Sentencia 2013-00039 de octubre 16 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

Ref.: Expediente T. 76001222100020130003902

Discutido y aprobado en Sala de 09-10-2013.

Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de dos mil trece.

Decídese la impugnación interpuesta contra la sentencia de 2 de septiembre de 2013, mediante la cual la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali negó la acción de tutela instaurada por Óscar Armando Montenegro Urbano, quien invoca la calidad de agente oficioso de su progenitora María Nubia Urbano de Montenegro, frente al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de esa urbe, Carlos Alberto Olano Abadía y Luis Miguel Montalvo Pontón en sus calidades de árbitro y secretario, respectivamente, del Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo de 30 de abril de 2008, trámite al cual se vinculó a Jaime Montenegro García.

Antecedentes

1. El gestor solicitó la protección de los derechos fundamentales de su agenciada al debido proceso y acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por los encartados dentro del trámite arbitral adelantado contra Jaime Montenegro García.

2. Sostuvo, como fundamento de su reclamo, en síntesis, lo siguiente:

2.1. A fin de zanjar una disputa generada a secuela de la celebración de un contrato de “concesión de parcelación y venta” respecto del predio denominado “La Cilia”, la agenciada convocó a tribunal de arbitraje que, mediante árbitro único, denegó sus pedimentos por “laudo del 30 de mayo de 2008”.

2.2. Contra tal decisión formuló recurso de revisión conforme a la causal 8ª del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, el cual fue resuelto favorablemente en sentencia de 8 de abril de 2010, misma que, tras declarar la “nulidad” del referido laudo, ordenó devolver “el expediente al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, con inclusión de copia autentica de e[s]a providencia, para que se renueve la actuación anulada, con observancia” de lo allí considerado.

2.3. Con base en ello, ha deprecado en “más de diez oportunidades”, incluso en ejercicio del “derecho de petición”, que se “reanude” la “actuación anulada” en atención a los precisos parámetros dados en el fallo de “revisión”, ante lo cual se le ha señalado que tanto “la actuación del árbitro como [d]el secretario, había concluido con la providencia que ellos habían emitido, independientemente del resultado del recurso” de revisión, por lo que el asunto está “archivado”, apoyándose “en el artículo 45 de la nueva ley de arbitraje”.

2.4. Tal actuar omisivo, apunta, quebranta los intereses de la agenciada, por cuanto que dicha tramitación no puede quedar “en el limbo” sino que ha de proseguir, dado que lo opuesto es contrario a las “disposiciones” normativas “aplicables por mandato constitucional” para “el momento en que se demandó el laudo arbitral”, siendo que se le “ha causado un perjuicio” pues han transcurrido “más de tres (3) años” y la cámara de comercio “sólo se preocupó” por “cobrar el valor correspondiente al laudo arbitral, advirtiéndonos que debíamos volver a demandar (...) mediante ese trámite, lo que es totalmente absurdo, pues al parecer sólo les interesa recaudar dinero y emitir fallos contrarios a derecho”.

3. Solicita, conforme a lo relatado, que se ordene a los accionados que den inmediato “cumplimiento a lo resuelto en el recurso extraordinario de revisión emitido (...) el día 8 de abril de 2010” que “decretó la nulidad del laudo arbitral del 30 de mayo de 2008, para que en su lugar renovara la actuación anulada”, puesto que “los árbitros” no están facultados “para actuar caprichosamente y menos aún, vulnerando los derechos fundamentales de una de las partes”.

4. Mediante auto de 30 de julio de 2013, esta Corporación declaró la nulidad de lo que hasta tal data había sido adelantado en esta actuación, a fin de que se procediera a efectuar las vinculaciones allí indicadas, dejándose a salvo, eso sí, las pruebas recaudadas.

