Sentencia 2013-00024 de junio 29 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Milton Chaves García

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 44001233300020130002401 [21091]

Demandante: Carbones del Cerrejón Limited

Demandada: Universidad de La Guajira

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Estampilla Pro Universidad de La Guajira

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia de 7 de noviembre de 2013 del Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió las súplicas de la demanda y no condenó en costas.

La parte resolutiva del fallo apelado dispuso lo siguiente(1):

“Primero. Aceptar el impedimento manifestado por la magistrada Carmen Dalis Argote Solano, para conocer del proceso de la referencia, conforme con las consideraciones que anteceden. 

Segundo. Declarar la nulidad de las resoluciones RC04 de 2012, en sus artículos 2º, 4º y 6º, por medio de la cual la Universidad de La Guajira, determina como sujeto pasivo responsable a Carbones del Cerrejón Limited y se le vincula como deudor solidario de los contribuyentes principales de la estampilla Pro Universidad de La Guajira por el año 2011 y, RC10 de 2012, por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración.  

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, consecuencialmente, declárase que la entidad demandada también carece de competencia para establecer o ejecutar las obligaciones contenidas en los actos anulados, tanto para la determinación de tributo, como para el cobro persuasivo, como para el proceso administrativo de cobro. 

Cuarto. Sin condena en costas a la entidad demandada, de acuerdo con la salvedad del artículo 188 de del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo expresado en la parte motiva de esta providencia 

[...]”.

ANTECEDENTES

El 19 de enero de 2012, la tesorera general de la Universidad de La Guajira expidió a cargo de CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED aviso de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la estampilla pro Universidad de La Guajira por el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011 y la cuenta de cobro por $ 133.442.135.278, de los cuales $ 55.491.267.278 corresponden a estampillas y $ 77.950.868.000 a intereses de mora(2). Contra estos actos, la actora interpuso recursos de reconsideración y reposición, que fueron inadmitidos, y por esta razón interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho(3).

El 17 de julio de 2012, siguiendo el reglamento interno para el recaudo de cartera(4), y sin que se hubiera decidido la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el aviso y la cuenta de cobro, la Universidad de La Guajira notificó a la actora la Resolución RC04 de 29 de junio de 2012, por la cual determinó los sujetos pasivos de la estampilla pro Universidad de La Guajira por el año gravable 2011, esto es, todos los contratistas de la actora y fijó el valor total de las estampillas en $ 9.539.189.502 (art. 1º); determinó a la actora como sujeto pasivo responsable de la estampilla y la vinculó como deudor solidario por $ 9.539.189.502 (art. 2º); determinó los intereses de mora a cargo de los responsables directos por $ 1.227.582.000 por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2011 y el 15 de junio de 2012 (art. 3º); determinó que la actora, como deudor solidario, estaba obligada a pagar los intereses de mora en la cuantía ya indicada (art. 4º); constituyó en contra de los deudores directos el título ejecutivo por el valor de las estampillas y los intereses para un total a cargo de $ 10.766.771.502 (art. 5º) y constituyó en contra de la actora el título ejecutivo por el mismo valor (art. 6º)(5).

Previa interposición del recurso de reconsideración por CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, la Universidad de La Guajira profirió la Resolución RC010 de 16 de octubre de 2012, que confirmó el acto recurrido y negó la suspensión del proceso de cobro solicitada por la recurrente(6).

DEMANDA

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones(7):

“2.1 Que se declare la nulidad de los artículos 2º, 4º y 6º de la Resolución RC 04 del 29 de junio de 2012, ‘por medio del cual se determinan los sujetos pasivos obligados a cancelar la estampilla pro universidad de la guajira (sic) por contratos celebrados entre particulares y la empresa Carbones del Cerrejón Limited en la vigencia 2011, se determina una responsabilidad solidaria y se dictan otras disposiciones.’ 

2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución RC 10 del 16 de octubre de 2012 ‘por la cual se resuelve el recurso de reconsideración instaurado por Carbones del Cerrejón contra la Resolución RC 04 de 2012’. 

2.3 Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se declare que CERREJÓN NO puede ser vinculada como responsable ni como deudor solidario de la estampilla pro Universidad mediante los actos acusados en lo referente a la estampilla Pro Universidad de La Guajira por el año 2011”. 

Invocó como disposiciones violadas las siguientes:

— Artículos 3º, 29, 83, 95, 121, 123, 228, 150 y 338 de la Constitución Política.

— Artículos 1º, 4º y 6º de la Ley 17 de 1986.

— Artículo 27 de la Ley 141 de 1991.

— Artículos 19 y 29 de la Ley 30 de 1992.

— Artículos 231 y 305 de la Ley 685 de 2001.

— Artículo 59 de la Ley 788 de 2002.

— Artículos 1º, 2º y 5º Ley 1066 de 2006.

— Artículo 3º de la Ley 1423 de 2010.

— Artículos 583, 584, 715, 717, 742, 817, 828 y 829 del Estatuto Tributario.

— Artículo 71 numeral 5º Decreto 1222 de 1986.

— Artículos 1º y 2º del Decreto 4473 de 2006.

— Artículos 303 a 305, 448 y 468 de la Ordenanza 065 de 2002 de la Asamblea del departamento La Guajira.

— Artículos 305, 379, 388, 409 y 486 de la Ordenanza 330 de 2011 de la Asamblea Departamental de La Guajira.

— Artículos 8º, 282 y 285 de la Ordenanza 336 de 2012 de la Asamblea Departamental de La Guajira.

— Artículos 8º y 30 de la Resolución 1711 de 2010.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Indebida aplicación del reglamento interno de cartera de la Universidad de La Guajira y de la Ley 1066 de 2006.

Debido a que la estampilla pro Universidad de La Guajira es una tasa del orden departamental y que la Universidad de La Guajira es solo la beneficiaria del tributo, como lo explicó la Corte Constitucional(8), las actuaciones para su cobro debieron adelantarse conforme con el artículo 59 de la Ley 788 de 2002, que ordena a las autoridades territoriales acatar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional para la administración, determinación, discusión, cobro, devolución y régimen sancionatorio.

