Sentencia 2013-00024 de abril 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. 6300122140002013-00024-01

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

Discutido y aprobado en Sala de tres de abril de dos mil trece.

Bogotá, D.C., nueve de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La controversia se centra en establecer si la accionada conculcó la prerrogativa denunciada al acoger el petitum de la demanda, y ordenar la restitución del bien dado en arrendamiento.

2. Por la consagración constitucional del principio de autonomía judicial, las providencias de los jueces o funcionarios que administran justicia son en principio ajenas al análisis propio de la acción de amparo consagrada en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en los que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de la mera liberalidad del funcionario, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y no tenga o haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para conjurar la lesión de sus garantías superiores.

3. Para los efectos del análisis que se realiza, está acreditado lo que a continuación se destaca:

a) Que el 30 de mayo de 2012, el Juzgado Civil del Circuito de Calarcá admitió la demanda de restitución de inmueble arrendado de naturaleza agraria que instauró Mariela Urquiza Guzmán contra Jorge Alirio Chiquiza Arévalo, invocando como causal la mora en el pago de la renta a partir del 20 de enero de ese año, a razón de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) mensuales (fls. 1-36, cdno. anexo).

b) Que Chiquiza Arévalo presentó como excepción de mérito “la inexistencia del contrato (...) por falta de requisitos legales” fundada en la condición resolutoria que soporta la finca a favor del Incora, hoy Incoder, por el subsidio otorgado a la arrendadora para su compra que impedía darlo en tenencia, y no acreditó la cancelación de los cánones (fls. 40-46, cdno. anexo).

c) Que el 30 de agosto del año pasado, el funcionario de conocimiento dictó sentencia en la que accedió a las pretensiones, sin tener en cuenta la contestación del promotor por no haber cumplido la carga impuesta por el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil (fls. 56-65, cdno. anexo).

d) Que el 11 de octubre siguiente, el tribunal declaró inadmisible la apelación del mencionado fallo por ser el asunto de única instancia dada la causal alegada (fls. 85-88, cdno. anexo).

4. Se acogerá la impugnación propuesta por las razones que pasan a mencionarse:

a) En aras de dilucidar la aplicabilidad a la presente controversia del procedimiento abreviado contemplado en el Título XXII del Código de Procedimiento Civil y, eventualmente, de la sanción de no oír al demandado por la causal de mora mientras no acredite el pago de los cánones reclamados, lo primero que observa la Corte es que el artículo 44 de la Ley 1395 de 2010 derogó expresamente los artículos 51 al 97 del Decreto 2303, entre los que se establecía un trámite especial para la restitución de bienes agrarios (arts. 73 y ss.), sin remitir a otro específico. Esta eliminación, según lo dispone su artículo 122, rigió “a partir de su promulgación”, el 12 de julio de 2010.

En consecuencia, a falta de otra regulación, cobran relevancia las normas procesales civiles, en este caso el numeral 10 del artículo 408, en concordancia con el inciso primero del 424 ídem, que establecen el procedimiento abreviado allí previsto para los asuntos de “restitución de inmueble arrendado...”, nomenclatura vigente conforme estaba concebida antes de dicha reforma, por lo que resulta aplicable en este caso.

b) En múltiples ocasiones esta Corte ha señalado que en la tarea de administrar justicia los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la exégesis y hermenéutica del ordenamiento jurídico, motivo por el cual el fallador constitucional no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos, con excepción de los eventos en que se dé una desviación evidente o grosera de la ley.

