Sentencia 2013-00036 de marzo 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Referencia: Expediente 1100103240002013-00036-00.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: Metálicas JEP S.A.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González.

Bogotá D.C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de los actos acusados, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad Almacenes YEP S.A., y negó el registro de la marca “JEP” (mixta), en favor de la actora, para distinguir los productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Sobre el particular, la actora alegó que el signo solicitado “JEP” no es similar al nombre comercial y a la marca “YEP” del tercero interesado en las resultas del proceso; y que las pruebas aportadas no son suficientes para evidenciar el uso personal, continuo, real, efectivo y público en el comercio del nombre comercial “Almacenes YEP”.

Por su parte, el tercero interesado en las resultas del proceso adujo que el signo solicitado “JEP” (mixto) es similar a su nombre comercial y a su marca “YEP”, que distingue las clases 20, 21, 23, 24, 25, 29, 39, 42 de la Clasificación Internacional de Niza, los cuales ha venido usando con anterioridad a la citada marca cuestionada.

Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial solicitada por esta corporación consideró que para el caso sub examine es viable la interpretación de los artículos 134, literales a), b), g); 136, literal b), 190; 191; y 192 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por consiguiente, corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con las normas de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, señaladas por el tribunal, procedía el registro de la marca “JEP” para distinguir productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

El texto de las normas aludidas es el siguiente:

“DECISIÓN 486

“(…).

“ART. 134.—A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…).

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores”.

(…)”.

“ART. 136.—No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…).

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

“ART. 190.—Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir”.

“ART. 191.—El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa”.

“ART. 192.—El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)”.

Con el fin de realizar el examen de registrabilidad de las marcas en conflicto, es preciso adoptar las reglas para el cotejo marcario, señaladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en este proceso:

“Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2. Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.”(2)

Como en el presente caso se va a cotejar el nombre comercial “Almacenes YEP” y las marcas “YEP”, del tercero con interés directo en las resultas del proceso, frente a la marca mixta cuestionada “JEP” de la sociedad Metálicas JEP S.A., es menester analizar las características propias de los signos en conflicto, respecto de sus semejanzas ortográficas, fonéticas e ideológicas, con el fin de determinar el grado de confusión que pueda existir entre las mismas.

La doctrina ha sostenido que para que pueda existir identidad o similitud visual debe analizarse la semejanza de las letras que componen cada uno de los signos que deben cotejarse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o desinencias permiten detectar el grado de confusión entre las mismas.

Al respecto, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó:

“(…) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.

“(…) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.

“(…) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.

“(…) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”.

En relación con el aspecto ortográfico entre la marca “JEP” (mixta) y el nombre comercial y las marcas “Almacenes YEP”, advierte la Sala significativas similitudes, que pueden inducir en grado de confusión al consumidor, dada la longitud de las palabras, sus terminaciones, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen, teniendo en cuenta que la expresión “ALMACENES” se debe excluir del cotejo, por ser genérica.

Con respecto con el aspecto fonético, se observa que las marcas en conflicto al ser pronunciadas tienen una significativa similitud, dado que coinciden en sus terminaciones, y son leídas, en nuestro medio, de forma idéntica, independientemente de que la consonante inicial sea diferente.

En efecto, basta hacer el siguiente ejercicio, para apreciar tal similitud:

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP.

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP.

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP.

JEP-YEP JEP-YEP JEP-YEP.

En cuanto al aspecto ideológico o conceptual, se considera que las marcas en conflicto son signos de fantasía, que además de constituir una elaboración propia del ingenio e imaginación de sus autores, no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano, razón por la cual no pueden compararse desde este aspecto.

En este orden de ideas, a la Sala no le queda la menor duda, de que el signo “JEP” fonética y conceptualmente presenta una significativa semejanza con el nombre comercial y la marca “YEP”, lo cual, genera riesgo de confusión directa e indirecta o de asociación en el público consumidor o potencial usuario.

Ahora bien, como quiera que el debate esencial gira en torno a establecer si el tercero interesado en las resultas del proceso viene usando su nombre comercial, con anterioridad a la solicitud de la marca cuestionada, es del caso antes abordar el alcance de la protección del nombre comercial en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sobre el particular, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el Tribunal Andino precisó:

“El régimen común de propiedad industrial, a partir de la Decisión 311, protege al nombre comercial frente a una solicitud o al registro posterior de signos que guarden semejanzas con aquél, ya que pueden inducir a error a los consumidores.

La legislación comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486, protege, como ya se indicó, al nombre comercial prohibiendo el registro de marcas que sean idénticas o se le asemejen por la posibilidad de inducir al público consumidor a error.

Asimismo, los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial. De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características, conforme lo ha determinado este órgano comunitario en su jurisprudencia, a saber:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Lo anterior quiere decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98. Interpretación prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

En consecuencia, quien alegue el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial deberá probar por los medios procesales su uso real, efectivo y constante, con anterioridad al registro de una marca idéntica o similar y podrá oponerse a la solicitud de registro, si su uso pudiera generar riesgo de confusión o asociación.

Además, es del caso precisar que el depósito o registro del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

En tratándose de las pruebas para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial, esta sección en Sentencia de 5 de marzo de 2015(3), trajo a colación los criterios expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“La persona que alegue tener un nombre comercial deberá probar su uso real y efectivo en el mercado de acuerdo a la legislación de cada país miembro. Sin embargo, entre los criterios a tomarse en cuenta para demostrar el uso real y efectivo en el mercado del nombre comercial son las facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

El tribunal de Justicia en anteriores interpretaciones prejudiciales ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: ‘Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”. (Proceso 45-IP-98, publicado en la GOAC Nº 581, de 12 de julio de 2000).

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos, entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

A este respecto, es del caso aclarar que quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional, que lo ha venido utilizando con anterioridad. Así, lo indicó la citada interpretación prejudicial, rendida dentro de este proceso:

“Conforme a la disposición establecida en el artículo 191 de la Decisión 486, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa; sin embargo, ‘si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial’. Quien alegue el uso anterior del nombre comercial deberá probar por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, ya sea dentro de la etapa administrativa o en el ámbito jurisdiccional “que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad (...). La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevalecer sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario’(4)”. (Las negrillas y subrayas fuera de texto).

Dentro de las pruebas allegadas al expediente, tendientes a demostrar el uso del nombre comercial “YEP” del tercero interesado en las resultas del proceso, figuran las siguientes:

• El certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde consta que dicha sociedad fue constituida el 14 de abril de 1962, mediante escritura pública núm. 310 de la notaría 2ª de Neiva (fls. 110 a 113).

• Publicación Revista Dinero, titulada “Las Otras Cadenas” de 26 de septiembre de 2008 (fls. 115 a 119).

• Copia de la orden de compra núm. 163563 a nombre de Alpina Productos Alimenticios, de 12 de mayo de 2010 (fls. 129 a 133).

• Copia de la orden de compra núm. 247918 a nombre de Nestlé de Colombia S.A., de 8 de octubre de 2010 (fls. 137 a 138).

• Copia de la orden de compra núm. 186906 a nombre de Comercializadora Al Grano SAS, de 17 de junio de 2010 (fl. 140).

• Copia de la orden de compra núm. 221111 a nombre de Francisco Javier Oliva Benavides, de 23 agosto de 2010 (fl. 141).

• Copia de la orden de compra núm. 165319 a nombre de Quola S.A., de 3 de mayo de 2010 (fls. 142 a 143).

• Copia de la orden de compra núm. 167992 a nombre de Alimentos Polar Colombia SAS, de 11 de mayo de 2010 (fls. 144 a 145).

• Comprobante de pago a la orden de Alpina Productos Alimenticios S.A., por valor de $ 75.789.329, de 4 de agosto de 2009 (fl. 152).

• Comprobante de pago a la orden de Johnson & Johnson de Colombia S.A., por valor de $ 99.842.286, de 4 de agosto de 2009 (fl. 153).

• Comprobante de pago a la orden de Colgate Palmolive Compañía, por valor de $ 131.617.029, de 18 de agosto de 2009 (fl. 155).

• Comprobante de pago a la orden de Nestlé de Colombia S.A., por valor de $ 116.613.191, de 18 de agosto de 2009 (fl. 156).

• Comprobante de pago a la orden de Procter & Gamble de Colombia Ltda., por valor de $ 43.940.376, de 7 de septiembre de 2009 (fl. 157).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Sodexo del año gravable 2010 (fl. 171).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Procter & Gamble de Colombia Ltda. del año gravable 2010 (fl. 172).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Nestlé de Colombia del año gravable 2010 (fl. 173).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Colgate - Palmolive del año gravable 2010 (fl. 180).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Johnson & Johnson de Colombia S.A del año gravable 2010 (fl. 181).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por BIG PASS S.A. del año gravable 2010 (fl. 187).

• Certificado de retención en la fuente, expedido por Banco de Occidente del año gravable 2010 (fl. 188).

• Declaración de renta y complementarios del año 2009, expedido por la DIAN (fl. 196).

• Declaración de renta y complementarios del año 2010, expedido por la DIAN (fl. 197).

• Declaración y liquidación privada. Impuesto de industria y comercio y complementario. Año gravable 2010. Municipio de Florencia (fl. 198).

• Declaración de industria y comercio, avisos y tableros. Año gravable 2010. Municipio de Granada (fl. 200).

• Declaración de industria y comercio, avisos y tableros. Año gravable 2009. Municipio de Neiva (fl. 202).