No obstante, la Universidad de La Guajira asumió estas competencias y determinó y cobró la estampilla de acuerdo con el reglamento interno para el cobro de cartera de la Universidad.

La Universidad confundió el procedimiento de determinación y discusión de obligaciones tributarias con el de cobro de cartera pues, en un mismo acto, es decir, en la Resolución RC 04 de 2012, pretendió constituir el título ejecutivo, determinar los sujetos pasivos y sujetos responsables, vincular a terceros y cobrar tributos e intereses. Todo lo anterior, configuró falsa motivación de los actos y desviación de poder de la universidad.

En desarrollo de lo previsto en la Ley 1066 de 2006 y del Decreto Reglamentario 4473 de 2006, para aplicar el reglamento interno de cartera [arts. 8º y 30 de la Resolución 1711 de 2010], la Universidad debió contar previamente con un título ejecutivo en contra del Cerrejón, esto es, una declaración o un acto oficial de determinación. Sin embargo, tal acto no existió.

Violación del debido proceso.

Las resoluciones que se demandan son contrarias a las normas de determinación y liquidación del tributo que consagran el Estatuto Tributario Nacional y el Estatuto de Rentas Departamentales de La Guajira y violan el debido proceso, pues a la actora no se le notificó requerimiento especial, pliego de cargos o emplazamiento para declarar, ni se le dieron términos para responder y presentar descargos, pruebas y explicaciones respecto de la determinación y liquidación del tributo. Tales etapas debieron cumplirse antes de proceder al cobro persuasivo y coactivo de las obligaciones.

La Universidad pretende determinar y cobrar doblemente la estampilla.

Con la liquidación de 19 de enero de 2012, respecto de los períodos 2003 a 2011, inclusive, se agotaron las facultades de determinación y liquidación de la universidad. Por tanto, esta quedó impedida para expedir un segundo acto liquidatorio por el año 2011, porque, aunque el primero era ilegal, el tributo ya había sido determinado y liquidado.

Aunque al decidir el recurso de reconsideración, la universidad manifestó que el aviso de cobro de 19 de enero de 2012 no es un título ejecutivo, lo cierto es que con este y con la Resolución RC 04 de 2012, la demandada determinó, liquidó y cobró la misma supuesta obligación, en forma ilegal.

Adicionalmente, la negativa de la universidad de suspender el proceso de cobro iniciado con la Resolución RC 04 de 2012, por la existencia de la demanda contra el aviso de cobro y la cuenta de cobro de la estampilla por los años 2003 a 2011, configuró otra causal de nulidad.

Falta de competencia de la universidad para determinar y cobrar el tributo.

La Ley 71 de 1986 creó la estampilla para el departamento y previó como sujeto activo al Departamento de La Guajira, con la competencia exclusiva para determinar, liquidar, cobrar y recaudar dicho tributo, a través de la Secretaría de Hacienda Departamental. Por lo tanto, la Universidad de La Guajira, como beneficiaria del tributo, solo es destinataria de los recursos y no tiene competencia en materia impositiva.

El artículo 3º de la Ley 1423 de 2010, le dio competencia a la junta especial Pro Universidad de La Guajira solo para definir la destinación de los recursos recaudados, no para el cobro y fiscalización de la estampilla(9). Por tanto, es ilegal todo el proceso de fiscalización y cobro de la estampilla adelantado por la universidad, aunque se hubiera fundamentado en la Ordenanza 330 de 2011 del Departamento de La Guajira(10). Además, no es cierto que el artículo 202 de la Ordenanza 330 de 2011 dispuso que la Universidad de La Guajira era el ente autorizado para adelantar la fiscalización, determinación y cobro de la estampilla, pues dicha norma únicamente estableció el deber de los agentes retenedores de “declarar y pagar” ante el órgano que determinara la junta especial Pro Universidad de La Guajira.

La Ordenanza 336 de 2012 no podía aplicarse retroactivamente para cobrar la estampilla Pro Universidad de La Guajira del año 2011, pues entró en vigencia en abril de 2012.

La arrogación de competencias de determinación, fiscalización, liquidación y cobro de la estampilla por parte de la universidad, desconoce los artículos 19 y 29 de la Ley 30 de 1992, que establecen el objeto y funciones de las universidades públicas.

No existe título ejecutivo.

En la Resolución RC 04 de 2012, la universidad reflejó la constitución del título ejecutivo y con esto demostró que no contaba con un documento que sirviera de título ejecutivo. También indicó que la obligación de la actora constaba de manera expresa y clara “en la ley”. Sin embargo, es necesario que exista un título o documento concreto y oponible al deudor.

Inexistencia de estampillas físicas. Improcedencia de sustituir el método de recaudo.

En la Resolución RC 10 de 2012, la Universidad reconoció expresamente “que hasta el advenimiento de la Ordenanza 335 de 2012, no se ha emitido Estampilla alguna, vale decir, el sistema de recaudo mediante la emisión de la estampilla física no ha sido implementado en la práctica y por el contrario se ha dado una especie de retención en la fuente”. Este reconocimiento manifiesto implica simplemente que la estampilla no puede cobrarse. La retención en la fuente que se ha pretendido implementar no tiene efecto alguno, ya que ante la inexistencia de la estampilla simplemente no se produce la obligación tributaria.

La inexistencia física de la estampilla y el reemplazo del método de recaudo se derivó del vacío legal producido por la derogatoria que la Ley 374 de 1997 hizo del artículo 3º de la Ley 71 de 1986(11), que establecía que el Gobierno Nacional era el encargado de emitir la estampilla.

La obligación de expedir la estampilla fue ratificada por la Ley 1423 de 2010, que autorizó a la Asamblea de La Guajira para expedirla hasta un monto cierto. De manera que no existió el vacío legal que la Universidad mencionó en los actos demandados y la expedición de la estampilla continúa siendo prerrequisito para la causación del tributo.

Por lo tanto, el cobro del tributo sin que existiera la estampilla física desconoció el artículo 1º de la Ley 1423 de 2010 y los artículos 338 y 150 numeral 12 de la Constitución Política.

La estampilla se está cobrando sobre actos no gravados.

