Sentencia 2013-00029 de febrero 6 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001 03 21 000 2013 00029 00

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Juan Carlos Abuabara Eljadue

Demandado: Celinea Oróstegui de Jiménez

Fallo electoral – Única instancia

Bogotá, D. C., seis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

2.1 Acto demandado.

Se discute la legalidad de las resoluciones PSAR-13-116 de 9 de mayo de 2013, por la cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura “nombró a la doctora Celinea Oróstegui de Jiménez, en el cargo de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, por el periodo comprendido entre el año 3013 (sic) y 2017”(3) y PSAR-13-126 de 21 de mayo de 2013, por la cual la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura confirmó el acto anterior.

2.2 Excepción.

Previamente a resolver los cargos de la demanda, la Sala encuentra necesario establecer que respecto de la excepción que el demandado denominó “ausencia de causa para demandar”, y de la cual se indicó en la audiencia inicial que correspondía realmente a un argumento que atacaba el fondo del asunto, se tiene que revisada la demanda, se encontró que ni de las pretensiones ni del concepto de violación se desprende que la pretensión del demandante fuera que su nombre se incluyera en la terna para Director Ejecutivo de Administración Judicial, contrario a lo entendido por el apoderado de la demandada.

En efecto, el actor se limitó a señalar que la recomposición de la terna debía hacerse con alguno de los aspirantes que participaron en la convocatoria del Acuerdo 16 de 2012, entre ellos, el accionante, sin que ello implique necesariamente que era con su nombre que debía reintegrarse el mencionado acto.

La acción de nulidad electoral es pública, por tanto, el demandante podía ejercerla independientemente que su fin último, fuera la posibilidad de que su nombre se tuviese en cuanta para recomponer la terna, en el evento que prosperaran las pretensiones de la demanda electoral.

Por las razones expuestas, este argumento de la parte demandada no está llamado a prosperar.

2.3 Problemas jurídicos.

Como se dejó establecido en la audiencia inicial, los problemas jurídicos que deben ser definidos por la Sala en este proceso, y frente a los cuales se fijó el litigio, fueron:

2.3.1. ¿La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial tiene la libertad de escoger el procedimiento de recomposición de la terna para el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, en razón de la renuncia de uno de los candidatos?

2.3.2. ¿Es requisito que el postulado y/o elegido como Director Ejecutivo de Administración Judicial cuente con menos de cuatro años para el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, para así, poder desempeñarse en el cargo por la totalidad del período?

2.4 Primer cargo: facultad de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para recomponer la terna de Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Para resolver este cargo es necesario detenernos sobre (i) el procedimiento establecido para designar al Director Ejecutivo de Administración Judicial; y revisar si (ii) la designación de Director Ejecutivo de Administración Judicial corresponde a una facultad reglada o discrecional.

Para contestar los anteriores interrogantes, basta señalar que el artículo 125 de la Constitución Política determina que el concurso de méritos, público y abierto, es la regla general para acceder a los cargos públicos, excepto si la Constitución y la ley han determinado un sistema para realizar la respectiva elección, porque en dicho evento será ese el mecanismos que deba agotarse.

En el caso del Director Ejecutivo de Administración Judicial, el artículo 98 de la Ley 270 de 1996 dispone que dicho servidor público será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de terna conformada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Significa lo anterior que intervienen dos autoridades en ese proceso: una postulante —la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial—, y una electora —la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura—.

De la norma en mención, no se desprende que para la conformación de la terna exista un trámite o procedimiento que deba observar la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para ese efecto. El legislador estatutario le otorgó a esa institución un amplio margen de discrecionalidad para postular los candidatos a dicho cargo.

La afirmación anterior tiene sustento, por demás, en el artículo 97 de la Ley 270 de 1996, cuando entre las atribuciones a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se le reconoció la de dictar su propio reglamento.

