Sentencia 2013-00047/4132-2014 de abril 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., seis de abril de dos mil diecisiete.

Rad. 520012333000201300047 01

Número interno: 4132 – 2014

Demandante: Maria del Socorro Botina López

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Asunto: Pensión gracia

Segunda Instancia – Ley 1437 de 2011

EXTRACTOS: «1. Consideraciones

1.1. Problema jurídico por resolver.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de definir si la Resolución UGM 033288 del 15 de febrero de 2012, expedida por la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a la señora María del Socorro Botina López, fue expedida infringiendo las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.

1.2. Hechos probados.

Mediante Decreto 042 del 30 de junio de 2010, el Alcalde municipal de Buesaco (Nariño), aclaró y ratificó con base a la prueba sumarial recolectada, el nombramiento de la señora María del Rosario Botina López, como profesora municipal en la Escuela rural de la vereda Sumapaz, según Decreto 04 del 7 de septiembre de 1980, por haberse extraviado el acto administrativo de nombramiento del archivo municipal (fls. 27-29).

Por Decreto 035 del 25 de noviembre de 1994 expedido por la alcaldía de Buesaco, se da por terminado las órdenes de prestación servicio, en consideración a que la Ley 60 de 1993, estableció la incorporación de los docentes vinculados por contrato a los servicios educativos estatales, dentro de los cuales se encuentra la señora María del Socorro Botina López (ff. 51 - 53).

A través del Decreto 130 del 26 de noviembre de 1994, el alcalde municipal de Buesaco (Nariño), nombró en propiedad a la demandante como docente incorporado a la escuela de Villamoreno, teniendo en cuenta que mediante Acta 008 del 1º de octubre de 1994, la “junta administradora del FER de Nariño, hace entrega al alcalde del municipio de Buesaco, de los docentes contratados, convertidos a tiempo completo.” (fls. 48-50)

El fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio – secretaría de educación y cultura departamental de Nariño, mediante formato único para la expedición de certificación de historia laboral consecutivo 821 del 9 de abril de 2012 (fls. 54-55), certificó que la demandante como docente de primaria en propiedad, ingreso el 1º de octubre de 1994, a la escuela de Villamoreno en el municipio de Buesaco, trasladada el 25 de marzo de 2003 a la escuela Pio XII y el 25 de agosto de 2003 al centro educativo San Felipe de Higuerones. Allí se dejó consignado que:

“Revisada la H.V. del docente se verificó que su régimen de vinculación es de tipo municipal. Recursos Propios, por cuanto el formato se encuentra estandarizado a nivel nacional por el MEN y la Fiduprevisora (Valido para prestaciones)” (Subrayado y resaltado fuera de texto)

El Alcalde municipal de Buesaco (Nariño), en certificación de fecha 14 de mayo de 2011, obrante a folio 26 del expediente, manifestó que la demandante prestó sus servicios, bajo las siguientes condiciones:

“1. Entre el 7 de septiembre de 1980 hasta el 30 de junio de 1982 estuvo vinculada mediante relación legal y reglamentaria.

2. Entre el 20 de agosto de 1982 a septiembre 30 de 1994, contrato administrativo

3. Finalmente por Decreto 130 de noviembre 25 (sic) de 1994 fue incorporada a la planta municipal como docente nacionalizada y permanece en tal condición hasta la presente fecha”.

A folio 25 del expediente, obra copia de registro civil de nacimiento de la demandante, en el cual se observa que nació el 25 de noviembre de 1960, es decir para la fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, 16 de febrero de 2011, contaba con más de 50 años de edad.

El Alcalde municipal de Buesaco junto con el jefe de archivo municipal, en oficio visible a folios 63 a 64 del expediente, certifican que la señora Botina López, prestó sus servicios al magisterio como profesora municipal, así:

