Sentencia 2013-00037 de diciembre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001 03 21 000 2013 00037 00

Consejero Ponente (E):

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Elmer Ramiro Silva Rodríguez

Demandado: Marco Tulio Ruiz Riaño - Gobernador del Casanare

Bogotá, D.C., nueve de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Acto demandado.

Se discute la legalidad del acto administrativo contenido en el formulario E-26 GO del 19 de junio de 2013, por el cual se declaró al señor Marco Tulio Ruíz Riaño como Gobernador de Casanare, período 2013-2015.

2. Problema jurídico.

Como se dejó establecido en la audiencia inicial los problemas jurídicos que deben ser definidos por la Sala, y frente a los cuales se fijó el litigio, son:

Primero, si el hecho de carecer el formulario E-6, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de una casilla para la firma del inscriptor, compromete la debida inscripción de los candidatos y, por tanto, la nulidad la elección.

Y, segundo, si existió violación del derecho de defensa y contradicción cuando los delegados del Consejo Nacional Electoral, en la comisión escrutadora departamental, rechazaron in limine la reclamación basada en el numeral 9º del artículo 192 del Código Electoral.

3. Requisitos que deben acreditarse por el candidato de un partido o movimiento político para que su inscripción sea válida para un cargo de elección popular, unipersonal o de corporaciones públicas.

El artículo 108 de la Constitución Política señala en su inciso tercero que “los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue”.

Por otra parte, el artículo 93 del Código Electoral dispone que “en la solicitud de inscripción debe hacerse mención expresa del partido o movimiento político por el cual se inscribe una candidatura o lista de candidatos, y los inscriptores harán ante el respectivo funcionario electoral, bajo juramento, la declaración de que son afiliados a ese partido o movimiento político. Para los candidatos tal juramento se entiende prestado por su firma en el memorial de aceptación de la candidatura”.

La norma antes mencionada debe ser leída de la mano de lo ordenado por el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, porque en ella, al contrario de lo contenido en el Código Electoral, de forma clara se consagra que:

“ART. 9º—Designación y postulación de candidatos. Los partidos y movimientos políticos, con personería jurídica reconocida, podrán postular candidatos a cualquier cargo de elección popular sin requisito adicional alguno.

La inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.

Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su asamblea general resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato.

Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior” (resaltado y subrayado fuera de texto)

En efecto, la norma del Código Electoral, Decreto 2241 de 1986, da cuenta de una realidad en cuanto a la inscripción que dista mucho de la actual por cuanto, para esa época, no se exigía el requisito del aval.

Por consiguiente, para efectos de inscripción de candidatos por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica el artículo 93 del Código Electoral fue derogado de forma tácita por la Ley 130 de 1994, la cual a tono con el artículo 108 de la Constitución Política no exige, en principio, requisitos formales para la inscripción más allá del aval del respectivo partido o movimiento político otorgado a través del representante legal de la colectividad, o su delegado.

Posteriormente, se expide la Ley Estatutaria 1475 de 2011, donde respecto de la inscripción de candidatos se ordenó lo siguiente:

“ART. 28.—Inscripción de candidatos. <Aparte resaltado de este inciso condicionalmente exequible> Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta —exceptuando su resultado— deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas.

<Inciso 3. Inexequible>

<Inciso Condicionalmente exequible> Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional Electoral” (resaltado fuera de texto).

La Ley 1475 de 2011 fue objeto de control constitucional previo(5), y respecto del artículo 28 antes transcrito, se consideró lo siguiente:

“90. Observa la Corte que, de manera general, el artículo 28 del proyecto tiene como propósito desarrollar el derecho de postulación de los partidos, movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos. Para el efecto, establece una diferencia entre los requisitos de inscripción para los candidatos de los partidos y movimientos políticos que cuenten con personería jurídica, y aquellos postulados por grupos significativos de ciudadanos. Respecto de los primeros exige como presupuesto previo a la inscripción, la verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. En tanto que en relación con la inscripción de candidatos apoyados por grupos significativos de ciudadanos contempla, ya no requisitos sustanciales, sino un procedimiento para la inscripción. Introduce asimismo esta norma un porcentaje mínimo del 30%, “de uno de los géneros”, en la conformación de listas de las cuales se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular. Y contempla la inscripción ante la autoridad electoral de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así como de los comités independientes organizados para promover el voto en blanco, extendiendo a sus promotores los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales.