Con base en la facultad enunciada, se expidió el Acuerdo 1 de 1996, por el cual se adopta el reglamento de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, de las Comisiones Seccionales Interinstitucionales y se dictan otras disposiciones, que en su artículo 20, consagró que una vez integrada la Comisión Interinstitucional, esta procedería a fijar los términos para la elaboración de la terna para Director Ejecutivo.

No significa lo anterior que la mencionada comisión pueda actuar de forma arbitraria y caprichosa, porque los ternados deben cumplir a cabalidad los requisitos contemplados en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996, estos son: i) tener título profesional; ii) maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas; y iii) experiencia no inferior a cinco años en dichos campos.

De lo expuesto hasta este momento, puede concluirse que:

2.4.1. La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial tiene una amplia facultad para establecer el procedimiento que considere sea el más adecuado para escoger a los tres integrantes que harán parte de la terna para el cargo de Director Ejecutivo de la Rama Judicial, procedimiento que una vez se defina, es de obligatorio cumplimiento, tanto para la Comisión, como para los participantes en el proceso de selección, en garantía del derecho al debido proceso de quienes deciden participar en la convocatoria, como de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima.

En relación con esta facultad de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en la Sentencia SU-339 de 2011, específicamente en la aclaración de voto, se especificó que:

Es claro que la intención de la Corte con esta orden, es reconocer el amplio margen que asiste a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para conformar la terna. Para la Sala Plena de la Corte es claro que el juez constitucional no puede entrar a resolver las cuestiones que son propias de la competencia de la Comisión Interinstitucional. Será este órgano al que le corresponda (i) evaluar cuál es el estado actual de cosas en que se encuentra el proceso de selección y (ii) cuál es la mejor forma de proceder, teniendo en cuenta la necesidad de proveer el cargo y los derechos constitucionales y legales que tengan las personas que, hasta el momento, han participado dentro de dicho proceso de selección (…) (negrilla y subrayado fuera de texto).

2.4.2. Los ternados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial deben cumplir los requisitos señalados en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996.

2.4.3. El proceso de selección de los aspirantes al cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial no se equipara ni equivale a un concurso de méritos, porque los candidatos que conforman la terna no son elegidos en razón de un puntaje para ocupar el cargo ni mucho menos existe la obligación para el elector, en el caso la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de escoger a aquel que ocupe el primer puesto.

2.4.4. La convocatoria que se realiza corresponde a un llamado público, en razón de los principios de transparencia e igualdad en el acceso a los cargos públicos, a todas aquellas personas que consideren cumplen los requisitos para ocupar el empleo, y permite a los postulantes contar con un amplio abanico de opciones para elegir.

2.4.5. Tanto la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial como la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tienen la facultad de elegir, entre aquellos que cumplan requisitos y calidades para ejercer el cargo, la persona que a su juicio sea la más idónea o se ajuste al perfil que debe tener el gerente de la Rama Judicial(4).

Con fundamento en este último argumento, para la Sección es claro que la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial corresponde a una facultad discrecional porque dicha decisión se puede adoptar por las entidades que intervienen en su postulación y posterior elección “sin una explicación expresa o detallada de los fundamentos que la soportan, ello sí, aquella debe ajustarse a ‘los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2º de la Constitución Política, como son servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes en la Constitución’”(5).

Por lo tanto, la sola condición de cumplir los requisitos para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial no le otorga ningún derecho a los aspirantes a ser incluidos en la terna ni a los postulados a ser elegidos.

Para proteger de una mejor manera el derecho a acceder a cargos públicos, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, obrando dentro de esta amplia discrecionalidad a la que nos hemos referido, optó por convocar y adelantar un procedimiento adicional con el fin de reintegrar la terna. Convocatoria que pudo ser atendida por cualquier ciudadano interesado, siempre que acreditara una única condición, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

Así las cosas, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial tiene la libertad de establecer para efectos de integrar la terna o en su momento recomponerla, si es que así lo decide, la forma y condiciones que considere más adecuadas para tal fin.

Por consiguiente, la afirmación del demandante según la cual la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial debía aplicar un derecho de preferencia o prevalencia respecto de los aspirantes que se inscribieron en una convocatoria inicial no es de recibo, porque ello implicaría romper con los principios de igualdad, imparcialidad y participación en las convocatorias públicas, máxime, como se ha indicado a lo largo de estas consideraciones, que el solo hecho de aspirar a un cargo por cumplir los requisitos que la ley impone, no otorga a quien los reúna, derecho alguno a ser postulado, pues además de este condicionamiento legal, la postulación implica, se repite, un margen de discrecionalidad por parte de la entidad nominadora, la que para el efecto puede tener de criterios de conveniencia y oportunidad, para cumplir su función de postulación.

Por lo tanto, es preciso reiterar, que no existe regulación alguna que le imponga a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial un procedimiento reglado para recomponer la terna para el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial en los eventos en que se estime conveniente recomponerla.

Entonces, tal comisión tiene la discrecionalidad de decidir si: (i) se recompone con los aspirantes iniciales, o (ii) se inicia otro proceso de selección, el que, por ser público, daría la opción para que todas las personas que cumplan con los requisitos de ley puede concurrir a él, incluidos, obviamente, aquellos que ya habían participado en el primer llamado, en igualdad de condiciones.

En otros términos, es facultad de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial determinar cómo integra y reintegra la terna para la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

2.5. Segundo cargo: Edad de retiro forzoso.

El artículo 125 de la norma superior señala que son la Constitución Política y/o la ley las llamadas a establecer los requisitos y condiciones para acceder a un cargo público, al igual que las causas para su retiro.

La fijación de requisitos como de lapsos para hacer dejación de los cargos públicos, son límites al derecho fundamental de naturaleza política de acceso y ejercicio de la función pública, razón por la cual solo el Constituyente o el legislador pueden establecer condicionamientos para su ejercicio.

En este sentido, la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia consagró en su artículo 99 los requisitos de experiencia y formación académica que debe reunir el Director Ejecutivo de Administración Judicial.

A su vez, la misma Ley 270 de 1996 determinó las razones de retiro de dicho servidor público:

ART. 98.—De la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. La Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El Director Ejecutivo será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

De la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dependerán las unidades de planeación, recursos humanos, presupuesto, informática y las demás que cree el consejo conforme a las necesidades del servicio.

El Director Ejecutivo de Administración Judicial, será el secretario general del Consejo Superior de la Judicatura y secretario de la sala administrativa del mismo.

El Director tendrá un período de cuatro (4) años y solo será removible por causales de mala conducta (negrilla y subrayado fuera de texto).

ART. 130.—Clasificación de los empleos. Son de período individual los cargos de magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de Fiscal General de la Nación y de Director Ejecutivo de Administración Judicial.

Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores permanecerán en sus cargos durante todo el período salvo que antes de su vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso.

Es obligación de cada funcionario y del presidente de la corporación, informar con seis meses de anticipación a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de la fecha en que se producirá el vencimiento de su período, con el objeto de que se proceda a elaborar la lista de candidatos que deba reemplazarlo.

Son de libre nombramiento y remoción los cargos de magistrado auxiliar, abogado asistente y sus equivalentes; los cargos de los despachos de magistrados enunciados en los incisos anteriores, los adscritos a la presidencia y vicepresidencia de estas corporaciones; los de los secretarios de esas corporaciones; los cargos de los despachos de los magistrados de los tribunales; los cargos de Vicefiscal General de la Nación, Secretario General, directores nacionales; directores regionales y seccionales, los empleados del despacho de Fiscal General, del Vicefiscal y de la secretaría general, y los de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Estos cargos no requieren confirmación.

Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos y de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la Rama Judicial.