En el presente asunto, el juez encartado incurrió en la anormalidad enunciada, como quiera que en la sentencia de 30 de agosto de 2012 se abstuvo de estudiar la excepción propuesta y acogió las súplicas del libelo porque el inconforme no acreditó el pago de la renta reclamada, lo cual, si bien tiene soporte legal en el numeral 3º del parágrafo segundo del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, carece de respaldo constitucional en atención a que la defensa cuestiona la existencia misma del contrato de tenencia, a partir de la alegación del convocado de que la arrendadora adquirió el lote con un subsidio estatal que le otorgó el Incora, en el que se consignó la prohibición de darlo en tenencia, so pena de aplicar la condición resolutoria, todo con fundamento en el artículo 25 de la Ley 160 de 1994 que dispone: “Los beneficiarios de los programas de reforma agraria deberán restituir al Incora el subsidio, reajustado a su valor presente, en los casos en que enajene o arriende el terreno adquirido con el subsidio dentro de los doce (12) años siguientes a su otorgamiento sin la autorización expresa e indelegable de la junta directiva del Incora, (...) En las escrituras de adquisición de predios subsidiados por parte del Estado se anotará esta circunstancia, así como la obligación del propietario de adelantar directamente su explotación, y deberá establecerse una condición resolutoria del subsidio en favor del Incora por el término de 12 años, cuando ocurran los eventos previstos en el inciso anterior (...) Los notarios y registradores de instrumentos públicos, so pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable con la destitución, se abstendrán de otorgar e inscribir escrituras públicas que contengan la transmisión del dominio o la posesión de predios adquiridos con subsidio en las que no se protocolice la autorización expresa y escrita del Incora para llevar a cabo la enajenación, dentro del término previsto en este artículo (...) Serán absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravención a lo aquí dispuesto”.

Al respecto, vale memorar que “...[la] jurisprudencia de esta corporación ha sido pacífica y uniforme en el sentido de indicar que, cuando el proceso de restitución de inmueble arrendado se fundamenta en la falta de pago de los cánones o de los incrementos pactados, solo es posible inaplicar de manera excepcional el numeral 2º del parágrafo 2º del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, es decir, escuchar al demandado sin que consigne los dineros que se le reclaman o acredite haberlos sufragado; es así como ha circunscrito esos eventos de excepción a los casos en los que se proponga la defensa previa de falta de competencia o de la contestación se desprendan dudas graves acerca de la existencia del contrato o de las cláusulas negociales que se pretenden hacer valer; criterio expuesto en las sentencias de 5 de marzo, 28 de abril y 28 de agosto de 2008, expedientes 2007-00356-01, 2008-00609-00 y 2008-01356-00, y recientemente en pronunciamientos de 2 de mayo y 15 de septiembre de 2011, Expediente 00324-01 y 00837-01, respectivamente (...) En tal sentido, han de aportarse al pleito elementos de convicción suficientes para generar un cuestionamiento serio sobre lo pretendido por el actor, sin que las simples manifestaciones del deudor resulten suficientes, pues, la ‘duda grave’ surge a partir argumentos lógicos debidamente soportados en las evidencias obrantes en el expediente y no en afirmaciones vagas y sin sustento, tal como lo plasmó esta Sala en los fallos de 11 de agosto de 2010 y 29 de marzo de 2012, expedientes 00252-01 y 00062-01, respectivamente” (sent. mayo 14/2012, Exp. 2012-0099-01, reiterada el 14 de agosto del mismo año, 00210-01).

Por consiguiente, dado que el actor controvirtió la existencia del contrato de arrendamiento argumentando la prohibición de la propietaria de la finca para darla en tenencia, tal aspecto se encuadra dentro del precedente citado y, por ello, es viable analizar la defensa planteada sin que deba acreditar la solución de los cánones.

c) Además, cabe advertir que la encartada, una vez el promotor contestó la demanda, dictó fallo en el que acogió las pretensiones sin atender su escrito, sin previamente emitir pronunciamiento sobre no oírlo, con lo que coartó su derecho de replicar sobre la mencionada sanción procesal.

5) Así las cosas, se concederá el amparo propuesto y ordenará a la autoridad convocada que deje sin valor ni efecto la sentencia que emitió en el juicio abreviado y disponga escuchar al demandado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada.

En consecuencia, se CONCEDE el amparo y se ordena al Juzgado Civil del Circuito de Calarcá que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación, deje sin efecto el fallo de 30 de agosto de 2012, emitido dentro del aludido proceso, y tramite la excepción que propuso el aquí accionante.

Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión».