Sentencia 2013-00010 de abril 1 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Radicación: 250002336000-2013-00010-01 (AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Nancy Robayo López en representación de Diana Carolina Gómez Robayo

Demandado: Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Instituto de Educación Distrital Jorge Gaitán Cortés y otros

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil trece.

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la sentencia del 24 de enero de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó la solicitud de amparo por vía de tutela.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Nancy Robayo López, en representación de Diana Carolina Gómez Robayo, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de solicitar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la honra, el debido proceso y los derechos de los niños, en conexidad con el derecho a la educación, presuntamente vulnerados por el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Bogotá, el Instituto de Educación Distrital Jorge Gaitán Cortés, y los docentes Martha Lucía Hinestrosa, Carmen Alicia Hernández, Elsa Sánchez, Luz Amparo Espitia, Jorge Enrique Orozco Romero, Rose Mery Vega y Héctor Pérez.

En amparo de los derechos invocados, solicita que se profieran las siguientes órdenes:

Que se ordene al Ministerio de Educación Nacional que adelante las investigaciones e imponga las sanciones a que haya lugar, frente a la omisión de vigilancia y control en que incurrió la secretaría de educación distrital en lo que respecta al comportamiento abusivo de los docentes de los colegios distritales.

Que se ordene a la secretaría de educación distrital adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, en contra de los docentes y servidores que conforman la parte pasiva de la presente acción, por el incumplimiento de sus funciones.

Que se ordene al Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés, entregar las notas reales correspondientes a los trabajos que entregó Diana Carolina Gómez Robayo, durante el año lectivo de 2012.

Que se ordene a la secretaría de educación distrital disponer los medios necesarios para que la menor curse nuevamente el grado octavo de básica secundaria, en un establecimiento educativo distinto al Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés.

Que se ordene a todos y cada uno de los docentes accionados a elevar de forma pública y escrita, excusas por las agresiones a las que fue sometida Diana Carolina Gómez Robayo.

Lo anterior, lo fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones (fls 1-25):

Indica que la accionante ingresó al Instituto Educativo Distrital Jorge Gaitán Cortés en el año 2009, para cursar el grado quinto de primaria.

Menciona que en el año 2010, año en que inició la educación básica secundaria, la menor conoció al profesor Jorge Enrique Orozco Romero, docente que desde el primer momento le expresó que iba a “arruinar su vida” y que mientras ambos estuvieran en el colegio “no tendría paz”.

Manifiesta que posteriormente la demandante fue objeto de amenazas constantes, a pesar de lo cual superó satisfactoriamente los grados sexto y séptimo de básica secundaria.

Afirma que al inicio del año lectivo de 2012, en el cual la peticionaria cursaría el grado octavo, fue amenazada por el docente Jorge Orozco, quien presuntamente manifestó la intención de hacer que fuera expulsada del colegio.

Indica que la menor cursó el grado octavo con responsabilidad, presentó sus deberes oportunamente y cumplió puntualmente los horarios de clases.

Asevera que en el transcurso del año 2012, el docente Orozco Romero comenzó a demostrar conductas agresivas contra la accionante, consistentes en ofensas e injurias públicas.

Aunado a lo anterior, manifiesta que el referido profesor ocultó todas y cada una de las calificaciones que obtenía la demandante en desarrollo de sus actividades académicas, circunstancia que a su juicio representa una vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Observa que el docente le expresó en varias oportunidades a la madre de la menor que esta no entregaba trabajos y que era mediocre y perezosa, afirmación que a juicio de la parte actora resulta falsa, en tanto asegura que la accionante todos los días realiza sus deberes bajo la asesoría y supervisión de su madre.

Indica que ante la persistencia de los malos tratos y conductas de acoso escolar provenientes del docente Orozco Romero, procedió a comunicar los hechos a la coordinadora de la institución educativa, teniendo en cuenta que la rectora de la misma nunca hacía presencia en las instalaciones del establecimiento.

Asevera que como represalia ante la queja presentada, el profesor Orozco Romero insistió con más fuerza en los actos de acoso, y llegó a un acuerdo con otros docentes (Luz Amparo Díaz Espitia, Rosmery Vega y Héctor Pérez) para someter a la menor a actos ofensivos y maltrato verbal durante las clases.

