Sentencia 2013-00065 de abril 22 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 540011102000201300065 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Mercedes López Mora

Proyecto registrado. 21 de abril de 2015.

Aprobado según acta de Sala 029

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala tiene competencia para conocer en el grado jurisdiccional de consulta de las sentencias emitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 112 de la Ley 270 de 1996(13) y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007(14).

Así las cosas, previa referencia al fallo materia de consulta, en procura del control de legalidad que implica este grado jurisdiccional sostiene esta corporación que verificado el procedimiento surtido en la fase investigativa y de juzgamiento contra la doctora Torcoroma Ropero Rojas, no se avizora ninguna clase de yerro o vicio que pueda dar al traste con lo hasta aquí definido, toda vez que cómo se observa del recuento procedimental el derecho de defensa de la investigada fue efectivamente ejercido, esto, bajo las formas propias del proceso descrito por la normatividad disciplinaria.

Decantado lo anterior, procede esta colegiatura a desatar el grado de consulta, no sin antes advertir que la decisión adoptada en primera instancia será corroborada íntegramente, tras comprobarse de manera fehaciente el acaecimiento del hecho imputado, la responsabilidad de la disciplinada en éste y la existencia de criterios de dosificación de la sanción que sugieren la exclusión como medida idónea en el caso en comento.

En ese orden de ideas, con el propósito de reforzar lo anteriormente declarado, se procede primeramente a enunciar con toda brevedad el sustento fáctico que respalda la imputación jurídica, para así posteriormente pasar a la adecuación típica de la conducta probada a la falta disciplinaria endilgada. Así, como medios de prueba relevantes en la demostración del actuar reprochable de la profesional del derecho se tiene:

• Copia del contrato de prestación de servicio suscrito por la disciplinable y el quejoso el 12 de diciembre de 2011, el cual tiene por objeto prestar asesoría jurídica al Mandante, en diligencia de remate del ubicado en la calle 12 y 13 Nº 12-58 del Barrio San Luis, distinguido como lote 3, llevada a cabo en el Juzgado Séptimo Civil Municipal radicado 2009-00026. Documento que refleja la cancelación de $ 5.000.000 a la profesional por concepto de contraprestación del servicio (fl. 7, C.O.).

• Copia del auto emitido por el Juzgado Séptimo Civil Municipal del 9 de noviembre de 2011, mediante el cual se dio por terminado el proceso ejecutivo 2009-00026 con ocasión al pago total de la obligación y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares (fl. 85, C.O.).

• Recibo suscrito por la encartada al denunciante el 24 de enero de 2012 por $ 4.700.000, con objeto postura en diligencia de remate del inmueble Barrio San Luis (fl. 31, C.O.).

• Testimonio rendido por la señora Martha Rocío Mora —sobrina del denunciante—, quien aseveró haberle acompañado el 2 de febrero de 2012 a las instalaciones del Banco Agrario, lugar en el que atestiguó la entrega de una suma cercana a $ 12.000.000 a la togada (audiencia de pruebas y calificación provisional del 8 de abril de 2013, audiencia de juzgamiento del 9 de mayo de 2014).

• Certificación emitida por el Banco Agrario, donde se asegura la existencia de la consignación hecha a favor de la disciplinable el 2 de febrero de 2012 por un monto equivalente a $ 12.208.000, transacción que según el registro individual de operaciones en efectivo fue realizada personalmente por la profesional, bajo concepto de honorarios de abogado litigante (fls. 92-94, C.O.).

Vistos los elementos de juicio que preceden, con toda certeza infiere esta corporación que el actuar de la jurista acusada puede adecuarse sin dificultad a la falta disciplinaria imputada por el a quo, es decir obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, ya que como se pasa a ver el ingrediente normativo subjetivo que conforma el tipo disciplinario —la mala fe— es tangible en el comportamiento antiético denunciado.

Sea lo primero entonces, dar un alcance al concepto de mala fe para así justificar, a partir de éste, la valoración que se hace de la conducta de la togada. A efectos de delimitar la mentada noción jurídica, se trae a colación lo preceptuado por la máxima guardiana de la constitución respecto al principio de buena fe:

”La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”(15).

