Sentencia 2013-00047/2013-0047 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. Interna: 2013 - 0047

Exp. Acumulado 11001-03-28-000-2013-00047-00 / 11001-03-28-000-2013-00056-00

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción de nulidad electoral - fallo de única instancia

Actor: Albeiro Adolfo Benítez Vargas

Demandado: Rafael Torrijos Rivera

Bogotá D.C., doce de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala tiene competencia para decidir, en única instancia, la demanda de nulidad electoral, en atención a la naturaleza jurídica de la Universidad de la Amazonía(8) y al Consejo Superior que profirió el acto acusado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º(9) del artículo 149 del CPACA y también, en lo preceptuado en el artículo 13-4 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999(10), modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003.

2. El acto acusado.

Lo constituye el “Acta de cierre de convocatoria elección representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia” de fecha 20 de agosto de 2013, por medio de la cual resultó electo representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia el señor Rafael Torrijos Rivera, para un período de tres (3) años, contados a partir del día de su posesión.

3. De la fijación del Litigio.

Se trata de definir:

1. “Si hay lugar A INAPLICAR la Convocatoria Electoral 3 del 31 de julio de 2013, expedido por el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia y la Resolución 1631 “Por la cual se convoca a la elección del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia” proferida el 2 de agosto de 2013 por el Rector de dicho ente Universitario. Alegan los demandantes que tales actos son contrarios a las normas legales y estatutarias, acusación que soportan en la falta de competencia de dichas autoridades universitarias para “crear un procedimiento” a efectos de llevar a cabo la elección del representante del sector productivo de la universidad, en tanto se “llamó a votar a quienes el Consejo Electoral consideró que podían hacerlo, y negó esta posibilidad a quienes no eran afectos a su candidato”.

2. Si existió violación de las normas superiores contenidas en los artículos 29, 40 y 209 de la Constitución Política y del estatuto electoral universitario, contenido en el Acuerdo 32 de 2009, en razón a que a juicio de los actores se les negó a algunas asociaciones la oportunidad de participar en el proceso eleccionario. La censura la sustentan en que: i) Se estableció un nuevo procedimiento relativo a determinar que a la “Asamblea de elección, solo podrían asistir en calidad de electores, los integrantes de las ternas que fueron debidamente conformadas en las secretarias de las sedes de los departamentos donde la Universidad de la Amazonía haga presencia y que hayan sido debidamente ratificados por el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonía” , ii) no se les permitió el ejercicio del recurso correspondientes a quienes no fueron habilitados para participar en la elección, iii) Se desconocieron los principios de igualdad, imparcialidad, voto secreto y publicidad del escrutinio, transparencia, publicidad y de legalidad establecidos en el estatuto electoral, que manifiestan son aplicables a “todos los procedimientos de elección de la Universidad de la Amazonía”, en específico, porque se omitieron los momentos procesales establecidos en el referido estatuto y se realizó la votación de manera pública y no mediante voto secreto, y iv) que la elección se adelantó sin la designación de jurados de votación, testigos electorales, no hubo computo ni escrutinios de votos, no hubo urna triclave ni clavero, no se permitieron reclamaciones frente a la validez de votos. Para resolver lo anterior, se examinará el argumento de defensa que planteó la Universidad de la Amazonía, relativo a la vigencia y aplicabilidad del Acuerdo 31 de 2010.

3. Si el trámite adelantado para la elección acusada vulneró la Ley 30 de 1992, los estatutos y el Código Electoral de la Universidad en razón a lo que denominan los demandantes “un veto en favor de la administración” y en contravía de los principios de igualdad, confianza y respeto mutuo.

4. Si hubo desviación de poder en la elección en razón a que se alega que la convocatoria se realizó de manera amañada para de esa manera garantizar y favorecer la perpetuidad de un grupo en la administración de la Universidad, para luego definir la elección del rector, y

5. Si el acto acusado está precedido de falsa motivación soportado en que el rector de la Universidad de la Amazonía carecía de competencia para expedir la Resolución 1631 del 2 de agosto de 2013, y “en ese sentido su vicio afecta la presunción de legalidad y ameritan su declaratoria de nulidad como del acto definitivo de elección”.

4. De la decisión.

4.1. De las pruebas que obran en el proceso.

Corresponde en primer lugar y con el fin de resolver sobre las censuras que constituyeron la fijación del litigio, examinar el material probatorio que se acompañó con las demandas acumuladas, la contestación por parte de la Universidad de la Amazonía y aquellas que con ocasión de decreto de pruebas se agregaron al expediente. Todo lo anterior a efectos de tener claridad si los actos previos que se dictaron con el propósito de realizar la elección que aquí se acusa, desconocen o contradicen normas de índole superior en las que deberían fundarse.

La Ley 30 de 1992, los estatutos de la universidad, el reglamento del Consejo Electoral y los actos emitidos con el fin de convocar a la elección del representante del sector productivo, constituyen los parámetros normativos a examinar para resolver, los siguientes:

• Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”.

ART. 64.—El consejo superior universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por: a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional. b) El gobernador, quien preside en las universidades departamentales. c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario. d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno DEL SECTOR PRODUCTIVO y un ex rector universitario. e) El rector de la institución con voz y sin voto. Parágrafo 1º En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador. PAR. 2º—Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades, elección y período de permanencia en el Consejo Superior, de los miembros contemplados en el literal d) del presente artículo.

Estatuto General de la Universidad de la Universidad de la Amazonía. Acuerdo 62 de noviembre 29 de 2002 “Por el cual se deroga el Acuerdo 064 de 1993, y se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonia”.