Por su parte, el Decreto 1660 de 1978, por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 15 y 20 de 1972, los decretos 250 y 762 de 1970, 546 de 1971 y 717 de 1978, y otras disposiciones sobre administración del personal de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de las direcciones de instrucción criminal, dispusieron lo siguiente:

ART. 127.—El funcionario o empleado debe retirarse cuando se encuentre en situación de retiro forzoso.

ART. 128.—La edad de retiro forzoso es de sesenta y cinco (65) años. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

Es decir, que normas preconstitucionales fijaron la edad de retiro forzoso, edad que no resulta irrazonable, razón por la que debe aplicarse mientras el legislador no decida fijar una edad diversa.

En consecuencia, es inadmisible el segundo cargo de la demanda, según el cual la persona que resulte designada como Director Ejecutivo de Administración Judicial debe contar con una edad que le permita cumplir en su integridad el período de cuatro años fijado para el cargo por el legislador estatutario. En otros términos, el demandante propone que la persona electa para dicha función, debe tener como máximo una edad de 61 años.

Aserto inadmisible por las siguientes razones:

2.5.1. El legislador es autónomo para fijar la edad de retiro forzoso, porque la Constitución misma le facultó para señalarla, sin darle ninguna pauta específica(6), es decir, es el único autorizado para determinarla. Obviamente, su determinación deberá responder a una razón suficiente.

2.5.2. De la normatividad transcrita, y en aplicación de los principios de interpretación que el Código Civil contempla, a las palabras contenidas en la ley hay que darles el sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas, excepto que el legislador las haya definido expresamente.

2.5.3. Por tanto, la edad de retiro forzoso se configura solo cuando se tienen o se llegue a los 65 años, es decir, cuando se cumpla cronológica y jurídicamente la misma, y no puede entenderse de otra manera porque el verbo rector utilizado en la norma corresponde a la palabra “es”, presente del verbo ser, el cual según el Diccionario de la Real Academia Española(7)significa, entre otras, “estar en lugar o situación; suceder, acontecer, tener lugar”.

2.5.4. La edad de retiro forzoso es una prohibición que impide a una persona ser elegida o designada en un cargo público, o continuar ejerciéndolo. En consecuencia, su interpretación y aplicación debe ser estricta y restrictiva(8), como lo ha indicado esta corporación(9) y la Corte Constitucional(10).

2.5.5. Uno de los fines que tiene la fijación de una edad de retiro forzoso es que exista un mecanismo razonable de eficiencia y renovación en el ejercicio de los cargos públicos, que permita el relevo generacional, derecho que está implícito en el artículo 40 numeral 7 de la Constitución(11), por lo tanto, el pretender que la persona que aspira a ser postulado y/o elegido Director Ejecutivo de Administración Judicial debe contar con máximo 61 años de edad, para que así se pueda cumplir con el período instituido para el cargo mencionado, necesariamente implicaría que:

i. Soslayadamente la inhabilidad para acceder a cargos públicos se anticipe en el tiempo.

ii. Se suplante al legislador en una función que le es propia, como la de determinar el momento a partir del cual debe darse una renovación generacional en las instituciones públicas.

iii. Se vulnere el derecho de acceso a los cargos públicos, en la medida que se trasgrediría uno de los ámbitos de protección de este derecho como lo es la prohibición de establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el concurso de méritos(12), o para el caso allanado los requisitos de ley.

iv. Se limite sin justificación alguna la función discrecional que este sentido tienen los postulantes y nominadores, que se entiende, basan sus decisiones en la idoneidad del nombrado o elegido.

v. Se adopte la interpretación más restrictiva del derecho fundamental.

2.6 Conclusión.

La Sala encuentra, con fundamento en lo expuesto, que el cargo de la demanda que se sustenta en la violación de los artículos 98 y 99 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y la trasgresión de los derechos de preferencia, igualdad, debido proceso, trabajo, confianza legítima y acceso a cargos públicos no puede prosperar por las siguientes razones:

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial tiene un amplio margen para señalar cómo se elegirán a las personas que harán parte de la terna para el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial.