En la Resolución RC 04 de 2012, la Universidad afirmó que el literal b) del artículo 305 de la Ordenanza 065 de 2002 señala como hecho generador de la estampilla la celebración de contratos con particulares por empresas explotadoras de carbón. Lo anterior, sin que sea necesaria la intervención de funcionarios públicos ni la adherencia de estampilla física alguna, evento en el cual debe aplicarse el procedimiento de retención en la fuente.

Es dudosa la aplicabilidad de la Ordenanza 065 de 2002, porque hasta la fecha no se ha encontrado publicación en la Gaceta Oficial. Además, debe considerarse que el hecho generador indicado por la universidad debe interpretarse en el contexto del artículo 6º de la Ley 71 de 1986, que establece que es necesario que en el acto intervengan funcionarios departamentales o municipales, quienes deben adherir la estampilla.

El cobro efectuado en la Resolución RC 04 de 2012, es nulo, pues vulnera el artículo 5 de la Ley 71 de 1986, en la medida en que los contratistas de la actora, determinados como sujetos pasivos principales de la estampilla, son personas naturales y jurídicas de derecho privado y en los respectivos contratos no participó funcionario público alguno.

Las obligaciones tributarias no se sustituyen en el tiempo, por la práctica ni por la costumbre. Por eso, el deber de emitir la estampilla no puede reemplazarse con una especie de retención. Tampoco puede omitirse la participación de un funcionario público.

El cobro efectuado por la Universidad excede el monto máximo de recaudo.

En concepto de la dirección de apoyo fiscal del Ministerio de Hacienda, el monto máximo de emisión de la estampilla es uno de los aspectos más importantes de este tributo, ya que de él se desprende la autorización para cobrarlo, pues superado ese límite desaparece el fundamento de hecho del tributo y se extingue el derecho del departamento para cobrar la estampilla(12).

Por lo tanto, si la Ley 374 de 1997 autorizó el cobro de la estampilla hasta un máximo de $ 8.000.000.000, la Universidad de La Guajira no podía hacer el cobro de este tributo por $ 9.539.189.502.

De acuerdo con el artículo 742 del Estatuto Tributario, las decisiones de la administración deben fundamentarse en actos probados, razón por la cual es ilegal que la universidad admita que no tenía claridad sobre si los topes máximos fijados para el cobro se superaron o no. Además, el cobro por un monto superior al límite máximo autorizado por la ley es contrario al principio de legalidad tributaria, consagrado en los artículos 338 y 150 numeral 12 de la Constitución Política y 4 de la Ley 374 de 1994.

La actora no es agente de retención ni responsable del tributo.

El artículo 304 de la Ordenanza 065 de 2002 de la Asamblea Departamental de La Guajira señaló como agentes de retención únicamente a las entidades públicas. Por eso, la actora no puede responder como agente retenedor de la estampilla por el año 2011.

Adicionalmente, el artículo 13 de la citada ordenanza establece que son responsables del tributo las personas que expresamente designe la ley. Sin embargo, la ley no previó que los particulares fueran agentes de retención, por lo que no hay fundamento legal para hacer responsable de ese tributo a la actora.

Ni Cerrejón ni sus contratistas son sujetos pasivos del tributo.

La Universidad de La Guajira violó la ley y las normas territoriales sobre la estampilla pro universidad de La Guajira porque señaló como contribuyentes de este gravamen a los contratistas de la actora en el año 2011, pues, por su condición de particulares, no podían ser sujetos pasivos o contribuyentes del tributo.

Correlativamente, la actora no podía ser responsable solidaria del tributo, puesto que si no se causó obligación tributaria a cargo de los contratistas, con mayor razón no nació la obligación de la actora de practicar algún tipo de retención por este concepto.

Aunque en el Resolución RC 04 da 2012, la Universidad citó los artículos 370 y 437-3 del Estatuto Tributario, estas normas no son aplicables al caso, ya que la primera se refiere a la responsabilidad del agente retenedor que no realice la retención del impuesto de renta y la segunda, a los agentes retenedores de IVA. Esto es así, porque no existe norma departamental que haya adecuado los preceptos indicados a la estampilla.

Los únicos sujetos designados por el artículo 304 de la Ordenanza 065 de 2002 como agentes retenedores de la estampilla, son la administración central y descentralizada del departamento y los municipios, el contralor departamental y la Universidad de La Guajira, a quienes en ningún caso se les asignó responsabilidad solidaria.

Tampoco es válida la vinculación del deudor solidario al proceso únicamente en la etapa de cobro, pues con anterioridad se debió comunicar a la actora la existencia de un proceso de determinación oficial de la obligación principal, en los términos de los artículos 28 del Código Contencioso Administrativo y 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Indebida notificación de la Resolución RC 04 de 2012.

La Resolución RC 04 de 2012 no se notificó adecuadamente a los deudores principales. Por esto, carece de validez toda actuación seguida contra el deudor solidario.

Violación de la reserva de las declaraciones privadas

La Resolución RC 04 de 2012 violó la reserva de las declaraciones [art. 583, E.T.], pues se fundamentó en las declaraciones de la estampilla pro desarrollo fronterizo que la actora presentó en el año gravable 2011, pese a que esa información es reservada y la actora no autorizó su entrega a la Universidad de La Guajira.

Aunque la universidad manifestó que tiene “interés público directo” en la información que reporta la demandante, porque es beneficiaria del 50% de los recursos que generan la estampilla pro desarrollo fronterizo, debe tenerse en cuenta que la condición de beneficiaria del recaudo de las dos estampillas (pro desarrollo fronterizo y pro universidad), no la autoriza a desconocer esa reserva legal. Además, el carácter reservado de la información fiscal implica que la información suministrada por el contribuyente se utiliza solamente para el concepto tributario y propósito para el que se suministró.

La universidad tampoco se encuentra autorizada para practicar lo que la Resolución RC 04 de 2012 denomina “simple corrección aritmética” sobre tales declaraciones, cuya corrección o modificación compete, en forma exclusiva, a la Secretaría de Hacienda.

Inexistencia de confesión.

La Resolución RC 04 de 2012 toma las declaraciones privadas de estampilla pro desarrollo fronterizo como una confesión. No obstante, en ningún momento la actora efectuó manifestaciones voluntarias ni aceptó hechos sobre la causación de la estampilla Pro Universidad de La Guajira. Las declaraciones presentadas se refieren a una estampilla diferente y de ninguna manera constituyen “confesión” sobre otro tributo.

