Sentencia 2013-00064-01 de abril 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 73001-23-33-000-2013-00064-01(AC)

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Óscar Iván Díaz Torres.

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional-Policia Nacional-Dirección general.

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

La Sala decide la impugnación presentada por el jefe de área de sanidad del departamento del Tolima de la Policía Nacional contra la sentencia del 19 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió al amparo de los derechos del actor.

La parte resolutiva del fallo impugnado dispuso:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, a la protección especial a los derechos de los conscriptos y a la salud del señor Óscar Iván Díaz Torres quien obra por medio de apoderado judicial, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la Dirección General de la Policía Nacional que a través de la Dirección de Sanidad del Tolima o de la dependencia competente, que en el término de 48 horas a partir de la notificación de esta providencia, reanude al tutelante Óscar Iván Díaz Torres el tratamiento médico integral que requiere para la patología denominada trastorno afectivo bipolar y del comportamiento secundario a consumo de sustancias psicoactivas, por todo el tiempo que sea necesario para que recupere su estado de salud y respetando el derecho del paciente al consentimiento informado.

(...)”.

Antecedentes

1. Pretensiones.

El señor Óscar Iván Díaz Torres, mediante apoderado judicial, instauró acción de tutela contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, —Policía Nacional—, dirección general, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud , a la vida digna y “los derechos de los conscriptos”. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: por medio de este instrumento constitucional, solicito se amparen, de manera real y efectiva, los derechos fundamentales del actor, ente otros:

1. Derecho a la salud en conexidad con la vida.

2. La salud en conexidad con la vida (sic).

3. A una vida en condiciones dignas.

4. A la protección especial a los derechos de los conscriptos.

5. Los demás derechos que sean advertidos de manera oficiosa.

SEGUNDA: como consecuencia de la anterior declaración, se ordene vincular inmediatamente a mi poderdante al sistema de salud integral por parte de la Dirección General de la Policía Nacional —Dirección de sanidad—, para que se le presten los servicios médico-asistenciales pertinentes, inmediatos y adecuados para su enfermedad mental, atendiendo parámetros de integralidad.

TERCERA: Se ordene a la Dirección General de la Policía Nacional —Dirección de sanidad—, que de forma inmediata y sin dilación alguna, suministrar al actor todos y cada uno de los medicamentos, tratamientos y en general la totalidad de los servicios médico asistenciales e integrales que sean necesarios y que el actor requiera, según los especialistas tratantes, para lograr la superación de la salud.

CUARTA: se ordene a la junta médico-laboral y de policía del Tolima proceda a realizar las actuaciones de su competencia para definir, entre otros, las condiciones de discapacidad laboral, imputabilidad al servicio y demás consideraciones que la normatividad especial policial establece y que sea de competencia del citado órgano.

QUINTA: en virtud a las facultades que le confiere la Constitución Política como juez constitucional; solicito al honorable despacho proceda a hacer las demás declaraciones e impartir las demás órdenes que de oficio advierta y considere necesarias”.

Como medida provisional solicitó:

“Se ordene a la Dirección General de la Policía Nacional —Dirección de sanidad— departamento de Policía de Tolima, que de forma inmediata y sin dilación alguna, se sirva remitir al auxiliar regular Óscar Iván Díaz Torres, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 1.105.058.686 expedida en Coyaima, al área de psiquiatría donde se tenga convenio con la institución policial, a fin de que según criterio de los galenos de dicha especialidad, el citado auxiliar regular sea inmediatamente valorado y tratado en la forma y términos como estos especialistas así lo consideren necesario y si es del caso hospitalizarlo para la estabilización mental del actor; produciéndose en tal sentido y en la mismas condiciones deprecadas, a que le brinden las prescripciones médicas asistenciales correspondientes”.

2. Hechos.

El actor indicó como hechos relevantes los siguientes:

Que pertenece al resguardo “Tres Esquinas” de la comunidad indígena de Coyaima-Tolima.