En ejercicio de esta prerrogativa, se expidió el Acuerdo 16 de 25 de septiembre de 2012(13), el que se consignó lo siguiente:

¨ART. PRIMERO.—Convocar a quienes reúnan los requisitos y calidades exigidas en la Ley 270 de 1996 y estén interesados en desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, a participar en el proceso de integración de la terna que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996, enviará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para realizar la correspondiente designación.

ART. SEGUNDO.—El texto de la convocatoria es el siguiente:

“La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial convoca a participar en el proceso de integración de la terna para elegir Director Ejecutivo de Administración Judicial,

en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el artículo 98 de la Ley 270 de 1996,

CONVOCA

A todos los interesados que reúnan los requisitos exigidos y calidades previsto en la Ley 270 de 1996, a participar en el proceso de convocatoria pública para la integración de la terna para la elección del Director Ejecutivo de Administración Judicial.

El proceso de integración de los tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial a ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, se regirá por los principios de igualdad, transparencia, selección objetiva y publicidad.

Los aspirantes deberán inscribir su nombre, presentando su hoja de vida, personalmente o por correo certificado, con los documentos que acrediten las calidades exigidas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia para el desempeño del referido cargo.

La presente convocatoria es pública, abierta y pueden participar en ella los ciudadanos colombianos que reúnan los requisitos previstos en el artículo 99 de la Ley 270 de 1996:

1. Tener título profesional.

2. Maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas.

3. Acreditar experiencia no inferior a cinco (5) años en dichos campos.

4. No estar incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades, constitucionales y legales.

El proceso de inscripción se realizará desde las 8 de la mañana del lunes 8 de octubre de 2012, hasta las 4 de la tarde el martes 16 de octubre de 2012, en la secretaría de la Comisión Interinstitucional ubicada en la (Calle 12 Nº 7-65, Oficina 501 Palacio de Justicia de Bogotá).

La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial llamará a entrevista a los inscritos en la convocatoria y procederá a elaborar la respectiva terna de candidatos postulados para desempeñar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, comunicando lo pertinente a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a los interesados.

El Director Ejecutivo de Administración Judicial será elegido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de los tres (3) candidatos postulados por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial.

ART. TERCERO.—La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial procederá a la integración de la terna, entre los aspirantes que reúnan los requisitos y calidades previstos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

(…)”.

Como se desprende de la convocatoria, el objeto de la misma era la conformación de la terna para la elección de Director Ejecutivo de la Rama Judicial, circunstancia que se cumplió cuando se expidió el Acuerdo 19 de 2012(14), por medio del cual fueron postulados los señores Ernesto Orlando Benavides, Rodrigo Armando Cruz Rocha y Liliana María Hurtado Londoño.

La Sala comparte lo dicho por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial cuando en respuesta de 29 de abril de 2013 le indicó al señor Juan Carlos Abuabara Eljadue que si bien el Acuerdo 16 de 2012 “no fue declarado nulo o ilegal, máxime la presunción de legalidad que cobija a los actos administrativos, también lo es, que el mismo agotó su contenido y efectos”(15).

Igualmente se debe recalcar que en la discrecionalidad que le asiste a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de conformar la terna esta podía optar por: (i) recomponerla con uno de los aspirantes de la convocatoria inicial o (ii) hacer un nuevo llamado público permitiendo tanto a los aspirantes de la primera convocatoria, como de la nueva, participar si cumplían los requisitos de ley para el cargo.

Esta facultad, como lo indico la Sentencia SU-339 de 2011 y sus aclaraciones de voto, está dentro del marco amplio con que cuenta la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para decidir “cuál es la mejor forma de proceder, teniendo en cuenta la necesidad de proveer el cargo y los derechos constitucionales y legales que tengan las personas que, hasta el momento, han participado dentro de dicho proceso de selección”.