Esta manera de regular la inscripción y elaboración de listas y candidatos suscita varias observaciones. En primer lugar, la regulación disímil, para partidos y movimientos políticos con personería jurídica (inciso primero) por un lado, y para grupos significativos de ciudadanos (inciso cuarto) por el otro, se refiere a ámbitos distintos. Mientras que respecto de los primeros se reiteran exigencias sustanciales relativas a la necesidad de verificar las calidades, los requisitos y la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades de los candidatos; en relación con los segundos se diseña un procedimiento orientado a establecer una cierta vocería de la organización ciudadana a través de un comité inscriptor. En segundo lugar, observa la Corte que la regulación resulta parcial, en la medida que no incluye requisitos para la inscripción de candidatos y listas de todas las agrupaciones a quienes la Constitución reconoce el derecho de postulación...

(...).

... la verificación de los requisitos positivos de elegibilidad, así como aquellos negativos para acceder a la función pública, debe ser efectuada en relación con todos aquellos ciudadanos que aspiren a cargos uninominales, o a corporaciones públicas de elección popular, independientemente de que su postulación esté respaldada por un partido o movimiento político, con o sin personería jurídica, un grupo social o un grupo significativo de ciudadanos. La verificación de requisitos de elegibilidad, de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades para el acceso a la función pública, promueve el cumplimiento de valiosos principios y valores constitucionales como son los de rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la permanencia en el servicio público, creando un escenario propicio para que las decisiones públicas sean objetivas, se orienten al adecuado cumplimiento de los fines del Estado, aseguren la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, y la realización del interés general(6), al margen de intereses personales o particulares.

(...).

La referencia explícita que el artículo 108 C.P. hace a los partidos o movimientos políticos con personería jurídica reconocida, como depositarios del derecho de postulación, no excluye a los partidos y movimientos políticos que no cuenten con tal reconocimiento, toda vez que, como ya lo sostuvo la Corte en aparte anterior de esta sentencia a propósito del análisis de la prohibición de doble militancia (fundamento jurídico 22.1), tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo ciudadano a través de firmas. La mención expresa que hace el inciso tercero del precepto constitucional (art. 108) a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, tiene el propósito de subrayar que en su caso, la inscripción de candidatos a elecciones requiere el aval del respectivo representante legal o su delegado.

(...).

Para el análisis de esta norma, es preciso recordar que la Constitución consagró el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a inscribir candidatos para las elecciones, sin requisito adicional distinto al aval del representante legal de esa colectividad, o de su delegado (art. 108, inc. 3º). Y estableció así mismo, que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos (C.P., art. 108, inc. 4º), sin que respecto de estos la Norma Superior hubiese previsto requisitos para la inscripción, de modo que corresponde al legislador proveer a su regulación.

De manera que la propia Constitución demarcó un régimen diferencial para el ejercicio del derecho de postulación por parte de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, frente a otras agrupaciones como los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos. Los primeros pueden presentar sus candidatos contando con el aval del representante legal de la agrupación o su delegado, en tanto que en relación con los movimientos sociales o los grupos significativos de ciudadanos, la ley puede establecer requisitos orientados a garantizar la seriedad de las inscripciones, siempre y cuando se trate de exigencias que sean “razonables, de acuerdo a los mínimos históricamente sostenibles en un momento dado, y que no obstaculicen el libre ejercicio de los derechos políticos”(7), de tal manera que no vulneren el principio de igualdad”.

La Corte Constitucional finaliza diciendo: “para el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, la propia Constitución dispone que su inscripción se efectuará con el aval de su representante legal, o del delegado de este (C.P., art. 108, inc. 4º). En tanto que para los grupos significativos de ciudadanos que no cuenten con personería jurídica, el legislador estatutario previó el procedimiento descrito en el inciso cuarto analizado” (L. 1475/2011, art. 28).

