Sentencia 2013-00065/54050 de julio 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 520012333000201300065 01 (54.050)

Actor: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional

Demandado: Humberto Castaño Díaz

Proceso: Medio de control de repetición

Asunto: Recurso de apelación

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Bogotá D.C., diecinueve de julio del dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para adelantar y decidir el presente medio de control de repetición en segunda instancia presentada por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional el 15 de febrero de 2013, con fundamento en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.

2. Normatividad aplicable.

Precisa la Sala que en el sub lite, los hechos que dieron origen a la condena proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto - Nariño el 3 de mayo de 2010 en contra de la entidad demandante se produjeron el 28 de febrero de 2006, fecha en la cual ocurrió la muerte del Señor Luis Germán Coral Rosales agente de la Policía Nacional, adscrito al comando del municipio de Chachagüí - Nariño.

De tal manera que, en los aspectos de orden sustancial y procesal, son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 678 de 2001, ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

3. Acervo probatorio.

Obra en el plenario las siguientes pruebas(24):

3.1. Documentales.

1. Certificado de hoja de vida del señor Humberto Castaño Díaz de fecha 5 de febrero de 2013(25), como funcionario de la Policía Nacional y en el que se verificó que para el día de los hechos se desempeñaba en el cargo de comandante de la estación de Chachagüí - Nariño.

2. Copia de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2010(26) emitida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, por medio de la cual se condenó a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en sede de reparación directa a favor de los demandantes, por la muerte del señor Luis Germán Coral Rosales, en hechos acaecidos el día 28 de febrero de 2006 en la jurisdicción del municipio de Chachagüí - Nariño.

3. Copia de la Resolución 253 de fecha 18 de marzo de 2011, por medio de la cual la Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa seguida por los señores Luis Efraín Coral y otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de fecha 3 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, de la cual se resalta lo siguiente:

“(…) Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, debe pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y por perjuicios materiales lucro cesante la suma de ochenta y ocho millones doscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos con treinta y tres centavos ($ 88.207.142,33), vigentes a la fecha de ejecutoria de la citada sentencia.

(…) Que de acuerdo con el poder conferido, se reconoce al doctor Iván Palacio Larrarte, como apoderado judicial del señor Luis Efraín Coral y otros.

(…) RESUELVE:

“ART. 1º—Dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, del 3 de mayo de 2010, ejecutoriada el 14 de mayo de 2010, acción de reparación directa, expediente 52001 3331 008-2006-01783, en consecuencia, disponer el pago de trescientos cincuenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 350.815.458), en la forma como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución (…).

“ART. 2º—La dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, a través del área financiera - cuenta única nacional, pagará la suma liquidada, previos los descuentos de ley, con cargo al rubro presupuestal de sentencias, mediante consignación a favor del doctor Iván Palacios Larrarte, en la cuenta de ahorros 568368310 del Banco BBVA. (…)”(27).

4. Copia de comprobante de egreso 1500002910 expedido por la Policía Nacional en el que consta el pago a favor del señor Iván Palacio Larrarte por suma correspondiente a trescientos cincuenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 350.815.458)(28).

5. Copia del certificado de fecha 20 de marzo de 2013(29) emitido por el tesorero general de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, en el que hizo constar el pago efectivo de la suma de trescientos cuarenta y siete millones ciento treinta y cuatro mil ciento noventa y un pesos ($ 347.134.191), el día 24 de marzo de 2011 a la cuenta de ahorros 568368310 del Banco BBVA S.A.

6. Declaración extra - proceso de la señora Carmen Alicia Chávez Martínez de fecha 21 de mayo de 2013(30), rendida ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pasto, y que en su calidad de comandante de la estación de policía de Chachagüí en el año 2005 (toda vez que Castaño Díaz fue quien la reemplazó en el año 2006), manifestó que el señor Luis Coral Rosales, se había desempeñado en varias ocasiones como conductor de la patrulla referida por la necesidad del servicio.

7. Declaración extra - proceso del señor William Alexander Quintero Unibio de fecha 22 de mayo de 2013(31), rendida ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pasto, y que en su calidad de agente de policía de la época, declaró que el día que sucedieron los hechos, este se encontraba en franquicia, es decir en su descanso, y quien además declaró lo siguiente:

“(…) que el día 28 de febrero de 2006, me encontraba en horas de la noche en franquicia, es decir en mi descanso y al otro día tenía reunión con la esposa del alcalde para coordinar un evento con los niños de policía comunitaria, por lo tanto no estaba presente en la estación de policía de Chachagüí (…)”(32).

8. Declaración extra - proceso del señor Gonzalo Armando Benavidez Erazo de fecha 28 de mayo de 2013, rendida ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pasto y quien para la época de los hechos fungía como comandante de guardia, y describió la forma en que se designó al señor Luis Coral Rosales para la conducción de la patrulla con siglas 19-600.

9. Declaración extra - proceso del señor Eduardo Giovanny Cifuentes Oviedo de fecha 30 de mayo de 2013(33), rendida ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pasto, y que en su calidad de agente de la Policía Nacional dio fe que el día de los hechos se encontraba de permiso entre las dos de la tarde (2:00 p.m.) hasta la una de la mañana (1:00 a.m.), así:

“(…) el día 28 de febrero de 2006, me encontraba de permiso desde las dos de la tarde (2:00 p.m.) hasta la una de la mañana (1:00 a.m.) para realizar el primer turno. Mi comandante Huberto (sic) Castaño Díaz, había salido ese mismo día en hora de la noche con el agente Coral Rosales Luis, como conductor de la patrulla, y es en ese momento que había sucedido el accidente. Me consta que el agente Coral Rosales había conducido en varias oportunidades el vehículo de la policía, y lo hacia en forma idónea, pues fuimos juntos a sectores como la Tebaida, Pasizara (sic) y a otras partes en que se patrullaba, y él conducía muy bien, nunca tuvimos un problema en ese sentido, incluso antes de que llegara el comandante Humberto Castaño Díaz, ya era uno de los conductores de la sargento Carmen Alicia Chávez (…)”(34).