La respuesta de los accionados

El centro de arbitraje acusado precisó, en compendio, que solamente se ha deprecado en un par de ocasiones la petición señalada en el libelo demandatorio, formulación en punto de la cual a la accionante le ha señalado que meramente se encarga de ejercer actuaciones administrativas y logísticas, habida cuenta que, conforme a la Constitución Política, a la ley y a la jurisprudencia, las funciones jurisdiccionales les competen “exclusivamente a los árbitros que transitoriamente son investidos para administrar justicia”, por lo que, entonces, no tiene posibilidad alguna de surtir o renovar las actuaciones instadas; agregó que las solicitudes elevadas las ha puesto en conocimiento de los sujetos que en su oportunidad fungieron como árbitro y secretario (fls. 370 y 371, cdno. 1).

Los querellados Carlos Alberto Olano Abadía y Luis Miguel Montalvo Pontón, quienes otrora se desempeñaron, en su orden, en las calidades arriba referidas, sostuvieron, resumidamente, que la habilitación que les fue otorgada para actuar cesó cuando se profirió el laudo que devino anulado, y ello con independencia de “la resulta del recurso [de revisión], pues en ningún caso el tribunal superior o el Consejo de Estado actúan en sede de instancia frente al laudo arbitral, luego es tan solo la voluntad de las partes consignada en el compromiso o en la cláusula compromisoria la que puede habilitar el tribunal arbitral para procurar una nueva decisión” (fls. 372 a 375, ídem).

El vinculado, aunque tardíamente, en suma, se opuso a la concesión del amparo (fls. 398 a 400, ídem).

La sentencia impugnada

El tribunal a quo, en el fallo materia de impugnación, negó la salvaguarda rogada exponiendo que no resulta descabellada la postura asumida por los enjuiciados en el sentido de abstenerse a acceder a las peticiones formuladas tendientes a que sea “renovada” la actuación arbitral, habida cuenta que la orden impartida en la sentencia que desató el recurso de revisión no es factible, jurídicamente hablando.

Aseveró que “la facultad jurisdiccional que la Constitución atribuye a los árbitros, habilitados por las partes mediante un pacto arbitral, es apenas transitoria (art. 116)”, lo cual implica que “su competencia viene desde un principio limitada por un factor eminentemente ‘temporal’, que no permanece como la de los jueces ordinarios”, siendo que “una vez agotada esa competencia por alguna de las precisas razones expuestas por la ley, no existe a partir de allí instrumento legal que permita alongarla de algún modo; ni siquiera acusando la prosperidad de los recursos extraordinarios que la ley estima procedentes contra el laudo”.

Recabó en que “las disposiciones alusivas con los procesos arbitrales para entonces aplicables (D. 2279/89; D. 1818/98, entre otras), como incluso hoy lo señala la propia Ley 1563 de 2012, en modo alguno reflejan que la prosperidad del recurso de revisión (tampoco el de anulación), trae como obligada consecuencia que los árbitros deban proferir un nuevo laudo en remplazo del anulado”, como quiera que “el efecto jurídico de la prosperidad de alguno de esos recursos extraordinarios apenas si está en la nulidad misma de la decisión, que traduce en que desaparece del ordenamiento el laudo proferido como por igual deja de tener existencia el tribunal del arbitramento convocado”.

Enfatizó que “admitir la posibilidad de recomponer un tribunal arbitral que otrora cesó en sus funciones por alguno de los motivos legalmente previstos (entre ellos el proferimiento del laudo), implicaría ir contra la naturaleza misma de la función jurisdiccional que de manera francamente excepcional se otorga a los particulares para administrar justicia, más precisamente, con esa peculiar cualidad de ser ‘transitoria’[, p]ues entonces esa inusitada potestad supondría una institución de carácter “permanente””.