Asimilación indebida del hecho generador de la estampilla pro desarrollo fronterizo y del hecho generador de la estampilla pro Universidad de La Guajira.

En las resoluciones RC 04 y RC 10, ambas de 2012, la Universidad indicó que para determinar la obligación y efectuar el cobro de la estampilla Pro Universidad de La Guajira, se basó en la información relativa a la estampilla pro desarrollo fronterizo.

Esa asimilación resulta incorrecta ya que los hechos generadores de ambos tributos son distintos. Así, el artículo 305 de la Ordenanza 065 de 2002 establece que solamente están gravados con la estampilla pro universidad de La Guajira aquellos contratos “que guarden relación” con la explotación de carbón, condición que no se expresa en el hecho generador de la estampilla pro desarrollo fronterizo, que grava todos los contratos diferentes a los de ventas de productos derivados de la exploración y explotación de recursos naturales no renovables.

Violación a las prohibiciones legales de gravar las actividades mineras con tributos territoriales.

En la Resolución RC 10 de 2012, la universidad aceptó que no podía gravar actos o contratos relacionados con la explotación minera, pero que esto no fue tenido en cuenta al momento de efectuar el cobro del tributo. Ello, corresponde a una actuación ilegal de la universidad, pues no podía cobrar la estampilla indiscriminadamente sobre cualquier contrato. Además, porque las normas procedimentales aplicables en materia tributaria ordenan que las decisiones de la administración se fundamenten en hechos probados y que las liquidaciones tributarias deben contar con una fundamentación seria y coherente que permita al contribuyente desarrollar adecuadamente el derecho de defensa.

Doble tributación.

La demandante paga la estampilla pro desarrollo fronterizo sobre sus contratos y el 80% de tales recursos se destina a la infraestructura y dotación en educación, por lo que es contrario a los principios tributarios establecer un segundo tributo sobre los mismos hechos.

Adicionalmente, los contratos celebrados por la actora con particulares se encuentran gravados con IVA y los ingresos derivados de ellos, con el impuesto de industria y comercio. Por tanto, al gravarlos con la estampilla se viola el numeral 5º del artículo 71 del Decreto 1222 de 1986, que prohíbe imponer gravámenes sobre objetos o industrias gravados por la ley.

Violación de las normas sobre formularios y lugar del pago.

Las autoridades competentes no señalaron los formularios de declaración y los plazos para cumplir las obligaciones de declaración y pago de la estampilla pro Universidad de La Guajira vigente en el año 2011. Por tanto, la Universidad no podía exigir el cumplimiento de la obligación, pues no dio al contribuyente ni al supuesto agente retenedor los medios para hacerlo.

Intereses de mora.

El cobro de intereses de mora es ilegal porque no existía un plazo para el pago de la retención en la fuente, por lo que no existe forma de calcular los intereses de mora de la estampilla.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Universidad de La Guajira se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente(13):

La competencia para el cobro coactivo de la estampilla es de la tesorería de la Universidad de La Guajira, de acuerdo con el artículo 4º de la Ordenanza 336 de 2012, que modificó el artículo 282 de la Ordenanza 330 de 2011, expedidos por la Asamblea Departamental de La Guajira.

El Estatuto Tributario se aplica en la etapa jurisdiccional, mientras que la etapa previa a esta se rige por el reglamento interno de cartera de la Universidad y las normas superiores que le dan origen.

Los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que establecen el procedimiento para la acción de cobro, no contemplan la expedición de los actos a que se refiere la actora, como el emplazamiento para declarar por parte del agente retenedor. Así mismo, el artículo 715 del Estatuto Tributario, que se refiere al emplazamiento para declarar, no es aplicable a la Universidad, porque no es una entidad territorial.

Ni la Ley 71 de 1986 ni las normas que la han modificado fijaron en la secretaría de hacienda departamental la competencia para la administración, determinación y cobro de la estampilla. Por esta razón, la asamblea del departamento, a través de las ordenanzas 02 de 1987, 040 de 1997, 065 de 2002, 330 de 2011 y 336 de 2012, determinó como sujeto activo del tributo a la Universidad de La Guajira, en su calidad de acreedora de este y único beneficiario del recaudo.

En la Resolución RC 04 de 2012 se indicó que “Reflejar en el presente acto administrativo la constitución del título ejecutivo conformado por el conjunto del acto administrativo y sus anexos”, solo para precisar que la resolución, en su conjunto, era el título ejecutivo, pues reflejar es hacer manifiesta una cosa.

La suspensión del proceso de cobro se presenta cuando el título es demandado. Como en el presente asunto el aviso de cumplimiento y la cuenta adjunta a este no conforman el título ejecutivo, pues solamente son el resultado de la etapa previa al cobro persuasivo, la solicitud de suspensión solicitada por la actora es improcedente.

Dada la derogatoria del artículo 3º de la Ley 71 de 1986, que disponía que el departamento tenía la obligación de emitir, adherir y anular la estampilla física, por parte de los funcionarios departamentales y municipales que intervinieran en el acto [art. 6 de la misma ley], dicha estampilla quedó en desuso.

Además, en la práctica, el sistema de recaudo de la estampilla no ha sido implementado, pues desde la publicación de la Ley 374 de 1997 y de la Ordenanza 040 del mismo año, hasta la expedición de la Ordenanza 336 de 2012, no se ha emitido ninguna estampilla física. Por eso, la Universidad no ha violado ninguna norma, pues ante la falta de un mecanismo de recaudo, porque la estampilla no se ha emitido, lo que en la realidad se ha presentado es una retención en la fuente.

De otra parte, para que se produzca la extralimitación del monto máximo autorizado de recaudo de la estampilla ($ 8.000.000.000), es preciso que exista un acto administrativo que así lo señale.

La Ley 1423 de 2010 modificó el artículo 4º de la Ley 71 de 1986 para ampliar el hecho generador de la estampilla a las operaciones que se realicen en el departamento y sus municipios e introdujo el concepto de actividades, como el transporte de carbón por vía férrea y terrestre, que es una actividad disímil, segregable y determinable a la propia explotación del recurso no renovable. Por esta razón, la Universidad no desconoció la prohibición de gravar con la estampilla las actividades mineras de explotación de recursos no renovables.