10. Declaración extra - proceso del señor Carlos Alberto Portilla Erazo de fecha 6 de junio de 2013(35), rendida ante la Notaría Diecinueve del Circuito de Medellín, y que en su calidad de agente de la Policía Nacional dio fe de lo sucedido en el día de los hechos.

11. Declaración extra - proceso de la señora Yudy Estela Zambrano Meza de fecha 19 de julio de 2013(36), rendida ante la Notaría Cuarta del Circuito de Pasto, y que en su calidad de secretaria de gobierno del municipio de Chachagüí en el que dio fe de la buena labor que el demandado desempeñó como comandante de la estación de policía al momento de contrarrestar la delincuencia y la violencia en la población.

12. Copia del oficio de fecha 13 de febrero de 2006, por medio del cual el comandante de la estación de policía de Chachagüí Humberto Castaño Díaz, solicitó al comandante del departamento de policía de Nariño, permiso para conducir la camioneta Nissan de siglas 19-600, de la siguiente manera:

“(…) Comedidamente me permito solicitar a mi Coronel (ilegible) permiso para conducir la camioneta Nissan de siglas 19-600 asignada a esta unidad a los señores PT. Quintero Unibio William identificado con cédula de ciudadanía 88.237.315 de Cúcuta y AG. Cifuentes Oviedo Eduardo identificado con cédula de ciudadanía (Ilegible) de pasto; ya que el conductor asignado a esta unidad se encuentra en sesenta (60) días de vacaciones (…)”(37).

13. Copia del acta de fecha 20 febrero de 2006(38) por medio de la cual el comandante de la estación de policía de Chachagüí - Nariño impartió una instrucción conforme a las inquietudes de los señores concejales con respecto a la actividad policiva y comité de vigilancia en las instalaciones.

14. Copia de la minuta en el cual se verifica el personal que se encontraba disponible para el día 28 de febrero de 2006(39), listado que fue verificado y suscrito por el señor comandante de la estación de policía Humberto Castaño Díaz, así:

GradoApellido y NombrePlacaLugar de facción
1ITCastaño Díaz Humberto15231Cdte. Estación
2SIUrbano Gómez (ilegible)25989Subcdte. Estación
3PTQuintero Uribio William62088Franquicia
4PTPortilla Erazo Carlos Disponible
5PTRico Mendoza Carlos27278Disponible
6PTQuelas Josa Rennet861083º T. Cdte./Guardia
7AGBenavides Erazo Gonzalo690742º y 4º T. Cdte./Guardia
8AGBenavides (ilegible) Lucio25269Realizo 1º T. Cdte./Guardia Franco
9AGBenavides Medina Luis Vacaciones
10AGCifuentes Oviedo Eduardo46294Disponible
11AGCoral Rosales Luis German68764Disponible
12AGSantacruz Chávez Tito68654Disponible

15. Copia del acta de inspección judicial de cadáver Nº 001 del señor Luis Germán Coral Rosales de fecha 1º de marzo de 2006, en el que se relacionaron las siguientes pertenencias:

“(…) Pertenencias: (Contenidos en bolsillo, alhajas, joyas y otros elementos).

Una billetera (…) permiso de porte de arma Nº P1161581, licencia de conducción de 2ª categoría, carnet de policía (…)”(40).

16. Copia de la diligencia de fecha 2 de marzo de 2006(41) por medio del cual el señor Humberto Castaño Díaz formuló denuncia de accidente de tránsito, ante la inspección de policía municipal de Chachagüí.

17. Copia de los oficios 054 y siguientes/NDPEC de fecha 5 de marzo de 2006(42) por medio del cual el señor Humberto Castaño Díaz en su calidad de comandante de la estación de policía de Chachagüí rindió un informe a los señores subcomandante operativo de seguridad ciudadana de Pasto, subcomandante del departamento de policía de Nariño, al comandante administrativo DENAR y al comandante del primer distrito, de la siguiente manera:

“(…) HECHOS:

Siendo las 20:00 horas salimos a patrullar la jurisdicción los señores IT. Humberto Castaño Díaz, PT. Portilla Erazo Carlos A. y AG. Coral Rosales Luis German como conductor del vehículo policial Nissan de siglas 19-600; en la estación de policía el número de efectivos es reducido, contamos con doce (12) unidades de los cuales uno (1) se encuentra con sesenta (60) días de vacaciones, tres (3) de guardia y los apoyos en los turnos diarios 2-3-4-1 incluido el comandante de estación.

Con el fin de pasar revista al casco urbano, registraduría, subestación eléctrica, estaciones de gasolina, alrededor del aeropuerto y peaje; continuando con el patrullaje se pasó revista a los establecimientos del sector de caño bajo, entrevistándonos con la señora Rosa Mary Rubiano (…) siendo las 21:15 horas aproximadamente continuando con el patrullaje llagamos (sic) al kilómetro 43+800 metros vía panamericana entrada a San Lorenzo, donde nos estacionamos con las luces laterales y la hawaiana (luces de colores) encendidas con el fin de dar identidad a la patrulla policial. Posteriormente me bajé del vehículo en compañía del señor patrullero Portilla Erazo Carlos Alberto y ordené al señor agente Coral Rosales Luis German que se quedara en el vehículo pendiente para cualquier apoyo con las luces encendidas, mientras realizábamos una inspección del lugar a pie sobre la destapada que conduce a la población de San Lorenzo.

Puesto que ese sector es azotado continuamente por la delincuencia común quienes se camuflan aprovechando la oscuridad para salir a atracar los vehículos que transitan en la vía panamericana llegando hasta una alcantarilla a unos cien (100) metros aproximadamente de la entrada a San Lorenzo, pasando la curva nos dirigimos a verificar la alcantarilla en busca de personas u objetos que pudieran estar ocultos, seguidamente le ordene al señor patrullero Portilla Erazo Carlos A. Que nos regresáramos hasta el vehículo porque no se observaba nada irregular, aplicando las respectivas técnicas de patrullaje, sin perder de vista el frente para evitar ser sorprendidos; teniendo en cuenta que la retaguardia estaba asegurada por el señor agente Coral Rosales Luis Germán.

