Sentencia 2013-00050 de enero 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Gabriel Valbuena Hernández

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 27001-23-33-000-2013-00050-01 (1536-2014)

Demandante: Ángela María Arango Ríos SO. 0002

Demandados: Departamento del Chocó y Dasalud en Liquidación

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

PROBLEMA JURÍDICO.

En esta oportunidad la controversia gira en torno a establecer si prescribió el derecho de la demandante para reclamar el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria por el no pago de las cesantías, primas de servicios, vacaciones y navidad y bonificación por servicios, que le adeuda DASALUD EN LIQUIDACIÓN.

A fin de desatar el litigio planteado inicialmente se hará alusión a la normativa que regula los temas concernientes a las cesantías definitivas, a la sanción moratoria por su no pago y a la prescripción, para luego de la reseña de la documental que obra en el proceso, establecer si a la parte impugnante le asiste la razón en lo que pretende.

DE LAS CESANTÍAS DEFINITIVAS Y LA SANCIÓN MORATORIA.

Lo primero que se debe advertir es que el auxilio de cesantía es una prestación social de carácter especial, en la medida en que se constituye en un ahorro forzoso que hizo el empleado y con el cual cuenta, a modo de respaldo económico, para el evento en el que quede inactivo laboralmente(1).

La Ley 244 de 1995(2) en cuanto a las cesantías definitivas, que son aquellas que se deben reconocer a los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado una vez finalice su relación laboral, consagra los términos en los que se debe realizar su liquidación, reconocimiento y pago al igual que una sanción por mora en el evento de su pago tardío.

Es así como en el artículo 1º prescribe, que los servidores públicos de todos los órdenes, pueden solicitar las cesantías ante la entidad patronal, a quien le asiste la obligación de expedir la resolución correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación, si reúne los requisitos determinados por la ley. Cuando la solicitud está incompleta se debe informar al petente dentro de los 10 días hábiles siguientes a su recibo, señalándole de manera expresa los requisitos faltantes, y una vez aportados, esa solicitud se debe resolver dentro de los 15 días hábiles siguientes.

En su artículo 2º dispone para la entidad pública pagadora, un plazo máximo de 45 días hábiles para cancelar la prestación a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena dicha liquidación.

Su parágrafo manda que en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad obligada de sus propios recursos debe reconocer y cancelar al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que su pago se haga efectivo, para lo que solo basta la acreditación de la no cancelación dentro del término legal previsto(3).

En relación con la fecha desde la cual inicia el conteo de la mora por el pago tardío de estas cesantías definitivas y su agotamiento en la vía gubernativa, la Sala Plena del Consejo de Estado(4) consideró, que no se tiene en cuenta la fecha de reclamación de las mismas sino el vencimiento de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen.

DE LA PRESCRIPCIÓN.

La prescripción se debe definir como la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra acepción” como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo»(5).

Por su parte, esta Sección en la sentencia de unificación(6), en lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral determinó, que la norma aplicable es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, según el cual «Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual».

En relación con las cesantías definitivas, en esta sentencia de unificación se consideró que, contrario a las anualizadas, sí están sometidas al fenómeno de la prescripción trienal, salvo que la mora en la consignación se produzca por negligencia del empleado, pues su omisión en cumplir los requerimientos que el empleador dispone para su pago, no se puede constituir como un beneficio a su favor(7).

Y en lo que se refiere a la sanción moratoria, en la misma providencia igualmente se determinó acerca de su prescripción trienal, porque a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles»(8).

DE LO ACREDITADO EN EL PROCESO.

Por medio de la Resolución 1018 de 30 de marzo de 2007 la demandante fue nombrada en el cargo de enfermera S.S.O. en el Centro de Salud de Nuquí por el término de 6 meses y tiempo completo de trabajo; el 13 de abril de 2007 a través de Acta 060 se posesionó en el empleo de «Enfermera Rural»; y presentó renuncia irrevocable que le fue aceptada a través de la Resolución 869 de 28 de diciembre de 2007 a partir del 10 de diciembre de 2007 (fls. 7 y 8).

El jefe de división gestión del talento humano de DASALUD EN LIQUIDACIÓN certificó que la accionante laboró desde el 13 de abril hasta el 28 de diciembre de 2007 en · el cargo de enfermera rural en el Centro de Salud de Nuquí (fl. 10).

El 26 de agosto de 2008 radicó petición ante el agente interventor de DASALUD EN LIQUIDACIÓN en cuya referencia especificó:

«Derecho de petición. Reconocimiento y pago de cesantías. Al día de hoy, no se me han cancelado valor alguno por concepto de cesantías y demás prestaciones sociales a que tengo derecho por los servicios prestados al Departamento del Chocó, por lo que respetuosamente me permito presentar la siguiente

PETICIÓN

Que se ordene el reconocimiento y posterior cancelación del valor de las cesantías y demás prestaciones a que tengo derecho por los servicios prestados al Departamento del Chocó, en el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social, en condición de enfermera en el Hospital del municipio de Nuquí, por el tiempo de servicio comprendido entre el 13 de abril al 31 de diciembre (sic) del 2007 (fl. 11).

No existe prueba que demuestre que esta entidad hubiera dado respuesta a la anterior petición.