• Publicidad “Campeón Precios Bajos Superofertas Imbatibles” de 2008 (fls. 216 a 217).

• Publicidad “Ahorre para Diciembre” de 2008 (fls. 218 a 230).

Como puede observarse, las pruebas antes reseñadas permiten concluir que desde el año 2008 la sociedad Almacenes YEP S.A. viene haciendo uso en forma real, efectiva y continua del nombre comercial “YEP” con anterioridad a la fecha de la solicitud de la marca cuestionada, teniendo en cuenta que la solicitud de registro de ésta fue presentada el 14 de octubre de 2010 y que para que un nombre comercial pueda ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada debe haber sido usado con anterioridad a dicha solicitud.

Las publicaciones de los periódicos LA REPÚBLICA, y EL TIEMPO; el certificado de matrícula mercantil, expedido por la Cámara de Comercio de Puerto Asís, Putumayo, en el que consta que el Almacén YEP, Puerto Asís, fue matriculado en 1º de abril de 2011; las copias de la órdenes de compra de 2010 y 2011; las copias de las facturas de venta de 2011, 2012 y 2013; las resoluciones de facturación expedidas por la DIAN; los certificados de retención en la fuente de los años gravables 2011 y 2012, 2013; y la publicidad de los años 2012 y 2013 no pueden ser tenidas en cuenta, por ser posteriores a la fecha de presentación de la solicitud del signo cuestionado.

Por su parte, la Publicación Panorama Retail, América Latina, ILACAD, titulada Entrevista Exclusiva a Almacenes YEP de Colombia” (fl. 120), al no tener fecha, no puede ser tenida en cuenta para demostrar que el uso del referido nombre comercial fue anterior a la fecha de la solicitud de registro del signo cuestionado.

De otra parte, teniendo en cuenta que dentro del análisis debe establecerse si existe o no conexión competitiva, es necesario analizar los productos y servicios que las marcas en disputa protegen.

Al respecto, esta sección en Sentencia de 18 de julio de 2012, trajo a colación los criterios de conexión competitiva, expuestos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así:

“La jurisprudencia del tribunal de la Comunidad Andina ha señalado los siguientes criterios de conexión competitiva entre productos o servicios, a saber: (i) la inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) canales de comercialización; (iii) mismos medios de publicidad; (iv) relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) partes y accesorios; (vii) mismo género de los productos o servicios; (viii) misma finalidad; (ix) intercambiabilidad de los productos o servicios.”(5)

En relación con las clases a las que pertenecen los productos o servicios, cabe mencionar que “el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad.”(6)

En el sub lite, la marca mixta cuestionada “JEP”, de Metálicas JEP S.A., fue solicitada para amparar los siguientes productos de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza: “mobiliario para oficinas y bodegas”.

De acuerdo con la página www.sic.gov.co, el nombre comercial “YEP” del mencionado tercero identifica las siguientes: “actividades para las cuales se solicita el depósito de nombre comercial incluye todos los productos y servicios amparados y descritos en las clases 23, 24, 25, 28, 20, 29, 30, 31, 32, 3, 39, 42 de la Clasificación Internacional de Niza”.

En virtud de lo anterior, los signos en conflicto coinciden en amparar productos de la misma clase, esto es, los de la clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza, por ende, la finalidad de dichos productos, así como sus canales de comercialización y de publicidad son idénticos.

De igual modo, estima la Sala que entre las actividades que realiza el tercero interesado en las resultas y los productos amparados por la marca de la actora existe conexidad, debido a que los referidos productos requieren o pueden requerir de las actividades que realiza el tercero en mención.

En este orden de ideas, al existir entre los signos confrontados una similitud y una relación de los productos y servicios que distinguen, es claro para la Sala que se configura un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, que conllevaría al consumidor medio a asumir que dichos productos y servicios tienen un mismo origen empresarial, lo cual beneficiaría la actividad empresarial de la sociedad solicitante, en el caso de concederse su registro.

Por último, debe la Sala señalar que el testimonio de Diego Fernando Ramírez Machado, no puede tenerse como imparcial, en la medida en que el declarante en mención tenía un grado de dependencia con la empresa de la actora y, por consiguiente, un indiscutible interés en las resultas del proceso.

Así las cosas, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la sociedad demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a la Resolución acusada.

En consecuencia, la Sala habrá de denegar las súplicas de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

REMÍTASE copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Ibídem.

(3) Expediente 2009-00311-00. Actora: FARBEN S.A., C.P. María Elizabeth García González.

(4) “Proceso 3-IP-98, caso: BELLA MUJER, publicado en la GOAC Nº 338 del 11 de mayo de 1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

(5) Expediente 2006-00373-00. Actora: Meals de Colombia S.A., C.P. María Elizabeth García González.

(6) Interpretación prejudicial rendida, dentro del Proceso 094 IP- 2010, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.