Sentencia 2013-00046 de septiembre 16 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 270011102000201300046 01 (11125-27)

Aprobado según acta de Sala 77

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá, D.C., dieciséis de septiembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO quien fungió como Juez Primero Civil Municipal de Quibdó contra la sentencia proferida en sede de primera instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo, a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

2. De la Calidad de Funcionario de la(sic) disciplinado.

Esta Colegiatura logró establecer que el doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, identificado con la cédula de ciudadanía 11.794.154 de Quibdó, fungió como Juez Primero Civil Municipal de Quibdó con la certificación número 305 del 18 de marzo de 2013, allegada por el Jefe del Área Administrativa de la Coordinación Judicial de Quibdó (fl. 56, c.o.)

2.1. De la falta endilgada.

El doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, en su condición de Juez Primero Civil Municipal de Quibdó fue hallado disciplinariamente responsable de infringir los deberes previstos en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, el artículo 91 numeral 1º de la Ley 715 de 2001, el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 513 y 684 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 9º y 134 de la Ley 100 de 1993.

LEY 270 DE 1996:

“ART. 153.—DEBERES. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”.

2.2. De la apelación.

Ahora bien, al tenor del parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (resaltado fuera del texto original).

2.3. Del caso concreto.

Según se vio en precedencia, la Sala Dual de instancia, endilgó responsabilidad disciplinaria el doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, en su calidad de Juez Primero Civil Municipal de Quibdó, por haber decretado las medidas de embargo y retención de los recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud, que pese CAPRECOM, EPS, en la cuenta maestra del régimen subsidiado, haciendo caso omiso a la normatividad y jurisprudencias emitidas con relación a la inembargabilidad de recursos públicos.

Frente a la sentencia proferida en su contra, el doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, sustentó únicamente el primer punto, los demás los dejó en forma enunciativa indicando que posteriormente allegaría escrito de sustentación el cual nunca se arrimó al expediente, por tanto solamente se tratará el primer punto de apelación así:

— Indicó que sus decisiones están sustentadas en el principio de independencia y autonomía judicial otorgada a los jueces y enunció la Sentencia de la Corte Constitucional T-120 de 2013.

Al respecto es menester recordar que el principio de autonomía judicial no puede traducirse en una suerte de autorización constitucional indiscriminada en virtud de la cual puedan realizarse conductas en el marco de un trámite jurisdiccional que rayen con la ilegalidad, exhiban claras muestras de arbitrariedad o carezcan de respaldo en la normatividad vigente.

En efecto, como lo demostró con suficiencia la Sala de primera instancia, la lectura que propone el juez sancionado de aquel principio superior desconoce el precedente sentado por esta colegiatura según el cual, si bien los jueces y juezas gozan de autonomía e independencia para el cumplimiento de sus labores, no por ello pueden desbordar los contornos de la legalidad y disfrutar de alguna suerte de inmunidad frente al control disciplinario.

Esta doctrina la comparte la máxima guardiana de la Constitución, al advertir que “la autonomía judicial no puede confundirse con la arbitrariedad judicial, de ahí que el juez debe adoptar sus decisiones dentro de los parámetros legales y constitucionales porque esa facultad no significa autorización para violar la Constitución” (Sent. T-766/2008).

Es claro para esta Superioridad que la orden dada por el doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, es decir el haber decretado las medidas de embargo y retención de los recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud, que posee CAPRECOM, EPS, (fls. 15 al 18, c.o.) en la cuenta maestra del régimen subsidiado, contravino la normatividad vigente en la materia, además que el funcionario judicial pretende justificar su decisión refiriendo la existencia de autonomía funcional en sus decisiones, además de aludir su responsabilidad, considerando que la parte actora dentro del procesos ejecutivo, era quien debía haber presentado un incidente de nulidad, o haberse defendido en debida forma, considerando que no concurrió de manera oportuna dentro de la acción ejecutiva, de otra parte que a las medidas cautelares se les dio el término de ley para objetarlas; de tal forma, considera que no existió irregularidad alguna al decidir la aplicación de la medida cautelar dentro del proceso ejecutivo singular que da cuenta la actuación, de igual forma su actuar se encontraba cobijada bajo el principio de la Autonomía Judicial.

Respecto al tema de la autonomía judicial esta Colegiatura indica que la Administración de Justicia presta un servicio a la sociedad, esencial e imprescindible, por tanto el incumplimiento de los deberes y obligaciones que lo constituyen afecta negativa y directamente su prestación, lesionando indiscutiblemente la imagen de la justicia, su credibilidad y eficacia, constituyendo descrédito para la misma, pues la afrenta no sólo es contra uno de los pilares del Estado Social de Derecho sino también, contra los usuarios de este servicio a quienes se les debe respeto y efectividad en el mismo, incluidas las Entidades que forman parte de la estructura del Estado; así las cosas, estos comportamientos son los que se le reprochan al funcionario judicial en el presente asunto dado que por su rango de Juez Civil Municipal de Quibdó - Chocó, se le exige el más estricto cumplimento de los deberes de lealtad, probidad y honestidad, que implica el acatamiento a los deberes determinados por la Constitución Política y las Leyes.

