Sentencia 2013-00066/2051-2014 de julio 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Rad.: 270012333000201300066 01

Nº interno: 2051-2014

Actor: María Gerónima Mosquera Leudo

Demandado: Municipio de Nóvita

Trámite: Nulidad y restablecimiento del derecho / Segunda instancia.

Asunto: Reajuste pensión de sobrevivientes en aplicación de las leyes 4ª de 1976, 71 de 1988, 6ª de 1992, 100 de 1993 y del Decreto 2108 de 1992.

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil diecisiete.

EXTRATOS: «Consideraciones

2.1. Planteamiento del problema jurídico.

Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único y conforme al material probatorio obrante en el expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar; si resulta viable el reajuste de la pensión de jubilación sustituida en favor de la actora con base en los incrementos establecidos en las Leyes 4ª de 1976, 6ª de 1992, 100 de 1993 y en el Decreto 2108 de 1992.

Adicionalmente, surge otro problema jurídico asociado y que está relacionado con la operatividad de la prescripción en tratándose del reconocimiento de reajustes pensionales a cargo de una entidad territorial que se encontraba en proceso de reestructuración de pasivos en virtud de lo previsto por la Ley 550 de 1999.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la complejidad y variedad de los cargos que sustentan el recurso de apelación que la parte actora formuló contra la sentencia de primera instancia, la Sala los estudiará individualmente y tendrá en cuenta tanto los antecedentes normativos como los pronunciamientos jurisprudenciales de esta corporación relacionados con los mismos, para posteriormente determinar si resultan procedentes frente a la situación particular de la demandante, que se analizará a renglón seguido.

Por lo que, decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: (i) de la situación fáctica, (ii) del reajuste pensional en los términos de las Leyes 4ª de 1976, 6ª de 1992, 100 de 1993 en sus artículos 14 y 143 y del Decreto 2108 de 1992; (iii) De los acuerdos de reestructuración de pasivos de la entidades territoriales previstos por la Ley 550 de 1990 y su incidencia en la operatividad de la prescripción de derechos en materia laboral; (iv) Del reconocimiento de la mesada 14; (v) conclusiones; (vi) Del restablecimiento del derecho en favor de la demandante y; (vii) De la condena en costas.

1. De la situación fáctica.

  1. . De la situación fáctica.
 

Mediante Resolución 001 de 14 de marzo de 1983 suscrita por la alcaldesa del municipio de Nóvita, se reconoció pensión vitalicia de jubilación al causante partir de julio de 1982 y en el equivalente al 75% del promedio de lo devengado durante su último año de servicios, para lo cual dio aplicación a lo previsto por la Ley 6ª de 1945, fijando su cuantía en $22.816(17).

El causante a través de peticiones presentadas ante la autoridad demandada el 10 de noviembre de 1987, el 10 de julio de 1989, el 17 de agosto de 1992 y el 29 de marzo de 1995, solicitó el reajuste de la pensión reconocida en aplicación de lo previsto por las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988, sin obtener respuesta a ninguna de ellas(18).

A través de la Resolución 036 del 12 de mayo de 2000, proferida por el alcalde del municipio demandado se reconoció a la señora María Gerónima Mosquera la pensión de jubilación que disfrutaba el causante, dada su condición de cónyuge supérstite(19).

El 28 de noviembre de 2011, la demandante presentó petición tendiente a obtener el reajuste de la pensión sustituida en aplicación de lo previsto por las Leyes 4ª de 1976, 71 de 1988, 100 de 1993 y 445 de 1998(20), la cual fue desatendida por parte de la entidad accionada.

Ante la negativa del municipio de reajustar la pensión sustituida, en octubre de 2012 interpuso acción de tutela en contra de la entidad accionada a efectos de que le fueran amparados los derechos al debido proceso administrativo, igualdad, mínimo vital, vida digna, seguridad social y dignidad humana, cuyo trámite se surtió ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita, que el 24 de octubre siguiente tuteló sus derechos y ordenó que transitoriamente el ente accionado reliquidara la mesada pensional conforme a las normas señaladas(21), a partir de lo cual fue proferida la Resolución 563 del 10 de diciembre de 202. Del reajuste pensional conforme lo previsto por la Ley 4ª de 1976.12(22), incrementando su cuantía de $589.874 a $ 1´867.225, sin referirse a las sumas adeudadas desde el momento en que el causante presentó las peticiones para su reajuste.