En relación con la composición(11) del Consejo Superior Universitario los Estatutos contemplan lo siguiente(12):

“ART. 24.—Conformación. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección de la Universidad de la Amazonía. Estará integrado por:

a) (...).

g) Un representante del sector productivo, quien deberá:

- Ser profesional universitario

- No estar incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad que establece la Ley.

- Ser elegido por los representantes nombrados en cada departamento donde tenga presencia la Universidad, en asamblea de los integrantes de las ternas presentadas por los respectivos sectores de la producción reconocidos legalmente, previa convocatoria pública del rector.”

Acuerdo 32 de 2009 “Por el cual se expide el estatuto electoral de la Universidad de la Amazonia”, dictado por el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia.

ART. 3º—El Sufragio. El sufragio es universal, directo, libre y secreto. Los demás actos electorales serán públicos. PAR.—El sufragio podrá ejercerse de manera directa, electrónica o por poder, cuando así lo disponga el Comité Electoral de la Universidad de la Amazonia.

ART. 4º—Autonomía de las autoridades electorales. Se garantiza la autonomía, independencia e imparcialidad de las autoridades electorales.

ART. 5º—Delimitación de las circunscripciones. En atención al tipo de elección o consulta, la autoridad electoral con antelación no menor a cinco (5) días hábiles a la realización de elecciones delimitará y publicará la lista de quienes tienen derecho a participar en las mismas, en los diferentes sitios de votación que se dispongan.

• Acuerdo 31 de 2010 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior Universitario y demás instancias de la institución”, proferido por el Consejo Superior Universitario.

“(...) Requisitos para las convocatorias electorales.

ART. 6º—Competencia y condiciones. La resolución de convocatoria en cada caso deberá ser expedida por el funcionario competente por lo menos con dos (2) meses de antelación a la fecha de vencimiento del período respectivo y en dicho acto administrativo se consignarán, las siguientes condiciones, que serán definidas por el Consejo Electoral de la Universidad mediante convocatoria electoral, conforme a la normatividad vigente:

Representación a proveer.

Requisitos

Período

Acto de inscripción de candidatos y fechas.

Organización y preparación.

Designación de jurados y escrutadores.

Fecha y lugar de la elección.

Expedición de listados. Mecanismos de escrutinio. Fecha de promulgación de resultados.

Notificación y nombramiento de elegidos.

Mecanismos de difusión.

PAR.—En el evento en que ocurra vacancia absoluta por causa distinta al vencimiento del período de alguno los miembros de representación se deberá realizar, dentro de los siguientes diez (10) días calendario, todo el proceso de elección y designación del representante que deba ocupar la representación vacante.

• Convocatoria electoral 3 “Por la cual el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia convoca a la elección del representantes del sector productivo”, expedida por el Consejo Nacional Electoral de la Universidad de la Amazonia.

En el artículo primero se solicitó que el Rector de la Universidad de la Amazonia convocara a dicha elección y fijó el siguiente calendario:

Inscripción de candidatosDel 5 al 15 de agosto de 2013
Elección del representante20 de agosto de 2013

Se estableció que la inscripción debía ser personal y acompañar como documentos, los siguientes:

1. Documento de identidad.

2. Documento que lo acredite como profesional universitario.

3. Aval por el sector productivo.

4. Formato de Inscripción diligenciado.

El procedimiento para la elección según el artículo tercero es el siguiente:

“Integradas las ternas de los candidatos aspirante a la representación convocada o conocidos los nombres de los aspirantes en donde no fue posible conformarlas, se procederá al desarrollo de la asamblea de elección del representante del sector productivo, que tendrá lugar en la sala de juntas de la rectoría, de manera exclusiva e improrrogable el día veinte (20) de agosto de 2013 en el horario comprendido entre las nueve de la mañana (09:00 AM) a las once de la mañana (11:00 AM) hora oficial colombiana.

Para tal efecto, se deberá tener en cuenta el sistema de votación directa y pública, y se tendrá como ganador al aspirante que alcance el mayor número de votos de las personas asistentes con derecho a voto. (...)”.

En los términos del artículo 4º “A la asamblea de elección, solo podrán asistir en calidad de electores, los integrantes de las ternas que fueron debidamente conformadas en las Secretarías de las Sedes de los Departamentos donde la Universidad de la Amazonía haga presencia y que hayan sido debidamente ratificadas por el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonía”.

• Resolución 1631 de 2013. Proferida por el Rector de la Universidad de la Amazonía “Por la cual se convoca a la elección del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía”.

Esta resolución desarrolla en siete artículos las normas que rigen la convocatoria, que en lo pertinente reitera los términos de la Convocatoria 3 de 2013.

Acta 6 del 16 de agosto de 2013, en la cual se registró la Reunión Extraordinaria del Consejo Electoral a efectos de llevar a cabo el análisis de los requisitos de los candidatos inscritos para la Convocatoria Electoral 3 de 2013. (fls. 167 - 180 C. ppal).

Acta de cierre de convocatoria “Elección representantes del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía”. En esta se registra el resultado que dio como vencedor al señor Rafael Torrijos Riveras con 31 votos(13).

En cuaderno de pruebas se encuentra el soporte de las inscripciones recibidas en las diferentes sedes de la universidad para la elección acusada.

4.2. Del caso concreto.

Verificada la normatividad aplicable y las pruebas necesarias para adoptar la decisión que corresponde procede la Sala a despachar las censuras objeto del litigio, así:

• Inaplicación por ilegalidad de la Convocatoria Electoral 3 de julio de 2013 y Resolución 1631 de 2013.

Es propósito de esta acción que previo a examinar la legalidad y la constitucionalidad del acto de elección se resuelva sobre la solicitud de inaplicación por la excepción de ilegalidad que el demandante propone en contra de los actos expedidos por el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia y el Rector de dicho Ente Universitario convocando a la elección de los representantes del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario.