Por tanto, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial no desconoció el ordenamiento jurídico ni los derechos del demandante ni de ningún aspirante que participó en la convocatoria realizada por medio del Acuerdo 16 de 2012, porque como quedó explicado en la parte inicial de estas consideraciones, no existe ningún derecho de prevalencia o preferencia a ser ternados.

El hecho de que hubiere adelantado una nueva convocatoria, como ocurrió en el caso en estudio, no vulneró los derechos a la igualdad, trabajo, debido proceso y acceso a los cargos públicos de quienes hicieron y acudieron al llamado de la primera convocatoria, pues a estos se les permitió participar en igualdad de condiciones en la segunda convocatoria.

Se repite, la participación en esta clase de llamados públicos para ocupar el cargo de Director Ejecutivo de Administración Judicial, no genera una prerrogativa o derecho a ser postulado ni mucho menos elegido.

Por consiguiente, el vicio de nulidad alegado en el primer cargo no se configuró.

En relación con el segundo cargo de nulidad, consistente en la inhabilidad que tendría la señora Celinea Oróstegui de Jiménez para haber aspirado, ser postulada y posteriormente elegida al cargo de Directora Ejecutiva de Administración Judicial por estar a menos de cuatro años para el cumplimiento de la edad de retiro forzoso, será denegado igualmente.

La demandada no ha cumplido 65 años de edad, por tanto no se verifica el presupuesto de hecho que implica el retiro forzoso en consideración a la edad.

Como se explicó en acápites precedentes, la Ley 270 de 1996 no impuso para ser Director Ejecutivo de Administración Judicial contar con máximo 61 años de edad al momento de aspirar, ser postulado o elegido para dicho cargo, ni mucho menos para tomar posesión del mismo, y mal harían la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en exigir ello.

El superar los 61 años no es causal para declarar la nulidad de la designación realizada, como tampoco puede sostenerse de manera categórica que toda persona que se encuentra cercana al cumplimiento de los 65 años de edad y es nombrada o elegida en un cargo público tiene como única finalidad generar un detrimento patrimonial porque su mesada pensional se vería incrementada, porque ello implicaría presumir la mala fe, lo cual está proscrito desde la Constitución Política.

III. Decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda.

Segundo: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase».

(3) En estricto sentido se trata de una elección y no de un nombramiento, a pesar de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura lo haya denominado de esa manera.

(4) Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia SU-339 del 4 de mayo de 2011.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Rad. 25000-23-15-000-2009-01357-01(AC). Actor: Rosibel Prieto Silva. Demandado: Universidad Nacional de Colombia.

(6) Corte Constitucional, Sala Plena. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-351 de 9 de agosto de 1995.

(7) http://lema.rae.es/drae/?val=es

(8) Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C. P. Roberto Suárez Franco. Concepto del 30 de octubre de 1996. Rad.925. Actor: Ministro del Interior. “Las inhabilidades y las incompatibilidades consistentes en impedimentos o tachas legales para ejercer una función determinada o para que una persona sea elegida o designada para ejercer una cargo público y en algunos casos para continuar en su ejercicio, constituyen impedimento para obtener o ejercer un empleo”.

(9) Ibídem. “Las causales de inhabilidad e incompatibilidad deben estar expresa y taxativamente consagradas en la Constitución o en la ley y son de aplicación e interpretación restrictiva. Este principio tiene su fundamento en el artículo 6º de la Constitución según el cual, los servidores públicos no pueden hacer sino aquello que expresamente les está atribuido por el ordenamiento jurídico; los particulares pueden realizar todo lo que no les esté prohibido”.

(10) Corte Constitucional, Sala Plena. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Sentencia C-200 de 21 de febrero de 2001.

(11) Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sentencia C-351 de 9 de agosto de 1995.

(12) Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Sentencia SU-339 del 4 de mayo de 2011.

(13) Folios 28 y 29.

(14) Folio 33.

(15) Folio 52.