El Fondo Nacional del Ahorro en escrito sin fecha en respuesta a derecho de petición informó que:

Revisada la base de datos del Fondo Nacional del Ahorro su estado actual es previnculada, ya que la entidad DASALUD (SERVISALUDCHOCO), solamente se le ha podido aplicar los reportes de cesantías hasta el año 2005 y no cuenta con consignaciones de aportes suficientes para cargar las cesantías reportadas de las vigencias 2006 en adelante (fl. 12).

CASO CONCRETO.

Según lo probado en el proceso es evidente, que la demandante se retiró en forma definitiva del servicio a partir del 1O de diciembre de 2007 y que el 26 de agosto de 2008 presentó petición ante la parte demandada con el fin de que le fueran reconocidas las cesantías definitivas al igual que las demás prestaciones sociales a las que tenía derecho por los servicios prestados ante la entidad de salud empleadora.

Ahora bien, como desde el 10 de diciembre de 2007 finalizó el vínculo laboral, es decir que desde esa fecha se hace exigible la obligación de pago de las cesantías definitivas, se tiene que la prescripción de 3 años se cumple el 10 de diciembre de 2010; de manera que al haberse presentado la petición de pago de este auxilio el 26 de agosto de 2008 el término de prescripción se interrumpió por un lapso igual, que vence el 26 de agosto de 2011. Y como quiera que la demanda se instauró el 4 de febrero de 2013, es evidente que operó el fenómeno de la prescripción respecto de la reclamación de las cesantías definitivas, e igual suerte corren las restantes prestaciones cuya solicitud está contenida en el mismo escrito de 26 de agosto de 2008. En cuanto a la sanción moratoria, toda vez que no fue solicitada en el acto acusado, es decir, en sede administrativa, se debe entender como indemnización.

Así las cosas, la sentencia impugnada será revocada.

Finalmente, de acuerdo con los numerales 1º y 4º del artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará en costas a la parte demandante en ambas instancias por haber resultado vencida en el juicio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. REVÓCASE la sentencia de 21 de enero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo Oral del Chocó, que accedió a las súplicas de la demanda instaurada por la señora Ángela María Arango Ríos en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la actuación administrativa a través de la cual la parte demandada le negó el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria, primas de servicios, vacaciones y navidad y bonificación por servicios.

2. En su lugar, NIEGÁNSE las súplicas de la demanda instaurada por la señora Ángela María Arango Ríos en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la actuación administrativa a través de la cual la parte demandada le negó el reconocimiento y pago de las cesantías, los intereses a las cesantías, la sanción moratoria, primas de servicios, vacaciones y navidad y bonificación por servicios

3. Se condena en costa a la parte demandante.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión celebrada en la fecha.

Consejeros: William Hernández Gómez—Rafael Francisco Suárez Vargas—Gabriel Valbuena Hernández».

1 La Corte Constitucional en la Sentencia T-008 de 15 de enero de 2015 considera que «El auxilio de cesantía se erige en una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar, como también en uno de los fundamentos más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada. Aunado a lo anterior, en caso de mora en el pago de este auxilio, así como sus intereses, la entidad responsable de la obligación tiene el deber de reconocer y pagar de sus propios recursos, una sanción moratoria consistente en un día de salario por cada día de retardo, hasta tanto se haga efectivo el pago. Para lo cual, solamente es necesario que el afectado acredite la no cancelación dentro del término previsto en las disposiciones legales».

2 Ley 244 de 1995. «Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones».

3 Vale la pena resaltar, que este artículo incluido su parágrafo, fue posteriormente reiterado en su tenor literal por el artículo 5º de la Ley 1071 de 20063 norma reglamentaria de la Ley 244 de 1995.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de marzo de 2007, consejero ponente Jesús María Lemas Bustamante, radicación: 2777-2004, demandante: José Bolívar Caicedo Ruiz. En esta sentencia se consideró:

Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria [...]. Se tiene entonces que es el vencimiento de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. [...]».

5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, radicación: 3404-2013, demandante: Javier Enrique Muñoz Fruto y sentencia de 1 de diciembre de 2016, radicación: 3221-2015, demandante: Maros Manuel Iglesias Valdiriz, demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla y Concejo Distrital de Barranquilla.

En este punto es pertinente advertir, que la prescripción y la caducidad se constituyen en dos instituciones revestidas de diferente naturaleza. En efecto, la caducidad, alude a la extinción de la acción, lo que se traduce en que opera ipso iure como garantía para la seguridad jurídica y el interés general, pues, representa ese límite en el que se debe reclamar un determinado derecho. Y por su parte, la prescripción dice del derecho, por manera, que se constituye en el lapso con el que cuenta el administrado para exigirlo de la administración.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016. Radicación: 0528-2014, demandante: Actor Yesenia Esther Hereira Castillo, demandado: Municipio de Soledad (Atlántico).

7 En la sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016 en mención se considera que: «No obstante, cuando se trata de la consignación de las cesantías definitivas, si la mora no se produce por negligencia del empleador, sino por una causa atribuible al empleado, sí procede el fenómeno prescriptivo, pues en tal caso, la omisión de este último en cumplir los requerimientos que el empleador hace para disponer su pago, no puede constituir un beneficio a su favor».

8 En la misma sentencia de unificación al respecto se determinó: «Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151, [...]. La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 19698 previamente citados, consiste en que tales decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria, pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990».