AñoInstitucionTiempo
1980 Escuela Sumapaz. Nombrada mediante Decreto 04 de 1980 A partir del 7 de septiembre de 1980
1981Escuela Sumapaz. Nombrada mediante Decreto 045 de 1981 A partir del 7 de septiembre de 1981
1982Escuela Santamaría. Nombrada mediante Decreto 013 de 1982A partir del 30 de enero de 1982 al 30 de junio de 1982
1982Escuela María Inmaculada (en comisión) mediante contrato 65 de 1982A partir del 20 de agosto de 1982 al 30 de junio de 1983
1983Escuela Rural Alto Higuerones mediante contrato 033 de 1983A partir del 1º de septiembre de 1983 al 30 de junio de 1984
1984Escuela Rural Alto Higuerones mediante contrato 020 de 1984A partir del 1º de septiembre de 1984 al 30 de junio de 1985
1985Escuela Alto Higuerones mediante contrato 036 de 1985A partir del 1º de septiembre de 1985 al 30 de junio de 1986
1986Escuela Las Cochitas Ortega mediante contrato 049 de 1986A partir del 1º de septiembre de 1986 al 30 de junio de 1987
1987Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 012 de 1987A partir del 1º de septiembre de 1987 al 30 de junio de 1988
1988Escuela Mixta Ortega Las Cochas mediante contrato 0047 de 1988A partir del 1º de septiembre de 1988 al 30 de junio de 1989
1989Escuela Mixta Ortega Las Cochas mediante contrato 0022 de 1989A partir del 1º de septiembre de 1989 al 30 de junio de 1990
1990Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 003 de 1990A partir del 1º de septiembre de 1990 al 30 de junio de 1991
1991Escuela Ortega Las Cochas mediante contrato 089 de 1991A partir del 1º de septiembre de 1991 al 31 de diciembre de 1991
1992Escuela Villamoreno mediante contrato 013 de 1992A partir del 1º de enero de 1992 al 30 de junio de 1992
1992Escuela Villamoreno mediante contrato 001 de 1992A partir del 7 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 1992
1993Escuela Villamoreno mediante contrato 002 de 1993A partir del 1º de enero de 1993 al 30 de junio de 1993
1993Escuela Villamoreno mediante contrato 002 de 1993A partir del 1º de septiembre de 1993 al 30 de junio de 1994
1994Escuela Villamoreno mediante orden de servicios 002 de 1994A partir del 1º de enero de 1994 al 30 de junio de 1994
1994Escuela Villamoreno mediante orden de servicios 002 de 1994A partir del 1º de septiembre de 1994 al 30 de septiembre de 1994

Da cuenta de lo anterior, las pruebas allegadas por el municipio de Buesaco (Nariño), visibles a folio 362 a 392 del expediente, en las cuales se allegó los contratos de prestación de servicios referidos.

Por Decreto 0754 del 19 de mayo de 2004, el gobernador de Nariño, le asignó las funciones de directora del centro educativo San Felipe de Higuerones en el municipio de Buesaco a la señora María del Socorro Botina López (f. 343).

El gobernador del departamento de Nariño, mediante Decreto 2060 del 26 de diciembre de 2007, incorporó sin solución de continuidad en la nueva planta de cargos aprobada y viabilizada por el Ministerio de Educación Nacional a la demandante como docente en propiedad, con cargo a los recursos del sistema general de participaciones (fls. 334 a 337), cargo del cual tomó posesión el 13 de junio de 2008 de acuerdo al acta de incorporación visible a folio 338 del expediente.

El apoderado judicial de la demandante, radicó ante la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en liquidación, el 16 de febrero de 2011, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación, con fundamento en lo establecido en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 (fls. 58-60).

La Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E. en liquidación, mediante Resolución UGM 033288 del 15 de febrero de 2012, negó el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la señora Botina López, en la cual argumentó su decisión en que no se señaló tipo de vinculación (entre el 7 de septiembre de 1980 al 30 de junio de 1982), los servicios fueron prestados mediante contrato u órdenes de prestación de servicio (entre el 1º de septiembre de 1983 al 30 de septiembre de 1994) y existe inconsistencia en los certificados respecto a la clase de vinculación (fls. 18-23).

A folio 56 del expediente, obra certificado de salarios, expedido por la Secretaría de Educación de Nariño, en la cual se observa que la demandante adscrita al centro educativo San Felipe de Higuerones, devengó entre los años 2009-2010, el salario, la prima de vacaciones y la prima de navidad.

1.3. Análisis de la Sala.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. A su vez, el numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, prescribía que para ser acreedor a la gracia de la pensión, era preciso que el interesado, entre otras cosas, comprobara “Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional…”.