Basa su solicitud en el hecho de considerar que contrarían las normas legales y estatutarias en cuanto a su juicio fijan un procedimiento no contemplado que dice y asegura, restringió la participación de algunas Asociaciones al fijar una ratificación no existente con el fin de inhabilitar en la participación, votación y elección de dicho representante, en pro de beneficiar la reelección del Rector de dicho ente universitario.

En cuanto a la solicitud de inaplicación de actos administrativos por la excepción de ilegalidad, de hallarla probada el juez procederá a no tomar en cuenta tales actos generales, a no considerarlos válidos jurídicamente para resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de otro acto particular que se examina y define.

Así, por medio de esta solicitud o vía excepción, se le permite al operador jurídico abstenerse de aplicar una norma por considerarla violatoria del ordenamiento superior, así no haya sido demandada ni declarada su nulidad y de esta manera impedir que el acto viciado de ilegalidad produzca efectos jurídicos en el caso concreto.

El origen de esta herramienta se encuentra previsto en el artículo 4º de la Carta Política, al señalar que: ”La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.

Por su parte el artículo 148 del CPACA(14) autoriza al juez vía control excepcional “inaplicar” con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la constitución y la ley.

Con tal precisión la Sala asumirá el análisis de la excepción planteada en contra de dichos actos generales de convocatoria que precedieron la elección que se acusa, en los términos de la fijación del litigio, respecto del cual se insiste no existió oposición por la parte demandante.

Ahora bien, de acuerdo con los señalamientos que se esbozaron con el propósito de hacer procedente la inaplicación por ilegalidad del Acuerdo 3 de 2013 y la Resolución 1621 de 2003, por las cuales se convoca a la elección del representante del sector productivo de la Universidad de la Amazonia ante el Consejo Superior, para la Sala es claro que las razones de su fundamento radican en meras apreciaciones y alegaciones carentes de real concreción que permitan evidenciar su contrariedad con las normas en que deberían fundarse pues estas no prohíben lo que tales actos generales preceptúan. A tal conclusión se llega porque:

Valorar el vicio de falta de competencia que se plantea en la demanda, como motivo para inaplicar los actos de convocatoria a las elecciones, impone que en primer lugar se precise que esta causal de anulación de los actos administrativos supone que “una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultada para ello y se configura la causal de nulidad cuando se desconoce cualquiera de los elementos que la componen, como, por ejemplo, cuando no se tiene atribución sustancial para la expedición de un acto jurídico (competencia material) o cuando este no puede dictarse sino dentro de determinada jurisdicción (competencia territorial) o cuando solo se cuenta con un tiempo determinado para su expedición (competencia temporal)”(15).

La alegación se soporta en que el Rector de la Universidad de la Amazonía carecía de facultad para fijar o señalar un procedimiento para la designación del representante del sector productivo, pues a su juicio este procedimiento está fuera de las potestades que en condición de rector le corresponde ejercer, en tanto estima que ello implica restricción de participantes en dicho proceso para favorecer su reelección.

Al respecto vale señalar que el Acuerdo 32 de 2009 “Estatuto electoral de la Universidad de la Amazonía”, determina que el propósito de la expedición de esta normativa es que las elecciones a cumplirse en dicho Ente se rijan por procedimientos prestablecidos. Así, el artículo 28 le concede la facultad al Rector de la Universidad para que convoque a elecciones y consultas, acorde con el calendario fijado por el Consejo Electoral de la Institución, que en este caso se produjo en la convocatoria 3 de 2013.

Esta potestad es reiterada en el Acuerdo 31 de 2010 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior Universitario y demás instancias de la institución” al prever que la elección del representante del sector productivo debe realizarse “previa convocatoria pública del rector”.

De esta manera es claro que el rector sí era el competente para convocar a tales elecciones.

Ahora bien, este Acuerdo 31 de 2010 reitera los requisitos a cumplir por parte de quienes se postulen como candidatos a ejercer como representantes al Consejo Superior Universitario y su periodo(16). Lo anterior de conformidad con las normas superiores en las que se basan, esto es, la Ley 30 de 1992 y los Estatutos Universitarios.

En esta medida, su artículo 6º, impone que en el acto de convocatoria de elección se consignen las condiciones bajo las que se regirá la designación. En este caso específico, los requisitos que deben cumplir los participantes.

Bajo esta consideración, determinarse que los integrantes de las ternas debidamente conformadas en las secretarias de las sedes de los departamentos donde la universidad tenga presencia, conformarán la asamblea que elegirá a los representantes del sector productivo, y establecer los requisitos que estos deben cumplir, no constituyen un gravamen o veto al ejercicio y participación de los interesados en la conformación del Consejo Superior de la Universidad, en calidad de representante del sector productivo, pues tal elección impone que esté regida por un procedimiento y la previa fijación de requisitos. Se trata pues de una actuación reglada.

Ahora, la ratificación de que habla el citado artículo 5º de la Resolución 1631 de 2013, por la cual el rector de la Uniamazonia convocó a las elecciones del representante del sector productivo ante el Consejo Superior, a la que se oponen los accionantes no es el mecanismo por medio del cual el Consejo Electoral en su potestad y competencia, corrobora y verifica la oportunidad de la inscripción y el cumplimiento de los requisitos que se le exigen al integrante de la terna de la que se elegirá a dicho.

Así que no resulta de recibo la excepción de ilegalidad planteada respecto de dichos actos - Convocatoria 3 de 2013 y Resolución 1631 de 2013 – pues carece de fundamento tal argumento de la falta de competencia predicable del rector de la Universidad y porque el sentido de la denominada ratificación es que los participantes en dicho trámite cumplan con los requisitos previamente fijados en los Estatutos Universitario y el Acuerdo 31 de 2010.