Que aprobó los exámenes físicos y psicológicos para ingresar a prestar el servicio militar obligatorio como auxiliar regular, en calidad de conscripto de protección especial, en la Policía Nacional en el departamento del Tolima.

Que fue trasladado a pueblos de difícil acceso, por lo que no tenía contacto con sus familiares, sufrió tentativa de acceso carnal y constantes maltratos físicos y verbales por parte de algunos compañeros, por la condición de indígena, lo que le generó episodios de depresión, cambios de personalidad, trastornos mentales y la adicción a las drogas.

Que durante su permanencia en el servicio de la institución demandada el área de psiquiatría de la Clínica María Inmaculada de Bogotá le diagnosticó “trastorno afectivo bipolar, episodios maniacos con síntomas psicóticos”, y determinó que consumía de sustancias alucinógenas, por lo que los médicos especialistas iniciaron tratamiento con fármacos para la recuperación de la salud mental.

Que la personera del municipio de Coyaima —Tolima— calificó al señor Óscar Iván Díaz Torres como “inconveniente para la comunidad”, debido a los frecuentes episodios de trastornos mentales y por su estado de intoxicación por el consumo de sustancias psicoactivas.

A pesar de su estado de salud fue desafiliado del sistema de salud integral de la Policía Nacional y no ha sido resuelta su situación médico-laboral, lo que ha generado que su integridad física y mental sea más grave cada día porque no tiene acceso a los procedimientos de rehabilitación ni a los medicamentos necesarios para tratar la enfermedad mental que padece. Además, ninguno de los miembros de su familia cuenta con los recursos económicos para brindarle el tratamiento médico especializado que requiere su patología.

El Consejo de Estado, en proceso con Radicado 25000-23-27-2012-00290-01, se pronunció respecto del deber de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de prestar la asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria a las personas que presten el servicio militar aun después de su desvinculación, siempre y cuando se trate de una afección o enfermedad adquirida en el servicio.

Se refirió a la Sentencia T-235 de 2011 en la que la Corte Constitucional se pronunció acerca del reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas cuyo sustento constitucional son los principios de participación y pluralismo.

3. Oposición.

La Dirección de Sanidad de la Policía del departamento del Tolima no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

4. Providencia impugnada.

El Tribunal Administrativo del Tolima, en providencia del 19 de febrero de 2013, amparó los derechos fundamentales del actor y ordenó a la institución demandada reanudar el tratamiento médico integral que requiere la patología que padece.

El a quo consideró que el demandante adquirió la enfermedad mental durante la prestación del servicio y la Policía Nacional no controvirtió el argumento, según el cual, no se le están prestando los servicios médicos.

6. Impugnación.

El mayor Albert Hernán López Espinoza, jefe del área de sanidad del departamento de policía del Tolima impugnó la decisión en los siguientes términos:

Dijo que el actor prestó sus servicios como auxiliar regular en la Policía Nacional y que, en el momento de su retiro, se le hicieron las correspondientes valoraciones médicas y que la junta médico laboral del 21 de agosto de 2012, determinó la disminución de la capacidad laboral en el 22.50%.

En el concepto médico rendido por los especialistas del área de medicina laboral del 7 de agosto de 2012, se le diagnosticó al señor Óscar Iván Díaz “trastorno afectivo bipolar tipo L” y, de acuerdo con los informes administrativos y el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, la patología del actor es una enfermedad común.

El área de sanidad del Tolima es una dependencia de la Policía Nacional encargada de administrar el subsistema de salud e implementar las políticas que emita el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. De otra parte, señaló que los servicios médico asistenciales consagrados en el plan de servicios de sanidad militar y de la Policía Nacional está sujeto a la disponibilidad presupuestal de cada uno de los subsistemas.

La actuación desplegada por el área de sanidad se ajustó a las disposiciones especiales que regulan la prestación de los servicios de sanidad en el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Señaló que se está causando un detrimento patrimonial a la Policía Nacional, porque la orden de primera instancia fue demasiado amplia, en la medida en que no estableció hasta dónde va la protección del derecho y en qué sentido hay vulneración al derecho fundamental, actuación que desconoció el numeral 4º artículo 29 del Decreto 2591 de 1991.

Consideró que la orden de “atención integral” en salud debe entenderse respecto de lo que el actor solicitó en el escrito de tutela, siempre y cuando los tratamientos y procedimientos se encuentren dentro del plan obligatorio de salud de la Policía Nacional y, lo que no esté allí incluido, no puede ser objeto de amparo mediante la presente acción.

La Corte Constitucional en Sentencia T-760 de 2008 señaló que “los servicios de salud se suministran en la medida que el interesado no tenga recursos para costearlo por sí mismo, porque su valor es impagable por él o porque le impone una carga desproporcionada”. En este sentido, dijo que los afiliados al sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hacen parte del régimen contributivo y que asumen el compromiso de financiar con sus propios recursos los servicios de salud no incluidos.

Para cumplir la orden de primera instancia solicitó que, en trámite de la presente acción, se ordene el recobro al Fosyga para poder sufragar los gastos que genere la atención del señor Óscar Iván Díaz Torres.

Consideraciones

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el señor Óscar Iván Díaz Torres pretende la protección de los derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a los derechos de los conscriptos, que considera vulnerados con las actuaciones de la Dirección de Sanidad de la Policía del departamento del Tolima, por cuanto fue desvinculado del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

A la Sala le corresponde resolver la impugnación interpuesta por la institución demandada contra la sentencia del 19 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que ampararon los derechos fundamentales invocados por el actor.

Mediante el ejercicio de la presente acción, el señor Óscar Iván Díaz Torres solicitó que se ordenara a la institución demandada vincularlo al sistema de salud de la Policía Nacional, con el fin de que le presten los servicios médicos asistenciales pertinentes para el tratamiento de la enfermedad mental que padece, así como los medicamentos para lograr la recuperación de su salud, y que la junta médico laboral determine la condición de discapacidad y de imputabilidad al servicio.

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará, (i) de la salud como derecho fundamental; (ii) del deber de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de prestar los servicios de salud; y finalmente (iii) del caso concreto.

(i) De la salud como derecho fundamental.

La jurisprudencia constitucional(1) ha entendido que el derecho a la salud tiene el rango de constitucional y de fundamental, en el entendido de que busca proteger el desarrollo de una vida digna, la cual se manifiesta como uno de los pilares de la noción de derechos fundamentales y, además, como fundamento de nuestro estado social de derecho.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la relación entre derecho fundamental y la dignidad humana, en los siguientes términos:

“(...) es la realidad de cada caso concreto, las circunstancias únicas y particulares que lo caracterizan, las que permiten definir si se encuentra verdaderamente vulnerado un derecho fundamental, si ello afecta la dignidad de la parte actora y si esta última está en situación de indefensión frente al presunto agresor”. De esta sentencia surge un elemento que resulta decisivo para sistematizar el concepto de derecho fundamental: dignidad humana (...) (cursivas y subrayados fuera del texto).

La acción de tutela procede entonces para proteger el derecho a la salud de manera autónoma. No obstante, “(...) reconocer la fundamentalidad de un derecho no implica, necesariamente, que todos los aspectos cobijados por éste son tutelables. Primero, porque los derechos constitucionales no son absolutos, es decir, pueden ser limitados de conformidad con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que ha fijado la jurisprudencia constitucional. Segundo, porque la posibilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un derecho fundamental y la procedencia de hacerlo por medio de la acción de tutela, son cuestiones diferentes y separables(2).

(ii) Del deber de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de prestar los servicios de salud

En desarrollo del artículo 217 de la Constitución Política de 1991, se estructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional por medio del Decreto 1795 de 2000, en el cual se estableció el objeto del mismo en los siguientes términos:

ART. 5º—Objeto. Prestar el servicio de sanidad inherente a las operaciones militares y del servicio policial como parte de su logística militar y además brindar el servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación del personal afiliado y sus beneficiarios(cursivas y resaltos fuera del texto).

Al respecto, se ha considerado que la obligación de suministro de atención médica de quienes prestan o prestaron sus servicios a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional es un deber de correspondencia entre el cumplimiento de la prescripción constitucional de tomar las armas en defensa de la seguridad de la Nación y la correlativa protección de la salud y la integridad física de sus miembros. Existe una obligación cierta y definida, en cabeza del Estado, el cual debe garantizar la debida prestación de los servicios médicos asistenciales a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, cuya salud se vea afectada mientras ejercen la actividad castrense o con ocasión de la misma(3).

(iii) Del caso concreto.

En el expediente se observan las siguientes pruebas:

(i) Constancia suscrita por la Personera Municipal de Coyaima —Tolima— en la que consta que el señor Óscar Iván Díaz Torres se encuentra en estado de indigencia y consume sustancias alucinógenas(4).

(ii) Certificación del gobernador indígena del resguardo “Tres Esquinas” del municipio de Coyaima —Tolima—, según la cual el demandante pertenece a dicha comunidad(5).

(iii) Acta de la junta médico laboral del 21 de agosto de 2012, en la que se determinó la incapacidad laboral del 22.50% y la imputabilidad del servicio como una enfermedad común(6).

(iv) Historia Médica de la Clínica Inmaculada de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús(7).

(v) Historia Clínica del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué-Tolima(8).

(vi) Historia clínica del Hospital Especializado Granja Integral ESE(9).

Del estudio de los documentos relacionados se advierte que el actor ingresó a prestar el servicio militar obligatorio a la Policía Nacional aproximadamente en el mes de agosto de 2009 y el retiro ocurrió el 15 de junio de 2011(10). En los antecedentes médicos de la Clínica Inmaculada de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús consta que el actor fue hospitalizado entre el 12 y el 26 de abril de 2011, es decir, durante su permanencia en el servicio militar.

La especialidad de psiquiatría de la clínica tratante diagnosticó al señor Díaz Torres con “trastorno afectivo bipolar, episodio maniaco presente con síntomas psicóticos tipo TD” y determinó que consumió “THC”(11), por lo que fue medicado con fármacos para pacientes psiquiátricos.

En el acta de la junta médico laboral del 21 de agosto de 2012, se determinó, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 7196 de 2000, que la enfermedad del demandante es de origen común.

El actor manifestó que, a pesar de la enfermedad mental que padece, fue retirado del sistema de salud integral de la Policía Nacional, argumento que la institución demandada no controvirtió ni allegó prueba siquiera sumaria de que, en efecto, esté prestando la atención médica que requiere el diagnóstico del señor Díaz Torres.

Como se expresó en párrafos anteriores, es deber de la Policía Nacional brindar la atención médica asistencial a quienes han estado al servicio de la institución cuando sus miembros adquirieron la enfermedad durante la ejecución de la actividad policial, más aún cuando el tratamiento que el actor demanda contribuye a la conservación de su vida y de su integridad física en condiciones dignas.

En este sentido, en Sentencia T- 721 de 2011, la Corte Constitucional expresó:

“Es así como de la jurisprudencia analizada se logran diferenciar tres supuestos de hecho en donde la afección que venía siendo tratada en el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional al policía que fue desvinculado precisamente por esa enfermedad debe continuar con el procedimiento prescrito por el médico, independientemente de las prestaciones laborales o económicas a las que tenga o no derecho. Así es el caso de las afecciones causadas con ocasión al servicio; las padecidas desde antes de la incorporación pero agravadas en el servicio y aquellas que venían siendo tratadas durante la prestación del servicio pero que corresponden a una enfermedad común.

En el supuesto de hecho en el que el padecimiento se encontraba desde antes de ingresar al servicio y se agravó con ocasión de este, la obligación de continuar con el tratamiento también radica en razón a que fue considerado, previo a diversos exámenes, apto para ejercer la función de la Fuerzas Militares y de Policía Nacional. Dicho examen no excluye toda enfermedad o afección, sino que demuestra que aún con las deficiencias que se pueda presentar, la persona posee condiciones de salud que le permiten ingresar al cuerpo militar, esto es, que la institución al conocer la situación de salud asume la posibilidad de que esta se agrave o no, siempre que el sujeto hubiere suministrado a la autoridad de sanidad encargada de realizar el examen información veraz, clara y completa sobre su estado de salud.

(...).

Cuando se trata de una enfermedad común adquirida durante el servicio, la obligación de continuar con el tratamiento radica precisamente en que la interrupción de este puede poner en riesgo derechos de carácter fundamental como lo es la salud y la vida en condiciones dignas, conforme con lo expuesto anteriormente en esta providencia. Por lo tanto, el régimen prestacional de la Policía Nacional de Colombia tiene la obligación de continuar prestando los servicios de salud a las personas que son retiradas del servicio por afecciones adquiridas o agravadas durante su pertenencia a dicha institución. Así mismo, esa obligación también se predica en el caso de las afecciones que venían siendo tratadas durante la prestación del servicio pero que corresponden a una enfermedad común. En efecto, según la jurisprudencia de esta corporación, el derecho a la salud incluye el derecho a la continuidad en los tratamientos médicos ya iniciados, incluso cuando se deja de tener una relación laboral”.

Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que en el caso concreto se encuentra probado que el señor Óscar Iván Díaz Torres ingresó a la Policía Nacional y durante la prestación del servicio militar adquirió la enfermedad mental de origen común, de la que se derivó la adicción a las drogas y el estado de indigencia en que se encuentra, se confirmará la decisión de primera instancia, por medio de la cual se ampararon los derechos fundamentales del actor y se ordenó a la Dirección de Sanidad del Tolima reanudar el tratamiento médico integral que requiere la patología.

Respecto de los argumentos de la institución demandada, esgrimidos en el escrito de impugnación, según los cuales con la orden de primera instancia, de brindar el “tratamiento médico integral” al actor, se le está causando un detrimento patrimonial al Estado y que el cumplimiento de la orden por parte de la Dirección de Sanidad del Tolima depende de que los tratamientos estén incluidos en el plan obligatorio de salud de Sanidad de la Policía y de la disponibilidad presupuestal del subsistema de salud, la Sala debe advertir que no son aceptables, por cuanto quedó claro que la atención médica a los miembros de la Policía Nacional es un deber de carácter constitucional dirigido a la protección material e inmediata de los derechos fundamentales a la salud, a la vida y la dignidad humana de los servidores y ex servidores de la institución.

La Corte Constitucional en Sentencia T-144 de 2008 señaló que “(...) todas las personas sin excepción pueden acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de su derecho constitucional fundamental a la salud. Por tanto, todas las entidades que prestan la atención en salud, deben procurar no solo de manera formal sino también material la mejor prestación del servicio, con la finalidad del goce efectivo de los derechos de sus afiliados, pues la salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad; derechos que deben ser garantizados por el Estado Colombiano de conformidad con los mandatos internacionales, constitucionales y jurisprudenciales”.

Frente a la solicitud de la Dirección Sanidad del Tolima dirigida a que se ordene el recobro al Fosyga de los gastos que impliquen el tratamiento de la enfermedad del actor, se advierte que es improcedente, toda vez que, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 352 de 1997(12), es la Dirección General de Sanidad Militar, como administradora de los recursos del subsistema de salud de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el llamado a asumir los gastos que demande el servicio médico necesario para la recuperación de las lesiones y las enfermedades de sus beneficiarios.

