Sentencia 2013-00011/21573 de marzo 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001-23-33-000-2013-00011-01 (21573)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Urbacusules Limitada

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Sanción por no enviar información - año gravable 2007

Consejera Ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá D.C., veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por las partes demandante y demandada, la Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos acusados, que le impusieron a la actora sanción por no enviar la información en medio magnético, correspondiente al año gravable 2007.

En concreto, las partes, demandante y demandada, discuten: i) La graduación de la sanción; ii) el beneficio de la sanción reducida al 10% y, iii) el daño causado al Estado por la omisión del contribuyente.

Obligación de suministrar información.

La Sala observa que la demandante, en la declaración de renta del año gravable 2006, registró un total de ingresos brutos de $ 2.380.905.000, monto que al superar el tope fijado en la Resolución 12690 de 2007, la obligaba a suministrar la información correspondiente al año gravable 2007, a que se refieren los literales a), b), c), d), e), f), h), i) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario.

Para ello, el artículo 18 de la mencionada resolución dispuso como plazo para la entrega de la información el 3 de abril de 2008, teniendo en cuenta que el NIT de la demandante termina en 36(9); no obstante, no cumplió el deber legal referido.

En consecuencia, la actora incurrió en uno de los supuestos sancionatorios establecidos por el artículo 651 del Estatuto Tributario, cual es no suministrar información dentro del plazo establecido.

Daño causado. Principio de Gradualidad.

La Sala ha reiterado(10) que la sanción por no enviar información debe graduarse en cada caso particular, atendiendo no solo criterios de justicia y equidad, sino también de razonabilidad y proporcionalidad, como se señaló la Sentencia C-160 de 1998.

En efecto, los principios de razonabilidad y proporcionalidad rigen el derecho al debido proceso sancionatorio(11) y la proporcionalidad tiene especial relevancia en lo relativo a la imposición de sanciones, pues la manifestación del poder punitivo del Estado exige que se respeten las garantías constitucionales, de manera que la sanción no sea arbitraria ni excesiva.

También ha precisado que aunque la falta de entrega de información y la entrega tardía de esta inciden en las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido(12).

Lo aducido, por cuanto mientras la falta de entrega afecta considerablemente la efectividad en la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de estas, la entrega tardía impacta la oportunidad en su ejercicio, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si éste es mínimo, no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero si, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega. Además, el criterio temporal en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente la actitud colaboradora del contribuyente.

En el caso concreto, se observa que en el pliego de cargos se propuso aplicar la sanción en la suma de $ 310.028.000, que corresponde al 5% del valor de la información no suministrada, para lo cual se tomó como base la cifra de $ 6.200.550.810, de la forma como se indica a continuación:

Artículo Resolución 12690 29/10/2010FormatoNombre del formatoValor
Artículo 4º1001Información de pagos o abonos en cuenta1.728.012.000
Artículo 5º1002Información de retenciones en la fuente practicadas78.244.810
Artículo 6º1003Información de retenciones en la fuente que le practicaron0
Artículo 7º1004Información de los descuentos tributarios solicitados0
Artículo 9º1005Información del impuesto sobre las ventas descontable0
Artículo 9º1006Información del impuesto sobre las ventas generado0
Artículo 8º1007Información de los ingresos recibidos en el año1.755.806.000
Artículo 8º1007Información de las devoluciones rebajas y descuentos0
Artículo 111008Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 20071.053.463.000
Artículo 101009Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 20071.183.691.000
Artículo 3º1010Información de socios y accionistas20.000.000
Artículo 121011Información de las declaraciones tributarias381.334.000
Artículo 121012Información de las declaraciones tributarias, acciones, inversiones en bonos, títulos valores y cuentas de ahorro y cuentas corrientes0
Total6.200.550.810
Porcentaje de la sanción5%
Total sanción310.027.540(13)
Valor sanción máxima (15.000 UVT 24.555 = $ 368.325.000) 

Así mismo, en el expediente es un hecho probado y aceptado por las partes, que con la respuesta al acto de trámite señalado (7 de enero de 2011(14)) el contribuyente suministró la siguiente información por medio electrónico:

Fecha de entregaFormularioFolio del cdno. ppal.
03/01/20111001127
1002129
1007131
1008133
1009135
1010137
1011139
1012141

Se destaca, además, que pese a que no se presentaron los formatos 1003, 1004, 1005 y 1006, la administración los registró en cero, por lo cual no afectan la base de imposición de la sanción.