De lo expuesto hasta el momento se puede concluir que:

Existen requisitos sustanciales y requisitos formales que deben cumplirse para la inscripción de candidatos a elecciones populares para cargos unipersonales o para corporaciones públicas.

Los requisitos sustanciales, los cuales corresponden a verificación de calidades y requisitos de los candidatos, así como la constatación sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, es una carga que debe cumplir el partido, el movimiento político, el grupo social o el grupo significativo de ciudadanos que inscribe.

El requisito formal que desde la Constitución Política (art. 108) se impone para la inscripción de candidatos por partidos o movimientos políticos con personería jurídica es el aval(8), el cual debe ir suscrito por el respectivo representante legal del partido o movimiento político o por quien él delegue.

De manera que la potestad de los partidos y movimientos políticos de inscribir candidaturas a cargos públicos de elección popular se materializa y perfecciona con la expedición del aval a favor de los respectivos candidatos.

Es necesario recordar que el aval cumple una triple finalidad: i) mecanismo de inscripción de candidatos por parte de los partidos y movimientos políticos; ii) garantía para esos partidos y movimientos políticos en el sentido de que las personas que se inscriben a nombre de uno de ellos en realidad hacen parte de su organización; y, iii) asegurar que la persona que se inscribe a nombre de un partido o movimiento político reúne las condiciones éticas para desempeñarse con pulcritud y responsabilidad(9).

Ahora es preciso determinar a quién corresponde la verificación de los requisitos formales, y si para el caso específico de candidatos a gobernación que se presentan por un partido o movimiento político con personería jurídica se exigen otros adicionales al aval.

La autoridad ante la cual se realiza la inscripción de candidatos es la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de toda la organización logística del proceso electoral.

Para la inscripción de candidatos a gobernaciones, además del aval respectivo cuando la misma se lleva a cabo por un partido o movimiento político, se impone la presentación del programa de gobierno (C.P., art. 259(10)).

En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 131 de 1994, la cual en sus artículos 1º y 3º ordenó:

“ART. 1º—En desarrollo del artículo 259 de la Constitución Política, se entiende por voto programático el mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura”.

“ART. 3º—Los candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones departamentales o municipales ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación”.

Por tanto, y atendiendo lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011(11), es obligación de la Registraduría Nacional del Estado Civil la verificación de los requisitos formales al momento de la inscripción, y en caso de no materializarse, poner dicha situación en conocimiento del candidato, no pudiendo suscribir el formulario de inscripción hasta que ellos no se cumplan.

En cuanto corresponde al formulario de solicitud para la inscripción de candidato y constancia de aceptación de candidatura(12) esta corporación(13) ha sostenido lo siguiente:

“Ahora bien, del acto de inscripción de candidatos a cargos públicos de elección popular debe hacer parte el correspondiente aval expedido por el representante legal del partido o movimiento político, o por su delegado. Ese es el documento que de acuerdo con el artículo 108 de la Carta Política debe expedir el correspondiente partido o movimiento político para los efectos de la inscripción de candidaturas y, por tanto, el único exigible al representante legal o al delegado de este para los efectos de validez del acto de inscripción.

En este sentido, no es requisito esencial que la solicitud de inscripción de candidatos a nombre de un partido o movimiento político que se debe llevar a cabo ante la correspondiente dependencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil se realice por el representante legal del partido o movimiento político, o por el delegado por este, pues, como ya se anotó, la falta de diligenciamiento del “Acta de solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos” por parte del representante legal del partido o movimiento político, o del delegado por este, no invalida la inscripción, si se cumple con la exigencia Constitucional y legal de allegar al acto de inscripción el correspondiente aval expedido, eso sí, por el representante legal o el delegado por este.

De lo anterior se torna en evidente que tanto el aval como la inscripción son dos actos con finalidades diferentes, tal como se ilustró en la jurisprudencia de 17 de noviembre de 2005(14), en la que claramente se identifican y diferencian, ya que por una parte el aval al cumplir con la triple finalidad mencionada de ninguna forma se equipara con la inscripción del candidato que es un acto de trámite y para el cual la ley no exige mayores requisitos”.