Al recorrer una distancia de 30 metros aproximadamente en el regreso escuchamos un estruendo, pensando que éramos objeto de un ataque delincuencial, corrimos en busca del vehículo y notamos que no se encontraba en el lugar que había quedado. Salí hasta la vía panamericana para verificar en que lugar se encontraba el automotor, en ese momento el señor patrullero Portilla me manifiesta que los ruidos provenían del fondo del abismo y al verificar se constató que en realidad los ruidos provenían del fondo del abismo y de lo cual deduje que se trataba del vehículo policial y el señor agente Coral quien podría estar dentro de el (sic) ya que no contestó el llamado.

Siendo las 21:30 horas empezamos a realizarle el pare a los vehículos que pasaban en la vía panamericana con el fin de ubicar un vehículo para que me iluminara el abismo de lo cual paró el vehículo de placas AUN-924, marca Chevrolet (…) conducido por el señor Edilberto Valencia (…) en compañía del señor Bernardo de Jesús Flores (…) el primero de los mencionados prestó el celular de su propiedad para que llamara al teléfono personal (…) del señor AG. Benavides Erazo e informó la novedad (…) de igual manera se le informó al señor sargento segundo Bohórquez comandante grupo contraguerrilla acatonado (sic) en el puente Juanambú (…), para que nos apoyara y manifestó que el ya no estaba como comandante en esa zona y que le informaría al batallón Boyacá al comandante de la brigada, se informó de la novedad a la central (…).

18. Copia del informe policial de accidentes de tránsito en el que reposa contiguo el croquis correspondiente al siniestro objeto de estudio en la presente demanda(43).

19. Copia de constancia de fecha 23 de marzo de 2006(44), por medio del cual el coordinador de transportes del departamento de policía Nariño, indica que el automotor involucrado en el siniestro clase camioneta, tipo pick up, marca Nissan siglas 19-600 figura asignado al señor agente Cifuentes Oviedo Eduardo Geovanny con C.C. 12.993.120 de Pasto desde el 18-10-2005.

20. Copia de la minuta de anotaciones en el que se verifica que durante el mes de diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006(45), el señor Luis Germán Coral Rosales conducía el vehículo camioneta Nissan con siglas 19-600, asignado al comando de policía de Chachagüí - Nariño.

21. Oficio S-2013-016618 de fecha 26 de mayo del 2013(46), por medio del cual el departamento de policía de Nariño le comunicó al señor Humberto Castaño Díaz que a la fecha no se registró investigación disciplinaria en su contra con relación a los hechos señalados en su oficio del 21 de mayo de 2013.

22. Constancia de fecha 13 de junio de 2013(47), por medio de la cual el Juez Ciento Sesenta y Nueve (169) de instrucción penal militar - adscrito al departamento de policía Nariño, afirmó que a la fecha no se adelanta ni se ha adelantado investigación penal en contra del señor Humberto Castaño Díaz.

23. Constancia de fecha 13 de junio de 2013(48), por medio de la cual el Juez Ciento Ochenta y Dos (182) de instrucción penal militar - adscrito al departamento de policía Nariño, afirmó que a la fecha no se adelanta ni se ha adelantado investigación penal en contra del señor Humberto Castaño Díaz.

3.2. Testimoniales.

1. Declaración rendida por la señora Carmen Alicia Chávez Martínez, en su calidad de comandante de la estación de policía de Chachagüí para el año 2005, quien precedió al señor Humberto Castaño Díaz en su cargo.

2. Declaración rendida por el señor Carlos Alberto Portilla Erazo en su calidad de patrullero de la Policía Nacional designado en la estación de policía de Chachagüí para la época de los hechos, y quien acompañó al comandante Castaño Díaz y al señor Luis German Coral Rosales en la actividad de patrullaje de la zona.

3. Declaración rendida por el señor Gonzalo Armando Benavides Erazo en su calidad de comandante de guardia para el día de los hechos, quien describe como se produjo la designación de Luis Germán Coral Rosales como conductor de la camioneta de siglas 19-600.

4. Declaración rendida por la señora Yudi Estela Zambrano Meza, en su calidad de secretaria de gobierno de la alcaldía del municipio de Chachagüí - Nariño al momento en que se produjo el siniestro objeto de estudio, del cual se aprecia lo siguiente:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho de forma suscinta, pausada, clara lo que conozca acerca del asunto y en especial la manera en la que usted se enteró de esos hechos. Contesto: Desde el año 2005 a 2007 trabaje en el municipio de Chachagüí como secretaria de gobierno, por delegación del señor alcalde la secretaría de gobierno vigilaba el orden público del municipio, interactuando de manera directa en orden público con la policía, por aquel entonces teníamos muchos problemas sobre todo en el sector rural, fiestas en los corregimientos, juntas de acción comunal, equipos deportivos y lo que se hizo fue desde la alcaldía expedir un decreto para regular el horario y los permisos y los socializábamos en las veredas, esto lo hacíamos en la camioneta de la policía haciendo presencia en los diferentes veredas del municipio, tuvimos problemas de abigeato y sustancias psicoactivas y junto con la policía vigilábamos estos problemas de orden público, yo me enteré de estos hechos ya que fueron conocidos de que la patrulla se rodó, me enteré porque fue un accidente muy conocido (…)”(49).

5. Declaración rendida por el señor William Alexander Quintero Unibio, en su calidad de patrullero para la fecha de los hechos, y quien se encontraba en turno de franquicia.