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6(2), a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933(3), el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se extendió a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. De lo que se concluye, que la pensión gracia no se limitó a los maestros de primaria, sino que cobija a quienes hubieren prestado sus servicios como normalistas o inspectores educativos, y que el tiempo de servicios se podía completar, con el prestado en secundaria o, incluso, haberse laborado sólo en este nivel.

Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 a través de la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; estableció que “la educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley(4)”.

Finalmente, el literal a), numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la caja nacional de previsión social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]”.

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(5), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:

“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]”

De lo anterior se concluye que la pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, fue concebida como una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a un grupo de docentes del sector público, esto es, a los maestros de educación primaria de carácter regional o local; sin embargo cuando se expidieron las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden, por constituirse en un privilegio gratuito a cargo de la Nación quien es la que realiza el pago, sin que el docente hubiese trabajado para ella.

Ahora bien, en lo referente a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 respecto a la descentralización administrativa en el sector de la educación, dispuso que:

“ART. 9º—El artículo 54 quedará así: se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes.

(…)

PAR. 1º—Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.

(…)

ART. 10.—Los gobernadores, intendentes y comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del alcalde, el Ministerio podrá mediante resolución trasladar tal competencia.

(…)”.

Así mismo, la Ley 91 de 1989, diferenció los conceptos de personal docente nacional, nacionalizado y territorial. Según esta ley(6), se entiende por personal nacional aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; personal nacionalizado, los docentes que fueron vinculados por nombramiento de entidad territorial con anterioridad al 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975; y personal territorial, aquellos vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1º de enero de 1975, sin el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

Por su parte, el Decreto 196 de 1995, en su artículo 2º definió:

“Para los efectos de la aplicación del presente decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos: docentes nacionales y nacionalizados: son aquéllos que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993. Docentes departamentales, distritales y municipales:

a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;

b) Son igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales.

Docentes de establecimientos públicos oficiales: Son aquéllos que pertenecen a la planta de personal del respectivo establecimiento público educativo nacional o territorial, laboran en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media y son pagados con recursos del presupuesto del establecimiento.

Prestaciones sociales causadas y no causadas: Las prestaciones causadas son aquéllas para las cuales se han cumplido los requisitos que permiten su exigibilidad, y las prestaciones sociales no causadas son aquéllas en las que tales requisitos no se han cumplido, pero hay lugar a esperar su exigibilidad futura, cuando reúnan los requisitos legales”.

Aclarado lo anterior, procede la Sala a estudiar lo relativo a la prestación del servicio docente a través de contratos de prestación de servicios. Al respecto, el Decreto 2277 de 1979, define la profesión docente, en los siguientes términos:

“ART. 2º—Profesión docente. Las personas que ejercen la profesión docente se denominan genéricamente educadores. Se entiende por profesión docente el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de educando, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional en los términos que determine el reglamento ejecutivo.

“ART. 3º—Educadores oficiales. Los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las normas previstas en este decreto” (negrilla fuera de texto).

No obstante lo anterior, las entidades territoriales contrataron los servicios de los denominados “docentes temporales”, ante la imposibilidad de vincularlos oficialmente a las plantas de personal, por cuanto la legislación vigente, prohibía crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria con cargo al presupuesto estatal.

Por ello, en Sentencia C-555 del 6 de diciembre de 1994, con ponencia del Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional al estudiar la demanda de inexequibilidad, entre otros, del artículo 6º de la Ley 60 de 1993, estableció que respecto al desempeño de funciones docentes, las mismas no se pueden adelantar mediante contratos de prestación de servicios, en cuanto dichas actividades presuponen la subordinación o dependencia propias de la relación laboral. Lo anterior, lo corrobora, el hecho de que la labor docente consagrada en el artículo 104 de la Ley general de educación (115 de 1994) prevé que “El educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos … “; de tal suerte que la labor docente no es independiente, sino corresponde a un servicio que se presta en forma personal y de manera subordinada, que no es posible disfrazar mediante contratos de prestación de servicios. Dijo textualmente dicha corporación:

“La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional. Si el juez, en un caso concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP. Sin embargo, a partir de esta premisa, no podrá en ningún caso conferirle el status de empleado público, sujeto a un específico régimen legal y reglamentario. El principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no tiene, adicionalmente, el alcance de excusar con la mera prestación efectiva de trabajo la omisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales previstos para acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, los que a su vez presuponen la existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una planta de personal y de la correspondiente disponibilidad presupuestal” (negrillas fuera del texto original).