Respecto a la autonomía funcional, ha de precisarse que en relación con las decisiones judiciales fundamentadas con un razonamiento lógico, emitidas dentro del ámbito de la Constitución Política y la Ley, los funcionarios judiciales gozan del mencionado principio constitucional, es decir que la responsabilidad disciplinaria del Juez investigado no puede abarcar el campo funcional, esto es, el que corresponde a la autonomía en la interpretación y aplicación del derecho según las competencias que previamente le han sido atribuidas, pero corresponde a esta jurisdicción disciplinaria, revisar si las providencias proferidas por el funcionario judicial aparecen fundamentadas y legítimamente dictadas, con competencia y en ejercicio de las funciones propias conferidas por la Ley, dentro del trámite procesal respectivo y naturalmente con fundamento en el material probatorio aportado o recaudado en el proceso.

De forma similar, y a diferencia de lo insinuado por el juez Valoyes Pino, en la Sentencia SU-539 de 2012 la Corte Constitucional aclaró que la autonomía judicial no es absoluta y que de ninguna forma puede entenderse como una autorización al desconocimiento de las normas superiores. En palabras de aquella Corte:

“[L]a jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que la autonomía judicial en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta, pues sus límites se encuentran en el propio diseño constitucional(3). Así, el principio de autonomía e independencia judicial no supone que los jueces gozan de plena libertad para interpretar una norma según su parecer, al punto de desconocer con ello su sujeción a la Constitución. Por esto, ‘la función judicial, analizada desde la perspectiva del conjunto de atribuciones y potestades reconocidas por la ley a los órganos encargados de administrar justicia, tiene necesariamente que desarrollarse dentro del marco de la Constitución Política, como la única forma de garantizarle a los coasociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y de procurar hacer efectivo el propósito Superior de asegurar un orden político, económico y social justo’(4)” (resalta de la Sala).

En suma, resulta evidente e incontestable que “la autonomía de los jueces para interpretar la ley tiene como límite la arbitrariedad y la irrazonabilidad de sus respectivos resultados”(5).

Ahora bien, en el presente caso, el juez disciplinado pretende justificar su proceder en dicha autonomía. Sin embargo, lo que emerge de forma palmaria del expediente, es que abusó de sus facultades jurisdiccionales y decretó una serie de medidas cautelares en detrimento el erario público que adolecían de fundamento jurídico y que tuvieron por efecto lesionar el buen funcionamiento del Estado al nivel territorial.

Por lo que debe precisarse que si bien el funcionario judicial está amparado con el principio de autonomía funcional previsto en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, debe observarse que el último de estos artículos relacionados le impone al mismo que debe someterse únicamente a los criterios de la Ley y acudir a la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, como criterios auxiliares de la actividad judicial, veamos:

“ART. 230.—Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Por lo tanto y tal como lo afirmó la Sala de instancia, el funcionario investigado al ordenar dentro de proceso de marras el embargo y retención de los recursos del Sistema General de Participaciones, sector salud, que posee CAPRECOM, EPS, en la cuenta maestra del régimen subsidiado, el funcionario implicado desconoció el mandato legal consagrado en los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, el artículo 91 numeral 1º de la Ley 715 de 2001, el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 513 y 684 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 9º y 134 de la Ley 100 de 1993.

Por tal razón esta Colegiatura, CONFIRMARÁ la providencia proferida el 22 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, por la cual fue sancionado con SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TÉRMINO DE DOCE MESES al doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ por haber transgredido el deber consagrado el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al haber desconocido lo dispuesto por los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, el artículo 91 numeral 1º de la Ley 715 de 2001, el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 513 y 684 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 9º y 134 de la Ley 100 de 1993.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia proferida el 22 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Chocó, por la cual fue sancionado con SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL POR EL TÉRMINO DE DOCE MESES al doctor ARSENIO DE JESÚS VALOYES PINO, JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE QUIBDÓ por haber transgredido el deber consagrado el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, al haber desconocido lo dispuesto por los artículos 48 y 63 de la Constitución Política, el artículo 91, numeral 1º de la Ley 715 de 2001, el artículo 19 del Decreto 111 de 1996, los artículos 513 y 684 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 9º y 134 de la Ley 100 de 1993, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por Secretaría Judicial, notifíquese la presente decisión en los términos establecidos en el artículo 202 de la Ley 734 de 2002.

Una vez realizada la notificación, remítase la actuación al Consejo Seccional de origen, para los fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.»

3 Al respecto, en la Sentencia T-1031 de 2001, la Corte concluyó: “no puede sostenerse que la autonomía judicial equivalga a libertad absoluta de los jueces para interpretar el derecho. Por el contrario, de la Constitución surgen tres restricciones igualmente fuertes: el respeto por la corrección dentro del sistema jurídico y la realización de los principios, derechos y deberes constitucionales; la jurisprudencia de unificación dictada por las altas Cortes y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. Este criterio fue reiterado en la Sentencia T-260 de 2009.

4 Sentencia SU-1185 de 2001.

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-539 de 2012.