Sentencia 2013-00040 de agosto 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 150012333000201300040 01

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Vargas Ayala

Actor: Estación de Servicio La Isla Ltda.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil trece.

Nulidad y restablecimiento del derecho - apelación de auto

EXTRACTOS: «III. Las consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra el auto proferido el 7 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual rechazó de plano la demanda promovida en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho por considerar que dicha demanda se encontraba caducada.

En orden a resolver lo pertinente, observa la Sala que el problema jurídico planteado se contrae a dilucidar si la notificación efectuada a cada uno de los sancionados mediante el acto administrativo censurado, se puede apreciar como válida para contabilizar el término de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aquí impetrado.

Una vez revisado el expediente obra a folio 89 la certificación expedida por la secretaria general de la Superintendencia de Industria y Comercio, según la cual el representante legal de la sociedad demandante se notificó de la Resolución 11651 del 29 de febrero de 2012, el día 13 de marzo de 2012.

Teniendo en cuenta esto y que además dentro del recurso de apelación instaurado se observa que no se controvierte el medio de notificación de los actos administrativos, sino que por el contrario, se acepta que la notificación personal se llevó a cabo el día 13 de marzo de 2012, la Sala concluye que la administración efectuó válidamente la notificación de su decisión.

Abordando el argumento que trae la memorialista relacionado con que la notificación se entendía efectuada solo hasta cuando los demás intervinientes de la vía gubernativa fuesen notificados atendiendo lo estatuido en el artículo 120 del Código de Procedimiento Civil, debe aclararle esta Sala a la sociedad demandante que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé de manera expresa la forma en la que la administración pública debe notificar sus decisiones a los administrados, sin que para ello deba remitirse a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.

Ha sostenido esta corporación que en un acto común (no general) en el que se definen situaciones individuales de varias personas; para efectos de contabilizar los términos de caducidad se atiende a la forma como se haya notificado cada uno, es decir, se cuenta a partir de la notificación individual; si fue personal será esta y no la común que se hizo por edicto. Así las cosas, no se tiene en cuenta el día de la ejecutoria del acto, sino el de la notificación a cada uno de los afectados.

Bajo la anterior premisa, es menester aclarar que la administración al resolver situaciones jurídicas donde se hallen inmersos intereses ya sea de orden institucional o meramente privados, debe velar porque sus decisiones sean notificadas de manera efectiva siempre con observancia de los lineamientos que la ley prescribe para tal efecto, y por supuesto en aras a la materialización del principio de publicidad y la garantía de los derechos de defensa, contradicción y el debido proceso.

Así las cosas, el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que los actos administrativos deben notificarse de manera personal y que si ello no es posible debe realizarse subsidiariamente por medio de aviso, tal y como lo dispone el artículo 69 del mismo estatuto.

En ese orden, revisada la certificación a que se aludió, es posible concluir que en efecto operó el fenómeno de caducidad del medio de control impetrado por la apoderada de la sociedad Estación de Servicio La Isla Ltda., toda vez que se observa claramente que el representante legal de dicha sociedad se notificó personalmente el 13 de marzo de 2012, luego el término para interponer la demanda en principio comenzaba contarse a partir del 14 de marzo hasta el 14 de julio de ese año, sin embargo como se solicitó conciliación extrajudicial, el cómputo es de la siguiente manera:

La fecha de notificación del acto administrativo con el que se agotó la vía gubernativa, corresponde al 13 de marzo de 2012, tal como consta en la certificación expedida por el secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, allegada por la parte actora(4).

La solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada 17 días antes de que operara la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir el 27 de junio de 2012, fecha en la que se suspendió el término de caducidad. La audiencia de conciliación se celebró el 19 de julio de 2012, por lo que el término de caducidad del medio de control se reanudó a partir del día siguiente, es decir, a partir del 20 de julio de 2012.

Dicho término finalizó el 5 de agosto de 2012, pero como quiera que ese día fuera domingo, la demanda debía haber sido presentada el 6 de agosto de 2012.

La demanda se interpuso el 15 de agosto de 2012, fuera del término establecido para el efecto, luego como lo determinó el Tribunal de Boyacá operó el fenómeno de la caducidad de conformidad con lo dispuesto en el literal d) del numeral dos (2) artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo la acción de nulidad y restablecimiento del derecho “... caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto...”, y de acuerdo con lo estatuido en el artículo 169 numeral uno (1) ibídem era procedente rechazar la demanda.

De conformidad con lo anterior y por encontrarse ajustado a derecho, la Sala confirmará el auto impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto el auto proferido el 7 de febrero de 2013 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante el cual rechazó de plano la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en razón de que el término para la interposición de la acción se encontraba caducado.

En firme esta decisión, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del primero (1º) de agosto de 2013».

(4) Folio 89 del cuaderno principal de primera instancia.