• En relación con la creación de un nuevo procedimiento para la oportunidad de participar en el proceso eleccionario.

Frente a esta censura huelga insistir en los anteriores argumentos en los que se determinó con claridad que la exigencia de la verificación del cumplimiento de los requisitos por parte de los elegidos como integrantes a las ternas de las cuales se elegirá al representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario, que realiza el Consejo Electoral es parte de sus competencias asignadas en su condición de autoridad electoral(17), pues le corresponde según el artículo 10 del Acuerdo 32 de 2009 “k. verificar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de los aspirantes y expedir los actos administrativos correspondientes dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha del cierre de inscripciones”.

De manera que el examen que el Consejo Electoral cumplió en la reunión del 16 de agosto de 2013, en la que analizó el cumplimiento de los requisitos por parte de los inscritos a la Convocatoria 3 de 2013 para la elección del representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario, obedeció al ejercicio de tal potestad, previamente asignada en la correspondiente convocatoria.

Luego entonces no es cierto que se hubiera creado un nuevo procedimiento y a tales reglas los participantes aceptaron acogerse al momento de registrar su inscripción.

Además es de precisarse que este procedimiento se encuentra previsto en el artículo 7º del Acuerdo 31 de 2010 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior del ente universitario, que dispone: “El Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonía establecerá las formas y procedimientos requeridos para que cada convocatoria de elección garantice la participación democrática de los estamentos de conformidad con las normas vigentes”.

Y es que los actores supeditan el argumento de falta de competencia que elevan frente al acto de Convocatoria 3 de 2013 y la Resolución 1631 de 2013 con incidencia en el acto de elección, al insistir que haber previsto un “procedimiento”, entendido como el método del cómo se procedería en el desarrollo del proceso electivo del representante del sector productivo, implicó que se excediera en el ejercicio de sus facultades, porque los requisitos se establecieron en los Estatutos de la Universidad y allí no se fijó una exclusión como la que se impone en tales actos.

Al respecto, para la Sala, este examen que la convocatoria denomina: “ratificación” frente a los inscritos y el cumplimiento de los requisitos por parte de estos, es una situación que no merece el reproche de invalidez que invocan los actores, pues era necesario que efectivamente las exigencias impuestas para el ejercicio de la representación se diera bajo el estricto estudio que estuvieran habilitados para participar. Así, la calificación de los sujetos participantes con intención de obtener dicha representación era una etapa necesaria para conformar las ternas que se presentarían en la Asamblea fijada como sistema para esta elección.

Un entendido diferente como el que proponen los actores permitiría que todos los inscritos quedaran validados para participar en la elección, independientemente de si tenían vocación para el ejercicio de este derecho, que está restringido, se insiste, a quienes integran un sector específico dentro de los departamentos en donde la Universidad de la Amazonía tiene presencia, y que requerían por esta calificación, un examen previo para validar su participación.

• De la obligatoriedad de notificar personalmente la inhabilitación de las asociaciones inscritas al proceso eleccionario y la imposibilidad de ejercitar los recursos contra tal decisión.

Los demandantes alegan que el Consejo Electoral inhabilitó concretamente a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos del Caquetá - Asociar, y otras dos asociaciones(18) y les impidió participar como electores en dicho proceso y que tal decisión se produjo sin que les hubiera sido notificada de manera personal, en los términos de los artículos 67 y 69 del CPACA.

Pues bien, al respecto ocurre que aunque en efecto la exclusión del proceso de convocatoria a elección les impidió continuar en este trámite eleccionario, tal determinación no estaba sometida a una notificación de carácter personal pues la forma de comunicar las decisiones dictadas con ocasión de la convocatoria, en los términos del artículo noveno del Acuerdo 31 de 2010, es mediante divulgación que se hace a través de la página web y la emisora universitaria, reglas que se observaron en este trámite y a las que está sometida.

Sumado a lo anterior, la Convocatoria 3 de 2013, determina en el artículo octavo que para garantizar el proceso democrático las decisiones se publicaran en la página web y se divulgaran por la Emisora de la Universidad y, que en todo caso, los procedimientos no previstos en esta se realizaran de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 32 de 2009(19).

Luego, el reclamo de que tales decisiones les fueran notificadas de manera personal desconocería las normas en esta materia, y constituirían oposición al ejercicio de la autonomía que rige la actividad universitaria en relación con la integración de sus órganos de dirección.

En similares términos se pronunció esta Sección en reciente sentencia:

“(...) En relación a este asunto, analizado el artículo 9º(20) del Acuerdo 31 de 2010(21) y la misma Convocatoria 5 de 2013, artículo 12(22), se advierte que en ambos actos al referirse a la necesidad de efectuar publicaciones estas se harán en la página web de la Universidad de la Amazonía por lo que resulta inadmisible aducir que la página web de la Universidad es un sitio que solo la institución conoce, pues como queda demostrado este medio de publicación - la página web de la universidad- fue anunciado como tal desde la misma convocatoria del proceso electoral, por lo que era de conocimiento público de los interesados”(23).

En todo caso, es de resaltar que no es cierto que no haya habido notificación a los participantes. La misma se cumplió en los términos previamente fijados por la convocatoria, y en esa medida no pueden desconocerse los efectos y la consecuencia que en virtud de esta comunicación vía web de la página oficial de La Universidad se realizó.

Ahora bien, la remisión que plantean los demandantes a la normativa del CPACA, desconocería que la convocatoria es un proceso público por el cual se cita a los interesados a participar en dicho trámite y al que los participantes se acogen. Es de resaltar que tal normativa para este proceso de carácter especial, constituye ley para las partes. Además, debe decirse que este proceso por sus características no es de carácter particular y, por lo mismo, no impone una notificación como la que reclaman los actores, pues se insiste, se rige por las normas de la convocatoria y aquellas a las que esta se refiere.