En este sentido, se observa que la Ley 100 de 1993(13) ha exceptuado del sistema general seguridad social a los miembros de las Fuerzas Militares y de la policía, salvo en los casos de urgencia generados en acciones terroristas ocasionados por bombas y artefactos explosivos y, solo frente a estas circunstancias, corresponderá al Fosyga asumir los costos por los servicios de urgencias(14).

De acuerdo con lo anterior, la enfermedad que padece el actor no se enmarca dentro de los supuestos de hechos establecidos por el artículo 31 de la Ley 352 de 1997, y en consecuencia, no es procedente la solicitud del impúgnate de ordenar el recobro al Fosyga de los gastos que requiera la atención médica para la recuperación de la salud del actor.

Ahora bien, el actor solicitó que se ordenará a la junta médico laboral de la Policía del Tolima que se definiera la condición de discapacidad laboral y de la imputabilidad al servicio. No obstante, del examen del expediente se advierte que el acta médico laboral del 21 de agosto de 2012 determinó como disminución de capacidad laboral el 22.50%, y respecto de la imputabilidad del servicio señaló que, de acuerdo con el artículo 24 del Decreto 1796 de 2000, la patología del señor Díaz Torres era de una enfermedad común.

Así las cosas, se observa que las peticiones del actor ya fueron objeto de pronunciamiento en la referida acta de la junta médico laboral, y en caso de inconformidad con lo que allí se estableció, el actor pudo interponer el recurso de convocar al Tribunal Médico Laboral y, posteriormente, acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no hay lugar a entrar a hacer consideraciones sobre el particular.

En consecuencia, la Sala confirmará la providencia impugnada mediante la cual se ampararon los derechos fundamentales a la vida, a la protección especial de los conscriptos y a la salud del señor Óscar Iván Díaz Torres y ordenó que, dentro del término de 48 horas a partir de la notificación de la providencia, reanude el tratamiento médico integral que requiere para la patología, por todo el tiempo que sea necesario para que recupere su estado de salud.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMASE la providencia del 19 de febrero de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, objeto de impugnación.

2. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

3. Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia.

(1) Sentencia T-760 de 2008.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 2007.

(3) Consejo de Estado-Sección Cuarta. Sentencias del 29 de marzo de 2007, Exp. 2007-0083, del 28 de junio de 2007, Exp. 2007-0032 y 8 de julio de 2009, Exp. 2009-00054.

(4) Folio 3.

(5) Folio 4.

(6) Folios 5-7.

(7) Folios 8-19.

(8) Folios 20-32.

(9) Folios 33-53.

(10) Folio 5.

(11) THC o tetrahidrocarbocannabinol, de la planta Cannabis sativa, utilizado en la preparación de la marihuana, del hachís, del bhang y de la ganga. El THC, un antagonista betaadrenérgico que se metaboliza rápidamente, incrementa la frecuencia cardíaca, produce infección conjuntival, un sentimiento de euforia y efectos variables sobre la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el tamaño de las pupilas. Esta droga afecta a la memoria, al conocimiento y a la sensibilidad, disminuye la coordinación motora y aumenta el apetito (Fuente de información: http://diccionario.medciclopedia.com/t/2008/tetrahidrocannabinol-thc/).

(12) ART. 9º—Dirección General de Sanidad Militar. Créase la Dirección General de Sanidad Militar como una dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, cuyo objeto será administrar los recursos del subsistema de salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopte el CSSMP y el comité de salud de las Fuerzas Militares respecto del subsistema de salud de las Fuerzas Militares.

(13) Artículo 279 de la Ley 100 de 1993. Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

(14) Artículo 31 de la Ley 352 de 1997. Riesgos catastróficos y accidentes de tránsito. El Fondo de Solidaridad y Garantía del sistema general de seguridad social en salud pagará los servicios que preste el SSMP de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones que lo adicionen o modifiquen. Los casos de urgencia generados en acciones terroristas ocasionados por bombas y artefactos explosivos ocurridos en actos de servicio serán cubiertos por el SSMP”.