogía, la diferencia que existe entre la acción de cumplimiento con otras de categoría constitucional como son las populares, de grupo o de tutela, veamos

La acción de cumplimiento y la popular tienen como rasgo distintivo en que la primera “busca la protección del ordenamiento jurídico y en algunos casos la eficacia del derecho del particular, contenido en una norma legal...”(45) por su parte la segunda “procura la protección de derechos e intereses colectivos, a través de medidas dirigidas a evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio o la restitución de las cosas a su estado anterior cuando fuere posible”(46).

Y, la diferencia entre la acción de cumplimento y la de tutela, es explicada por la jurisprudencia constitucional al señalar:

“Cuando lo que se busca es la protección directa de derechos constitucionales fundamentales que pueden verse vulnerados o amenazados por la omisión de la autoridad, se está en el ámbito de la acción de tutela. Cuando lo que se busca es la garantía de derechos de orden legal o lo que se pide es que la administración de aplicación a un mandato de orden legal o administrativo que sea específico y determinado, lo que cabe en principio, es la acción de cumplimiento”(47).

Por su parte, la acción de grupo es disímil a la de cumplimiento, ya que esta centra su objetivo en la reparación de los daños ocasionados a un grupo de personas que no puede ser inferior a veinte, mientras la figura jurídica del artículo 87 constitucional se contrae en la búsqueda de la efectividad de las leyes o los actos administrativos.

2.4. Análisis de los presupuestos de procedibilidad en el caso concreto.

La Sala entrará a decidir si en el presente caso se cumplen todos los presupuestos necesarios para que prospere la acción de cumplimiento, de conformidad con los lineamientos antes expuestos.

2.4.1. En primer lugar, el actor pretende el cumplimiento de las siguientes normas:

“Decreto-Ley 960 de 1970

(...).

“Por el cual se expide el estatuto del notariado”.

(...).

“ART. 182.—El notario que llegue a encontrarse en circunstancia de retiro forzoso deberá manifestarla al funcionario que lo haya designado, tan pronto como ella ocurra.

El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, o de la vigilancia notarial, o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal.

(...)”.

“Decreto 3047 de 1989

(..)

“Por el cual se reglamenta el Decreto-Ley 960 de 1970”.

(...).

“ART. 1º—Señálase como edad de retiro forzoso para los notarios la edad de 65 años. El retiro se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Superintendencia de Notariado y Registro o de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal, salvo que se trate de un notario en propiedad, caso en el cual podrá terminar el período en curso (...)”(48) (resaltado de la Sala).

“Ley 588 de 2000

(...).

“Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”.

(...).

“ART. 3º—Los notarios serán nombrados por el gobierno, de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales deberán publicarse en uno o varios diarios de amplia circulación nacional. La lista de elegibles tendrá una vigencia de dos años.

El organismo competente señalado por la ley, convocará y administrará los concursos, así como la carrera notarial.

(...)”.

De acuerdo con lo anterior, las citadas normas sí cuentan con fuerza material de ley, razón por la cual se cumple con el primer requisito.

2.4.2. En segundo lugar, el actor cumplió con el deber de probar que se constituyó en renuencia a las entidades que accionó antes de instaurar la demanda, toda vez que por medio de escritos de 9, 19 de mayo y 27 de noviembre, todos, de 2012, solicitó el cumplimiento de las normas que ahora invoca, con el fin de que fueran retirados los notarios que llegaron a la edad de 65 años y nombrar sus respectivos remplazos de la lista de elegibles.

Al respecto, se tiene que dichas solicitudes fueron atendidas por el jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro —Secretario técnico del Consejo Superior de la Carrera Notarial—, a través de los oficios de 3 de julio, 28 de agosto, 24 de septiembre, 1º y 2 de octubre, todos, de 2012, respectivamente, en los cuales, en síntesis, se le informó al actor los procedimientos que se habían adelantado para tal fin.

Igualmente, el 5 y 11 de septiembre de 2012, la directora jurídica del Departamento Administrativo de la Función Pública emitió sendos conceptos en cuanto a la edad de retiro forzoso de los notarios y respecto al derecho de preferencia.

2.4.3. Por efectos metodológicos la Sala continuará el estudio del caso teniendo presentes las tres pretensiones planteadas en la solicitud por el actor. Lo anterior, por cuanto el escenario procesal respecto de cada una de ellas es distinto. Así las cosas, se tiene que en la demanda se solicitó:

1. Ser nombrado como Notario 26 o 40 del Círculo de Bogotá.

2. Corregir los nombramientos efectuados por fuera de la lista de elegibles y en adelante, nombrar los remplazos de los notarios retirados únicamente de ella.