La supuesta doble tributación porque la Asamblea Departamental de La Guajira gravó con IVA, industria y comercio, timbre y estampilla la misma actividad, corresponde a un cargo de nulidad contra las ordenanzas departamentales, que escapa de la competencia de la Universidad, por ser esta es un ente autónomo, que no determina ni reglamenta tributo alguno.

La actora se hizo responsable del tributo como agente retenedor, a partir de la expedición de la Ordenanza 065 de 2002, que, en su artículo 305, estableció como hecho generador la suscripción de contratos, adiciones o prórrogas que impliquen modificación del valor inicial pactado en contratos celebrados entre particulares y las empresas explotadoras de carbón, que se ejecuten en el departamento de La Guajira y que guarden relación con dicha explotación. De manera que la actora estaba obligada a retener el 2% del valor total de los contratos celebrados en el año 2011. Lo anterior, interpretado en armonía con el artículo 370 del Estatuto Tributario, aplicable por remisión del parágrafo del artículo 3º de la citada ordenanza, hace responsable al agente retenedor del pago no retenido.

No le asiste razón a la actora cuando alega una indebida notificación de la Resolución RC 04 de 2012, pues esta le fue notificada personalmente conforme con la ley y el reglamento interno de recaudo de cartera.

No es cierta la supuesta falta de publicación de la Ordenanza 065 de 2002, ya que esta se cumplió en la Gaceta Departamental de agosto de 2003. En el hipotético caso de que el acto no se hubiera publicado, no era motivo de nulidad, ya que la notificación es requisito de eficacia, no de legitimidad o existencia de la norma departamental.

No se violó el principio de reserva de la información tributaria porque la Universidad de La Guajira participa del 50% de los recursos de la estampilla pro desarrollo fronterizo. Por ello, la información reportada por la actora no es reservada y podía ser utilizada para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de la estampilla pro universidad de La Guajira.

No se presenta violación de las normas sobre formularios y lugares de pago, pues en los artículos 302 a 317 de la Ordenanza 065 de 2002, no se encuentran las obligaciones que la actora asegura que la Universidad omitió. El artículo 309 de la ordenanza en mención establecía que las personas o entidades obligadas a practicar la retención debían consignar el valor retenido en los lugares y plazos señalados por la Universidad de La Guajira.

El artículo 4º de la Ordenanza 336 de 2012 estableció que los agentes retenedores cumplirían mensualmente con la obligación simultánea de declarar y pagar ante el órgano, dependencia u oficina que señalara la junta especial pro Universidad de La Guajira, obligación que esta delegó en la tesorería de la universidad, según el Acuerdo 001 de 2012, expedido por el Consejo Superior de la Universidad de La Guajira.

Sobre la imposibilidad de establecer intereses de mora, por la falta de un plazo para su contabilización, se precisa que los artículos 22 y 23 del reglamento interno de cobro de cartera establecieron que concluidos los plazos para la ejecución de los procedimientos de cobro ordinario y persuasivo sin la obtención del pago de la obligación, se configuraría la renuencia del pago y se daría inicio al proceso de cobro por jurisdicción coactiva.

SENTENCIA APELADA

El tribunal anuló los actos demandados. Las razones de la decisión se sintetizan así(14):

En la Sentencia C-768 de 2010, la Corte Constitucional señaló que la estampilla pro universidad de La Guajira es una tasa parafiscal de orden territorial cuyo sujeto activo es el Departamento de La Guajira, no la Universidad de La Guajira.

Así mismo, la Corte precisó que los recursos derivados de este tributo pertenecen a la entidad territorial pero que, por mandato legal, se destinan a la promoción de la educación superior del Departamento de La Guajira, según las directrices de la junta especial pro Universidad de La Guajira, a la que le compete administrar, asignar y destinar esos recursos. Igualmente, señaló que la autonomía presupuestal de la Universidad de La Guajira no se extiende a los recursos de origen impositivo, pues estos corresponden a las entidades territoriales.

La Universidad de La Guajira, en su condición de ente autónomo del orden departamental, tiene asignada la función de atender la educación superior, razón por la cual las competencias para establecer, determinar, fijar o recaudar tributos del orden departamental, son funciones ajenas a la esfera de su gestión y administración.

La Ley 71 de 1986 no le dio potestad impositiva a la Universidad de La Guajira, ni podía otorgársela, porque una determinación en ese sentido desconocería la Constitución Política, por tratarse de un ente autónomo universitario y no de una entidad territorial, conforme con el artículo 338 de la Constitución Política.

Así, la Universidad de La Guajira no tenía competencia para establecer la obligación tributaria a cargo de la actora respecto de la estampilla y recaudar los recursos relacionados con ese concepto.

Además, la universidad no aplicó el procedimiento pertinente para expedir los actos demandados, pues se valió del reglamento interno de recaudo de cartera para designar a la actora como sujeto pasivo del gravamen, pese a tratarse de una actuación administrativa de carácter tributario, en relación con la cual debía aplicar el Estatuto Tributario Nacional.

Ante la declaratoria de nulidad de los actos demandados, por la falta de competencia de la universidad para determinar y cobrar la estampilla, quedó sin sustento jurídico la vinculación de la actora como deudora solidaria de la estampilla.

No se concede el restablecimiento del derecho en los términos solicitados en la demanda, pues la falta de competencia de la Universidad para establecer, ejecutar y cobrar persuasiva y coactivamente la estampilla, trae como consecuencia que la demandada también carece de competencia para vincular a la actora, como deudora solidaria, al proceso de determinación y cobro.

No se impuso condena en costas porque el caso estudiado es de interés público y la demandante no formuló esta pretensión.

RECURSO DE APELACIÓN

La Universidad de La Guajira apeló la sentencia por las siguientes razones(15):

No es cierto que la Universidad amplió su facultad de recaudo, pues la Ley 71 de 1986 y la Ordenanza 065 de 2002 fueron las normas que determinaron la obligación tributaria de la actora, y la Resolución RC04 de 2012 solo constituyó el título, sin disponer nada acerca de la determinación de la estampilla.