Se reitera pues que la inscripción de una candidatura a gobernador no requiere la suscripción del formulario E-6 por el representante legal del partido o movimiento político con personería jurídica, o su delegado, pues dicha voluntad queda expuesta en el aval que se expide a favor del respectivo candidato.

En efecto, recientemente sobre el particular la Sección indicó: “entonces, no es condición sine qua non que la solicitud de inscripción de candidatos se realice por el representante legal del partido o movimiento político o por su delegado, siempre y cuando se observe con la exigencia constitucional y legal de aportar el respectivo aval, este sí, expedido por el representante legal o el delegado por este”(15).

Cosa diferente es que el formulario E-6 no lleve la firma del candidato avalado pues la ley si impone que este suscriba el mencionado formulario ya que así, bajo la gravedad del juramento, expresa su voluntad de aceptar la candidatura a la cual ha sido postulado (Código Electoral, art. 93), ello considerando que la inscripción es un acto voluntario mediante el cual el candidato adquiere un compromiso político y jurídico con la sociedad.

Entonces, como se desprende de la providencia transcrita el acto de inscripción es un acto de trámite o preparatorio que permite a un ciudadano participar en las elecciones para un respectivo cargo de elección popular, y viabiliza así la configuración del acto administrativo definitivo que corresponde al que declara la elección. Por tanto, la inscripción no puede ser atacada de forma directa ante esta jurisdicción, lo que no es óbice para que se expongan las irregularidades que en la misma se presentaron y que puedan afectar la legalidad de elección.

4. Caso concreto.

La Sala procederá a verificar, en el caso concreto, si se presentan los supuestos fácticos necesarios para que se configuren las irregularidades en la inscripción de Marco Tulio Ruiz Riaño, como candidato al cargo de Gobernador del departamento de Casanare, planteadas por el demandante. Al respecto, obran en el expediente las siguientes pruebas:

• Copia de la certificación emitida por el subsecretario del Consejo Nacional Electoral donde se indicó que el movimiento político Afrovides tiene reconocida personería jurídica mediante Resolución 1854 de 23 de agosto de 2010, y quien figuraba como su representante legal era el señor Sixto Manuel García Mejía (fls. 60 y 259). El documento mencionado fue allegado por el demandante y el Consejo Nacional Electoral.

• Copia del aval que el señor Sixto Manuel García Mejía, en su condición de representante legal del movimiento político Afrovides, le otorgó al señor Marco Tulio Ruiz Riaño, como candidato a la Gobernación de Casanare, período 2013-2015 (fls. 58, 189 y 260), el cual fue aportado por el demandante, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.

• Copia del documento por medio del cual el señor Sixto Manuel García Mejía delegó en el señor José Rodolfo Pérez Suárez la facultad de inscribir a Marco Tulio Ruiz Riaño como candidato único que representaría a ese movimiento político para el cargo de Gobernador de Casanare en las elecciones atípicas que se llevaron a cabo el 16 de junio de 2013 (fl. 59).

• Copia auténtica del formulario E-6 GO, mediante el cual el movimiento político Afrovides inscribió la candidatura del señor Marco Tulio Ruiz Riaño a la Gobernación de Casanare, el 3 de mayo de 2013 (fl. 322).

Este documento se encuentra suscrito por el candidato, declarando así, bajo la gravedad del juramento, que cumple con las condiciones y requisitos para el cargo, no se halla incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna, y que acepta la candidatura.

En dicho formulario igualmente la delegada del Registrador Nacional aceptó la solicitud de inscripción porque se aportaron el aval respectivo, suscrito por la persona autorizada para ello, y el programa de gobierno.

• Copia auténtica de la lista definitiva de candidatos a gobernador (formulario E-8 GO) donde figura el señor Marco Tulio Ruíz Riaño (fl. 329).

• Copia auténtica del acta general de escrutinio de votos de la comisión escrutadora departamental suscrita el 19 de junio de 2013, la cual contiene la declaratoria de elección del señor Marco Tulio Ruiz Riaño como gobernador de ese departamento, período 2013 - 2015 (fls. 337-347).