De esta manera, tampoco es aceptable que sustentado en la falta de notificación personal de la inhabilitación que determinó el Consejo Electoral frente a unas asociaciones participantes, se invoque que no se les permitió el ejercicio de los recursos en contra de tal determinación. Para la Sala, es evidente que no existe prueba que frente a tal decisión las asociaciones interesadas hubiesen planteado o elevado oposición alguna y que la autoridad electoral se haya negado a darles curso a sus reclamos.

Este hecho descarta de plano la acusación carente de soporte que endilgan los accionantes al trámite, pues a sabiendas de que el proceso eleccionario culminaba según cronograma establecido el 20 de agosto de 2013, solo hasta tal fecha y luego de ocurrida la elección concurrieron —únicamente en el caso de Asociar—, mediante el ejercicio del derecho de petición a solicitar explicación sobre las razones de su no ratificación, las cuales quedaron registradas en el acta de verificación de la reunión celebrada el 16 de agosto de 2013.

Valga recordar que en los términos del artículo 32 del Acuerdo 32 de 2009 contra los actos del Consejo Electoral de la Universidad procede el recurso de reposición, el cual debe presentarse por escrito. Así y, comoquiera que no existe en el expediente reclamo sobre la omisión de dicha autoridad de dar trámite a un recurso, que de paso y de manera evidente, no se ejercitó, pese a que así lo contempla la norma remisoria en los términos de la Convocatoria(24). Entonces, es improcedente aceptar el reclamo que en dicha sede se formuló con el propósito de cuestionar tal decisión, pues de lo acontecido en dicha revisión según consta al folio 373 del cuaderno de pruebas, el Consejo Electoral dio cuenta el 16 de agosto de 2013 a la comunidad en general, respecto de la revisión y la verificación de los requisitos de los inscritos a dicha convocatoria.

De hecho, se reitera que solo hasta el día en que se produjo la elección —20 de agosto de 2013— el presidente de una de las asociaciones inhabilitadas presentó en ejercicio del derecho de petición una solicitud a efectos de que se le explicara el porqué de los motivos de su exclusión, circunstancia que evidencia que no atacó en oportunidad tal decisión, teniendo la posibilidad de hacerlo, de acuerdo con las reglas que rigen las convocatorias a elección de estos estamentos de la universidad.

La omisión de ejercitar el recurso procedente en el que debió cuestionar la razón o motivo de su inhabilitación representa que a esta jurisdicción le esté vedado examinar sobre la clasificación que el Consejo Electoral le concedió a ASOCIAR para excluirla del trámite eleccionario, al estimar que no pertenecía al sector productivo que fue convocado con el fin de elegir su representante ante el Consejo Superior Universitario. Era necesario que tal oposición se hubiera alegado en la oportunidad prevista para el efecto ante la autoridad electoral y que esta se hubiera ratificado en su decisión, pues precisamente esta es la razón de ser los mecanismos de oposición con incidencia directa en la elección.

Así las cosas, no existe motivo para tener por probada las censuras alegadas.

• En relación con el veto de la participación y favorabilidad y perpetuidad al Rector de la Universidad y violación de la normas del Código Electoral

En la demanda los actores relacionan los principios que gobiernan la actividad electoral popular según lo dispone el artículo 1º(25) del Código Electoral. Dice que a través del presente tramite eleccionario se desconocieron tales principios porque asegura hubo un marcado intereses para favorecer con esta elección la perpetuidad y reelección del Rector de la Universidad.

Sobre el particular es del caso reiterar(26) que las normas del Código Electoral (D. 2241/86) no resultan aplicables a este trámite electoral, comoquiera que entratándose de estos procesos y dada la autonomía universitaria que se predica de dicho ente de educación superior, esta determinación supone y habilita a las universidades a darse sus propios reglamentos, en los términos del artículo 3º(27) de la Ley 30 de 1992.

Así, los entes universitarios pueden regirse por sus propias normas, dentro de los marcos constitucionales y legales y, estas debido a tal condición, deben respetarse por la comunidad universitaria, en tanto dicha autonomía se materializa, no solo en la capacidad para definir sus estatutos o reglamentos, sino en la elección de sus directivas.

Y fue precisamente bajo tal entendimiento que se observó el trámite eleccionario, del cual como ya se dijo no se advirtió veto alguno a los inscritos, como lo predican con insistencia los demandantes. Era necesario y obligatorio que el Consejo Electoral de la Universidad en desarrollo de las funciones que le están asignadas en los términos del artículo 10 del Acuerdo 32 de 2009, verificara el cumplimiento de los requisitos de los participantes y determinara quienes no se encontraban habilitados para integrar las ternas, lo que de ninguna manera implica que se esté restringiendo el derecho de acceso a estos cargos, pues previo a ello, necesariamente debe observarse por parte de los interesados en dicho proceso, los requisitos que su ejercicio impone. Precisamente fue este procedimiento el que se cumplió respecto de algunos inscritos que no compartieron la decisión de inhabilitación, de la que se insiste, no fue objeto del recurso pertinente.

Cabe resaltar que pese a que se alega en las demandas que se permitió la participación de “algunas asociaciones” que no habían renovado el registro mercantil, tal acusación carece de determinación y por este motivo, para la Sala es imposible adentrarse a un examen que no pasa de ser un simple comentario sin sustento ni explicación suficiente que amerite un pronunciamiento.

Este cargo por las razones expresadas, no prospera.