6. Declaración de Eduardo Giovanny Cifuentes Oviedo, en su calidad de agente de Policía Nacional y quien para la época de los hechos se encontraba en permiso para asistir al cumpleaños de uno de sus hijos, del cual se destacó lo siguiente:

“(…) Preguntado: Sírvase manifestar al despacho en febrero de 2006 en donde se desempeñaba. Contestado: Me encontraba en la estación del municipio de Chachagüí. (…) Preguntado: Había en ese lugar conductores autorizados. Contestado: No, autorizados no porque acá el señor comandante había hecho una solicitud al comandante departamental para que seamos conductores entre otros mi persona y el otro compañero Quintero pero no se recibió respuesta. Preguntado: Conducía usted en algunas oportunidades la patrulla de la estación. Contestado: Si, yo la conducía y para esa fecha yo tenía que conducir la camioneta pero como lo dije tuve un evento tuve el permiso, me vine y era yo el que tenía que conducir pero ya ellos iban a hacer el primer turno que me tocaba. Preguntado: Usted tenia idoneidad para conducir, me refiero, sabia conducir, tenía licencia, tenía experiencia en la conducción de vehículos de este tipo. Contestado: Si claro, tenía licencia de conducción y si sabía manejar (…)”(50).

4. Razonamientos legales, de equidad y doctrinarios.

Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por los actores, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: 4.1. Elementos para la procedencia de la acción de repetición: i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena; ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación, una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado; iii) El pago efectivo realizado por el Estado, y iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa; y 4.2. El caso concreto.

4.1. Elementos para la procedencia de la acción de repetición.

La Sección Tercera ha explicado en abundantes providencias(51) los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición(52).

Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes:

i) La calidad de agente del Estado y su conducta determinante en la condena.

La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del Estado.

ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación(53), una transacción o de cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado.

La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto(54).

iii) El pago efectivo realizado por el Estado.

La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación.

iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa.

La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.

4.2. El caso en concreto.

Así las cosas, se analizará en el sub judice si hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del señor Humberto Castaño Díaz, es decir, si se cumplen con los requisitos del medio de control de repetición antes señalados, de acuerdo con el material probatorio recaudado.

Ahora bien, respecto del primer requisito, (calidad del agente) la Sala lo tendrá por acreditado, de acuerdo con el material probatorio arrimado al expediente y puntualmente con la hoja de vida del señor Humberto Castaño Díaz(55), de la cual se desprende que para la época de los hechos fungía como comandante de la estación de Chachagüí - Nariño. Por lo antes expuesto, el primer requisito para la prosperidad de la acción de repetición se encuentra demostrado.

Para acreditar el segundo de los requisitos (condena, conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos que genere el pago a cargo del Estado), la Subsección observa que dentro del proceso obra copia de la sentencia de 3 de mayo de 2010 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, dentro de una acción de reparación directa promovida por Luis Efraín Coral y otros contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional radicado 2006-01783-01, en donde se accedió al reconocimiento de los perjuicios inmateriales causados a los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Luis Germán Coral Rosales.

Constan en las copias aportadas, que dicho fallo de reparación fue favorable a las pretensiones de la demanda por los perjuicios ocasionados, en consecuencia se ordenó el pago de 400 smlmv, por daños inmateriales y ochenta y ocho millones doscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos con treinta y tres centavos ($ 88.207.142,33) por perjuicios materiales, al momento en que se produjo el fallo.

Obra constancia que para el 14 de mayo de 2010, el fallo cobró ejecutoria según certificación expedida en tal sentido por la secretaría del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto(56). Así las cosas, se cumplió con el segundo de los requisitos exigidos para la prosperidad de la acción de repetición.

Respecto de la tercera exigencia, esto es, el pago efectivo, la entidad demandante allegó los siguientes medios probatorios:

1. Copia de la Resolución 253 de fecha 18 de marzo de 2011, por medio de la cual la Policía Nacional da cumplimiento a la sentencia proferida dentro de la acción de reparación directa seguida por los señores Luis Efraín Coral y otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de fecha 3 de mayo de 2010, dictada por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, de la cual se resalta lo siguiente:

“(…) Que como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, debe pagar por concepto de perjuicios morales, el equivalente a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes y por perjuicios materiales lucro cesante la suma de ochenta y ocho millones doscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos con treinta y tres centavos ($ 88.207.142,33), vigentes a la fecha de ejecutoria de la citada sentencia.

(…) Que de acuerdo con el poder conferido, se reconoce al doctor Iván Palacio Larrarte, como apoderado judicial del señor Luis Efraín Coral y otros.

(…) RESUELVE:

“ART. 1º—Dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, del 3 de mayo de 2010, ejecutoriada el 14 de mayo de 2010, acción de reparación directa, expediente 52001 3331 008-2006-01783, en consecuencia, disponer el pago de trescientos cincuenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 350.815.458), en la forma como quedó expuesto en la parte motiva de la presente resolución (…).

“ART. 2º—La dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, a través del área financiera - cuenta única nacional, pagará la suma liquidada, previos los descuentos de ley, con cargo al rubro presupuestal de sentencias, mediante consignación a favor del doctor Iván Palacios Larrarte, en la cuenta de ahorros 568368310 del Banco BBVA (…)”(57).

2. Copia del comprobante de egreso 1500002910 expedido por la Policía Nacional en el que consta el pago a favor del señor Iván Palacio Larrarte por suma correspondiente a trescientos cincuenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 350.815.458)(58).

3. Copia del certificado de fecha 20 de marzo de 2013(59) emitido por el tesorero general de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional, en el que hizo constar el pago de la suma de trescientos cuarenta y siete millones ciento treinta y cuatro mil ciento noventa y un pesos ($ 347.134.191), el día 24 de marzo de 2011 a la cuenta de ahorros 568368310 del Banco BBVA S.A.

De esta manera, teniendo en cuenta que la condena impuesta por el Juzgado Octavo (8º) Administrativo del Circuito de Pasto en sentencia del 3 de mayo de 2010, para la Sala queda demostrado con las pruebas arrimadas al proceso, que la entidad demandante cumplió con la obligación a su cargo, consistente en la demostración del pago de la condena a favor de los accionantes dentro de la acción de reparación directa Nº 52001 3331 008-2006-01783 por valor de trescientos cincuenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos ($ 350.815.458), sin que esta haya sido objetada por la parte demandada.

En consecuencia, aportada en el sub lite la prueba idónea que acredita que se realizó efectivamente el pago, se tiene por cumplido el tercero de los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición.