Así, bajo el entendido que todo actuar inmerso en el principio constitucional de buena fe responde a los valores de honestidad y lealtad, los cuales permiten tener confianza y seguridad en la palabra otorgada por quien se relaciona jurídicamente con el otro, puede abstraerse en contraposición a este precepto que un comportamiento impulsado por la mala fe recurre a la deshonestidad y deslealtad para ambientar en una relación jurídica un entorno de confianza y seguridad inexistente. Y es bajo este contexto que la Sala sostiene con toda seguridad, que la mala fe fue una constante en las actividades desarrolladas por la abogada en virtud del contrato de prestación de servicios suscrito con el quejoso.

En efecto, no puede inferirse honestidad y lealtad en el comportamiento de la jurista, cuando se evidencia —a partir de los elementos de prueba ya relacionados— que desde la misma suscripción del contrato de prestación de servicios era imposible por parte de la disciplinada la consecución de su objeto, y que por lo tanto, el acto de ofrecer asesoría y requerir dineros para gestiones imposibles o inexistentes constituía en sí un asalto a la confianza y seguridad depositada por el quejoso en su investidura como abogada.

Ahora, si bien es cierto la realidad procesal no apuntala con certeza el momento en el que la jurista conoció la inviabilidad de su gestión, es aún más cierto que dicha comprensión debió de darse en la etapa previa de estudio y confección del contrato o en caso extremo, inmediatamente al inicio de la gestión de la abogada, pues de contera se entiende que la sola constatación del estado del proceso para evaluar la viabilidad de ofrecer una asesoría o su iniciación arrojaría la noticia de las disposiciones ordenadas en el auto del 9 de noviembre de 2011.

Con todo y lo anterior, la encartada actuó de manera contraria a lo que el Código Deontológico del Abogado le exigía, no informó instantáneamente a su cliente de la imposibilidad de iniciar la tarea encomendada tras verificar lo ordenado por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Cúcuta, y en su lugar decidió prorrogar su ignorancia sobre el asunto para así socavarle a través de expensas irreales dinero para su beneficio.

Obsérvese, entonces, que es imposible la aplicación del principio de presunción de inocencia en el caso sub judice, en tanto éste se ve derruido por la claridad de la realidad procesal compilada y por la misma actitud renuente de la investigada, quien de manera consciente abandonó su defensa ante las graves acusaciones presentadas, dejando desprovista a la defensa de elementos suficientes para controvertir las imputaciones hechas. Y es que, no basta presumir simplemente que la acusada actuó de buena fe exenta de toda culpa al ofrecer y suscribir el contrato de prestación de servicios o al tasar por segunda oportunidad —y sin justificación alguna— sus honorarios de asesoría como bien lo pretende ésta, pues la buena fe en el desarrollo de la profesión se profesa no solo afirmando haber actuado correctamente, sino también ilustrando la presencia de un comportamiento encaminado a verificar la regularidad de la situación en la que se actuó, dicho en otras palabras, verificando que el objeto de la asesoría era cuando menos posible.

De modo, pues, es inaceptable para esta colegiatura el comportamiento que de mala fe encabezó la profesional del derecho al exigir dinero el 24 de enero de 2012 para realizar una postura en diligencia de remate del inmueble Barrio San Luis y el 2 de febrero de 2012 por concepto de honorarios, pues como ya se dijo el conocimiento de la imposibilidad de emprender su labor lo debió obtener con anterioridad a las mentadas fechas, estando probado así el elemento subjetivo conformador del tipo disciplinario.

En suma, los hechos reflejados por las pruebas arrimadas al proceso, es decir suscripción de un contrato de prestación de servicios, el cobro de honorarios por la asesoría y la exigencia de pagos para postular en una diligencia de remate inexistente —actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión—, bajo el entendimiento de no poder realizar la gestión encomendada —Mala fe— constituyen elementos suficientes para adecuar típicamente la conducta de la doctora Torcoroma Ropero Rojas en la falta disciplinaria endilgada.