Añade que la mencionada docente Díaz Espitia comenzó a tratar a su hija en forma denigrante, propagando rumores entre profesores y alumnos según los cuales esta “se masturbaba con el novio en las escaleras del colegio”, atentando contra su derecho al buen nombre.

Manifiesta que los comportamientos y tratos descritos anteriormente se extendieron hasta el último día de clases, fecha en la según la demandante, los docentes le expresaron a su hija que le habían hecho reprobar el año por acusarlos ante su madre.

Contestación de la demanda

El Ministerio de Educación Nacional pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y que se le desvinculara de la actuación, por las razones que a continuación se sintetizan (fls. 45-46):

Explica que el ministerio tiene competencia para fijar las políticas educativas que deben ser adoptadas en relación con la educación preescolar, básica y media, pero que la administración de los establecimientos educativos corresponde a las entidades territoriales certificadas.

Indica que en cumplimiento de la Ley 60 de 1993, el Ministerio de Educación certificó a los departamentos que reunían los requisitos exigidos e hizo entrega de la administración de las instituciones educativas. En esta medida, en los casos de irregularidades en la prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media, la función de inspección y vigilancia es ejercida por la secretaría de educación en la cual se encuentre registrada la institución educativa involucrada en los hechos, sea esta de carácter oficial o privado.

La Institución Educativa Distrital Jorge Gaitán Cortés rindió informe sobre la solicitud de amparo, fundamentándose en los argumentos y consideraciones que a continuación se sintetizan (fls. 48-50):

Considera que la solicitud de amparo contiene un sinnúmero de afirmaciones temerarias e inexactas. Destaca la total inactividad probatoria de la parte accionante y el hecho de que los dos hijos de la accionante presentaron petición de amparo de forma independiente pero en escritos casi idénticos.

Observa que a pesar de que la madre de la menor relata que las presuntas agresiones comenzaron en el año 2010, nunca presentó queja alguna ante la rectoría del colegio, el Cadel, la secretaría de educación, la personería u otra autoridad.

Aclara que la afirmación según la cual a la accionante no se le permitió entrar a las instalaciones de la institución educativa para conversar con la rectora no son ciertas, lo cual se demuestra por el simple hecho de que el despacho de tal funcionaria queda en una sede distinta a aquella a la cual manifiesta se le impidió la entrada.

Narra que el día 6 de diciembre de 2012 se llevó a cabo la clausura del año escolar con la asistencia de todos los padres de familia y que la accionante tuvo la oportunidad de presentar quejas escritas y verbales. También informa que la menor se encuentra matriculada para el año lectivo de 2013.

Manifiesta que los boletines expedidos por la institución educativa, y que anexa a la presente actuación, reflejan la realidad de las notas logradas por la hija de la actora.

Por último, allega documentos suscritos por los docentes Elsa Inés Sánchez, Rose Mery Vega Ruiz, Carmen Alicia Hernández Carvajal, Héctor Pérez Torres, Luz Amparo Espitia y Jorge Enrique Orozco Romero, en los que estos se pronuncian sobre los hechos que competen a cada uno expuestos en el escrito de tutela.

La providencia impugnada

Mediante sentencia del 24 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, negó el amparo solicitado, por las razones que a continuación se sintetizan (fls. 82-90):

En primer término observa que la acción de tutela tiene un carácter eminentemente residual y subsidiario, pues únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente, que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo cuando se pretenda evitar la causación de un perjuicio irremediable.

Acto seguido realiza una descripción del desarrollo constitucional y jurisprudencial de los derechos a la igualdad y de los menores, citando la Sentencia T-597 de 2011 de la Corte Constitucional.

Descendiendo al caso bajo análisis, el a quo encuentra que no existen razones jurídicas ni fácticas que permitan concluir que el Ministerio de Educación vulneró algún derecho fundamental de Diana Carolina Gómez Robayo, ya que a esta entidad solo le corresponde la fijación de políticas educativas en relación con la educación preescolar, básica y media. En esta medida, declara que no existe legitimación en la causa por pasiva en lo que respecta a dicho ministerio.