Por último, respecto del requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa, y con el fin de hacer claridad sobre la manera de determinar si la conducta del agente fue dolosa o gravemente culposa, la Ley 678 de 2001 instituyó unas definiciones, diferentes a las de la codificación civil, y estableció una serie de conductas que constituyen presunciones para efectos del medio de control de repetición.

Así, los artículos 5º y 6º de la mencionada ley consagran lo siguiente:

“ART. 5º—Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado.

Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:

1. Obrar con desviación de poder.

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que le sirve de fundamento.

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión de la administración.

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado.

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a derecho en un proceso judicial”.

“ART. 6º—Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir la decisión anulada, determinada por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos administrativos determinada por error inexcusable.

4. El debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en los términos procesales con detención física o corporal”.

El Consejo de Estado estudió los conceptos de culpa grave y dolo, al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición(60) y la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema, al estudiar la demanda de constitucionalidad de los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, en donde señaló que las presunciones allí contenidas no son un juicio anticipado que desconozca el principio de presunción de inocencia, sino simplemente se trata “de un típico procedimiento de técnica jurídica adoptado por el legislador”, “por ello, la presunción constituye un medio indirecto y crítico para alcanzar la verdad, ya que se trata de un criterio que la ley o el juez se forma sobre la certeza de un hecho por su lógica conexión con otro hecho diferente y conocido como cierto”(61).

Por otra parte, el alto Tribunal también señaló que lo que pretenden las presunciones es corregir la desigualdad material que llegase a existir entre las partes frente a la prueba, para de esta manera proteger a quien se encuentre en una posición de indefensión respecto de la otra; de manera que, las presunciones contenidas en los citados artículos no implican el desconocimiento del debido proceso de los servidores o ex servidores del Estado, ni mucho menos el quebrantamiento del principio de igualdad(62).

Es por esto que, al ser la acción de repetición de naturaleza patrimonial se circunscribe al derecho civil, lo que significa que pueden existir presunciones como las consagradas en la Ley 678 de 2001, a diferencia de lo relacionado con lo penal que es de carácter personal, circunstancia que impide la existencia de presunciones(63).

Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública.

Conforme con lo anterior, la presunción reviste un carácter probatorio, invirtiéndose la carga de la prueba al demandado, el cual deberá probar la inexistencia del hecho o de las circunstancias de las cuales se infiere la presunción para liberar su responsabilidad patrimonial. Como lo ha dicho la Corte, la presunciones persiguen finalidades constitucionalmente valiosas, al facilitar el ejercicio del medio de control de repetición que es de naturaleza civil, en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes, lo que lleva a alcanzar permiten alcanzar s de garantizar la integridad del patrimonio público, la moralidad y eficacia de la función pública (C.N., arts. 123 y 209).

Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si el daño antijurídico alegado por la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional al ser condenado en acción de reparación directa, se produjo por la conducta dolosa o gravemente culposa del señor Humberto Castaño Díaz en la muerte del señor Luis Germán Coral Rosales.

Bajo este derrotero, la Sala de Subsección encuentra que el señor Luis Efraín Coral y otros instauraron acción de reparación directa en contra de la hoy accionante por la muerte del señor Luis Germán Coral Rosales, ante el Juzgado Octavo (8º) Administrativo del Circuito de Pasto y en cuya providencia se determinó declarar la responsabilidad de la entidad demandada, al encontrar que el aquí demandante había permitido la conducción de una persona no idónea del vehículo camioneta Nissan con sigla 19-600.

Fue así como, la entidad demandada (Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional) teniendo en cuenta la condena impuesta en la acción de reparación directa y en ejercicio de los mecanismos legales, instauró el medio de control de repetición contra el entonces comandante de la estación de policía de Chachagüí para la época de los hechos, buscando de esta forma, la recuperación de los dineros cancelados por la entidad pública.

Ante esta situación, la defensa del señor Humberto Castaño Díaz procedió a dar contestación a la demanda instaurada en su contra en donde resaltaron como razones de defensa dos puntos: i) Culpa exclusiva de la víctima, esto es del señor Luis Germán Coral Rosales, e ii) Inexistencia del nexo causal, al indicar que su prohijado actuó de manera diligente, en atención al principio de buena fe.

Entonces para contextualizar los hechos que dieron origen al medio de control de repetición, la Subsección encuentra demostrado que por medio de oficio 054 de fecha 5 de marzo de 2006, dirigido al subcomandante operativo de seguridad ciudadana de Pasto, así como de la minuta de anotaciones, la cual obra a folios 190 y 191 del cuaderno 1, dan cuenta que el día 28 de febrero de 2006 el señor Humberto Castaño Díaz en su calidad de comandante de la estación de policía de Chachagüí junto con el patrullero Carlos Portilla Erazo y el agente Luis Germán Coral Rosales, salieron a patrullar a las ocho (20:00) de la noche a bordo de una patrulla de la institución tipo camioneta marca Nissan identificada con las siglas 19-600, la cual era conducida por este último.

De igual manera se encuentra acreditado con los referidos documentos, que durante el desarrollo de la mencionada actividad de patrullaje, una vez llegaron al kilómetro 43+800 de la vía panamericana que conduce al municipio de San Lorenzo, el comandante Castaño Díaz como el patrullero Portilla Erazo, se bajaron del vehículo en el que se transportaban, con el objetivo de realizar una inspección a pie de la zona, pues a su consideración “ese sector es azotado continuamente por la delincuencia común quienes se camuflan aprovechando la oscuridad para salir a atracar los vehículos que transitan en la vía panamericana (…)”, y se le ordenó al conductor de la camioneta, quedarse atento en dicho lugar por si necesitaban apoyo.

Así las cosas, al valorar que no se había observado nada anómalo en el sector, el hoy accionado le ordenó a su patrullero acompañante volver al vehículo, fue entonces cuando escucharon un estruendo que correspondería a la caída del vehículo oficial a un abismo, vehículo que era conducido por el señor Coral Rosales y cuya consecuencia fue su deceso.