En esas condiciones, siguiendo el criterio fijado por la Sala(15), sobre el valor de la información correspondiente a los formatos entregados con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, procede la graduación al 1%, pues tal circunstancia denota una actitud de colaboración del contribuyente. Por ello, la liquidación de la sanción de la Sala, es la siguiente:

Base de imposición de la sanción$ 6.200.550.810
Porcentaje de sanción1%
Total sanción$ 62.005.508

En consecuencia, como la sanción establecida en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración por la suma de $ 310.028.000 difiere de los $ 62.005.508 determinados por la Sala, se modificará el numeral segundo de la sentencia apelada, en el sentido de fijar la sanción por no informar en este último valor.

Reducción al 10% de la sanción.

En cuanto al beneficio de reducción de la sanción, la Sala observa que haber incurrido en la conducta sancionable es un hecho aceptado por la contribuyente; sin embargo, a pesar de que entregó la información a que estaba obligada con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, no cumplió los requisitos exigidos por la normativa aplicable.

En efecto, el artículo 651 del Estatuto Tributario es claro al señalar que la sanción “se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a)”, si la omisión se subsana con anterioridad a la expedición de la sanción, siempre que el obligado presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acredite que la omisión se subsanó, y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

Sobre este punto, se advierte que en el expediente no obra la presentación del memorial de aceptación de la sanción reducida, ni el pago de la misma a que se refiere el artículo citado, por lo cual no puede aceptarse el beneficio pedido por la apelante.

Errores en la información.

De otro lado, frente al argumento relacionado con la entrega de información errada (invocado por la entidad demandada), la Sala advierte que el supuesto de hecho que condujo a la expedición de los actos administrativos demandados es la omisión en el envío oportuno de la información, lo cual difiere del envío de información con errores, que constituye un supuesto sancionatorio diferente a la luz del artículo 651 del Estatuto Tributario.

Para la Sala(16), si bien la omisión en el suministro de información y la entrega de información errada tienen su origen en el trámite administrativo dispuesto para la sanción por no enviar información, se trata de hechos diferentes que exigen la expedición de un pliego de cargos aparte que le garantice al presunto infractor el ejercicio del derecho de defensa.

Esto, porque siendo el fundamento del pliego de cargos la omisión en la entrega de la información, no puede la administración, posteriormente, aducir que la información presentada configura un hecho sancionable distinto, pues ello equivaldría a impedirle al contribuyente ejercer su derecho a la defensa, ante nuevos cuestionamientos(17).

Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso(18), no se condenará en costas, comoquiera que el recurso prosperó parcialmente y que no se encuentran probadas en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral 2º de la sentencia del 15 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual quedará así:

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la sanción por no enviar información impuesta a la sociedad Urbacusules Ltda. mediante los actos administrativos demandados, corresponde a la suma de sesenta y dos millones cinco mil quinientos ocho pesos m/cte. ($ 62.005.508).

2. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(9) Folio 87, cdno. ppal.

(10) Entre otras, las sentencias del 26 de mayo de 2016, exp. 20925, del 10 de agosto de 2017, exp. 21886, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y del 17 de agosto de 2017, exp. 21190, M.P. Milton Chaves García.

(11) Sentencia C-564/2000.

(12) Ib.

(13) Con fundamento en el literal c) del artículo 868 del E.T., el valor se aproximó a la cifra de mil más cercana ($ 310.028.000).

(14) Folios 121-126, cdno. ppal.

(15) Entre otras, las sentencias del 7 de diciembre de 2016, exp. 22483 y del 4 de mayo de 2017, exp. 20884, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

(16) Cfr. Sentencia del 16 de noviembre de 2016, exp. 21877, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

(17) Sentencia del 6 de noviembre de 1014, exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

(18) CGP, “ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…) 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.