• Falsa motivación

Los accionantes aducen que el acto de elección está precedido de falsa motivación porque el Rector no tenía competencia para expedir la Resolución 1631 de 2013 “Por la cual se convoca a la elección del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia”, hecho que afecta de nulidad el acto de elección.

Debe precisarse que para probar la falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: i) que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; y ii) que la administración omitió tener en cuenta aquellos hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados, habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

Lo anterior impone que los hechos que fundamentan la decisión administrativa sean reales y en la medida en que las alegaciones, no se soportan en ninguna de las circunstancias precitadas, lo lógico es señalar que el cargo no se probó.

Además, la Sala advierte que los argumentos que sustentan la censura que se plantea en realidad se circunscriben a un vicio diferente del que se invoca, pues las explicaciones dan cuenta de una presunta incompetencia del Rector al expedir la Resolución 1631 de 2013, y que no se identifica con el concepto de la falsa motivación. Por este motivo, no hay lugar al examen de esta censura bajo la determinación de las explicaciones del cargo aquí alegado.

Además, respecto de tal señalamiento —la incompetencia— la Sala se manifestó al resolver sobre la excepción de ilegalidad planteada. Por ello, se impone reiterar que en los términos del artículo 28 del Acuerdo 32 de 2009, le compete al Rector “convocar a las elecciones y consultas acorde con el calendario electoral aprobado por el Consejo Electoral de la Institución”, actuación que precisamente se cumplió en los términos dispuestos por la Convocatoria 3 de 2013, expedida por el Consejo Electoral.

En relación con la alegación de que el tiempo para entender la Resolución 1631 de 2013 fue insuficiente, carece de argumento jurídico válido porque los actos administrativos tienen efectos a partir de su publicación, comunicación o notificación en los términos de los artículos 65 y s.s. del CPACA, según el caso y no es necesario como lo reclama el actor, que exista un período de asimilación del contenido normativo, pues ello desvirtuaría los atributos de firmeza y ejecutividad de los que están investidos.

• Desviación de poder

De la manera como fue sustentado este motivo de nulidad del acto, esto es, atribuyéndole que el procedimiento adelantado estuvo precedido de actitudes “amañadas” o “maniobras audaces” dirigidas a lograr la reelección del rector, para la Sala esta argumentación no pasa de ser un comentario que no logró acreditarse. En esa medida, no es posible que la Sala advierta la presencia de ninguno de estos vicios.

Esta Sala(28) ha dicho que para que se estructure el vicio por desviación de poder se requiere que:

“(...) la administración, al utilizar sus poderes, actúe pretendiendo alcanzar un fin diverso al que en derecho le corresponde de manera general, o de manera particular como autoridad específica frente a tal atribución. El iter desviatorio de este vicio se produce en el interior, no propiamente de la Administración, sino de las personas naturales que la representen, razón que hace que su estudio y su juzgamiento deban penetrar las barreras de lo objetivo o formal y situarse en la esfera volitiva de la autoridad, en la subjetividad del autor del acto. El desvío del poder no puede entonces presumirse, sino que es preciso que se demuestre, al menos con indicios que permitan deducirlo, que a pesar de la apariencia de legalidad del acto, este fue utilizado por la autoridad que lo produjo como un medio para buscar una finalidad que contraría la constitución o la ley, porque no corresponde al objetivo que se pretendió por el legislador al conceder la atribución de la que goza ese servidor público o cuerpo colegiado del Estado” (…).

En el presente caso, la acusación no pasó de ser una mera manifestación y en esa medida, no es claro que esté demostrada la desviación de poder, pues no puede considerarse que se incurrió en esta por la votación que obtuvo el elegido, que le permitió ser designado para dicho cargo, por cuanto se inhabilitaron a algunas asociaciones que se presentaron al proceso eleccionario.

• Vigencia del Acuerdo 31 de 2010

Es del caso que la Sala se pronuncie sobre el argumento de defensa que planteó la Universidad de la Amazonía frente a la aplicación preferente del Acuerdo 31 de 2010, sobre el Acuerdo 32 de 2009 tantas veces citados, y según quedó evidenciada en la audiencia inicial al fijar el litigio.

En relación con el tema quedó claro que tales acuerdos se encuentran vigentes y regulan aspectos diferentes, que si bien se complementan, es el Acuerdo 31 de 2010 el que regula lo que corresponde con la elección de los miembros que integran el Consejo Superior Universitario, luego en los aspectos analizados es claro que tales acuerdos producen plenos efectos y deben aplicarse en la medida en que se encuentran amparados por la presunción de legalidad.

En todo caso, no sobra reiterar lo dicho por esta Sección en relación con la vigencia y aplicación de tales acuerdos:

“Reitera la Sala que es el Acuerdo 31 de 2010 el que regula de las elecciones de los Representantes ante el Consejo Superior Universitario y no como lo quiere hacer ver el actor el del Acuerdo 32 de 2009, pues esta última es el Estatuto Electoral de la universidad de la Amazonía que tiene carácter general mientras que como ya se explicó en citado Acuerdo 31 es la norma especial que rige para las elecciones ya descritas”(29).

• De la presunta ilegalidad por haberse emitido el voto de los electores de manera pública.

Finalmente corresponde a la Sala pronunciarse frente a este cargo respecto del cual los accionantes estiman que afecta de nulidad el acto acusado porque al ejercerse el derecho al voto, la expresión y su sentido no fue secreta.

Para resolver lo pertinente es del caso resaltar que de acuerdo con las reglas de la Convocatoria 3 de 2013 el sistema a emplearse en este proceso eleccionario era el de “la votación directa y pública”.

Ahora bien, aunque los demandantes no plantean propiamente una excepción de ilegalidad respecto de este aspecto, si consideran que dicha Convocatoria y la Resolución 1631 de 2013, desconocen el principio “del secreto de voto”(30), contemplado en disposiciones de orden superior.