El trámite que la Universidad adelantó para el cobro de la estampilla es legal debido a que la Ordenanza 65 de 2002 se encontraba vigente y esta designó a la Universidad de La Guajira como sujeto activo de la estampilla y le asignó la función de recaudo, para lo cual fue necesario aplicar el reglamento interno de cartera, cuyo fundamento es el Estatuto Tributario y demás normas superiores.

La Sentencia C-768 de 2010 no es precedente jurisprudencial para sostener que la demandada no tiene facultades de determinación del tributo, ya que la labor que esta ejecutó fue de cobro, no de determinación del tributo. Entonces, con base en esa sentencia, el tribunal no podía desconocer que, de conformidad con la Ordenanza 65 de 2002, que se encontraba vigente, la Universidad era el sujeto activo del tributo.

La acción que la actora debió promover es la de nulidad y no la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que la consecuencia de la nulidad de los actos, por falta de competencia para establecer y cobrar la estampilla, no es la declaratoria de no vincular a la actora como responsable o como deudora solidario. Además, no existe un derecho presuntamente vulnerado.

El fallo apelado cambió el problema jurídico definido en la audiencia inicial, que consistía en hacer el control de legalidad de los actos demandados. Ello, porque planteó como tema que debía resolver, la determinación de si la actora tenía o no la calidad de deudor solidario por no retener a sus contratistas la estampilla pro Universidad de La Guajira.

Es improcedente el restablecimiento del derecho, en el sentido de declarar que la Universidad de La Guajira carece de competencia para establecer o ejecutar las obligaciones previstas en los actos anulados, así como para determinar el tributo y hacer el cobro persuasivo de la obligación tributaria. Ello, porque no se pidió en la demanda y una decisión en ese sentido es extra petita. Adicionalmente, esa pretensión no fue controvertida por la demandada, comoquiera que no hizo parte del problema jurídico debatido.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La actora reiteró los argumentos de la demanda y agregó lo siguiente(16):

En la apelación, la Universidad explicó que la Ley 71 de 1986 y la Ordenanza 65 de 2002 determinaron la obligación que se cobró a la actora y que los actos demandados crearon el título ejecutivo. Por esto, señaló que no estaba facultada para determinar la obligación tributaria, pero sí para crear el título ejecutivo.

La anterior explicación deja en evidencia que la universidad desconoce los conceptos legales de determinación y liquidación de tributos y pretende que la constitución de títulos ejecutivos se considere un asunto ajeno a la determinación y liquidación del tributo, como si de la ley se pudiera extraer directamente la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuando, en realidad, con lo que denomina creación del título ejecutivo, la Universidad determinó y liquidó la estampilla.

A partir de la supuesta ocurrencia del hecho generador contemplado en la Ley 71 de 1986 y en la Ordenanza 065 de 2002, la Universidad determinó la aparente obligación tributaria a cargo de los contratistas de la actora y presumió que la actora era agente retenedora de la estampilla, que determinó y liquidó según los valores informados por esta en las declaraciones de la estampilla pro desarrollo fronterizo, que es diferente e independiente de la estampilla Pro Universidad de La Guajira.

Así, con las resoluciones demandadas lo que hizo la universidad fue determinar y liquidar un tributo, actuación para la cual carecía de competencia.

El fallo apelado no es extra petita ni es cierto que el tribunal cambió el problema jurídico, que se concretó en el estudio de legalidad de los actos demandados. Lo que el tribunal dispuso fue que, de la nulidad de los actos administrativos por la falta de competencia de la universidad para determinar y cobrar la estampilla, la demandada tampoco era competente para vincular a la actora como responsable o deudor solidario de la estampilla.

Por la prosperidad del primer cargo, el tribunal no analizó los demás cargos de la demanda. Esto no significa que no se hubiera demostrado la vulneración de los demás derechos respecto de los cuales se solicitó el restablecimiento. De modo que lo procedente no era instaurar acción de nulidad.

La demandada no se pronunció en esta oportunidad procesal.

El Ministerio Público no emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala decide si son legales los actos demandados en cuanto determinaron a la actora como “sujeto pasivo responsable” de la estampilla pro Universidad de La Guajira y la vincularon como deudor solidario por el valor de las estampillas a cargo de los “sujetos pasivos obligados” por el año 2011; determinaron que la demandante, como deudor solidario, estaba obligada a pagar los intereses de mora y constituyeron en contra de la actora el título ejecutivo por el valor de las estampillas ($ 9.539.189.502) y los intereses de mora ($ 1.227.582.000), para un total a cargo de $ 10.766.771.502.

La Sala confirma la sentencia apelada, pues la demandada no tenía competencia para determinar que la actora era sujeto pasivo responsable de la estampilla, vincularla como deudor solidario ni para constituir un título ejecutivo en su contra, según el siguiente análisis:

De la estampilla pro Universidad de La Guajira.

La Ley 71 de 1986 autorizó al departamento de La Guajira para crear la estampilla pro Universidad de La Guajira, en los siguientes términos(17):

ART. 1º—Autorízase a la Asamblea Departamental de La Guajira, para disponer la emisión de la estampilla ‘Pro-Universidad de La Guajira’ como recurso para contribuir a la compra de terrenos propios, a la construcción y financiación de dicha Universidad. 

ART. 2º—Modificado por la Ley 1423 de 2010, art. 1º. La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza será hasta por la suma de cien mil millones de pesos ($ 100.000.000.000,00) moneda legal colombiana a valor constante a la fecha de expedición de la presente ley. 

ART. 3º—Derogado por la Ley 374 de 1997, art. 5º. 

ART. 4º—Modificado por la Ley 1423 de 2010, art. 2º. La Asamblea Departamental de La Guajira a través de ordenanzas reglamentará el uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se realicen en el departamento y sus municipios, las cuales serán remitidas para conocimiento del Gobierno Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

ART. 5º—Facúltase a los concejos municipales de La Guajira para que, previa autorización de la Asamblea, hagan obligatorio el uso de la estampilla en los actos municipales. 