• Copia auténtica del formulario E-24 GO (acta de escrutinio de votos), de los folios 332 a 334.

• Copia auténtica del formulario E-26 GO (fls. 335 y 336), donde se declara la elección como Gobernador para el departamento de Casanare del señor Marco Tulio Ruiz Riaño, por el movimiento político Afrovides.

De los anteriores elementos probatorios se desprende, contrario a lo expresado por el demandante, que:

• La inscripción del demandado se hizo con observancia de lo dispuesto en las leyes 130 de 1994, 131 de 1994 y 1475 de 2011, ya que el señor Marco Tulio Ruiz Riaño contaba con: (i) el aval que le otorgó el representante legal del movimiento político Afrovides, que fuera presentado ante el registrador delegado del departamento de Casanare (fl. 57), (ii) autorización de inscripción (fl. 58) y (iii) el correspondiente programa de gobierno.

• El hecho de que el “Formulario de solicitud para la inscripción de candidato y constancia de aceptación de candidatura” —Formulario E-6 GO—, hubiere sido suscrito por el representante legal del movimiento político Afrovides, o su delegado, no constituye irregularidad en el acto de inscripción, pues en esta aparece el aval debidamente otorgado por parte del delegado del representante legal de ese movimiento político. Y mediante ese documento no queda duda alguna de que el señor Ruiz Riaño fue inscrito por el movimiento político Afrovides como candidato al cargo de Gobernador de Casanare, período 2013-2015.

• Además, el documento obrante a folio 58 del expediente, da cuenta de la autorización que existía por parte del representante legal de Afrovides, para que el señor José Rodolfo Pérez Suarez, fungiera como inscriptor del candidato que, posteriormente, fuera elegido y demandado.

Por lo tanto, el cargo elevado por el accionante respecto a que el candidato, Marco Tulio Ruiz Riaño, declarado electo Gobernador de Casanare, periodo 2013-2015, no está llamado a prosperar.

En cuanto al cargo elevado por el actor concerniente a la supuesta violación del derecho de defensa y contradicción porque los delegados del Consejo Nacional Electoral en la comisión escrutadora departamental rechazaron in limine la reclamación basada en el numeral 9º del artículo 192 del Código Electoral, tampoco está llamado a prosperar, porque:

• Como lo sostuvo en su oportunidad dicha comisión escrutadora (fls. 24 y 25 del expediente), la causal invocada no se cumplía, siendo inexistente, en razón, como quedó previamente probado, que la inscripción del señor Marco Tulio Ruiz Riaño, como de los demás candidatos a la Gobernación de Casanare en elecciones atípicas del 16 de junio de 2013, se hicieron en los términos de ley y cumplieron con los requisitos y condiciones para ello.

• Que al haberse realizado las inscripciones por partidos y movimientos políticos con personería jurídica solo se requería del aval de los mismos para la inscripción sin necesidad de que los “inscriptores” procedieran a suscribir el formulario E-6 GO, no siendo esta situación necesaria para que se llevara a cabo la inscripción de la candidatura respectiva.

Por tanto, es claro que no se vulneró derecho de defensa ni contradicción del demandante, pues la decisión que decidió rechazar su “reclamación” estuvo suficientemente motivada y en ella se expusieron las razones por las cuales concluyeron que los hechos que fundaban la “reclamación” del hoy demandante, no se ajustaban a los presupuestos de la causal del numeral 9º del artículo 192 del Código Electoral, toda vez que dicha norma no hace referencia a la ausencia de firma del “inscriptor”, sino a la del candidato o a la inscripción extemporánea, asuntos ajenos al debate.

Así las cosas, para esta Sala no cabe duda que no había lugar a tramitar una “reclamación” fundada en una causal inexistente, si se compara con los términos del artículo 192 del Código Electoral.

En cualquier caso, como se ha repetido en esta providencia, las inscripciones para candidatos a elecciones populares cuando son realizadas por un partido o movimiento político con personería jurídica solo requieren, como requisito formal, el aval respectivo, excepto, como se expuso, si corresponden a gobernadores o alcaldes donde la Constitución y la ley imponen allegar además el programa de gobierno.