3. Retirar a los notarios 26 y 40 del Círculo de Bogotá por haber llegado a la edad de retiro forzoso.

En cuanto a la primera pretensión, esto es, que el actor sea nombrado como Notario 40(49) o 26(50) del Círculo de Bogotá, la Sala debe hacer las siguientes precisiones:

La acción de cumplimiento no tiene la naturaleza jurídica de ser declarativa de derechos(51). Sin embargo, lo anterior no significa que no pueda ser el medio idóneo para solicitar la expedición de un acto administrativo.

Tal limitación está dirigida simplemente a excluir del ámbito de esta acción constitucional las pretensiones que deben proponerse por medio de la acción jurisdiccional dirigida a que el juez ordinario declare o no la existencia y alcance de un determinado derecho.

Por el contrario, cuando los presupuestos fácticos previstos por el legislador permitan derivar que radica en la autoridad pública la obligación de expedir un acto administrativo, y permitan colegir que tal obligación es clara y precisa, esta acción resulta idónea para el efecto, toda vez que ese fue el propósito perseguido por el constituyente cuando contempló este mecanismo constitucional para obtener el cumplimiento de las leyes y de los actos administrativos.

Así las cosas, la solicitud de cumplimiento, en dichos casos, debe tener en cuenta el carácter discrecional o reglado de la competencia de la autoridad pública, con lo cual la petición que se formule podrá estar dirigida simplemente a que la administración expida el acto administrativo que se solicita.

En síntesis, a partir de la regulación constitucional y legal de la acción de cumplimiento puede afirmarse que ella es idónea para lograr el cumplimiento de actos administrativos que contengan obligaciones particulares, precisas y concretas, pero también puede ser idónea para lograr que se ordene simplemente la expedición de un acto administrativo cuando resulte indiscutible que la autoridad pública demandada tiene la obligación de hacerlo.

De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto, como la pretensión del actor está dirigida a que sea nombrado como Notario 26 o 40 del Círculo de Bogotá, es decir, que se le reconozca un derecho de carácter incierto e indiscutible, la presente acción de cumplimiento frente a la referida pretensión resulta improcedente.

Frente a la segunda de aquellas, considera la Sala, de un lado, que la acción de cumplimiento tampoco procede para impartir órdenes genéricas, a futuro, en relación con las entidades demandadas, pues aquella debe circunscribirse a la verificación del cumplimiento o incumplimiento de una ley o de un acto administrativo frente a un caso concreto.

De otro lado, se tiene que si lo que pretende el actor es controvertir los nombramientos que se han realizado, según su dicho, “de personas que no hacen parte de la lista de elegibles”, esta acción tampoco es el mecanismo para enervar tales problemas jurídicos, en razón a que el ordenamiento ha previsto el medio de control de nulidad electoral para cuestionar la legalidad de los actos de nombramiento que expiden las autoridades públicas de todo orden.

Tanto es así, que en la actualidad se surten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo procesos por la misma alegación. A manera de ejemplos tenemos los radicados 25000234100020130280301, demandante José Agustín Segura López contra Mauricio Eduardo García-Herreros Castañeda (Notario Doce del Círculo de Bogotá) y 110010328000201300043-00 demandante: Luis Agustín Castillo Zárate contra Mauricio Eduardo García-Herreros Castañeda (Notario Doce del Círculo de Bogotá)(52).

Finalmente, en lo que atañe a la última de las pretensiones, para la Sala es claro que las normas cuyo cumplimiento se solicita, contienen un mandato claro imperativo e inobjetable, el cual, obliga a que los notarios sean retirados del cargo que ocupan, dentro del mes siguiente, al momento de cumplir la edad de retiro forzoso, es decir, 65 años de edad.

Igualmente, que los notarios deben ser nombrados por el Gobierno Nacional, de la lista de elegibles que presente la Superintendencia de Notariado y Registro - Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Así mismo, se advierte que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para lograr el cumplimiento de las normas invocadas, razón por la cual respecto de dicha pretensión la Sala emitirá un pronunciamiento de fondo al respecto.