ART. 6º—La obligación de adherir y anular la estampilla a que se refiere esta Ley, queda a cargo de los funcionarios departamentales y municipales que intervengan en el acto.  

ART. 7º—Modificado por la Ley 1423 de 2010, art. 3º. Créase la ‘Junta Especial Pro-Universidad de La Guajira’ que será el ente encargado de la administración, asignación y destinación de los recursos captados con el uso de esta estampilla. 

[...]” 

En la Sentencia C-768 de 2010, sobre la naturaleza de los recursos de la estampilla pro universidad de La Guajira, la Corte precisó que:

“[...] al tratarse de una tasa del orden territorial, los recursos se contabilizan en el ente territorial como un ingreso ordinario de origen tributario, en su condición de sujeto activo del tributo(18), sin perjuicio de la aplicación que de acuerdo con la ley deba darse al recaudo. Por esa misma razón no puede afirmarse que en estricto sentido dichos recaudos ingresan directamente al patrimonio del ente educativo o que sean recursos endógenos de éste”.

De acuerdo con la ley que autorizó la creación de la estampilla y la sentencia en mención, el sujeto activo del tributo es el departamento de La Guajira, no la universidad. Esta es, sí, la destinataria o beneficiaria de los recursos del departamento, no el sujeto activo o acreedor de la obligación tributaria.

La estampilla pro Universidad de La Guajira es una renta propia del departamento y los recursos provenientes de esta ingresan al patrimonio de este, “sin perjuicio de la aplicación que de acuerdo con la ley deba darse al recaudo”, como lo precisó la Corte Constitucional en la Sentencia C-768 de 2010.

Para el periodo que se discute (año 2011) estaba vigente, en general, la Ordenanza 65 de 2002, expedida por la Asamblea Departamental de La Guajira. Sin embargo, la Ordenanza 330 de 2011, rigió durante algunos días del año 2011.

El artículo 302 de la Ordenanza 65 de 2002 dispuso que el sujeto activo de la estampilla es la Universidad de La Guajira. El artículo 303 previó que son sujetos pasivos, entre otros, los contratistas del Departamento y el artículo 305 estableció que se causa la estampilla, entre otras operaciones, sobre los contratos, adiciones o prórrogas celebrados entre particulares y las empresas explotadoras del carbón, que se ejecuten en el Departamento y guarden relación con dicha explotación. En este caso, la tarifa es del 2% del valor total de los contratos, cualquiera que sea su denominación jurídica.

Por su parte, el artículo 276 de la Ordenanza 330 de 2011, que modificó el artículo 302 de la Ordenanza 65 de 2002, mantuvo la previsión en el sentido de que el sujeto activo de la estampilla es la Universidad de La Guajira. El artículo 277 señaló que son sujetos pasivos de la estampilla, las personas naturales o jurídicas que realicen el hecho generador y el artículo 279 de la misma norma señala que son hechos generadores “los distintos actos o documentos en los cuales es obligatorio el uso de la Estampilla Pro-Universidad de La Guajira”. Los actos en los que es obligatorio el uso de la estampilla están listados en el artículo 283 de la Ordenanza, que regula la tarifa del tributo(19).

Ahora bien, la norma vigente para determinar la competencia de la autoridad que expidió los actos demandados, que son, en esencia, actos de determinación de la estampilla, es la Ordenanza 336 de 2012, que regía al momento de la expedición de tales actos.

El artículo 1º de la Ordenanza 336 de 2012, que modificó el artículo 276 de la Ordenanza 330 de 2011, también mantuvo la previsión de que el sujeto activo de la estampilla, “es la Universidad de La Guajira, acreedor del tributo o prestación pecuniaria que se deriva del hecho generador”

A su vez, el artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, que modificó el artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011(20), asignó las facultades de fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de la estampilla pro-Universidad de La Guajira(21), al órgano, dependencia u oficina que designara la Junta Especial Pro-Universidad de La Guajira.

Sin embargo, los efectos del artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, que modificó el artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011, fueron suspendidos provisionalmente por esta Sección, mediante auto de 5 de junio de 2014. Lo anterior, porque tal disposición desconoce abiertamente las facultades que el artículo 7º de la Ley 71 de 1986 concedió a la Junta Especial Pro-Universidad de La Guajira, que son, en esencia, administrar los recursos que el departamento de La Guajira haya captado en razón del tributo(22).

En el citado auto, la Sala precisó lo siguiente:

“2.6.1. De la confrontación del artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011, modificado por la Ordenanza 336 de 2012, se advierte la manifiesta infracción del artículo 7º de la Ley 71 de 1986, por las siguientes razones: 

El artículo 7º de la Ley 71 de 1986 ordenó la creación de la “Junta Especial Pro Universidad de La Guajira”, y determinó que le correspondía la administración, asignación y destinación de los recursos captados con el uso de esta estampilla. 

Por su parte, el artículo 285 señalado, dispuso que la fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de la estampilla, sería de competencia del órgano o dependencia que estableciera la Junta Especial Pro Universidad de La Guajira. 

2.6.2. Como se observa, el artículo 285 ibídem, extralimitó las competencias asignadas a la Junta Especial Pro Universidad de La Guajira en la ley creadora del tributo, al establecer que dicho ente podía designar el órgano competente para la fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo del tributo, a pesar de que la norma alegada como violada, únicamente la encargó de la administración, asignación y destinación de los recursos captados con el uso de la estampilla. 

2.6.3. La designación del ente encargado de desarrollar el procedimiento de fiscalización, determinación y recaudo de la estampilla no se encuentra dentro de la facultad de administrar, asignar y destinar los recursos, pues esta última es posterior y se limita a prever la utilización de los ingresos recaudados con ocasión del tributo.

2.6.4. Por consiguiente, dentro del ámbito de las competencias establecidas en la ley a la Junta Especial Pro Universidad de La Guajira no se encuentra la de designar un órgano competente para que desarrolle la determinación del tributo. 

2.6.5. Por tal motivo, se declarará la suspensión provisional del artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011, modificado por el artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, en tanto contraría el ordenamiento superior, al establecer a la Junta Especial Pro Universidad de La Guajira competencias distintas a las que le fueron asignadas en la ley”. (Subraya la Sala).

