Sentencia 2013-00040 de febrero 18 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-15-000-2013-00040-00(AC)

Consejera ponente:

Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

Actor: José Ómar Montoya Anduquía

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Bogotá, D.C., dieciocho de febrero de dos mil trece.

La Sala decide la acción de tutela promovida mediante apoderado por José Ómar Montoya Anduquía contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 1[2] del Decreto 1382 de 2000.

Antecedentes

José Ómar Montoya Anduquía, interpuso mediante apoderado acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues consideró vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, acceso a la administración de justicia, con la decisión proferida el 6 de diciembre de 2012.

Petición y fundamentos

El accionante solicitó que se deje sin efectos el fallo del tribunal del 6 de diciembre de 2012, mediante el cual modificó la decisión de primera instancia, que accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia:

“se ordene a la H. Sala accionada proferir nueva sentencia contemplando el pago de la reliquidación de recargos nocturnos del 35% recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, los cuales fueron revocados de manera ilegal en la sentencia objeto de tutela, desconociendo de plano el Decreto 1042 de 1978, en sus artículos 33, 34, 36 y 39, también el reconocimiento y pago de compensatorios por labor habitual en días domingos y festivos, contemplado en el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, así como lo consagrado en el literal e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978 respecto al reconocimiento y pago de compensatorios por exceso de horas extras laboradas por el actor”.

Pretensión que se fundamentó en los siguientes hechos:

El señor José Ómar Montoya Anduquía, ingresó a laborar al Distrito Capital el 23 de mayo de 1989, en el cargo de bombero, en la actualidad se desempeña como Cabo de Bomberos código 413, grado 17 en la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El día 2 de julio de 2009 dirigió reclamación ante la secretaría de Gobierno de Bogotá, en la que solicitó la liquidación y pago con la respectiva indexación de los siguientes conceptos:

1. Horas extras diurnas y nocturnas en días ordinarios, dominicales y festivos, laboradas durante el año 2006 en exceso de las 44 horas semanales.

2. Descansos compensatorios del año 2006 correspondientes a los días festivos y dominicales.

3. La reliquidación de los recargos nocturnos del 35% en días ordinarios y de los días domingos y festivos del 200% y 235% a los factores reales del 35%, 200% y 235% respectivamente.

4. La reliquidación de primas de servicios, vacaciones y de navidad del año 2006 así como el sueldo de vacaciones y demás factores salariales percibidos por la poderdante con base en la liquidación total de horas extras laboradas y recargos nocturnos reliquidados así como los compensatorios cancelados.

5. La reliquidación de la cesantía ante el respectivo fondo o Favidi.

Por los mismos conceptos antes referidos, el apoderado del demandante solicitó el reconocimiento y pago, por los períodos 2007 al 2009.

Las anteriores reclamaciones fueron resueltas en forma desfavorable por parte de las entidades oficiales y surtida la vía gubernativa, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativos que negaron las peticiones y denegaron los recursos.

El juzgado séptimo administrativo de descongestión de Bogotá, mediante sentencia del 11 de julio de 2011, accedió a las pretensiones de la demanda.

El apoderado de la entidad demandada apeló la sentencia, recurso que correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A, de la Sección Segunda, corporación que emitió sentencia el 6 de diciembre de 2012, mediante la cual modificó parcialmente el fallo de primera instancia.

Adujo el actor que el fallo incurrió en serias contradicciones entre la parte motiva y resolutiva, respecto al descanso compensatorio por horas extras, por cuanto, mientras en la parte motiva reconoce el exceso sobre las 50 horas extras mensuales por parte de los bomberos, en la resolutiva revocó el reconocimiento de los descansos compensatorios por exceso de horas extras, con lo que desconoció el precedente vertical de la sección segunda del Consejo de Estado, que los reconoce a los empleados públicos.

De igual manera, se equivocó el tribunal al determinar la liquidación de los recargos nocturnos del 35%, 200% y 235%, sobre 220 horas mensuales, cuando lo correcto son 190 horas mensuales, como lo expuso el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, número interno 0846-2008.

Considera que erró el tribunal cuando ordenó liquidar el pago de recargo por trabajo en dominicales y festivos, sobre una jornada mensual de 220 horas.

De igual manera, acusa la decisión del tribunal de equivocarse al ordenar el descuento del valor que se pagó como recargo del 35%.

Dice que el fallo censurado desconoció decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsecciones D, E Y F, de la Sección Segunda, como del Consejo de Estado, en las que aplicó lo consagrado en el literal e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978(1).

En el trámite de la presente acción se vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como autoridad judicial demandada. Como terceros interesados se notificó a la Secretaría de Gobierno de Bogotá y a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

Oposición

La jefe de la oficina asesora jurídica de la secretaría de Gobierno de Bogotá, D.C., se opuso a las pretensiones del actor, por cuanto esa dependencia carece de legitimidad para ser parte por pasiva en el presente trámite; en atención a lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 655 de 2011, no tiene la facultad legal para representar a la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, UAECOB, solicitó se nieguen las pretensiones del actor, quien tuvo la oportunidad de intervenir de manera activa en el proceso ordinario en las dos instancias, sin que se vulnerara alguno de los derechos fundamentales invocados, y resulta contrario a derecho acudir a la acción de tutela como una tercera instancia, porque se desconoce con tal proceder el carácter subsidiario de la acción de tutela.

Realizó el profesional del derecho, una extensa cita de decisiones de la Corte Constitucional, como del Consejo de Estado, que han tratado el tema de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, para reafirmar su petición de que se declare improcedente la tutela interpuesta por el actor.

Consideraciones de la Sala

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos en que así se autoriza. Dada su naturaleza subsidiaria, sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

En cuanto a la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sección ha considerado en forma reiterada, a partir de la sentencia proferida el 28 de enero de 2010(2), que solo procede en casos excepcionalísimos, en los que se evidencie fehacientemente que con su expedición se vulneran derechos fundamentales.

Lo anterior, porque los jueces, al igual que las demás autoridades públicas con poder de decisión, no están exentos de equivocarse y, por ende, de amenazar o vulnerar derechos constitucionales fundamentales, circunstancia que, de acuerdo con el artículo 86 Superior, permite la intervención del juez constitucional con las restricciones y en los precisos términos de la norma en cita.

En efecto, no se puede perder de vista que esta acción es, ante todo, un mecanismo de protección que tiene carácter residual y subsidiario frente a las acciones y los medios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico para que los interesados hagan efectivos sus derechos, que, en su conjunto, está precisamente diseñado para garantizar los derechos constitucionales fundamentales. Ello es tan cierto que todos los procesos contemplan recursos ordinarios y, algunos, los extraordinarios, para controvertir las decisiones de los jueces y tribunales y, en caso de que estas presenten falencias, remediarlas.

No obstante, el reconocimiento de los procesos ordinarios como escenarios por excelencia para materializar la garantía de los derechos constitucionales fundamentales (C.P., art. 228), la autonomía e independencia judicial (C.P., art. 230), el atributo de la cosa juzgada que se predica de los fallos dictados por los jueces y la vigencia del principio de seguridad jurídica no contravienen la necesidad de asegurar la justicia material en el Estado social de derecho.

De ahí que, con el único objetivo de proteger derechos constitucionales fundamentales, con base en el artículo 86 de la Constitución Política, procedería la tutela de forma excepcionalísima contra las providencias judiciales.

Esta posición ha sido ratificada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, en sentencia del 31 de julio de 2012, en la que rectificó la tesis de la improcedencia absoluta de esta acción contra decisiones judiciales que mayoritariamente había sostenido para, en su lugar, admitirla y acometer el estudio de fondo del asunto, siempre que se esté en presencia de la violación de garantías fundamentales y observando los parámetros jurisprudenciales fijados para el efecto(3).

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala considera de suma importancia precisar e insistir en que la posibilidad de que excepcionalmente el juez de tutela aborde el estudio de solicitudes de amparo contra providencias judiciales no se extiende a las dictadas por el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones por disposición expresa del constituyente (C.P., arts. 237[1], 234 y 241 y 243).

En efecto, la improcedencia de la tutela contra providencias dictadas por el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a través de su Sala Plena, de sus secciones o subsecciones especializadas, se da por el carácter definitivo e inmodificable de aquéllas, toda vez que deciden sobre asuntos que por mandato constitucional y legal están únicamente asignados a esta corporación, de manera que la intervención del juez de tutela en ellos no está permitida, dado que equivaldría a suplantar las funciones del Juez de cierre(4).

Establecida entonces la procedencia excepcionalísima de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por el juez constitucional para estudiar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, pues, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto y facilita el análisis de este complejo tema.

En efecto, la doctrina constitucional vigente acepta la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, siempre que se verifique el cumplimiento de los requisitos generales o causales genéricas de procedibilidad enunciados en la Sentencia C-590 de 2005, así:

i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;

ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;

iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;

iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;

v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y

vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Una vez agotado el estudio de estos requisitos, es necesario determinar la existencia de, por lo menos, alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente y h) violación directa de la Constitución.

En el presente asunto el actor pretende se deje sin efectos la decisión emitida el 6 de diciembre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por vulneración los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso, por cuanto incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

El accionante adujo que la decisión censurada, se apartó del precedente vertical y horizontal, en la medida que desconoció pronunciamientos del Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, como de otros despacho homólogos que resolvieron asuntos similares.

Aplicados los criterios anteriores al asunto bajo análisis, la Sala advierte que en la sentencia censurada emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el asunto, en primer término delimitó el problema jurídico en determinar si le asiste razón al actor al “pretender que se le reconozcan liquiden y paguen horas extras; se le reliquide el trabajo suplementario que se le ha venido pagando según él de forma incorrecta; se le paguen días compensatorios por el trabajo suplementario que excede las horas extras permitidas y un día compensatorio por el trabajo habitual en domingos y festivos; y además si en razón a dichos reconocimiento (sic) le asiste derecho a que se le reliquiden sus prestaciones sociales”.

Ahora bien, debe anotarse que los asuntos que trae a colación el actor como precedentes del Consejo de Estado(5), que dice desconoció el fallo del tribunal, tratan de situaciones fácticas diferentes a las del presente caso, se trata de empleados públicos de otra entidades demandadas como Hospital General de Medellín, departamento de Córdoba y departamento del Quindío, en los que se aplicó el Decreto 1042 de 1978, que regula la jornada de trabajo y el tema del reconocimiento y pago del trabajo suplementario, compensatorios, y horas extras.

De manera, que no se podría aducir que tales pronunciamientos constituyen el denominado precedente judicial conforme al cual se establecen las reglas para resolver asuntos similares, en tanto a los bomberos vinculados a la UAECOBB si bien se les aplica la misma normativa, cumplen funciones en situaciones diferentes a estos empleados, en especial en lo relativo a los turnos que son 24 horas de trabajo por 24 de descanso.

Ahora bien, sobre el régimen legal que se debe aplicar a los bomberos que se encontraban vinculados al Distrito Capital y luego a la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, es claro que también se rigen por lo dispuesto en el Decreto-Ley 1042 de 1978, que en principio se expidió para empleados de la rama ejecutiva del nivel nacional, se extendió a las entidades territoriales por virtud del artículo 2º de la Ley 27 de 1992, y luego en el inciso 2º, artículo 87 de la Ley 443 de 1998.

En el fallo censurado emitido por el tribunal, se aprecia que aplicó el Decreto-Ley 1042 de 1978, artículo 33, que fijó la jornada máxima laboral en 44 horas semanales, por lo que el tiempo laborado en exceso debe ser remunerado con los recargos de ley, así el tribunal interpretó que la jornada en horas mensuales equivale a 220 horas, de manera que lo que exceda de este tope en la labor prestada por el funcionario, debe reconocerse como trabajo suplementario.

Para llegar a ese cálculo el tribunal aplicó la fórmula de dividir las 44 horas semanales por 6 días laborales, lo que arroja 7.33 que multiplicó por 30 días para un total de 220 horas al mes, como tope máximo de la jornada laboral, cálculo al que se opone el actor, pero que la Sala encuentra debidamente justificada en la interpretación del tribunal, sin que pueda calificarse de irrazonable o desproporcionada, y que no puede cuestionarse a través de la acción de tutela ya que desconocería la autonomía de los funcionarios judiciales en la labor hermenéutica propia de la función de aplicar e interpretar la ley para resolver un caso concreto.

Sobre este aspecto se pronunció la Corte Constitucional(6) para determinar el alcance y connotación del defecto sustantivo:

“…la procedencia de un defecto sustantivo fundado en un grave error en la interpretación, es realmente excepcional, en la medida en que se requiere demostrar de manera incontrovertible, que la decisión judicial es manifiestamente irrazonable y contraria al orden jurídico. No es suficiente entonces que se discrepe de la posición de un tribunal en un aspecto, o que se piense que la norma tiene un contenido distinto al que se valoró, o que se prefiera una interpretación diferente a la acogida en la providencia cuestionada, sino que se requiere que sea evidente la orientación arbitraria del juez en la causa, que se sale del razonable margen de interpretación autónoma que la Constitución le ha confiado. En ese orden de ideas, el defecto alegado no prospera.

El tribunal sobre el pago del recargo nocturno interpretó el artículo 35 ibídem que preceptúa:

ART. 35.—De las jornadas mixtas. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el sistema de turno, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo”.

En la interpretación de la norma en mención, el tribunal razonó que el recargo contemplado en dicha norma se aplica a quienes en su jornada ordinaria laboral prestan turnos que no exceden las 44 horas semanales, por ejemplo quien ingresa a laborar a las 2 p.m. hasta las 10:00 p.m., quienes tienen derecho al recargo del 35% por las horas nocturnas de su jornada laboral; mientras en el caso de los bomberos que laboran turnos de 24 horas, las 12 horas que exceden, desde las 6 p.m., se deben pagar como horas extras, con un recargo del 75% y no como un recargo nocturno, que es solo del 35%.

De lo anterior se concluye que la interpretación del tribunal antes que perjudicar favoreció al trabajador, pues ordenó liquidar como horas extras ese tiempo laborado en un turno que incluye jornadas nocturnas. Al respecto dijo el fallo: “(…) Manifiesta la UAECOOB que es más beneficioso reconocer los recargos del 35% que reconocer horas extras, por cuanto máximo podría reconocer 50 horas mensuales como extras, en cambio ha reconocido todo el trabajo suplementario sin límite pero liquidado como recargo del 35%, lo cual es una desafortunada interpretación de la norma, pues atenta contra los derechos del trabajador quien debe trabajar 140 horas extras mensuales.

No comparte dicho argumento el tribunal, pues no resulta más favorable pagar el trabajo suplementario en modalidad de recargos, a razón del 35% de cada (sic), que pagar dicho trabajo como hora extra cuyo valor es de 125% para la hora extra diurna y 175% para la hora extra nocturna, lo cual a simple vista es más beneficioso. Por lo anterior es claro que habrán de pagarse horas extras”.

Otro aspecto del cual se ocupó el tribunal, en virtud del recurso de apelación contra el fallo de primera instancia propuesto por la parte demandada, fue el de los compensatorios por trabajo en dominicales y festivos, asunto regulado en el artículo 39 ibídem, en los siguientes términos:

“ART. 39.—Del trabajo ordinario en días dominicales y festivos. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respectos de quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 48 7 97 (sic) del presente decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales y festivos”.

