Sentencia 2013-00004 de febrero 2 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 660011102000201300004 01/2937/A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta Nº 8 de la misma fecha

Bogotá D.C., dos de febrero de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado jurisdiccional de consulta, de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda(7), el 17 de julio de 2013, mediante el cual sancionó con censura, al abogado Jaime Romero Hernández, como autor responsable de las faltas señaladas en el artículo 32 de la ley 1123 de 2007, calificada a título de dolo, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “...los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. Caso concreto.

El abogado Jaime Romero Hernández, fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de infringir normas al deber de respeto debido a la administración de justicia, por cuanto, por cuanto utilizó términos descomedidos e injuriosos en contra del Juez Primero Civil del circuito de Pereira, situaciones que no fueron contrarrestadas en ninguna forma por el disciplinado, mediante algún medio probatorio, pues, en el caso objeto de estudio, no aparece ningún tipo de justificación que pueda ser creíble para el a quo y corroborada por esta Sala.

Ahora bien, a la luz del material probatorio obrante en la foliatura, procede la Sala a analizar si concurren o no elementos suficientes para derivar responsabilidad disciplinaria por parte del jurista Romero Hernández, teniendo en cuenta los cargos que le fueran imputados. Veamos:

Los cargos que le fueron imputados o por los cuales se halló responsable disciplinariamente a la profesional del derecho, es la del respeto debido a la administración de justicia; contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, la cual expresa:

“(…). ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas: Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas. (…)”.

En cuanto al cargo enrostrado al litigante aquí disciplinado, en cuanto al respeto debido a la administración de justicia, resulta del deber de respeto al Juez de la causa, cuando en el recurso de apelación extemporáneo del 2 de agosto de 2012, manifestó en algunas de sus partes lo siguientes: “no se entiende porqué el Juez desconoce olímpicamente la ritualidad civil, parece que lo único que quiere es perjudicar los derechos e intereses de mi defendida” luego: “sin embargo no lo ha hecho y se ha dedicado a dejar de impartir justicia y a perseguir de manera inane y pueril unos intereses económicos de poca monta de la parte demandada, donde quedó la dignidad y el decoro?” y finalmente: “No pocos profesionales especializados en el derecho penal proclaman con facilidad la consumación del delito penal de prevaricato, posiblemente tienen la razón”; su conducta se atribuye de manera plena a lo establecido en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al utilizar términos despectivos y descalificadores al funcionario judicial, lo cual resulta innoble y desafortunado para un abogado de ese talante y trayectoria como la del disciplinado, cuando tenía a su disposición lo recursos y medios de defensa dentro del proceso, como la nulidad y adicionalmente podía acudir a la jurisdicción disciplinaria o Penal si allá hubiese llegado el asunto, pero no utilizar ese tipo de calificativos que en nada apoyaban sus argumentos, por lo esta sala coincide con el a quo, en el sentido de endilgarle al togado la falta descrita en el artículo 32 de la misma Ley.

En cuanto a la calificación de la conducta analizadas con anterioridad, para esta Superioridad, al efectuar el análisis del material probatorio recaudado, el comportamiento en la falta no es viable darle otro calificativo que doloso, pues, no solo por su trayectoria, experiencia y el conocimiento de las normas por la profesión que ostenta, por lo que se prueba la intensión positiva de cometer dichas conductas, constituyéndose para esta Colegiatura en la confirmación dolosa de su actuar.

En consecuencia, está suficientemente probado que incursiono en la falta al deber profesional, por parte el abogado Jaime Romero Hernández, al encontrar, en primer término, demostrada la materialidad de la conducta endilgada, al incursionar en la falta al respeto a la administración de justicia, conductas reprochables y que deben ser objeto de sanción por la jurisdicción disciplinaria, cuando encuentra como es este caso, la vulneración flagrante de la norma citada, por parte de el litigante y que acertadamente calificó el a quo.

3. Dosimetría de la Sanción.

Dentro del amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la pena, le corresponde al Juez disciplinario valorar la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que a su vez imponen la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria(8).

Respecto a este tema, en cuanto atañe a la tasación de la sanción que tuvo en cuenta el a quo, con base en los parámetros fijados por el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007, esta Colegiatura encuentra que la impuesta fue ajustada a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, tanto por la naturaleza como por la modalidad de la conducta del sancionado, como quiera que, según se vio, el abogado Jaime Romero Hernández, no justificó su actuar agresivo, irrespetuoso, así como agrediendo verbalmente a funcionario judicial, muestra su conducta ética contraria al deber de actuar con mesura y decoro que debió acompañar su comportamiento, permiten concluir que la sanción atribuida por el a quo, sea razonable y adecuadamente aplicada, por lo que esta sala la acoge y así la confirmará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Risaralda(9), el 17 de julio de 2013, mediante el cual sancionó con censura, al abogado Jaime Romero Hernández, como autor responsable de las faltas señaladas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, calificada a título de dolo; acorde con la sustentación dada en precedencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión al sancionado, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen para que, en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

7 Magistrados: doctor Jorge Isaac Posada Hernández, ponente y Luis Locadio Tabera Manrique.

8 C-290-08

9 Magistrados: doctor Jorge Isaac Posada Hernández, ponente y Luis Locadio Tabera Manrique.

Salvamento de voto

Con el respeto acostumbrado me permito manifestar que SALVO VOTO en relación con la decisión aprobada por la Sala.

En el caso que nos ocupa, se conoció en grado jurisdiccional de consulta la sentencia proferida el 17 de julio de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Lo anterior, básicamente al considerar que la Sala es competente de conformidad con lo dispuesto en “los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007”.

Mi disentir deviene, en que considero, no debió conocerse la consulta del fallo mencionado, en tanto el disciplinado se notificó personalmente de la decisión proferida e interpuso recurso de apelación, cosa distinta es que no lo sustentó en término. Sin embargo, el actor manifestó su intención de controvertir la decisión.

Así las cosas, al no sustentar el recurso, perdió la posibilidad para obtener la revisión en segunda instancia del proceso disciplinario seguido en su contra por parte de esta jurisdicción, ya que no se puede desnaturalizar la figura de la consulta que claramente solo procede cuando no se interpone recurso.

Por lo anterior, —se insiste— esta Sala debió abstenerse de conocer en consulta la decisión del Seccional que sancionó al abogado Jaime Romero Hernández, dejándola en firme; pues al haberse presentado el recurso de apelación sin sustentación, tal y como lo exige la normatividad, se demostró la falta de interés frente al proceso disciplinario seguido en su contra, por lo que mal hace esta instancia en pasar por alto su incuria.

De los Señores Magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto.

Atentamente,

Magda Victoria Acosta Walteros 

Magistrada