Siendo así las cosas las pretensiones de la demanda serán despachadas de forma desfavorable.

III. Decisión

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda.

2. Contra la presente providencia no procede recurso alguno».

(5) Corte Constitucional. Sentencia C-490 de 23 de junio de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(6) Corte Constitucional. Sentencia C-348 de 2004. A su vez, los criterios expuestos en dicho fallo se apoyan en las sentencias C-380 de 1997, C-200 de 2001 y C-1212 de 2001, entre otras.

(7) Corte Constitucional. Sentencia C-089/94 ya citada.

(8) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá. Sentencia de 12 de octubre de 2001. Radicación 25000-23-24-000-2000-0787-01(2652). Actor: Ciro Alfonso Galvis y Gloria Inés Guzmán. Demandado: Concejal de Bogotá. “El aval de candidatos a elecciones populares, es institución constitucional establecida en el artículo 108 de la Constitución de 1991 y consiste en la garantía que un partido o movimiento político expide a un candidato, para dar fe de su pertenencia al partido y que, en tal condición, goza del reconocimiento de buenas condiciones de moralidad, honestidad y decoro al punto que puede presentar su candidatura a consideración del electorado. Constituye, por tanto, para el partido, un mecanismo de consolidación de su autoridad y disciplina, en la medida en que tiene la potestad de autorizar y convalidar las aspiraciones de sus integrantes frente al electorado y, de otra, el compromiso de su responsabilidad ante sus miembros a quienes asegura la pertenencia del candidato a sus filas y la condición ética del mismo.

El ordenamiento jurídico nacional lo ha regulado en sus diferentes aspectos, así: La Ley 130 de 1994, en su artículo 9° lo establece como requisito: necesario para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular. El aval entonces se otorga por escrito, suscrito por el representante legal del partido o movimiento político, o por quien él delegue y debe ser presentado al momento de la inscripción de los candidatos ante la autoridad electoral respectiva quien dejará constancia del mismo en el acta de inscripción”.

(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013. Radicación 76001-23-31-000-2011-01779-02. Radicado interno 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas - Alcalde municipio de Yumbo - Valle.

(10) ART. 259.—Quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto programático.

(11) ART. 32.—Aceptación o rechazo de inscripciones. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.

Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.

(12) Formulario E-6

(13) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 18 de julio de 2013. Radicación 76001-23-31-000-2011-01779-02. Radicado interno 2011-1779. Demandante: Moisés Orozco Vicuña. Demandado: Fernando David Murgueitio Cárdenas - Alcalde municipio de Yumbo - Valle.

(14) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia de 17 de noviembre de 2005. Radicación 15001 23 31 000 2003 03193 01. Demandante: Rosa Elena Moreno Orjuela. Demandado. Benigno Hernán Díaz Cárdenas. En esta providencia se sostuvo: “El artículo 108 de la Constitución Política al establecer que la inscripción de candidatos a elecciones la pueden hacer los partidos y movimientos políticos sin requisito adicional alguno y, a renglón seguido, al prescribir que esa inscripción debe ser avalada por el representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue, está erigiendo como único requisito constitucional para la inscripción de candidaturas el otorgamiento del aval por quien tiene la facultad Constitucional para ello. Pero, en manera alguna el precepto prescribe que dicha inscripción debe realizarla personalmente este. Y ello tampoco se deduce del contenido del artículo 3º del reglamento 1 de 2003.

Por el contrario, la redacción de los citados artículos 3º y 4º lo que da a entender es que, de un lado, el aval debe ser presentado ante los respectivos delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil y, de otro, que ese aval lo debe otorgar el representante legal del partido o movimiento político o su delegado. Esas normas armonizan en su integridad con los incisos tercero y cuarto del artículo 108 de la Carta Política”.

(15) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 5 de septiembre de 2013. Radicación 76001-23-31-000-2012-00007-01. Radicado interno 2012-00007. Demandante: Sergio David Becerra. Demandado: Jorge Eliecer Valencia Montenegro.