Con fundamento en las razones expuestas por la Sala al decretar la suspensión provisional de los efectos del artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, que modificó el artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011, es del caso inaplicar por ilegal el artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012. Ello significa que la norma aplicable es el artículo 285 de la Ordenanza 330 de 2011, sin la referida modificación, conforme con la cual “La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de la Estampilla Pro Universidad de La Guajira, es de competencia del Departamento La Guajira, y se ejercerá a través de Secretaria de Hacienda Departamental”.

En consecuencia, la liquidación o determinación de la estampilla y su cobro, entre otras funciones, competen exclusivamente al departamento, a través de la secretaría de hacienda.

En el caso en estudio, está probado que mediante los actos demandados, la Universidad de La Guajira determinó a la actora la calidad de sujeto pasivo responsable de la estampilla por el año 2011 y la vinculó como deudor solidario por la suma de $ 10.766.771.502, que corresponde al valor de los contratos que varios particulares celebraron con la actora. Además, dispusieron que ese acto constituye título ejecutivo por el citado valor(23).

Esa determinación, como se advirtió, corresponde, en realidad, a la liquidación del tributo a cargo del deudor solidario, para lo cual la demandada no tiene competencia, pues esta recae en el departamento de La Guajira.

Ahora bien, la demandada alegó que la Sentencia C-768 de 2010 no era precedente válido para sostener que no tiene facultades de determinación del tributo, pues lo que hizo fue solo cobrarlo. No obstante, se advierte que la demandada sí determinó el tributo a cargo de los sujetos pasivos y de la actora como deudora solidaria. Además, como ya se precisó, tampoco tiene facultades de cobro. En consecuencia, la sentencia sí es precedente válido en este caso.

En cuanto al restablecimiento del derecho, la Sala advierte que conforme con el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el juez puede restablecer el derecho estatuyendo disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar estas. En este caso, la consecuencia natural de la nulidad de los actos demandados, o lo que es lo mismo, el restablecimiento automático del derecho es que se declare que la actora no está obligada al pago de los valores que se determinan en los actos demandados, que se anulan.

Por lo anterior, en los términos indicados se modifica el restablecimiento del derecho que dispuso el tribunal.

Además, se advierte que precisamente por existir un restablecimiento del derecho de la demandante, incluso si este no se hubiera solicitado, el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme con el inciso primero del artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no el de nulidad, como lo alegó la demandada. Adicionalmente, el fallo del tribunal tuvo en cuenta el problema jurídico fijado en la audiencia inicial, pues en esta se planteó que debía resolverse si los actos demandados se ajustaron a la Constitución y las normas en que debía fundarse y el tribunal concluyó que no, precisamente porque se desconocieron las normas sobre competencia para determinar el tributo.

En suma, se inaplica el artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, expedida por la Asamblea del Departamento de La Guajira y se modifica el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada en los términos ya indicados. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

Condena en costas.

En consideración a que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se debe hacer conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, la Sala se pronuncia sobre este aspecto, en los siguientes términos:

De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, las reglas para la determinación de la condena en costas, son las siguientes:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”. (Subraya la Sala).

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3º del artículo 365 del Código General del Proceso. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(24).

En esas condiciones, se advierte que, una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho a cargo de la apelante. Por lo tanto, no se condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. INAPLÍCASE el artículo 7º de la Ordenanza 336 de 2012, expedida por la Asamblea del Departamento de La Guajira.

2. MODIFÍCASE el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que queda así:

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que la actora no está obligada al pago de los valores que se determinan en los actos demandados, que se anulan.

En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Consejeros: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidente—Milton Chaves García—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Fls. 466 a 480, cdno. ppal.

2 Fls. 60 a 63, cdno. ppal.

3 Fl. 66, cdno. ppal.

4 Resolución 1711 de 2010 de la Universidad de La Guajira.

5 Fls. 69 a 133, cdno. ppal.

6 Fls. 190 a 224, cdno. ppal.

7 Fls. 16, cdno. ppal.

8 Sentencia C-768 de 2010.

9 Modificó la Ley 71 de 1986, artículo 7º, que estableció que la junta especial pro universidad de La Guajira, se encargaría de administrar los fondos producidos por la estampilla.

10 Modificada por la Ordenanza 336 de 2012, artículo 285, estableció que la fiscalización, liquidación, discusión y recaudo de la estampilla estaría a cargo de la junta especial pro universidad de La Guajira.

11 Ley 71 de 1986. ART. 3º—El Gobierno emitirá la estampilla de que tratan los artículos anteriores, en series de cinco pesos, diez pesos, veinte pesos, cincuenta pesos, y cien pesos. 

Esta emisión se entregará al Departamento de La Guajira”. 

12 Oficio 1-2008-052507 de 26 de agosto de 2008.

13 Fls. 158 a 185.

14 Fls. 466 a 480, cdno. ppal.

15 Fls. 438 a 500.

16 Fls. 525 a 543.

17 Publicada en el Diario Oficial 37.737 de 17 de diciembre de 1986.

18 Sentencia C-987 de 1999.

19 ART. 283.Tarifas. Modificado por la Ordenanza 336 de 2012, art. 5º. Las tarifas son los valores absolutos y porcentuales determinados en atención a las siguientes actividades y operaciones:

[...] 

3.Todo pago que tenga origen en la suscripción, prórroga y adición de actos generadores de obligaciones que celebren con particulares las empresas exploradoras, explotadoras y comercializadoras de recursos naturales no renovables siempre que se desarrollen, apliquen o ejecuten dentro de la jurisdicción del Departamento de La Guajira, guarden relación con dichas actividades y no encuadren en la prohibición contenida en los artículos 27 de la Ley 141 de 1994 y 231 de la Ley 685 de 2001 o de las normas que las modifiquen o reformen.  

[...]. 

20 ART. 285.—La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de la Estampilla Pro Universidad de La Guajira, es de competencia del Departamento La Guajira, y se ejercerá a través de Secretaría de Hacienda Departamental. Para la determinación oficial, discusión y cobro se aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional”. (Subraya la Sala).

21 Que se encontraban a cargo del departamento-secretaría de hacienda.

22 Expediente 20313, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

23 Fls. 69 a 133, cdno. ppal.

24 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.