Así, el examen de esta censura radicará en el análisis de lo dispuesto por los acuerdos 32 de 2009 “Por el cual se expide el Estatuto Electoral de la Universidad de la Amazonía” y 31 de 2010 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior Universitario y demás instancias de la institución”. Las normas en comento prevén lo siguiente:

• Acuerdo 32 de 2009.

“ART. 2º—Principios. La Universidad de la Amazonia garantizará plenamente el derecho de cada uno de los miembros de la comunidad a participar en las votaciones que se realicen de conformidad con el presente Estatuto. Durante los procesos electorales toda comunidad de la Universidad de la Amazonía respetará los siguientes principios:

(...) .

c) Principio del secreto de voto y de la publicidad del escrutinio. El voto es secreto y las autoridades electorales deben garantizar que cada elector pueda ejercer este derecho sin revelar sus preferencias. El conteo de los votos, los escrutinios y demás actos de las autoridades electorales son públicos y están regidos por las regidos por las reglas señaladas en este Estatuto.”

• Acuerdo 31 de 2010.

“ART. 2º—Principios. Para efectos del presente acuerdo, los principios que orientan el proceso electoral de la Universidad de la Amazonía son los consagrados en el Estatuto Electoral Acuerdo 32 de 2009, artículo 2º”.

Tales disposiciones de orden superior imponen que se observe como parámetro que rige los procesos electorales llevados a cabo en la Universidad, bien de manera directa o por consulta estamentaria(31) y en las demás que se convoquen a las autoridades de la Universidad con tal propósito, que la expresión del voto sea manifestada de manera secreta.

El voto es entendido como aquella manifestación libre que en ejercicio del derecho de participación en la conformación y ejercicio del poder, ejerce quien se encuentra legitimado para expresar su respaldo o apoyo ante una determinada opción, formula o candidato, postulado a un cargo o a una dignidad.

La exigencia de que la expresión del voto por el elector pueda hacerse sin revelar sus preferencias, es determinante para la validez de un proceso electoral. Así, cuando esta regla se infringe, esto es, se da a conocer el sentido del voto, se afecta de nulidad la elección.

Tiene por propósito evitar que quien sufraga sea objeto de interferencias en su decisión e incluso de presiones, al entrever sus preferencias, conocimiento que además pueden obstaculizar la libertad que caracteriza al voto.

Descendiendo al caso bajo examen se tiene que según acta de asamblea de elección del representante del sector productivo, se llamó a lista a las personas que fueron habilitadas para participar en la asamblea de elección y que luego de la instalación de la asamblea y de la postulación de candidatos, se realizó el siguiente procedimiento:

“El Secretario general Juan Carlos Galindo Alvarado, proyecta en la pantalla de la sala de juntas, los nombres de los dos candidatos postulados para ejercer como representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía, para que de forma pública indiquen su intención de voto.

De acuerdo con el resultado de los votos obtenidos, el candidato Rafael Torrijos Rivera, inscrito por parte del Comité departamental de ganaderos obtuvo 31 votos a su favor y el candidato Ismael Dussan Huaca de la Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho del Caquetá “Asoheca” obtuvo 8 votos a su favor, por lo tanto, el Candidato electo para ejercer como Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía, es el señor Rafael Torrijos Rivera”

Del desarrollo y registro de lo acaecido en la asamblea de elecciones y de lo dispuesto en la Convocatoria 3 de 2013 y la Resolución 1631 de 2013, se tiene que la votación se cumplió de manera pública en oposición entonces, al principio de “voto secreto”. Y comoquiera que el procedimiento fue utilizado por todos los participantes habilitados quienes expresaron a viva voz su voto por uno de los candidatos, el total de los votos que se registraron se consideran nulos en tanto desatendieron la regla que rige para estas elecciones y que obligaba a que la elección acusada se produjera por votación efectuada de manera secreta.

Como ello no ocurrió así y se reveló el sentido del voto de los participantes, el acto de elección carecer de validez por infringir los artículos 2º del Acuerdo 32 de 2009 y 2º del Acuerdo 31 de 2010.

Para adoptar esta determinación de oficio, la Sala inaplica la Sala de manera oficiosa inaplica por ilegal la expresión “sistema de votación directa y pública” contenida en el artículo 3º de la Convocatoria Electoral 3 de 2013 y en el artículo 5º de la Resolución 1631 de 2013, por ser opuestas y contrariar los artículos 2º del Acuerdo 32 de 2009 y 2º del Acuerdo 31 de 2010, normas de jerarquía superior a las que debían estarse.

Así las cosas, y recapitulando, la Sala procederá a declarar la nulidad del acto de elección al haberse encontrado probado este último cargo objeto de examen.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. INAPLICAR de manera oficiosa por la excepción de ilegalidad la expresión “sistema de votación directa y pública” contenida en el artículo 3º de la Convocatoria Electoral 3 de 2013 “Por la cual el Consejo Electoral de la Universidad de la Amazonia convoca a la elección del representantes del Sector Productivo” y en el artículo 5º de la Resolución 1631 de 2013 “Por la cual se convoca a la elección del Representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía”, por oposición e infracción de los artículos 2º del Acuerdo 32 de 2009 y 2º del Acuerdo 31 de 2010, normas superiores a las que debían sujetarse. Lo anterior, por las razones expuestas en esta providencia.

2. DECLARAR LA NULIDAD del “Acta de cierre de Convocatoria elección representante del Sector Productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia” de fecha 20 de agosto de 2013, por medio de la cual se eligió representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonia al señor Rafael Torrijos Rivera, por lo expuesto en este proveído.

3. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

8 Ley 60 de 1982 “Por la cual la Regional Florencia de la Universidad Surcolombiana, se transforma en la Universidad de la Amazonia” (...) Artículo 2. De la naturaleza jurídica y el domicilio. La Universidad de la Amazonia, es una institución de educación superior creada como establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional con domicilio en la ciudad de Florencia, capital del departamento del Caquetá.
La Universidad de la Amazonia podrá establecer dependencias seccionales, en los lugares de la Amazonia Colombiana cuyas necesidades de desarrollo así lo exijan.

9 ART. 149.—Competencia del consejo de estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
4. De la nulidad de los actos de elección expedidos por el Congreso de la República, sus Cámaras y sus Comisiones, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la junta directiva o consejo directivo de los entes autónomos del orden nacional y las comisiones de regulación.”

10 Por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo de Estado.

11 Durante el proceso eleccionario este norma aún no había sido objeto de suspensión provisional.

12 Debe precisarse que esta norma fue objeto de suspensión provisional por esta corporación en virtud de la demanda impetrada por el ciudadano Eduardo Andrés Gómez Rodríguez en ejercicio del medio de control de nulidad presentó demanda contra el artículo 24 del Acuerdo 62 de 2002, “Por medio del cual se deroga el Acuerdo 064 de 1993 y se adopta el Estatuto General de la Universidad de la Amazonía”. La demanda le correspondió por reparto al Despacho que conduce la Consejera de Estado, dra. María Elizabeth García González quien por auto de ponente de fecha 6 de agosto de 2013, dispuso decretar la suspensión provisional de la disposición cuestionada. Tal decisión se notificó por estado del 13/09/2013. Contra tal decisión, la entidad demandada ejerció recurso de súplica, que fue decidido por auto del 7 de abril de 2014, en el sentido de confirmar la suspensión decretada. Esta providencia se notificó por estado fijado el 09/06/2014.

13 Folio 181 del cuaderno ppal.

14 ART. 148.—Control por vía de excepción. En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, inaplicar con efectos interpartes los actos administrativos cuando vulneren la Constitución Política o la ley.
La decisión consistente en inaplicar un acto administrativo solo producirá efectos en relación con el proceso dentro del cual se adopte.

15 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección B. C.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante. Sentencia del 19 de junio de 2008. Radicación 25000-23-25-000-2000-02814-01(0316-05). Actor: Fernando Salamanca Archila.

16 Artículo 3º.

17 Artículo 7º del Acuerdo 32 de 2009

18 Asoviaproagro y Asomuocar.

19 Artículo 10 de la Convocatoria Electoral 3 de 2013.

20 “Difusión. Para garantizar la transparencia de los procesos democráticos en la elección de los representantes que se convocan, la convocatoria se publicará y divulgará a través de la página web y la emisora de la Universidad”.

21 “Por el cual se expide el reglamento que determina el proceso de integración, designación y elección de los representantes ante el Consejo Superior Universitario y demás instancia de la institución”

22 “Publicidad. Para garantizar la transparencia del proceso democrático que por este acto se convoca se deberá (…) publicar en la página web y en las carteleras de la institución…”

23 Consejo de Estado- Sección Quinta, Sentencia del 4 de diciembre de 2014. Exp. 110010328000201400006 00. Consejera Ponente. Dra. Luccy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

24 Según el artículo noveno de la Convocatoria Electoral 3 de 2013.

25 “ART. 1º—El objeto de este código es perfeccionar el proceso y la organización electorales para asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo exacto de los resultados de la voluntad del elector expresada en las urnas.
En consecuencia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral y, en general, todos los funcionarios de la organización electoral del país, en la interpretación y aplicación de las leyes, tendrán en cuenta los siguientes principios orientadores:
1. Principio de la imparcialidad. Ningún partido o grupo político podrá derivar ventaja sobre los demás en la obtención de la cédula de ciudadanía para sus afiliados, ni en la formación de los censos electorales, ni en las votaciones y escrutinios; y sus regulaciones garantizarán la plena responsabilidad y la imparcialidad política de los funcionarios adscritos a ella.
Este principio constituye la norma de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales.
2. Principio del secreto del voto y de la publicidad del escrutinio.
El voto es secreto y las autoridades deben garantizar el derecho que tiene cada ciudadano de votar libremente sin revelar sus preferencias.
El escrutinio es público, según las reglas señaladas por este código y las demás disposiciones electorales.
3. Principio de la eficacia del voto. Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector.
4. Principio de la capacidad electoral. Todo ciudadano puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que le límite su derecho. En consecuencia, las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son de interpretación restringida.
5. Principio de la proporcionalidad. Dentro del marco del sistema del cuociente electoral, las corporaciones escrutadoras asegurarán la representación proporcional de los partidos y grupos políticos expresada en las urnas, conforme al artículo 172 de la Constitución Nacional.”

26 Consejo de Estado - Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2014. Acción de nulidad electoral. Radicación Interna: 2014 - 0016. Actor: Henry Alexander Cortés Cubillos. Demandado: Leónidas Rico Martínez. C.P. Susana Buitrago Valencia.

27 ART. 3º—El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior.

28 Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta C.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 15 de julio de 2010. Radicación 11001-03-28-000-2009-00009-00. Actor: María Claudia Pavajeau Urbina y otro. Demandado: Notaria 46 del Círculo de Bogotá.

29 Consejo de Estado- Sección Quinta, Sentencia del 4 de diciembre de 2014. Exp. 110010328000201400006 00. Consejera Ponente. Dra. Luccy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

30 Artículo 2º del Acuerdo 32 de 2009, reiterado en el artículo 2º del Acuerdo 31 de 2010.

31 Artículo 1º del Acuerdo 32 de 2009.