La labor interpretativa de la norma en comento, condujo a la conclusión razonable por parte del tribunal, en el sentido del no reconocimiento del descanso compensatorio a quienes como el demandante prestan sus servicios en turnos de 24 horas de labor por 24 de descanso, pues el trabajo en dominicales y festivos por este personal, está precedido de 24 de descanso y, luego tienen derecho al descanso subsiguiente de 24 horas.

En consecuencia, se observa que la acción de tutela no está llamada a prosperar, por cuanto la decisión judicial cuestionada se encuentra debidamente motivada y se profirió en cumplimiento de las normas y de la jurisprudencia que el tribunal de instancia consideró aplicables al asunto debatido, sin que se evidencien los defectos que se aducen en su contra, pues no hay prueba de que las sentencias objeto de tutela comprometan los contenidos constitucionalmente protegidos del derecho al debido proceso e igualdad que ameriten la intervención del juez constitucional, en la medida en que no se trata de un proveído absolutamente caprichoso, arbitrario o carente de justificación o motivación jurídica o que conduzca a la inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso.

A lo anterior cabe agregar que las interpretaciones de los jueces no constituyen defecto por el simple hecho de no ser compartidas por las partes, al punto que las discrepancias razonables de interpretación de las normas jurídicas no suponen violación de derechos fundamentales y, en consecuencia, no pueden ser discutidas por la vía de la acción de tutela.

De otra parte, se reitera, el mencionado principio “de autonomía judicial no admitiría que por vía de tutela se echaran abajo las decisiones judiciales con el pretexto de que el criterio escogido por el juez no coincide con el del fallador que lo revisa”(7), dado que, el criterio del juez de tutela no puede desplazar el del juez natural.

Por tanto, la Sala concluye que no existe un motivo justificado que configure una de las causales especiales que hacen procedente de manera excepcional la acción de tutela contra providencias judiciales. Por el contrario, encuentra que el ejercicio de la presente acción pretende revivir discusiones debidamente resueltas por el juez natural.

Igualmente, debe la Sala insistir en el hecho de que la acción de tutela no es una tercera instancia en la que se puedan ventilar asuntos que ya fueron definidos por los jueces naturales del asunto dentro del escenario diseñado por la ley para el efecto, esto es, el proceso judicial.

En este sentido es oportuno resaltar que si el actor consideró que el fallo de segunda instancia no era claro según su entendimiento, pudo solicitar ante el tribunal su aclaración, a lo que no procedió en su oportunidad, sin que pueda acudir a la tutela para suplir las falencias de las partes en el proceso ordinario.

Conforme a lo analizado la Sala negará la protección de los derechos invocados por el actor.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la sección cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. NIÉGASE, por improcedente, la solicitud de tutela instaurada mediante apoderado por Jose Ómar Montoya Anduquía contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, notifíquese, cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, presidente de la sección—María Teresa Briceño de Valencia—William Giraldo GiraldoHugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(1) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 18 de mayo de 2011. C.P. Luis Rafael Vergara Quintero número interno 08456-2008. C.E. Radicación 1999-0936, 13 febrero de 2003, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.

(2) Expediente 2009-00778, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(3) Importancia jurídica, expediente 2009-01328 01, actor: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

(4) Autos de 29 de junio de 2004, expediente AC-10203, actor: Ana Beatriz Moreno Morales, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda; de 9 de noviembre de 2004, expediente IJ 2004 00270 01, actor: Proniños Pobres, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta y de 20 de septiembre de 2006, expediente 1998-5123-01 (4361-02), actor: Rosario Bedoya Becerra, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(5) Sentencia de 18 de mayo de 2011, Sección segunda, Subsección B radicado 2008-0846, sentencia de 21 de junio de 2007, Sección Segunda, radicado 2003-00508, sentencia de 13 de febrero de 2003, radicación 1999-0936.

(6) C.C. T-204-2009, de 27 de marzo de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio.

(7) Corte Constitucional Sentencia SU-429 de 1998.