2.5. Caso concreto.

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el Presidente de la República, la Ministra de Justicia y del Derecho, a su vez presidenta del Consejo Superior de la Carrera Notarial, y la Superintendencia de Notariado y Registro, han incumplido los mandatos expuestos por la llegada a la edad de retiro forzoso los notarios 26 y 40 del Círculo de Bogotá, sin que hayan sido retirados.

Al respecto, se tiene que los notarios 26 y 40 del Círculo de Bogotá, Gustavo Samper Rodríguez y Luis Agustín Castillo Zárate fueron retirados por el Gobierno Nacional mediante los decretos 1856 de 29 de agosto(53) y 1534 de 19 de julio de 2013(54), respectivamente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, situación que ocurrió durante el trámite de la presente acción constitucional.

Sin embargo, los aludidos retiros no se efectuaron dentro del término previsto en la normativa aplicable, esto es, “dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”(55), que para los casos en comento eran los siguientes:


Nombre

Cargo

Fecha de nacimiento

Ocurrencia de la causal
Fecha límite en la cual debió ser retirado
Luis Agustín Castillo Zarate
Notario 40

19-5-1947

19-5-2012

20-6-2012
Gustavo Samper Rodríguez
Notario 26

14-5-1948

14-5-2013

15-6-2013

 

Así las cosas, para la Sala es claro que las autoridades accionadas no dieron estricto cumplimiento a la normativa aplicable a los casos en comento. Sin embargo, la Sección se abstendrá de dar orden alguna tendiente al cumplimiento de dichas normas toda vez que, como se dijo, los hechos que dieron origen a las pretensiones fueron superados, con ocasión de los retiros y nombramientos efectuados por el Gobierno Nacional.

No obstante lo anterior, se conminará a las demandadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que dichos retiros se efectúen dentro del término previsto en la normativa aplicable, esto es, el artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, es decir, “dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”, de los notarios que lleguen a cumplir la edad de retiro forzoso.

2.6. Conclusión.

Por lo expuesto, la Sala en la parte resolutiva de esta providencia revocará la sentencia de 7 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar: (i) declarar no probadas las excepciones propuestas, (ii) declarar la improcedencia de la acción respecto de las dos primeras pretensiones del actor, (iii) declarar el incumplimiento por parte de las accionadas del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, (iv) abstenerse de impartir orden alguna para el cumplimiento del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989 y (v) conminar a las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los retiros de los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término previsto en la normativa aplicable.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

III. RESUELVE:

REVOCAR la sentencia de 7 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para en su lugar:

1. DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Notario 26 del Círculo de Bogotá - Gustavo Samper Rodríguez y el Departamento Administrativo de la Función Pública, respectivamente, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de cumplimiento, respecto de las pretensiones del actor de: (i) ser nombrado como Notario 26 o 40 del Círculo de Bogotá y (ii) corregir los nombramientos efectuados por fuera de la lista de elegibles para en adelante, nombrar los remplazos de los notarios retirados únicamente de ella. Todo esto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

3. DECLARAR EL INCUMPLIMINETO por parte de las accionadas del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

4. ABSTENERSE de impartir orden alguna para el cumplimiento del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, toda vez que, durante el trámite de la presente acción, los notarios 26 y 40 del Círculo de Bogotá, fueron retirados por medio de los decretos 1856 de 29 de agosto y 1534 de 19 de julio de 2013, respectivamente, y fueron elegidos sus remplazos de candidatos que hacían parte de la lista de elegibles.

5. CONMINAR a las accionadas para que en el futuro tomen las medidas necesarias para que los retiros de los notarios que lleguen a la edad de 65 años, se efectúen dentro del término previsto en la normativa aplicable, esto es, el artículo 1º del Decreto 3047 de 1989, es decir, “dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal”.

6. CONDENAR en costas a la parte demandada.

7. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

8. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(25) ART. 150.—El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia (...).

(26) Tomado de Nanclares, Manuel Ricardo, acciones de cumplimiento ambiental, Bogotá, Dike 1995.

(27) Nanclares, Manuel Ricardo, Op. cit., p. 56.