Frente a la solicitud realizada por la accionante, consistente en que se ordene a la Secretaría de Educación de Bogotá otorgar un cupo en un establecimiento educativo distinto y cercano a su residencia, el tribunal destaca que se demostró que la menor se encuentra matriculada en la institución educativa demandada. Igualmente destaca que de las pruebas allegadas no se advierte que la demandante haya solicitado el traslado de la menor, diligencia que puede realizarse a través de la página en Internet de la secretaría de educación distrital.

En estos términos, señala que resulta improcedente buscar que por vía de tutela se ordene a una entidad realizar gestiones administrativas que el interesado no ha tramitado.

Estima que del material probatorio aportado tampoco se encuentra que la accionante haya interpuesto queja alguna ante el colegio, la secretaría de educación u otra entidad, en que se pusieran en conocimiento las actitudes groseras, irrespetuosas y difamatorias en que presuntamente incurrieron los docentes de la institución.

No obstante, subraya que la secretaría de educación distrital dio traslado del escrito de tutela al jefe de la oficina de control disciplinario, para que en caso de considerarlo pertinente, inicie las investigaciones a que haya lugar.

De otro lado, no considera procedente compulsar copias de la acción con destino a la justicia penal ordinaria, en primer lugar porque no existe indicio ni demostración sumaria, y en segundo término porque el tribunal no puede ordenar a ninguna autoridad ejercer una competencia que le corresponde y debe obedecer a unos requisitos determinados, como en el presente caso, en el que el presunto delito es querellable y su denuncia corresponde al ofendido o a su representante legal.

Aunado a lo expuesto, destaca que la menor presentó un bajo rendimiento académico durante el año lectivo de 2012, como consta de las planillas de calificación aportadas dentro del proceso, y que la institución educativa probó que realizó todas las labores tendientes a prestar apoyo y orientación a la menor, con el fin de que no reprobara el año lectivo.

Concluye que ninguna de las gestiones adelantadas por el colegio o los docentes comportan arbitrariedades ni tratos injustos contra la menor.

La impugnación

Mediante escrito visible a folios 198 a 200, la parte demandante impugnó la sentencia antes descrita, con base en los argumentos que a continuación se exponen:

Cuestiona el argumento expuesto por el juez de primera instancia en el sentido de que no se aportaron elementos de juicio para soportar las alegaciones de la solicitud de amparo, porque a juicio de la actora, el tribunal estaba en la obligación de decretar las pruebas que considerara necesarias para esclarecer los hechos, de conformidad con la naturaleza de la acción de amparo y los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional.

Sostiene que el juez no valoró debidamente los documentos aportados por la parte accionante, los cuales en su entender adolecen de irregularidades y dan cuenta de las afirmaciones contenidas en el escrito de tutela.

Añade que el juez de primera instancia no abordó de fondo las solicitudes planteadas, por cuanto no se pronunció sobre las peticiones de ordenar la cesación de los ataques en contra de la menor, la entrega de las notas por parte de los docentes y el cambio de colegio.

Argumenta que si bien nunca presentó formalmente queja alguna, esto se debió a que la rectora del establecimiento educativo nunca estuvo disponible para atenderla.

Explica que en el caso de sus hijos se presentó la práctica denominada “matoneo”, que por sus peculiaridades es muy difícil de demostrar, más aún cuando proviene de docentes, circunstancia que el tribunal debió tener en consideración.

Por último, señala que su hijo mayor también presentó acción de tutela contra las mismas personas y por los mismos hechos, situación que constituye un indicio de la veracidad de sus afirmaciones.

Consideraciones de la Sala

I. Las medidas contra el acoso escolar en el marco del sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar

Mediante la Ley 1620 de 2013, el Congreso de la República dictó una serie de medidas cuyo objeto es promover y fortalecer la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media, así como prevenir y mitigar la violencia escolar.

Mediante la norma mencionada se creó el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, cuyos objetivos se buscarán a través de la promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades y bajo la responsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, la sociedad y el Estado.