De ahí que deba arribarse a la conclusión, que la existencia de la relación laboral con los docentes contratistas se presume, sin que ello implique que dicho funcionario de hecho tenga los mismos derechos y obligaciones de los empleados públicos sujetos a un específico régimen legal y reglamentario, a una planta de personal y a la disponibilidad presupuestal correspondiente.

De acuerdo al marco normativo antes planteado, se procederá a verificar si la demandante cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, en particular, lo correspondiente a los 20 años de servicios de vinculación como docente territorial o nacionalizada.

Se acreditó dentro del plenario, que la señora María del Socorro Botina López nació el 25 de noviembre de 1960(7), es decir, para la fecha en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, (16 de febrero de 2011) tenía más de 50 años de edad, es decir, cumple con el requisito contemplado en el numeral 6 del artículo 4º de la Ley 114 de 1993.

Además acreditó que desempeñó el empleo con honradez y consagración, tal como consta en la declaración de buena conducta que obra a folio 70 del expediente; por lo tanto, acreditó la exigencia prevista en el numeral 1 de la Ley del artículo 4º de la Ley 114 de 1993.

Ahora bien, en relación con el tiempo de servicio allegado por la demandante al proceso, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se observa que cumple con el requisito de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, si bien se realizó mediante ordenes de prestación de servicios, de acuerdo a lo relacionado en el acápite anterior, la Sala infiere la verdadera existencia de una relación laboral entre la señora Botina López y el departamento de Nariño, por configurarse los elementos propios, esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración (f. 63), lo que no impide, declarar la existencia de la relación laboral(8), que permite adicionarse para el reconocimiento de la pensión gracia, esto es, haberse vinculado como docente a nivel territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

Por otra parte, también quedo demostrado que la actora laboró como docente en el nivel territorial, circunstancia que se infiere de los certificados laborales relacionados en el acápite de hechos probados (fls. 26, 54-55), por lo que se constató que reúne los presupuestos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, por vincularse antes del 31 de diciembre de 1980, y haber laborado por más de 20 años en el nivel territorial, como presupuestos necesarios para acceder a la pensión gracia pretendida.

Vistas las consideraciones que anteceden, la señora María del Socorro Botina López, reunió la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, al haber acreditado los 50 años de edad y 20 años de servicios como docente y demostrar buena conducta; por lo que resulta evidente que logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado, conforme así lo anotó el juez de primera instancia. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida el 9 de mayo de 2014, por el Tribunal Administrativo de Nariño, en el cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación a favor de la demandante, a partir del 26 de noviembre de 2010 por cumplir con los requisitos para su reconocimiento.

Por último, en lo que respecta a la condena en costas impuesta por el tribunal a la entidad demandada, estima la Sala pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandada.

Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el abogado haya generado otro tipo de gastos para la parte demandante. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo de Nariño a la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E en Liquidación, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

Corolario de lo expuesto, fue acertada la decisión del juez de primera instancia sobre el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación a la señora Botina López y habrá de confirmarse la sentencia apelada en este sentido, con excepción al numeral quinto (5) respecto a la condena en costas, por las razones expuestas en líneas anteriores.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia proferida el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014) proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por la señora María del Socorro Botina López contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con excepción al numeral quinto (5) en lo referente a la condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha»

(2) “Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección”.

(3) “(...) Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria”.

(4) L. 43/1975, art. 1º.

(5) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de l997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

(6) Artículo 1º.

(7) Registro civil de nacimiento folio 25.

(8) Frente a esto la Corte Constitucional en Sentencia C-555 de 1994 sostuvo lo siguiente: “la entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra, bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto o de la causa que le da origen, tiene el carácter de relación de trabajo, y a ella se aplican las normas del estatuto del trabajo, las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia”.
Posteriormente en Sentencia C-614 de 2009 manifestó: “los jueces ordinarios y constitucionales han sido enfáticos en sostener que la realidad prima sobre la forma, de ahí que no puede suscribirse un contrato de prestación de servicios para ejecutar una relación laboral. De hecho el verdadero sentido del principio de primacía de la realidad sobre la forma impone el reconocimiento cierto y efectivo del real derecho que surge de la actividad laboral”.