Sentencia 2013-00013 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicado: 200011102000-2013-00013-01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta 84 de la misma fecha

Ref: Abogado en apelación

Henry Bladimir Contreras Díaz.

Asunto

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta Superioridad a revisar por vía de apelación la providencia emitida el día 15 de diciembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, toda vez que presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

La Sala estima que la falta del artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, se entiende configurada en este caso, pues de las pruebas obrantes en el plenario se estableció que efectivamente el abogado Henry Bladimir Contreras Díaz, se demoró en la entrega del dinero que recibió de la transacción electrónica de la a seguradora QBE, para su cliente, porque esa entrega debió realizarla a la menor brevedad posible, además porque la relación profesional y cliente se dio porque ambos se conocían en el Municipio de Codazzi Cesar, donde Vivian, en esas circunstancias, no se justificaba una demora de 45 días para la entrega de los dineros.

Se encuentra demostrado objetivamente que el investigado, en su calidad de abogado de la quejosa, recibió el 24 de octubre de 2012, por transferencia electrónica al Banco Davivienda la suma de $4.722.000, de la aseguradora QBE (fol. 64), dineros de la señora Shirley Rangel Benavides, por el reclamo del SOAT, pero solo le entregó tales sumas hasta el 10 de diciembre del mismo año, como se comprobó con la copia de la consignación a (folio 4) del expediente disciplinario.

El abogado Contreras Díaz, conocía la situación nefasta que padecía su cliente, como consecuencia del fallecimiento de su compañero permanente, porque devengaba un salario mínimo como enfermera, cuidando a sus pequeños hijos, la quejosa le solicitó la entrega del dinero mediante escrito de 7 de noviembre de 2012, (fol. 52) y sin embargo, persistió en la demora en la entrega de los emolumentos, pues solo lo realizó el 10 de diciembre de 2012.

Ahora bien, el abogado sabía que el dinero que recibió no le pertenecía, y conocía el deber de entregarlos de forma inmediata a su cliente; y pese a ello optó por mantenerlos en su poder aproximadamente 45 días, demostrándose así los elementos propios de una conducta dolosa.

Le asiste razón a la quejosa, pues el profesional del derecho se llevó de lado con su comportamiento, principios de equidad, sobre los cuales están cimentadas las relaciones económicas de los abogados y sus clientes, con aprovechamiento de la necesidad de esta, pues era evidente la urgencia que tenía la quejosa en conseguir un abogado que la asistiera en la ejecución adelantada en contra las compañías aseguradoras La Equidad y QBE, reteniendo los dineros consignados por estas mediante transfería electrónicas, aspecto que el disciplinable desestimó en su escrito de apelación pero contrario Sensu, esta colegiatura le otorga el alcance anunciado conforme con las reglas de la sana critica.

Además, como se demostró en el transcurso de la investigación disciplinaria, el togado investigado en forma deliberada y consiente incurrió en el comportamiento motivo de reproche, pues admitió en audiencia de pruebas y calificación provisional del 7 de marzo de 2013 (fl. 25), las razones por las cuales mantuvo emolumentos consignado mediante transacción electrónica al Banco Davivienda, dinero que evidentemente eran de la señora Shirley Rangel Benavides, en relación con la labor desempeñada, pues se hizo la reclamación del seguro SOAT, por la muerte de su compañero permanente Miguel Ángel Cano Lozano.

No son de recibo los argumentos del investigado, pues en nada justifica haber mantenido en su cuenta los dineros de marras, aduciendo el presunto no pago de honorarios, pues si así hubiere sido, el disciplinado cuenta con los mecanismos contemplados en la jurisdicción ordinaria para garantizar el reconocimiento a su labor desempeñada como lo es la fijación de honorarios.

La situación fáctica y jurídica plantea que la conducta se adecua en su aspecto típico al precepto contenido en el numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, que consagra:

ART. 35.—Constituyen faltas a la honradez del abogado:

(…).

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.

(…)”.

Así las cosas se colige que concurren los elementos objetivo y subjetivo, es decir, se tiene certeza de la existencia de la falta y de la ausencia de justificación de la misma, razón por la cual se confirmara la responsabilidad disciplinaria en cabeza del doctor Henry Bladimir Contreras Díaz.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación señalados en la precitada norma, veamos:

“ART. 45.—Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de Derechos Humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la modalidad de la conducta desplegada por el disciplinado y que para el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, se efectúa a título de dolo, como lo advirtió de manera acertada el a quo, ya que el profesional del derecho, admitió haber mantenido los emolumentos consignados en el Banco Davivienda en su cuenta, pese a ser de propiedad de la quejosa, dineros recibidos por concepto de la reclamación de la muerte en accidente de tránsito del señor Miguel Ángel Cano Lozano, compañero permanente de la señora Shirley Rangel Benavides

Por todo lo anterior, esta Sala encuentra que la decisión de imponerle como sanción con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión conforme al artículo 43 de la Ley 1123 de 2007, debe ser confirmada en su totalidad, al doctor Henry Bladimir Contreras Díaz, quien incurrió en falta a la honradez del abogado.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la Sentencia de 15 de diciembre de 2014, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del César, sancionó con suspensión por el término de dos (2) meses al abogado Henry Bladimir Contreras Díaz, tras hallarlo responsable de la falta a la Honradez del Abogado de que trata el artículo 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase».