Sentencia 2013-00040 de julio 17 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001032800020130004000 y 11001032800020130004100 (acumulados)

Consejera Ponente:

Dr. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Mercedes del Carmen Maturana Esquivia

Demandado: Rodrigo Romero Hernández - Senador de la República

Medio de control de nulidad electoral

Sentencia de única instancia

Bogotá, D. C., diecisiete de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

El artículo 149-3 del CPACA, en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 —modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 5 de agosto de 2003—, asignan a esta Sección el conocimiento en única instancia de los procesos de nulidad contra actos de elección o de llamado de los senadores de la República.

En el caso en estudio, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, se demandó la nulidad del acto de 18 de julio de 2013 por medio del cual el presidente del Senado de la República llamó a Rodrigo Romero Hernández para ocupar la curul de la senadora Gilma Jiménez Gómez en representación del Partido Verde; por consiguiente, esta Sala es competente para conocer en única instancia del presente asunto.

2.2. Prueba del acto acusado.

A folio 39 obra copia auténtica del acto de llamamiento cuya nulidad se depreca.

2.3. Estudio de los cargos formulados por los demandantes.

Al examinar los argumentos expuestos por los demandantes, la Sala constata que, si bien se presentaron en forma separada, los cargos denominados: infracción en las normas en que debía fundarse [el acto acusado], falsa motivación y falta de competencia se soportan en el mismo supuesto referido a que, ante el deceso de la senadora Gilma Jiménez Gómez, la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia es la candidata no elegida del Partido Verde que obtuvo la mayor votación (9.459 votos), razón por la cual el llamado del presidente del Senado de la República debió recaer en ella y no en quien le seguía en forma descendente en la lista, Rodrigo Romero Hernández (9.419 votos).

Por lo dicho, se examinará, en primer lugar, de manera conjunta estos cargos, y luego se analizará el concerniente a la violación del debido proceso.

2.3.1. Acusan los demandantes el acto de llamamiento a ocupar la curul vacante ante la muerte de la senadora Gilma Jiménez Gómez de vulnerar el preámbulo y los artículos 2º, 3º, 40, 85, 107, 108, 134, 161 de la Constitución Política; 23 de la Convención americana de derechos humanos; 34 de la Ley 734 de 2002, 278 de la Ley 5ª de 1992 y la Ley 974 de 2005, por no haber recaído en la ciudadana Mercedes del Carmen Maturana Esquivia.

Precisado lo anterior, para el análisis de los cargos deberá la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿ante falta absoluta de un congresista, el llamado para suplirla debe realizarse con el candidato que, según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, corresponda a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente indistintamente de que este continúe o no como militante de la organización política que lo inscribió?

Para el examen de la censura, considera la Sala de la mayor importancia referirse a los siguientes hechos y elementos probatorios:

• Según lo certificado por el subsecretario del Consejo Nacional Electoral, revisada el acta de escrutinio general (E-26) de las elecciones para Congreso de la República del 14 de marzo de 2010, los resultados de las votaciones al Senado de la República por la lista del Partido Verde, que fue inscrita por el sistema de voto preferente, fueron los siguientes:(4)

“Votos solamente por la lista83.607
1. Gilma Jiménez Gómez207.799
2. Jorge Eduardo Londoño Ulloa81.749
3. Félix José Valera Ibáñez35.163
4. Jhon Sudarsky Rosecubaumm32.787
5. Iván Leonidas Name Vásquez10.188
6. Mercedes del Carmen Maturana9.459
7. Rodrigo Romero Hernández9.419

…” (fl. 85)

• Mediante Resolución 1787 de 18 de julio de 2010 el Consejo Nacional Electoral declaró elegidos como senadores de la República a los siguientes candidatos de la lista del Partido Verde: Gilma Jiménez Gómez, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Félix José Valera Ibáñez, Jhon Sudarsky Rosecubaumm y Iván Leonidas Name Vásquez (fls. 41 a 75).

• El 21 de mayo de 2013 la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia presentó renuncia como militante del Partido Verde en los siguientes términos:

“Yo Mercedes Maturana Esquivia, por medio del presente retiro formalmente la solicitud de aval que presentara ante ustedes en días pasados, con motivo de participar en las elecciones atípicas a la Alcaldía de Cartagena este 14 de julio (sic) próximo.