De los anteriores hechos, la Fiscalía Cuarta (4ª) Seccional de la Unidad de Delitos contra la vida, dispuso la investigación previa por el homicidio culposo del señor Coral Rosales “según acta de levantamiento Nº 001 de la inspección municipal de Chachagüí de Nariño de fecha 1º de marzo de 2006”, la cual se encuentra archivada desde el 14 de agosto de 2006 en donde se declaró inhibida para seguir adelante la investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos - Ley 600 de 2000, según constancia emitida el 20 de noviembre de 2007(64).

A raíz de esta cadena de sucesos, los señores Luis Efraín Coral y otros, interpusieron demanda de acción de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, solicitando se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial de la demandada por la muerte del señor Luis Germán Coral Rosales.

De manera que, el Juzgado Octavo (8º) Administrativo del Circuito de Pasto, mediante sentencia del 3 de mayo de 2010 dispuso acceder a las pretensiones de la demanda, y en consecuencia, declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por la muerte del señor Coral Rosales en hechos ocurridos el 28 de febrero de 2006, al considerar que se había demostrado la falla en el servicio de la entidad accionada, dado que se acreditó según el despacho, la omisión de la administración, la cual era representada por el comandante de la estación de policía de Chachagüí, al permitir que una persona no idónea manejara el vehículo con el que prestaba el servicio de patrullaje, conclusión que llegó luego de los siguientes razonamientos:

4.2.5. Tesis del despacho.

La entidad demandada es administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes por la muerte del prenombrado, dado que, las pruebas recabadas permiten deducir que se presentó una irregularidad administrativa de carácter culposo susceptible de ser encasillada en el régimen de falla del servicio y en forma concurrente “riesgo excepcional”, porque la muerte del Sr. Orozco tuvo lugar en ejercicio de una actividad peligrosa, no inherente al ejercicio militar, cuyo riesgo se incrementó al endilgar la conducción de un vehículo a quien no se encontraba capacitado para ello (…).

En primer lugar que, la conducción del vehículo oficial de la entidad, fue adjudicada por orden del comandante de policía y sin autorización para ello, al agente Coral Rosales, quien no se encontraba capacitado para maniobrar esa clase de automotores, dado que poseía pase de 2ª categoría, el cual, conforme al artículo 4º de la Resolución 1500 de 2005 vigente para la época de los hechos, únicamente habilita a su poseedor para la conducción de motocicletas, motociclos y mototriciclos con cilindrada mayor a 125 c.c. En consecuencia, al asignar el manejo del vehículo a una persona no idónea y además sin la autorización previa del comando central, se configuró una irregularidad administrativa que en concepto del despacho, constituye una falla del servicio.

En tercer lugar, llama la atención del despacho que, pese a que el agente Quintero William (Quien había sido considerado apto para manejar el vehículo por el comandante de la estación) estaba disponible para la fecha del accidente, el comandante prefiere llevar al Sr. Coral Rosales como conductor del automotor.

Así las cosas, en concepto de la suscrita, se presentó una irregularidad administrativa de carácter culposo, la que, como se dijo constituye el régimen subjetivo del que se ha hablado.

(…) Aplicado lo anterior al sub judice, la acción omitida a juicio del despacho, fue la asignación del vehículo a quien si se encontrase (sic) capacitado para su conducción, es decir a quien, según las leyes colombianas hubiese acreditado dicha solvencia demandada, según el cual, la idoneidad que se echa de menos, se da por acreditada ante la aceptación tácita del Sr. Coral Rosales frente a la responsabilidad que le fue endilgada, puesto que, como se observó, el único documento que avala la capacidad de una persona para conducir determinada clase de vehículos, es la licencia de conducción y no, la supuesta experiencia que tenga en esa actividad (la cual, dicho sea de paso, tampoco se acreditó en este caso, antes por el contrario, según obra en el expediente, el mando del velocípedo fue asignado a Cifuentes Oviedo, 4 meses antes del fatal accidente, desconociéndose desde cuando la víctima conducía el automotor). Cree el despacho que de haberse presentado ese simple ejercicio, se hubiere evitado el accidente en que pereció el agente.

Ahora, tampoco puede afirmarse que dicha actividad correspondía al giro ordinario del vínculo que ostentaba el hoy occiso con la Policía Nacional, dado que, no solo por la clase de vehículos que poseen esta clase de instituciones, sino también por la responsabilidad que acarrea su manejo (ante las maniobras que deben desempeñar tales como: persecuciones, huidas, emboscadas, transporte de heridos, etc.,) son especialmente asignadas a ciertos funcionarios, previa comprobación de sus capacidades (…).

Descendiendo al sub lite, conceptúa el despacho que con la omisión presentada, la administración aumentó el riesgo de por si inherente a la actividad, o dicho de otra manera, al permitir que una persona no idónea manejase ese tipo de vehículos, incrementó el riesgo permitido y este hecho contribuyó al resultado típico (…)”(65).

Con todo lo anterior, y luego de valorar de manera armónica y bajo criterios de la sana crítica las pruebas allegadas a la actuación, para la Sala es claro en primer lugar que, el señor Humberto Castaño Díaz al momento de ocurrido el lamentable hecho, fungía como comandante de estación de policía del municipio de Chachagüí - Nariño, y que bajo dicha calidad ordenó la conducción de la patrulla oficial de siglas 19-600 al agente Coral Rosales, actividad que por su misma naturaleza es de alto riesgo, el cual fue aumentado por cuenta de aquel cuando ni siquiera verificó la idoneidad que tenía el funcionario para que desempeñara dicha función, teniendo como único criterio para su designación el simple hecho de que el funcionario se haya ofrecido para hacerlo.

Aunado a todo lo anterior, dentro del proceso finalmente se estableció mediante documento de fecha 23 de marzo de 2006(66), que el coordinador de transportes del departamento de policía de Nariño (Comando Central de Policía) certificó que el automotor de clase camioneta, tipo pick-up, marca Nissan y de siglas 19-600 (involucrado en el lamentable hecho) había sido asignado para su conducción al agente Eduardo Cifuentes Oviedo, funcionario que el día de los hechos le había sido concedido permiso por parte del hoy accionado, para que saliera a la ciudad de Pasto a atender “asuntos personales”.

No obstante, en la minuta del personal disponible para el día de los hechos(67) suscrito por el mismo señor Castaño Díaz, se observa que el señor agente Eduardo Cifuentes Oviedo estaba disponible para la prestación del servicio, lo que sumado al hecho de encontrarse para ese tiempo en constantes actividades de vigilancia y patrullaje por la inseguridad que había en el sector, requerían que la conducción de la camioneta referida estuviera en manos del personal debidamente designado para ello, y por ende le exigía que al momento de estudiar la viabilidad del permiso solicitado por su agente, la motivación de su concesión no hubiera sido solamente para atender “asuntos personales”, pues la necesidad del servicio requería de su presencia, poniendo en riesgo con dicha decisión no solo la integridad de su subalternos sino la de la comunidad en sí, al haber sido consciente de que siendo el único conductor con que contaba la estación en ese momento, le haya permitido faltar a su labor durante casi todo día, tal y como lo refleja la hora de salida que reposa en la minuta, desatendiendo con ello la orden dada por el comando central de que a dicho vehículo se le había designado como conductor al agente Cifuentes Oviedo y no a otro.

De igual manera, se deduce que de acuerdo a las labores de vigilancia que se debían hacer en el sector, la actividad de conducción de la patrulla requería de una persona con el entrenamiento debido para enfrentar las diferentes circunstancias que pudieran surgir de la misma, como persecuciones, emboscadas, u hostigamientos por parte del grupo delincuencial que azotaba la zona, lo que le imponía al comandante de estación desde el mismo momento en que requirió a alguien del comando para que condujera la patrulla, un mayor cuidado en la selección del agente que asumiría dicha función, teniendo en cuenta su calidad y destreza en la conducción de este tipo de vehículos.

Se colige de lo expuesto anteriormente, que fue el actuar gravemente culposo del demandante en su calidad de comandante de estación de policía del municipio de Chachagüi - Nariño, el que ocasionó el hecho dañoso, pues al no verificar las calidades y destrezas mínimas que se requerían para la conducción de dicho vehículo, como lo era tener licencia de conducción de vehículo, supone prima facie, el desconocimiento de los principios que rigen tanto su función de policía establecidos en el artículo 1º del Decreto 1355 de 1970(68) (Código Nacional de Policía vigente para la época de los hechos), y el artículo 218 de la Constitución Política, así como las propias de su cargo y jerarquía.

Al respecto, sobre el deber que tienen los miembros de la Fuerza Pública de respetar y acatar las disposiciones contenidas en la Carta Política de 1991, se ha referido la Sala en otras oportunidades, así(69):

“El Estado colombiano se edifica en el principio del Estado social de derecho, según el cual el eje principal de la organización pública es la persona, entendida como un sujeto titular de derechos que deben ser protegidos en su integridad por quienes detentan el poder público. En otras palabras, dada la connotación antropocéntrica de la Carta Política, los derechos humanos y, especialmente, los de carácter fundamental son inviolables, inalienables e imprescriptibles y, precisamente, es el Estado el principal encargado de velar por el respeto de esas garantías esenciales del ser humano”.

De igual manera, el artículo 47 del Decreto 1355 de 1970 estableció como regla general del servicio de policía el cumplimiento de orden superior por parte de subalternos, la cual debe ser acatada sin dilación alguna cuando se presente su insistencia.

Entonces, el hoy accionante no veló en últimas por el respeto de las normas que a él lo regían así como a la dirección dada por el comando central de la policía de Nariño respecto a la designación de un conductor diferente al que encargado de ello, no pudiendo desvirtuar por ende la presunción que sobre su comportamiento establece el numeral 1º del artículo 6º de la Ley 678 de 2001(70), lo que le revela a esta Subsección que en su calidad de máximo comandante de estación de policía, debe responder patrimonialmente por lo acaecido en tan lamentable hecho.

Todo lo anterior le revela a la Sala, que el comportamiento del señor Castaño Díaz al no haber verificado con diligencia el cumplimiento de sus funciones como garante de la integridad del agente adscrito a la estación de la cual era comandante, fue lo que generó la falla del servicio destacada por el Juzgado Octavo (8º) Administrativo del Circuito de Pasto en su fallo del 3 de mayo de 2010, en la que resultó condenada la entidad hoy accionante, teniendo que soportar en consecuencia la obligación que su cargo le imponía, con el agravante de ser el funcionario de mayor jerarquía de la estación, culpa que no puede pretender usar a su favor en detrimento del patrimonio económico de la Nación.

Por último, y bajo esa línea argumentativa, para esta Subsección tampoco es de recibo lo expuesto por la defensa de la parte demandada en su escrito de contestación, al indicar que se presentó una culpa exclusiva del agente de la policía que resultó muerto, al haber sido este quien al haberse ofrecido para conducir el vehículo oficial, asumió el riesgo que dicha actividad representaba, razonamiento nada más alejado a lo que concierne en la imputación de la responsabilidad administrativa, pues por más que este se hubiera ofrecido a realizar dicha función, dicha circunstancia no exime de responsabilidad a quien ostentaba la calidad de comandante de la estación, pues su cargo le exigía, tal y como se ha dicho a lo largo de esta providencia, el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos para que dicho agente hubiera podido conducir dicha patrulla, cosa que en el presente asunto, no ocurrió.

No se puede olvidar que la actividad administrativa que también rige a la Policía Nacional, es una actividad reglada, y por ende la designación del conductor de un vehículo oficial no puede realizarse bajo la discrecionalidad de un funcionario, siendo imperioso señalar que la buena fe no se puede alegar cuando hay de por medio un deber legal, el cual no se acató.

Finalmente, de todo esto se sigue el deber imperioso y cualificado en cabeza del Estado de promover este tipo de acciones, pues lo contrario, sería tanto como que la institucionalidad estatal, que vio comprometida su responsabilidad, arropara bajo el manto de la impunidad(71) la responsabilidad personal de su servidor.

5. Liquidación de la condena.

Se tiene probado que el monto cancelado por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional sin los intereses causados, ascendió a la suma de doscientos noventa y cuatro millones doscientos siete mil ciento cuarenta y dos pesos con treinta y tres centavos ($ 294’207.142,33), pago que fue realizado el día 24 de marzo de 2011, según certificación emitida por el tesorero general de la dirección administrativa y financiera de la Policía Nacional.

En consecuencia, el valor a repetir contra el señor Humberto Castaño Díaz equivaldrá a la suma que resulte actualizada, con aplicación de la siguiente fórmula:

Ra = Vh * IPC final / IPC inicial

Ra = $ 294.207.142,33 xIPC junio 2017
——————————
IPC marzo de 2011

Ra = $ 294.207.142,33 x137,87
————
107,12

Ra = $ 378.485.944,88

De acuerdo con lo anterior, el monto a cancelar por el demandado es de trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos ($ 378.485.944,88).

De igual forma, se concederá el plazo de seis (6) meses que se contarán desde la ejecutoria de esta providencia, para que los demandados procedan al pago de la condena impuesta.

6. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 “salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

De manera que al acudir a la norma de procedimiento civil, esta es el Código General del Proceso (L. 1564/2012), el artículo 365 señala, entre otras, las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

Por lo tanto, en el presente caso habrá lugar a condenar al demandado el señor Humberto Castaño Díaz al pago de costas, por ser la parte vencida dentro del proceso, las cuales se liquidarán en el 1% sobre el total de las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 20 de febrero de 2015, y en su lugar, DISPONER:

1. DECLARAR patrimonialmente responsable al señor Humberto Castaño Díaz, identificado con la C.C. 10.257.247 de la condena impuesta a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional en la sentencia del 3 de mayo de 2010, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto - Nariño.

2. CONDENAR al señor Humberto Castaño Díaz, a reintegrar la suma de trescientos setenta y ocho millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos cuarenta y cuatro pesos con ochenta y ocho centavos ($ 378.485.944,88), a favor de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional.

3. FIJAR para el cumplimiento de esta sentencia el plazo de seis (6) meses contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

4. Se condena en costas al señor Humberto Castaño Díaz, las cuales se liquidarán en el 1% sobre el total de las pretensiones de la demanda.

5. En firme esta providencia devuélvase el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

24 Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022.

25 Fl.14, cdno. 1.

26 Fls.15-36, cdno. 1.

27 Fls. 40-41, cdno. 1.

28 Fl. 42, cdno. 1.

29 Fl. 61, cdno. 1.

30 Fl. 125, cdno. 1.

31 Fl. 127, cdno. 1.

32 Fl. 127, cdno. 1.

33 Fl. 126, cdno. 1.

34 Fl. 128, cdno. 1.

35 Fl. 126, cdno. 1.

36 Fl. 126, cdno. 1.

37 Fl. 176, cdno. 1.

38 Fls. 131-132, cdno. 1.

39 Fl. 173, cdno. 1.

40 Fl. 167, cdno. 1.

41 Fls. 162-163.

42 Fls. 145-148, cdno. 1.

43 Fls. 171-172, cdno. 1.

44 Fl. 175, cdno. 1.

45 Fls. 182-191, cdno. 1.

46 Fl. 123, cdno. 1.

47 Fl. 121, cdno. 1.

48 Fl. 121, cdno. 1.

49 Fl. 237, cdno. 1.

50 Fl. 240, cdno. 1.

51 Sobre el tema pueden consultarse las siguientes sentencias: 27 de noviembre de 2006, exp. 22099; 6 de diciembre de 2006, exp. 22056; 3 de octubre de 2007, exp. 24844; 26 de febrero de 2009, exp. 30329; 13 de mayo de 2009, exp. 25694; 28 de abril de 2011, exp. 33407, entre otras.

52 Sentencia de 28 de abril de 2001, exp. 33407.

53 La ley 678 de 2001 agregó que la obligación de pago también puede surgir de una conciliación aprobada legalmente.

54 Al respecto puede consultarse la sentencia del 8 de noviembre de 2007, exp. 30327.

55 Fls. 13-14, cdno. 1.

56 Fl. 65, cdno. 1.

57 Fls. 40-41, cdno. 1.

58 Fl. 42, cdno. 1.

59 Fl. 61, cdno. 1.

60 Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de julio de 2015, exp. 32.174; 27 de agosto de 2015, exp. 48016; 8 de julio de 2016, exp. 41.970; 9 de septiembre de 2016, exp. 44.845.

61 Corte Constitucional. Sentencia C-374 de 2002.

62 “(…) Por lo anterior, cree la Corte que de no haber apelado el legislador a la figura de las presunciones de dolo y culpa grave que consagran las normas acusadas, realmente muy difícil sería la tarea de adelantar con éxito un proceso de repetición contra el agente estatal que con su conducta dolosa o gravemente culposa ha dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado, y también se harían nugatorios los propósitos trazados por el legislador con la expedición de la Ley 678 de 2001, de promover la efectividad de los principios constitucionales de la moralidad, eficiencia y economía en el ejercicio de la función pública”. Sentencia C-374 de 2002

63 Corte Constitucional. Sentencia C-455 de 2002.

64 Fl. 144, cdno. 1.

65 Fls. 21 y 30-32, cdno. 1.

66 Fl. 175, cdno. 1.

67 Fl. 173, cdno. 1.

68 D. 1355/70, “ART. 1º—La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.

69 Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 05001-23-25-000-1998-02246-01 (35529).

70 Artículo 6º de la Ley 678 de 2001: “ART. 6º—Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.
Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:
1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho (…)”.

71 Acorde a un concepto amplio de impunidad recogido, entre otros, en el “conjunto de principio para la lucha contra la impunidad”, allí se entiende por impunidad “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”. Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. ECOSOC. Resolución E/CN.4/2005/102/Add. 1 Distribución General el 8 de febrero de 2005.