En lo que tiene que ver específicamente con el acoso escolar (también denominado bullying o matoneo), el artículo 2º de la Ley 1620 de 2013 lo define como una “conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado (...) ante la indiferencia o complicidad de su entorno”.

La norma también reconoce que los docentes pueden ser sujetos activos o pasivos del acoso escolar.

Ahora bien, dentro de las medidas establecidas para buscar la consecución de los objetivos antes descritos, la referida ley ordena la creación, en cada institución educativa, de un comité escolar de convivencia, órgano entre cuyas funciones se encuentran identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes (art. 13)(1).

El comité escolar de convivencia está facultado para convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar.

Aunado a lo anterior, el artículo 16 de la Ley 1620 de 2013 impone algunas obligaciones en cabeza de las secretarías de educación de las entidades territoriales, entre las cuales se encuentra hacer seguimiento y apoyar el reporte de aquellos casos de acoso y violencia escolar denunciados por los establecimientos educativos.

En el mismo sentido, la norma advierte a las instituciones educativas y a sus rectores que deben garantizar a los estudiantes y educadores el respeto a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, y reportar aquellos casos de acoso y violencia escolar que se presenten, así como hacer el seguimiento respectivo.

En definitiva, la Ley 1620 de 2013 pretendió dotar a las autoridades públicas, instituciones educativas, directivos docentes y docentes, de las herramientas necesarias para enfrentar, entre otros problemas, los actos de acoso y violencia escolar. Sin embargo, tal tarea incumbe en igual medida a las familias de los estudiantes, pues solamente a partir del trabajo mancomunado entre estos y aquellos, es posible lograr una intervención efectiva en las causas de las violaciones de derechos fundamentales que eventualmente tengan lugar al interior de los establecimientos educativos.

I. Análisis del caso en concreto

De lo expuesto en el escrito de tutela y la sustentación del recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia, se tiene que la parte accionante alega como vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la honra, el debido proceso y a la educación de la menor Diana Carolina Gómez Robayo, como consecuencia de presuntos actos de acoso escolar, en que han incurrido las directivas y docentes del Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés.

Invocando los derechos enunciados, la parte demandante solicitó que se profieran las siguientes órdenes destinadas a las autoridades accionadas: i) Que cesen los actos de acoso escolar en contra de la menor, ii) que se inicien las investigaciones y se emitan las sanciones correspondientes por los hechos denunciados, iii) que se emitan disculpas públicas por los mismos hechos, y iv) que se disponga el traslado de la menor a otra institución educativa.

A fin de determinar si en el presente caso se presentó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, corresponde a la Sala estudiar si las afirmaciones expuestas por la madre de la menor se sustentan de alguna manera en las pruebas allegadas o en los informes presentados por las autoridades acusadas.

La Sala encuentra que a pesar de que la parte demandante alega que los docentes y directivas del Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés han incurrido, a partir del año 2010, en diferentes actos de acoso escolar contra Diana Carolina Gómez Robayo, no se aportó ningún elemento probatorio para demostrar dichas alegaciones.

Igualmente debe destacarse que si bien el juez de primera instancia puede decretar pruebas de oficio cuando se requiera para aclarar puntos confusos, dicha circunstancia no exime de la carga probatoria a la parte que alega la ocurrencia de los hechos, quien no puede excusar la ausencia total de elementos de juicio en el ejercicio de la facultad oficiosa del juez de tutela.

De otra parte, la Sala destaca que en los informes presentados por la secretaría de educación distrital y el Colegio Distrital Jorge Gaitán Cortés, en especial este último, insistieron en que la accionante no ha puesto en su conocimiento los hechos que presuntamente configuran acoso escolar, razón por la cual no puede endilgárseles responsabilidad por la falta de adopción de medidas de control.

Las anteriores consideraciones están íntimamente relacionadas con el principio de la carga de la prueba que en materia de tutela ha sido objeto de aplicación por parte de la misma Corte Constitucional, y según el cual quien instaura una acción de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones, sin perjuicio que la misma se invierta cuando existe un estado de indefensión o la imposibilidad fáctica o jurídica que probar los hechos que se alegan.

Sobre el particular podemos apreciar el siguiente pronunciamiento:

“3. El principio “onus probandi incumbit actori” en materia de tutela.