Aprovecho además para notificarles mi renuncia irrevocable como militante del Partido Verde por considerar que todo aquello que me unía ha desaparecido por completo. No siento democracia al interior del mismo, ni representación del liderazgo regional y por el contrario advierto un irrespetuoso centralismo que favorece intereses particulares y hechos fundamentados en el todo vale que no quiero seguir haciendo parte.

Por otra parte, exijo me sea entregada por escrito y de manera inmediata la constancia que ratifique lo antes solicitado, al igual que sea dado de baja mi nombre en la base de datos.

Hoy, día de la afrocolombianidad, me mantengo firme en mi lucha por la revindicaión (sic) de los derechos de las mujeres, los niños y los jóvenes de territorios afrodescendientes e indígenas, en especial a mi adorada Cartagena de Indias.

Mi renuncia no es a mis principios, ni a luchas… es simplemente que considero que el espacio para mi participación dentro del partido ya no existe” (fls. 108 y 111).

• Mediante comunicación de 27 de mayo de 2014 el secretario general del Partido Verde le informó a la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia que a partir de esa fecha le fue aceptada su renuncia como militante al Partido Verde:

“Respetada Mercedes Maturana, en atención a la carta de renuncia irrevocable como militante de nuestra colectividad radicada con fecha 20 de mayo y en atención al derecho que tienen los ciudadanos a pertenecer o no a un partido político, nos permitimos informarle que a partir de la fecha se acepta su renuncia, en atención a ello usted renuncia a sus derechos como militante de nuestra colectividad, así como el Partido Verde queda exonerado de cualquier responsabilidad de sus actuaciones como militante” (fl. 110).

• El 28 de mayo de 2013 la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia fue inscrita como candidata para la elección atípica a la Alcaldía del Distrito Turístico, Histórico y Cultural de Cartagena por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades MIO, según consta en el formulario E-6 AL (fl. 113).

• El 28 de junio de 2013 la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia presentó renuncia al Movimiento de Inclusión y Oportunidades MIO (fl. 77), dimisión que fue aceptada ese mismo día según lo afirmó la secretaria ejecutiva de la organización política (fl. 78).

• El 29 de junio de 2013, según consta en el registro civil de defunción 07486700, falleció la senadora Gilma Jiménez Gómez (fl. 84).

• El 5 de julio de 2013 la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia le solicitó al presidente del Senado de la República que la llame, en representación del Partido Verde, para ocupar la curul que quedó vacante con ocasión de la muerte de la senadora Gilma Jiménez Gómez (fls. 79 a 81).

• El 16 de julio de 2013 la Dirección Nacional del Partido Verde rechazó por unanimidad la solicitud de inscripción de Mercedes del Carmen Maturana Esquivia, según lo certificó el secretario de ese partido (fl. 109).

• Mediante Resolución 263 de 18 de julio de 2013 la mesa directiva del Senado de la República declaró la vacancia del cargo por falta absoluta de la senadora Gilma Jiménez Gómez.

• Mediante acto administrativo de 18 de julio de 2013 el presidente del Senado de la República manifestó:

“… en mi condición de presidente del Senado de la República, en los términos y facultades entregadas por la Constitución y la ley, especialmente con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política y en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 261 de la Constitución Política y 278 de la Ley 5ª de 1992, teniendo concepto jurídico del Consejo Nacional Electoral Radicado 02044 de 2013, me permito hacer llamamiento a ocupar curul del Senado de la República al señor Rodrigo Romero Hernández, teniendo en cuenta la vacancia generada en la falta absoluta de la honorable senadora Gilma Jiménez, perteneciente al Partido Verde, quien falleciere el pasado 29 de junio de 2013”.

Consideran los demandantes que a la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia, indistintamente de su dimisión al Partido Verde, le asistía el derecho a ser llamada para ocupar la curul que quedó vacante con ocasión del fallecimiento de la senadora Gilma Jiménez Gómez por expresa disposición de los artículos 134(5) y 261(6) de la Constitución Política (ambos modificados por el Acto Legislativo 01 de 2009, artículos 6º y 10 respectivamente), pues ella era la candidata no elegida de la lista presentada por el Partido Verde para la elección al Senado de la República con mayor número de votos.

En contraposición, el demandado, el presidente del Congreso de la República y el Ministerio Público consideran que para que surja el derecho a ser llamado el candidato no elegido debe seguir militando en la organización política que lo inscribió para el certamen electoral; de suyo, si ello no es así, como ocurrió en el caso en estudio, el llamado debe recaer en el candidato que siga en número de votos que sí milite en el partido en el momento que se presenta la falta absoluta.

Debe advertir la Sala que de conformidad con el principio de la unidad constitucional, que exige la interpretación del ordenamiento como un todo armónico y coherente, para el examen de los cargos no bastara la mera interpretación exegética de los artículos 134, 261 de la Constitución Política y 278 de la Ley 5ª de 1992.

En la reforma constitucional adoptada en el Acto Legislativo 01 de 2003 que tuvo como finalidad el fortalecimiento de los partidos políticos, quedó claro en la exposición de motivos que la misma se generaba por la crisis de legitimidad del sistema político colombiano, que afectaba grandemente el sistema de partidos, por el imperio de los caudillismos, la política al detal y la proliferación de las llamadas microempresas electorales, todo lo cual hacía necesario adoptar medidas que condujeran a partidos estables, organizados, disciplinados, enriquecidos con vigorosos mecanismos de democracia interna que les permitiera aumentar su capacidad de convocatoria(7).

Sobre la base de este diagnóstico, el proyecto de acto legislativo propuso un abanico de fórmulas para solucionar esos defectos del sistema, entre los cuáles se destacaban, además de la prohibición a la doble militancia de los ciudadanos en general: requisitos más exigentes para la creación de partidos, inclusión de las figuras del umbral y voto preferente, limitación del derecho de postulación, con la definición del máximo de candidatos o listas de cada partido o movimiento, y la posibilidad para el legislador de imponer requisitos para la inscripción de candidaturas o listas. Para favorecer el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos se incorporaron al sistema electoral figuras como el umbral. En síntesis, se le otorgó mayor preponderancia a las organizaciones políticas respecto de los individuos o candidatos.

Con esa misma teleología, el Acto Legislativo 01 de 2009 propendió por la defensa de las organizaciones políticas, en razón de ello, amplió el ámbito de la prohibición de doble militancia política, se le ordenó a los partidos y movimientos políticos organizarse democráticamente bajo los principios rectores de transparencia, objetividad, moralidad, equidad de género; se determinó que los directivos de las organizaciones políticas debían propiciar procesos de democratización interna y fortalecimiento del régimen de bancadas; se responsabiliza a los partidos y movimientos políticos por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos (elegidos o no) para cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el período al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad.

Esa tendencia se reflejó en el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2003 que creó el régimen de bancadas en los siguientes términos: “Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas”. Con el artículo 2º del Acto Legislativo 01 de 2009, se reiteró el propósito de que las organizaciones políticas actuaran en bancada, por ello, el sexto inciso del artículo 108 de la Constitución Política dispone: “Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas”.

Para cumplir con este mandato de acción fijado por la Carta, el legislador profirió la Ley 974 de 2005 “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones públicas y se adecúa el reglamento del Congreso al régimen de bancadas”, que en su artículo 1º definió las bancadas como “Los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de ciudadanos constituyen una bancada en la respectiva corporación”, así todos los miembros de una organización política que resultaron elegidos en representación de esta en una corporación conforman una bancada. El ser miembro de la bancada le impone el deber a quien detente la curul de ceñir su actuación a los lineamientos de la organización política, en razón a que “Los miembros de cada bancada actuarán en grupo y coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones al interior de las corporaciones públicas en todos los temas que los estatutos del respectivo partido o movimiento político no establezcan como de conciencia” (art. 2º).

Por otra parte, según los artículos 108, 109 y 263 de la Constitución Política, en consonancia con la Ley 130 de 1994 “Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”, tienen derecho a presentar listas de candidatos a elecciones populares los partidos y movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, con la posibilidad de que obtengan o conserven su personería jurídica dependiendo, entre otros requisitos, de los resultados que obtengan en los certámenes electorales.

De lo expuesto se tiene que son las organizaciones políticas (partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales) quienes presentan listas de candidatos; por ello, deben responder por los avales que otorgan; sus candidatos, una vez elegidos para una corporación pública —por regla general—, actúan conjuntamente en bancada en razón de su pertenencia a la organización política. Por lo anterior, y como lo ha concluido esta Sección, “las curules obtenidas por los partidos y movimientos políticos pertenecen a éstos y no a los candidatos”(8).

La conclusión anterior se explica, en gran medida, por el nuevo diseño constitucional que los actos legislativos 01 de 2003 y 01 de 2009 imprimieron a la actividad política, que sustituyó la práctica inveterada que consideraba que el poder político era conquistado por personas naturales, por la actualmente vigente según la cual son organizaciones como los partidos y movimientos políticos, y los grupos significativos de ciudadanos, quienes en su condición de personas jurídicas de derecho privado —para las dos primeras por supuesto— se alzan con el poder político.

Basta recordar los poderes disciplinarios que hoy por hoy el ordenamiento jurídico le confiere a los partidos y movimientos políticos frente a sus militantes que ocupan escaños en las corporaciones públicas de elección popular y que los obliga a actuar en bancada en la generalidad de los asuntos a su cargo. En efecto, anomalías que atenten contra la disciplina interna de los partidos pueden sancionarse por parte de estas agremiaciones mediante la imposición de sanciones como la pérdida del derecho al voto dentro de la corporación pública que se integra, e incluso la expulsión del partido o movimiento político (L. 974/2005, art. 4º).

Así, no existe la menor duda que las curules en las corporaciones públicas de elección popular son conquistadas por las organizaciones políticas y que si bien las personas naturales que las ocupan cumplen un papel preponderante en esos logros electorales, ello no basta para señalar que son estos y no aquellas quienes tienen un derecho intangible frente a esos escaños. Los poderes de veto y expulsión que ostentan los partidos y movimientos políticos refrendan la tesis de que el derecho subjetivo que adquieren los candidatos electos se subordina al derecho político fundamental que esas organizaciones tienen en tanto sirven como canales de comunicación entre la sociedad y sus militantes que integran los cuadros del poder político, para la materialización de sus ideales y desde luego para la búsqueda del bienestar general.

Ahora, si las curules son de las organizaciones políticas y los integrantes de una corporación pública están obligados a actuar en bancada junto con los demás miembros elegidos por el partido o movimiento político, no resulta coherente constitucionalmente que se llame a ocupar una curul, en representación de un partido político, a un candidato que ya no pertenece a dicha organización política. A lo anterior debe agregarse que “son las elecciones y no el llamado que hace la mesa directiva, las que generan la vocación del candidato no elegido a suplir la vacancia de quien resultó electo. Las elecciones, como es sabido, se hacen por la lista, no por un determinado nombre”(9).

En efecto, si bien en caso de listas que opten por voto preferente es el día de las elecciones que, dependiendo del número de votos de sus candidatos, se ordena la lista en forma descendente, no puede desconocerse que por expreso mandato constitucional “se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse”(10). Así, el hecho de participar en una elección en representación de una organización política no limita la libertad de los ciudadanos para que con posterioridad opten por retirarse ella, caso en el cual no es materialmente posible que la persona que ya no pertenezca al partido o movimiento continúe dentro de la lista de candidatos con vocación de representar en el futuro a dicha organización política en una corporación pública, ni de actuar, conjuntamente con los otros miembros, en bancada, pues con su dimisión ya no le serán aplicables los estatutos de la organización(11).

Además, como la militancia en un partido o movimiento político supone el ejercicio libre y legítimo del derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (C. P., art. 40), es claro que solamente la persona natural es quien decide si forma parte o no de una organización política, o si una vez matriculada en un partido o movimiento político se retira de él. La decisión de renunciar a esa membresía es una manifestación exclusiva del fuero interno de la persona, quien no puede ser coaccionada ni compelida a mantenerse en la colectividad.

La dimisión a una organización política, además de implicar la ruptura de los derechos y obligaciones derivados de sus estatutos, no supone, per se, la imposibilidad de regresar a ella. Esa posibilidad ya no dependerá exclusivamente de la voluntad de la persona interesada en retornar a las huestes del partido o movimiento político, dado que obviamente será la respectiva organización quien decida si la acoge o no, para lo cual deberá cuidarse de no incurrir en conductas contrarias al principio de igualdad o de rechazar la afiliación por razones que constituyan una clara discriminación.

Y si el partido o movimiento político de nuevo acoge a su antiguo militante, ello no implica que revivan las situaciones jurídicas que preexistían a la fecha en que se produjo el retiro de la colectividad, ya que su nueva vinculación lo pone en plano de igualdad con los demás integrantes de la organización. Es decir, que cualquier posibilidad de acceder al poder político en los cargos o corporaciones públicas de elección popular, e incluso en los cuadros directivos del partido que lo acoge, necesariamente supone el trámite regular que las normas jurídicas y estatutarias prescriben para los diferentes ejercicios democráticos.

Ahora, en el caso en estudio, son miembros del Partido Verde los simpatizantes y sus militantes. Son simpatizantes aquellas personas que se identifican con los principios del partido y militantes aquellas personas que inscriban voluntariamente su nombre ante la colectividad(12). Son militantes de la organización los nacionales colombianos por nacimiento o por adopción que manifiesten por escrito su voluntad de aceptar, cumplir y socializar sus principios éticos, la plataforma ideológica y los estatutos del partido e inscribirse en el sistema de identificación y registro de afiliados. Igualmente, para retirarse el afiliado tendrá que manifestar su voluntad por medio escrito ante algún órgano de dirección o administración del partido y este retiro debe quedar registrado en el sistema de identificación y registro de militantes(13).

Al presentar su renuncia el 21 de mayo de 2013 a los derechos como militante el Partido Verde, y al ser aceptada el 27 de mayo de esa anualidad, no hay duda de que, conforme con los estatutos de la organización política, Mercedes del Carmen Maturana Esquiva dejó de ser militante de dicho partido, razón por la cual dimitió a la posibilidad futura de representar a ese partido como integrante de la lista de candidatos que se presentó al Senado de la República para el periodo 2010-2014.

Al replantear su retiro, se afirmó que la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquiva, después de la muerte de la senadora Gilma Jiménez Gómez, solicitó de nuevo su afiliación como militante del Partido Verde; no obstante, el 16 de julio de 2013 la Dirección Nacional del Partido Verde rechazó por unanimidad la solicitud de inscripción en el sistema de identificación y registro de afiliados, según lo certificó el secretario de ese partido(14). Razón por la cual, desde su dimisión, Mercedes del Carmen Maturana Esquiva no volvió a ser militante del Partido Verde, y para la fecha en que se generó la vacancia por falta absoluta no era miembro de dicha organización política.

El acto de llamado tiene origen o fuente en los resultados electorales, pero no es el único aspecto que debe tenerse en consideración para su expedición conforme con las razones expuestas. Debe resaltarse que “el llamado desarrolla el mecanismo jurídico institucional previsto en la Constitución Política para complementar la voluntad de los electores quienes determinaron, en ejercicio de su derecho político al sufragio, el orden de elegibilidad de todos los integrantes de la lista de candidatos, tanto del elegido como de los demás”(15) pero a efecto de ocupar una curul en representación de un partido político y poder actuar en bancada, es indispensable que el candidato realmente pertenezca al partido titular de la curul, pues se insiste, las curules pertenecen a las organizaciones políticas y no a los candidatos de las listas que estas presenten.

Así pues, los cargos formulados por infracción en las normas en que debía fundarse el acto acusado, falsa motivación y falta de competencia no están llamados a prosperar, tal como también lo coligió el Ministerio Público ante esta instancia.

2.3.2. Aduce la demandante Mercedes del Carmen Maturana Esquivia que el llamado a ocupar la curul vulneró los artículos 29 de la Constitución Política y 37 del CPACA, pues previamente a la expedición del acto no se le dio la posibilidad de ejercer su derecho de audiencia y de defensa.