(28) Cfr. Gaceta Constitucional 49A del 18 de abril de 1991, p. 12 y ss. El texto que se transcribe corresponde a la exposición del constituyente Jaime Arias López, quien se encargó de impulsar el debate en torno a la acción de cumplimiento dentro de la subcomisión. En dichas discusiones de estudio participaron también los constituyentes Darío Mejía Agudelo y Juan Carlos Esguerra Portocarrero, quien sobre el particular manifestó: “en el Estado de derecho uno de los postulados fundamentales es el del respeto por la ley, el de la vigencia de la ley, el del imperio de la ley. Las leyes no pueden seguir siendo diagnósticos, no pueden seguir siendo sueños, no pueden seguir siendo buenas intenciones, no pueden seguir siendo románticas declaraciones. Una ley es por definición una norma jurídica de obligatorio cumplimiento, entonces, lo que estamos haciendo aquí es expresar eso, porque no podemos seguir construyendo carreteras a base de decir que se ordenan carreteras. Pero siquiera permitir la posibilidad, para mi inimaginable de que la ley pueda seguir siendo algo que el Congreso decreta, pero que el gobierno se reserva el derecho de cumplir o no cumplir, según considere que es conveniente, oportuno o financieramente viable, me parece absolutamente inaceptable” (Cfr. Gaceta Constitucional 52, abr. 17/91).

(29) Cfr. Gaceta Constitucional 112, del 3 de julio de 1991, p. 7.

(30) Artículo 1º.

(31) Artículo 2º.

(32) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21 de enero de 1999, radicado ACU-546.

(33) Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Expediente 25000-23-41-000-2013-00486-01.

(34) Sentencia del 9 de junio de 2011, Expediente 250002324000201000629-01, C.P. Susana Buitrago Valencia (E).

(35) Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).

(36) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 1º de noviembre de 2012, radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).

(37) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012, 76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).

(38) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 1º de noviembre de 2012, radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).

(39) Consejo de Estado, sentencia del 28 de septiembre de 1999, Expediente ACU-927.

(40) Consejo de Estado, sentencia del 18 de febrero de 1999, Expediente ACU-585.

(41) Consejo de Estado, sentencia del 3 de diciembre de 1997, Expediente ACU-088.

(42) Consejo de Estado, sentencia del 1º de octubre de 1998, Expediente ACU-403.

(43) Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, Expediente, radicado 05001-23-31-000-2000-4673-01(ACU).

(44) Sentencia ibídem.

(45) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 28 de octubre de 2003, radicado 25000-23-25-000-2004-0903-01(AP).

(46) Sentencia ibídem.

(47) C-1194/2001.

(48) La expresión tachada del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989 fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 23 de marzo de 1993, C.P. Joaquín Barreto Ruiz, radicación: 4834-4889-5348, actores: Carlos Galindo Pinilla y otro, demandado: Gobierno Nacional.

(49) Pretensión principal.

(50) Pretensión subsidiaria.

(51) En este sentido es enfática en señalar a Corte Constitucional que “la naturaleza de la acción de cumplimiento la aleja de aquellas que se revisten de un carácter declarativo de derechos. Lo que el constituyente quiso fue establecer un mecanismo para hacer efectivos mandatos o derechos expresamente consagrados en la ley o en el acto administrativo anterior, sobre los cuales no existe discusión o incertidumbre” C-638/2000.

(52) Procesos que el Consejero Ponente de esta acción constitucional remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante proveídos del 20 de febrero de 2014 y 20 de noviembre de 2013, respectivamente.

(53) Lo anterior de acuerdo con la consulta que se realizó en la página web de la Presidencia de la República: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/AGOSTO/29/DECRETO%201856%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202013.pdf

(54) Lo anterior de acuerdo con la consulta que se realizó en la página web de la Presidencia de la República: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/JULIO/19/DECRETO%201534%20DEL%2019%20DE%20JULIO%20DE%202013.pdf

(55) Como se expuso la expresión “salvo que se trate de un notario en propiedad, caso en el cual podrá terminar el período en curso. del artículo 1º del Decreto 3047 de 1989 fue declarada nula por la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 23 de marzo de 1993, C.P. Joaquín Barreto Ruiz, radicación: 4834-4889-5348, actores: Carlos Galindo Pinilla y otro, demandado: Gobierno Nacional, al considerar que “(...) la frase impugnada sí constituye una excepción a la regla general que ordena el retiro forzoso de los notarios cuando lleguen a la edad de 65 años; pues si los nombrados en propiedad no debieran retirarse al cumplir esa edad, sino posteriormente cuando termine el período, ello significaría ni más ni menos que para tales funcionarios no regiría la ley, sino el reglamento; de donde es fácil deducir que este sí pretendió excluirlos de la regla establecida por el legislador, lo cual se traduce precisamente, en consagrar una excepción (...)”.