En diversas ocasiones la Corte ha examinado el tema de la carga de la prueba en sede de tutela. Así, en Sentencia T-298 de 1993 esta corporación, con ocasión de una petición de amparo instaurada por un padre, quien pretendía que su hijo fuese desvinculado de las filas del Ejército Nacional, negó la protección judicial demandada con base en las siguientes consideraciones:

“El artículo 22 del mencionado decreto, “el juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”. Pero esta disposición no puede entenderse como una autorización legal para que el juez resuelva sin que los hechos alegados o relevantes para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando menos en forma sumaria dadas las características de este procedimiento. Su determinación no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes”.

Siguiendo con esa misma línea jurisprudencial, la Corte en Sentencia T-835 de 2000, en el caso de un trabajador, quien alegaba ser víctima de una discriminación en materia salarial en relación con sus compañeros, negó el amparo solicitado por cuanto “Quien pretende la protección judicial de un derecho fundamental debe demostrar los supuestos fácticos en que se funda su pretensión, como quiera que es razonable sostener que quien conoce la manera exacta como se presentan los hechos y las consecuencias de los mismos, es quien padece el daño o la amenaza de afectación”.

(...).

Ahora bien, en situaciones muy particulares de especial indefensión, la Corte ha considerado que se invierte la carga de la prueba a favor del peticionario, es decir, que basta con que este realice una afirmación, teniendo la autoridad pública accionada, o el particular en su caso, el deber de desvirtuarla. En otras palabras se presumen ciertos los hechos alegados por el accionante. Así por ejemplo, en casos de personas víctimas de desplazamiento forzado, esta corporación en Sentencia T-327 de 2001 estimó lo siguiente:

Al presumirse la buena fe, se invierte la carga de la prueba y, por ende, son las autoridades las que deben probar plenamente que la persona respectiva no tiene la calidad de desplazado. Por lo tanto, es a quien desea contradecir la afirmación a quien corresponde probar la no ocurrencia del hecho. El no conocimiento de la ocurrencia del hecho por autoridad gubernamental alguna no es prueba de su no ocurrencia. Es apenas prueba de la inmanejable dimensión del problema que hace que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales sean desconocedoras del mismo. En muchas ocasiones las causas del desplazamiento son silenciosas y casi imperceptibles para la persona que no está siendo víctima de este delito. Frente a este tipo de situaciones es inminente la necesidad de la presunción de buena fe si se le pretende dar protección al desplazado.

(...).

En suma, quien instaure una acción de tutela por estimar vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales tiene la carga procesal de probar sus afirmaciones; tan solo en casos excepcionales, dadas las especiales condiciones de indefensión en que se encuentra el peticionario, se ha invertido jurisprudencialmente la carga de la prueba a favor de aquel(2) (resaltado fuera de texto).

En el caso de autos no se aprecia que la accionante o su hija se encuentren en un estado de indefensión tal que no puedan demostrar, de manera siquiera sumaria, la ocurrencia de alguno de los hechos constitutivos de acoso escolar de los que presuntamente han sido víctimas, por lo que en principio no se evidencia la vulneración de derecho fundamental alguno.

Efectivamente, la Sala estima necesario destacar que si bien es cierto que los casos de acoso escolar que se presenten al interior de las instituciones educativas, representan una clara amenaza contra los derechos fundamentales de los menores y sus familias, también lo es que la ocurrencia de tales actos no se presume, y debe ser demostrada por quien la alega.

Por otro lado, la parte demandante solicitó al juez de tutela que se ordenara a las entidades demandadas adelantar las investigaciones disciplinarias a que hubiera lugar y sancionar a los responsables de la ejecución de los actos de acoso escolar. Al respecto se estima pertinente insistir en que los entes que tienen la competencia para controlar, prevenir y mitigar los actos de acoso escolar, especialmente la institución educativa y la secretaría de educación distrital, no tuvieron conocimiento de la presunta existencia de los hechos sino hasta el momento en que fueron notificados de la presente acción, de lo cual se infiere que no habían tenido la oportunidad de realizar con anterioridad gestión alguna de reporte, control o investigación de aquellos.

