SENTENCIA 2013-00062 DE DICIEMBRE 6 DE 2016

 

Sentencia 2013-00062 de diciembre 6 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 23001 11 02000 2013 00062 01

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Aprobado según Acta Nº 110 de la misma fecha

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, procede esta superioridad a revisar por vía de apelación la providencia emitida el 20 de octubre de 2016, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Montería.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, pues presume el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso de la apelación, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Caso concreto

Ahora bien, las normas disciplinarias que describen las faltas endilgadas al profesional investigado establecen:

“Artículo 33: Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

(…)

11) Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas

(…)”.

Frente a la falta establecida en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

De las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que se encuentra demostrado que el disciplinable, asumió la representación en tres procesos ejecutivos laborales con radicados 2011-0100, 2011-0101 y 2011-0114 adelantados en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica ( Córdoba), en los cuales obró como apoderado de los demandantes utilizando como documentos soportes y anexos que revisten la característica de falsos e ilegales con el propósito de hacerlos valer dentro de las actuaciones judiciales, habiéndose dado la renuncia intempestiva a los poderes conferidos por sus poderdantes en los tres procesos; Sin que se hubiera logrado el cobro de los valores pretendidos debido a la decisión de cierre.

Así las cosas, las falta endilgada se adecua típicamente con los hechos por los cuales se llamó a juicio por este cargo al abogado investigado, evidenciándose un obrar antijurídico, como quiera que fue el disciplinado quien inició las acciones ejecutivas, con soportes falsos, consistentes en poderes y resoluciones que no cumplían con los requisitos legales para su ejecución, los cuales en efecto fueron reconocidos dentro de las actuaciones adelantadas por el togado, en las cuales inclusive consiguió que se profiriera mandamiento de pago, configurándose así la falta disciplinaria endilgada.

No son de recibo los argumentos expuestos por el abogado del disciplinable, al afirmar que no se logró la demostración que en los procesos ejecutivos laborales se hubieren usado pruebas o poderes falsos, aduciendo que son una simple apreciación personal de la Sala sin ningún soporte fáctico o probatorio, y que si bien el disciplinado fue parte en dichos procesos judiciales recibiendo los escritos de demandas de Zamir previa conversación con Juan Olivera, y que habiéndose firmado las demandas que posteriormente fueron presentadas en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica - Córdoba, son circunstancias objetivas que no dan lugar a que se predique que los poderes y pruebas que en fotocopias simples fueron arrimadas a la actuación sin saberse de donde provienen sean falsas, aseverando que dentro del presente proceso disciplinario ninguna persona declaró que le hubiesen falsificado su firma en documento alguno como tampoco se estableció como prueba pericial idónea dicha falsedad, toda vez que el engaño del cual aduce haber sido objeto el disciplinado por su amigo Juan Olivera, dichas afirmaciones no guardan relación con lo referido en los testimonios rendidos por los testigos Andrea Sierra, José David Fuentes y Eder Taboada Segura, quienes precisaron que el día de la entrega de las demandas y sus soportes el doctor Lefther Manuel Herrera, reviso los documentos que le fueron llevados.

En lo relacionado con el reproche hecho por el disciplinado en cuanto a que no se declaró por parte del a quo la prescripción de la acción disciplinaria, considerando que en la decisión objeto de reproche se incurrió en un yerro al empezar a contabilizarse la prescripción a partir del momento en que el JUZGADO Quinto Laboral del Circuito de Montería decretará la terminación de los procesos ejecutivos laborales, fecha en la cual el disciplinado ya no hacia parte de duchos procesos, al respecto esta Sala considera sin mayores razonamientos que tal como lo indicó el a quo, el reproche por el cual se sanciono a Lefther Herrera Taboada, encuadra dentro de las faltas denominadas como faltas de Estado, ya que si bien se dan en un momento determinado y exacto, su efecto se extiende, es decir permanece sin necesidad de más actuaciones produciendo el resultado que se buscó al momento de su realización.

Los anteriores argumentos son suficientes para no escoger las exculpaciones presentadas por él defensor del disciplinable.

De la sanción:

Respecto de la dosificación de la sanción conforme lo prescribe la Ley 1123 de 2007, se destaca que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo la misma fue ajustada, máxime los criterios para la graduación de la misma señalados en la precitada norma, veamos:

“ARTÍCULO 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:

A. Criterios generales

1. La trascendencia social de la conducta.

2. La modalidad de la conducta.

3. El perjuicio causado.

4. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en su preparación.

5. Los motivos determinantes del comportamiento.

B. Criterios de atenuación

1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios.

C. Criterios de agravación

1. La afectación de Derechos Humanos.

2. La afectación de derechos fundamentales.

3. Atribuir la responsabilidad disciplinaria infundadamente a un tercero.

4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere recibido en virtud del encargo encomendado.

5. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o servidores públicos.

6. Haber sido sancionado disciplinariamente dentro de los 5 años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga.

7. Cuando la conducta se realice aprovechando las condiciones de ignorancia, inexperiencia o necesidad del afectado”.

Así las cosas, también ha de tenerse en cuenta la modalidad dolosa de las conductas desplegadas por el disciplinado, como lo advirtió de manera acertada el a quo, faltas endilgadas que a todas luces reviste gravedad, máxime las circunstancias en que se cometieron las mismas, pues de manera deliberada hizo valer dentro de los procesos ejecutivos laborales pruebas y poderes falsos, utilizándolos como soportes de sus pretensiones.

Por lo cual, la sanción habrá de confirmarse, teniendo en cuenta la modalidad que a juicio de esta Sala se cometieron las conductas cuestionadas, pues los elementos de juicio probatorios orientan a la demostración objetiva y subjetiva de las conductas reprochadas disciplinariamente, las cuales no se encuentran desvirtuadas y menos justificadas, valoración suficiente para que esta Colegiatura, proceda a confirmar el fallo sancionatorio en contra del togado investigado, dados los argumentos expuestos en líneas anteriores.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia de fecha 20 de octubre de 2016, mediante la cual, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, sancionó con la prohibición de ejercer la profesión de abogado por el término de 5 años a Lefther Manuel Herrera Taboada, tras hallarlo responsable de las faltas establecidas en los artículos 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, para efectos de su anotación, fecha a partir de la cual empezará a regir la sanción impuesta.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.