Antijuridicidad

La Ley 1123 de 2007 consagra como uno de sus principios rectores, el de antijuridicidad, según el cual, “Un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(16).

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el estatuto de la abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derechos del sujeto disciplinable, debe trascender igualmente de la simple descripción legal”(17).

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En este caso, el togado contrarió el deber de conservar y defender la dignidad y el decoro de la profesión, que se encuentra consagrado en el numeral 5º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deber que tiene correlación directa con lo dispuesto en el artículo 30 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007 correspondientemente.

Ciertamente, advierte esta corporación una afectación injustificada al deber profesional de conservar y defender la dignidad y decoro de la profesión por parte de la abogada Ropero Rojas, toda vez que con su actuar mal intencionado y falaz atentó contra la imagen de la abogacía y operó en contra de todos los valores de confianza, seguridad y lealtad que recubren el ejercicio de la profesión, al engañar de manera asidua a su cliente y aprovecharse de su limitación académica para obtener remuneraciones por asesorías y gestiones inexistentes.

De la culpabilidad

Encuentra la Sala acertada la designación hecha por el juez a quo sobre la modalidad en que se desarrolló la conducta endilgada a la disciplinada, toda vez que, los elementos volitivo y cognoscitivo son plenamente identificables en el actuar de la abogada, pues como se viene explicando fue su voluntad informada y consciente la que gobernó los actos que aquí se reprochan. Dicho en otras palabras, el ocultamiento de información de significativa importancia como la imposibilidad de cumplir con la tarea encomendada, así como el requerimiento de dineros para diligencias o asesorías inexistentes, sin jamás revelar el transfondo del asunto, reflejan una intención diáfana encaminada a mantener en error al prohijado y sacar injusto provecho de tal situación.

De la dosimetría de la sanción

Tomadas en consideración, el recorrido argumentativo traza, encuentra esta colegiatura que la sanción que procede es la de la exclusión en el ejercicio de la profesión, en atención a los criterios de graduación de la sanción disciplinaria que concurren en el presente caso, entre los cuales se tiene: la modalidad dolosa de la conducta, la trascendencia social de los hechos, el aprovechamiento de la limitada formación académica del quejoso, la utilización del dinero en beneficio propio y la existencia de antecedentes disciplinarios en los últimos 5 años a la comisión de la falta(18).

Dicho de otro modo, consulta la sanción impuesta con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto revela la correspondencia justa que debe existir entre lo que el infractor hizo y la consecuencia jurídica que se le derivó, pues hacerse con el patrimonio de su cliente con aprovechamiento de su condición profesional, máxime cuando sabía que estos limitados recursos estaban destinados a la consecución de una vivienda para una persona de tercera edad, merece la separación definitiva de su investidura como profesional del derecho para impedir que un hecho así vuelva a acontecer.

Por lo tanto en mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional disciplinaria, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada de fecha del 31 de octubre de 2014 que declaró responsable disciplinariamente a la abogada Torcoroma Ropero Rojas por incurrir en la falta prevista en el artículo 30-4 de la Ley 1123 de 2007, y le sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión, conforme a las razones contenidas en este proveído.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción impuesta.

3. NOTIFÍQUESE personalmente esta sentencia a la sancionada y, para ello, COMISIÓNESE al consejo seccional de origen por diez (10) días para tal efecto, de no ser posible lo anterior, súrtase a través del medio subsidiario previsto por la ley.

4. Devuélvase en su oportunidad este expediente al Seccional de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

(13) Ley 270 de 1996, artículo 112: … PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.

(14) Ley 1123 de 2007, artículo 59: La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoce: 1) en segunda instancia, de la apelación y consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en este código…

(15) Corte Constitucional C-1194 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(16) Artículo 4º.

(17) Lecciones del derecho disciplinario. Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pág. 35 y ss.

(18) Folio 36, C.O. Sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por 4 meses en el proceso de radicado 540011102000200900653 01 por la comisión de la falta descrita en el artículo 37-1 de la Ley 1123 de 2007, del 11 de mayo de 2011.