La impugnación

La formuló la actora a través de abogado exponiendo como razones de inconformidad, básicamente, las precisadas en el libelo genitor, a más de manifestar que “la delegación otorgada en virtud de la ley a los centros de conciliación y para el caso en concreto a la cámara de comercio es de carácter permanente”, por lo que “es el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali en virtud de esa delegación, pese a que el árbitro designado para tal propósito ha perdido la competencia por el carácter temporal del mismo, quien debe cumplir lo ordenado en el sentido de nombrar un nuevo árbitro y proferir el ordenado laudo, sin la imposición de cargas patrimoniales ya sufragadas”.

Consideraciones

1. Observados el libelo genitor y el escrito impugnativo, emerge que la disconformidad constitucional planteada surge por cuanto que tanto el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición querellado, como Carlos Alberto Olano Abadía y Luis Miguel Montalvo Pontón en sus calidades de árbitro y secretario, respectivamente, del Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo de 30 de abril de 2008 que dirimió la situación allí ventilada entre la petente y Jaime Montenegro García, se han abstenido de “acatar” lo dispuesto en la sentencia de 8 de abril de 2010, mediante la cual fue resuelto favorablemente el “recurso de revisión” que la gestora interpuso contra aquel, misma que, tras declarar la “nulidad” del referido “laudo”, ordenó devolver “el expediente al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali, (...) para que se renueve la actuación anulada”.

2. Esta corporación ha tenido ocasión de señalar que “[a]mén de constituir un mecanismo alternativo de solución de conflictos, el arbitramento encuentra fundamento genuino en la autonomía privada, libertad contractual o de contratación, origina un proceso judicial sujeto a las directrices preordenadas por el legislador y comporta el ejercicio concreto, transitorio o temporal de la función pública de administrar justicia. La naturaleza judicial del proceso arbitral está igualmente consagrada en los artículos 8º y 13 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, [y] en los artículos 3º y 111 de la Ley 446 de 1998.

“Bajo estos precisos lineamientos, el arbitramento, ostenta por características singulares: su fuente generatriz, por autorización del constituyente, es la libertad o autonomía privada de las partes; implica el ejercicio de la función jurisdiccional; genera un proceso judicial y, por ende, ostenta también naturaleza procesal; está sujeto a las reglas normativas establecidas por el legislador; de suyo, es transitorio o temporal y, los fallos, en derecho o en equidad, tienen idéntico valor y fuerza a los proferidos por los jueces ordinarios permanentes (Sent. jun. 26/2008, Exp. T. 942-00).

Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que del artículo 116 Superior “derivan dos características propias de la justicia arbitral[:] i) el carácter eminentemente voluntario de la habilitación que las partes deben impartir a los árbitros, en cuyo defecto la competencia de aquéllos no llega a existir; y ii) la esencial temporalidad de tal función, que a su turno le impone un carácter restrictivo” (Sent. T-1031, dic. 3/2007).

3. Relativamente a la “naturaleza temporal del arbitramento”, cabe denotar que según ha relevado la Corte, “su duración está fijada por el pacto arbitral cuando las partes así lo expresan o, en su defecto, por la ley”; así, “una vez expirado el término” en razón de las circunstancias otrora “previstas en el artículo 167 del Decreto 1818 de 1998” u hoy día por las estipuladas en el precepto 35 de la Ley 1563 de 2012, “[p]or medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, es claro que, “se agota o concluye definitivamente la jurisdicción arbitral” (Fallo nov. 15/2011, Exp. T. 631-00).

Por supuesto, parejamente ha señalado la Sala que “la extinción del pacto arbitral y la cesación de funciones del tribunal de arbitramento comporta la conclusión de la habilitación de las partes y del ejercicio de la función jurisdiccional otorgada temporalmente a los árbitros, quienes en tal caso, al carecer de la misma, no pueden pronunciarse nuevamente sobre ningún asunto, ni siquiera cuando se anula el laudo arbitral, ‘de modo que, agotado el proceso, cesan las funciones del Tribunal Arbitral por expresa disposición’ legal, y cesando ‘en sus funciones, mal puede entrar a proferir un nuevo laudo’ o providencia alguna” (Fallo dic. 15/2006, exp. T. 1794-00; citado en el de 18 de abril de 2012, Exp. T. 213-01).

Igualmente, esta corporación sostuvo en sentencia de 19 de mayo de 2011, exp. T. 412-01, que “la especial connotación dispositiva, efímera, transitoria y temporal de la jurisdicción arbitral, representa un escollo insalvable para que agotado el pacto arbitral o concluidas las funciones del tribunal de arbitramento, en particular, por vencimiento del término de duración del trámite arbitral, los árbitros vuelvan a pronunciarse o se les ordene hacerlo.

“En perspectiva exacta, ni el juez constitucional ni ninguno otro, puede disponer, siquiera por ficción, que los árbitros se pronuncien de nuevo, ‘a pesar de estar vencido el término de duración del trámite dirigido por aquéllos’, por absoluta carencia de la función jurisdiccional extinguida definitivamente al vencimiento del plazo o por las restantes causas legales (se destaca).

4. Pues bien, de cara a lo anterior, surge que la postura adoptada por los accionados, que aquí es motivo de reproche, mal puede tenerse como abierta y ostensiblemente caprichosa o arbitraria para que sea necesaria la inaplazable intervención del juez constitucional, según se pide.

Lo señalado, habida cuenta que ni el árbitro querellado que emitió el laudo anulado tiene potestad para volver a pronunciarse sobre el particular como quiera que ya no está revestido de competencia para ello pues sus funciones cesaron, ni la cámara de comercio acusada puede, motu proprio, volver a dar inicio al proceso arbitral ya que los únicos que así puede proceder son, privativamente, los celebrantes del pacto arbitral.

Claro, téngase presente que la Corte Constitucional, en Sentencia T-1031 de 2007, adujo al respecto que “[s]in embargo, sí resulta claro que no podrían los mismos árbitros reanudar el proceso cuya decisión final ha sido anulada, por cuanto es cierto que la competencia de esos árbitros ha quedado extinguida desde el momento en que una de las partes solicita a la justicia ordinaria la anulación de la decisión arbitral, evento específico frente al cual la ley no establece ninguna clase de excepciones. La ausencia de un juez competente para reponer la actuación anulada impide entonces darle al caso el tratamiento propio de una nulidad procesal, escenario dentro del cual sería posible la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte de los mismos árbitros.

Agregó al efecto que “[n]o obstante, esta circunstancia no implica que quienes fueron parte del proceso arbitral carezcan de opciones para lograr la resolución definitiva del litigio pendiente, pues el mismo ordenamiento jurídico vigente las permite”, en tanto que “[l]a forma específica de la acción procedente dependerá, entre otros factores, de si la anulación del laudo sobrevino como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del pacto arbitral” (se resalta), como quiera que “[e]n caso de haber sido así, restablecida la competencia de los jueces ordinarios, procede entonces acudir a ellos iniciando las acciones que según la naturaleza del caso resulten pertinentes.

“Por el contrario, subsistiendo el pacto arbitral que dio origen a la constitución del tribunal cuyo pronunciamiento fue anulado, ha de atenderse la voluntad de las partes de sustraer el caso del régimen de los jueces ordinarios y así cualquiera de esas partes podrá activar otra vez el compromiso, solicitando la convocatoria de un nuevo tribunal de arbitramento que decida sobre las diferencias aún pendientes de resolución, quedando su contraparte legalmente obligada a comparecer a él, tanto como la primera vez” (denótase).

Por supuesto, una vez “cesan” las funciones del tribunal de arbitraje que en su momento se constituyó, como inescindible secuela jurídica de su transitoriedad emerge que por expresa disposición constitucional y legal resulta agotada la jurisdicción así ejercida —ello incluso en los eventos en que no haya terminado el proceso—, razón por la que, como en oportunidad pasada sostuvo la Sala, “si el tribunal accionado por mandato de la ley cesó en sus funciones, mal puede entrar a proferir un nuevo laudo como lo reclama la accionante, en virtud de la nulidad del dictado el 23 de marzo de 2006, por la sencilla razón que dicho organismo carece de competencia para tal efecto; puesto que no puede soslayarse el precepto constitucional contenido en el art. 116 de la Constitución Política, cuando advierte que los particulares pueden ser investidos ‘transitoriamente’ de la función de administrar justicia en los precisos términos que indique la ley” (Sent. dic. 15/2006, exp. T. 1794-00; reiterada en la de 18 de abril de 2012, Exp. T. 213-01).

Y es que, para reafirmar tal entendido, véase que el legislador se ocupó de poner de presente ese aserto, paladinamente, al positivar, en el artículo 45 de la Ley 1563 de 12 de julio de 2012, mismo que trata acerca del “Recurso de revisión”, que “[t]anto el laudo como la sentencia que resuelva sobre su anulación, son susceptibles del recurso extraordinario de revisión por las causales y mediante el trámite señalado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, quien tuvo oportunidad de interponer el recurso de anulación no podrá alegar indebida representación o falta de notificación. Cuando prospere el recurso de revisión, la autoridad judicial dictará la sentencia que en derecho corresponda” (se sublínea), determinación que surge a consecuencia directa e innegable de la pérdida de competencia atrás puesta de presente.

Por demás, vale aclarar que dentro de las funciones de los centros de arbitraje no está la de “convocar” el tribunal de arbitramento, como tampoco disponer su “integración” ni su “instalación”; cosa distinta es que sí puedan “designar” los “árbitros”, o alguno de ellos, previa “delegación” en tal sentido realizada por las partes (art. 14 ejusdem), lo que imposibilita que les sea factible, según se acotó en la impugnación, “nombrar un nuevo árbitro y proferir el ordenado laudo, sin la imposición de cargas patrimoniales ya sufragadas”, máxime cuando, dicho sea de paso, el reembolso de los honorarios solamente se impone en puntuales eventualidades (art. 48 ibíd.).

Adicionalmente, vale acotar que esa potestad tampoco les fue permitida por el artículo 51 ibídem a los mencionados entes, por cuanto esa norma, que regula lo atañedero con los “Reglamentos de los centros de arbitraje”, señaló que “[c]ada centro de arbitraje expedirá su reglamento, sujeto a la aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho, que deberá contener: 1. El procedimiento para la conformación de las listas de árbitros, amigables componedores y secretarios, los requisitos que ellos deben reunir, las causas de su exclusión, los trámites de inscripción, y la forma de hacer su designación. 2. Las tarifas de honorarios de árbitros y secretarios. 3. Las tarifas de gastos administrativos. 4. Los mecanismos de información al público en general relativa a los procesos arbitrales y las amigables composiciones. 5. Las funciones del director. 6. La estructura administrativa. [Y,] 7. Las reglas de los procedimientos arbitrales y de amigable composición, con el fin de que estos garanticen el debido proceso”.

En conclusión, anulado como fue, mediante recurso de revisión, el laudo de 30 de abril de 2008, y dado que el árbitro enjuiciado que lo dictó no puede retornar sobre el tema por adolecer de competencia para lo propio, predicamento que se extiende al centro de arbitraje cuestionado por las particulares razones al efecto expuestas anteriormente, corresponde a la petente, si a bien lo tiene, una vez verifique cuál es la suerte del pacto arbitral ajustado con Jaime Montenegro García, volver a adelantar los trámites pertinentes para ventilar de nuevo su conflicto, ya sea ante la jurisdicción ordinaria ora ante un novel tribunal de arbitramento, de acuerdo a todo lo aquí expresado.

5. Por las razones explicadas, se impone ratificar el fallo impugnado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase».

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall De Rutén Ruiz.