Tal censura no está llamada a prosperar por dos razones: i) como lo señaló el agente del Ministerio Público no existe norma que disponga que antes de hacer un llamado deba citarse a los candidatos de la lista o adelantarse algún procedimiento administrativo previo con su participación. El artículo 37 del CPACA no resulta aplicable a la situación en estudio porque la norma parte del supuesto de que cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, se les comunicará la existencia de la actuación, pero en este caso no existe persona con derecho que pueda resultar afectada, pues el acto de llamamiento, que se soporta en los resultados electorales y en la militancia del candidato a la organización política es el que hace viable la materialización del derecho; ii) la demandante, antes de la expedición del acto acusado, acudió al presidente del Senado de la República a efecto de hacer valer los derechos cuya titularidad reclama. En efecto, el 5 de julio de 2013 la señora Mercedes del Carmen Maturana Esquivia le solicitó al presidente del Senado de la República que la llame, en representación del Partido Verde, para ocupar la curul que quedó vacante con ocasión de la muerte de la senadora Gilma Jiménez Gómez (fls. 79 a 81), igualmente presentó petición para que se indicara las razones por las cuales no se la había notificado el acto de llamamiento en su favor (fls. 281 y 282). Así pues, es claro que antes de la expedición del acto acusado, la demandante acudió a la administración para exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales consideraba que el acto de llamado debía recaer en ella. Por lo dicho, este cargo no prospera.

Las anteriores razones son suficientes para concluir que el acto de llamamiento demandado no está viciado con fundamento en los cargos expuestos por los demandantes.

Por otro lado, se reconocerá personería a la abogada Juana María Montenegro Cantillo como apoderada del Senado de la República, de conformidad con el poder visible a folio 341 del expediente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIEGASE prosperidad a las pretensiones de las demandas de los procesos con radicados 2013-00040-00 y 2013-00041-00.

2. Reconocer personería a la abogada Juana María Montenegro Cantillo, como apoderada del Senado de la República, en los términos del de poder obrante a folio 341 del expediente.

Notifíquese y cúmplase».

(4) En ese mismo sentido obra certificación del director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fl. 83).

(5) Dice la norma:

“Los miembros de las corporaciones públicas de elección popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de nulidad de la elección, renuncia justificada, y aceptada por la respectiva corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una corporación pública decida presentarse por un partido distinto según lo planteado en el parágrafo transitorio 1º del artículo 107 de la Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

Como consecuencia de la regla general establecida en el presente artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferida orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido al que pertenezca el miembro de la corporación pública.

No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el exterior, relacionados con pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una corporación pública, para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) meses para la terminación del periodo.

PAR. TRANS.—El régimen de reemplazos establecido en el presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo”.

(6) Dice la norma:

“Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas o con voto preferente”.

(7) En este mismo sentido puede consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de septiembre de 2013, Radicado 54001-23-31-000-2012-00024-01.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 11 de junio de 2011, Radicado 11001-03-28-000-2010-00105-00.

(9) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 15 de mayo de 2001, Radicado AC-12300.

(10) Artículo 107, modificado por el artículo1º del Acto Legislativo 01 de 2009.

(11) Precisamente el artículo 4º de la Ley 974 de 2005 dispone: “Los partidos deberán establecer en sus estatutos las reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades distintas según se trate del cumplimiento de funciones legislativas, de control político o electorales, por parte de la respectiva corporación.

Asimismo, determinarán lo atinente a su régimen disciplinario interno. Podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, observando el debido proceso.

En todo caso la sanción deberá ser comunicada a la mesa directiva de la respectiva corporación, para que a través de ella se le dé cumplimiento, siempre que ello implique limitación de derechos congresuales.

Los estatutos de los partidos también contemplarán sanciones estrictas por la inasistencia reiterada a reuniones de bancada, las que podrán incluir la pérdida temporal del derecho al voto.

La inasistencia a las reuniones de las bancadas no excusará al ausente de actuar conforme a las decisiones adoptadas por las mismas, y si no lo hiciere así este quedará sujeto a las sanciones previstas por los estatutos del partido o movimiento político para la violación del régimen de bancadas.

En caso de la imposición de una sanción por un partido o movimiento a uno de sus miembros procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que se surtirá dentro del mismo partido y ante la instancia correspondiente que determine los estatutos.

El retiro voluntario de un miembro de corporación pública del partido o movimiento político o ciudadano en cuyo nombre se eligió, implica el incumplimiento del deber de constituir bancada, y como tal podrá sancionarse como una violación al régimen de bancada en los términos de la Constitución y la ley”.

(12) Artículos 8º y 9º de los estatutos del Partido Verde, folios 253 a 278.

(13) Artículo 7º Ibídem.

(14) Folio 109.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 2 de febrero de 2006, Radicado 25000-23-24-000-2004-01016-01(3870).