En virtud de lo anterior y en la medida en que la parte accionante no aportó elemento de juicio alguno para soportar sus afirmaciones, no es dable al juez constitucional concluir que se presentó una violación de derechos fundamentales por parte de las entidades accionadas o sus agentes.

No obstante lo anterior y tal como se expuso en el numeral I de la parte considerativa de esta providencia, la Ley 1620 de 2013 obliga a la institución educativa a crear un comité escolar de convivencia, órgano que tiene entre sus funciones identificar, analizar y resolver los conflictos que se presenten, liderar acciones que fomenten la convivencia escolar y convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que la afecten.

En el mismo sentido, el Decreto 907 de 1996 (modificado por el Decreto Nacional 2878 de 1997(3)); el Decreto 330 de 2008(4), el plan operativo anual de inspección, vigilancia y supervisión y la Resolución 170 de 18 de enero de 2006, la secretaría de educación distrital tiene el deber de supervisar y vigilar casos como el que ahora se debate.

En tal sentido, la Sala accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda de tutela, bajo el entendido de la necesidad de iniciar el procedimiento necesario para el esclarecimiento de la verdad respecto a sus afirmaciones, y teniendo en cuenta que ningún proceso formal se ha iniciado por parte de la institución educativa o la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá.

Así, se concederá el amparo del derecho al debido proceso en el sentido de ordenar a la Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés, por intermedio de su rectora Martha Lucía Hinestrosa, y a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por intermedio del director de dicha cartera secretarial, o a quien este expresamente delegue tal función, que investiguen las conductas endilgadas por la accionante en tutela y su situación académica y convivencial, especialmente en lo que tiene que ver con el docente Jorge Enrique Orozco Romero. Los demás aspectos de la decisión del a quo se mantendrán incólumes.

Las entidades señaladas deberán rendir un informe de sus actuaciones, en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de la presente providencia.

Por último, la Sala estima pertinente pronunciarse sobre la petición de ordenar el traslado de la menor a otra institución educativa para cursar el grado octavo durante al año lectivo de 2013.

Sobre el particular, se evidencia que la accionante no ha elevado solicitud alguna ante la secretaría de educación distrital, en el sentido de requerir el traslado de Diana Carolina Gómez Robayo a otra institución educativa. En tal medida, no resulta procedente que la parte demandante acuda a la acción de tutela para obtener un pronunciamiento sin agotar los procedimientos correspondientes ante la autoridad administrativa, pues lo contrario implicaría desconocer el carácter preferente de la acción de amparo.

Aunado a lo anterior, se destaca que los trámites de la solicitud de traslado se encuentran descritos con claridad en el sitio en línea de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por lo cual la parte accionante no puede excusar su omisión en el desconocimiento o imposibilidad de elevar la petición respectiva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE PARCIALMENTE la sentencia de 24 de enero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.

2. CONCÉDESE el amparo al derecho al debido proceso de la accionante, en el sentido de ordenar a la Institución Educativa Jorge Gaitán Cortés, por intermedio de su rectora Martha Lucía Hinestrosa, y a la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, por intermedio del director de dicha cartera secretarial, o a quien este expresamente delegue tal función, que investiguen las conductas endilgadas por Diana Carolina Gómez Robayo y su situación académica y convivencial, especialmente frente al docente Jorge Enrique Orozco Romero.

3. CONFÍRMASE la decisión de instancia en lo demás.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente decisión a las entidades señaladas y hágaseles saber que deberán rendir un informe de sus actuaciones en el término de dos (2) meses, contado a partir de la notificación de la presente providencia.

Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila—Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(1) De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1620 de 2013, los comités estarán conformados por las siguientes personas:

— El rector del establecimiento educativo.

— El personero estudiantil.

— El docente con función de orientación.

— El coordinador cuando exista este cargo.

— El presidente del consejo de padres de familia.

— El presidente del consejo de estudiantes.

— Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(3) “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la suprema inspección y vigilancia del servicio público educativo y se dictan otras disposiciones”.

(4) “Por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la secretaría de educación del distrito, y se dictan otras disposiciones”.