2. Del reajuste pensional conforme lo previsto por la Ley 4ª de 1976.

 

La Ley 4ª de 1976(23), en su artículo 1º asignó, para quienes hayan tenido estatus de pensionado con un año de anterioridad al reajuste, un incremento en términos porcentuales de la mitad del aplicado al salario mínimo mensual más alto vigente, y uno adicional en términos absolutos de la mitad del mismo. Este reajuste se causará según lo señala la norma cuando se eleve el salario mínimo mensual así:

“ART. 1º—Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:

Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo legal mensual más alto, más una suma equivalente a la mitd del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.

PAR. 2º—Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste.

PAR. 3º—En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5 veces el salario mensual mínimo legal más alto”.

De acuerdo con lo anterior, el reajuste se hace con la mitad de la diferencia, en términos absolutos y porcentuales, del incremento en el salario mínimo nuevo y el anterior. Ahora bien, respecto de cuál salario debe considerarse el “antiguo salario mínimo” y cuál debe considerarse el “nuevo salario mínimo”, conviene mencionar que esta corporación en sentencia del 2 de diciembre de 1992 dictada dentro del proceso 2971, con ponencia del Dr. Diego Younes Moreno manifestó lo siguiente:

“Es evidente que cuando la ley ordena reajustes anuales a partir del 1º de enero las alternativas que para dichos reajustes presentan los incisos 2º y 3º del artículo 1º de la Ley 4 de 1976 se refieren a la Lanualidad inmediatamente anterior, pues no es concebible que dichas alternativas operen en el mismo año en que deben reajustarsen (sic) las pensiones a partir del 1º de enero, pues ello conduciría a que los incrementos pensionales solo podrían determinarse el 31 de diciembre del respectivo año, fecha en que se sabría si han ocurrido aumentos en el salario mínimo legal más elevado o sí por el contrario, habría que aplicarse la segunda alternativa, o sea la de determinar el valor del incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Para este evento el inciso 3º establece claramente que el incremento en el nivel general de salarios debe medirse entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y es incuestionable que para la primera alternativa deben también incluirse todos los aumentos del salario mínimo legal más alto que hubieran ocurrido desde el 1º de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, lo que se obtiene, como lo hizo la oficina jurídica en la circular acusada, tomando los salarios mínimos vigentes en 31 de diciembre de uno y otro año anteriores al 1º de enero en que debe operar el reajuste pensional”.

En iguales términos se pronunció esta Sala en sentencia del 27 de Julio de 1992, expediente 4684, con ponencia del Dr. Joaquín Barreto Ruíz en uno de cuyos apartes señaló:

“El tema debatido no es nuevo porque evidentemente ésta sección en la sentencia mencionada anteriormente y en otros pronunciamientos posteriores ha concluido que el aumento pensional correspondiente a 1978, se obtiene comparando el salario mínimo legal mensual más alto vigente a 31 de diciembre de 1976, como el salario antiguo, y el mismo salario vigente a 31 de diciembre de 1977 como nuevo, o sea $1.560 y $2.340, que determinan un aumento del 25% más $390; y no comparando el salario vigente el 1º de enero de 1977, que determinaría un aumento de 16,10% más $285”.

Definido por la jurisprudencia de esta corporación cuál es el monto de los ajustes correspondientes a la Ley 4ª de 1976, resta por verificar para efectos del caso concreto planteado, el momento a partir del cual debe realizarse el primer ajuste de la mesada pensional, como quiera que este aspecto fue expuesto dentro del recurso de apelación, en el que se señaló que dicho incremento debe aplicarse a partir de enero de 1983, y no desde el mismo mes de 1984, en razón a que el reconocimiento pensional del causante surtió efectos a partir de julio de 1982.

El sentido de la norma bajo examen es claro al establecer que los ajustes de la pensión deben ocurrir de oficio “cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto vigente” o en la eventualidad de que este no se hubiera elevado en el año, cuando haya transcurrido ese año.

Para el caso presente, solo opera la primera opción señalada en la norma, pues desde 1977, el salario mínimo mensual en Colombia experimentó al menos un cambio anual.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el señor Vicente Valencia Rodríguez consolidó el estatus de pensionado a partir de julio de 1982; el primer ajuste de su mesada pensional debió ocurrir al momento en que se presentó un incremento en el salario mínimo mensual más alto vigente, después de transcurrido el año de haber consolidado la condición mencionada que señala el parágrafo 2º del artículo 1º de la ley 4ª de 1976, esto es, el 1º de enero de 1983, lo cual impone modificar la decisión de primera instancia para precisar este aspecto.

Así las cosas, con las anteriores precisiones a continuación la Sala presenta el análisis de los incrementos de las mesadas pensionales de la demandante en aplicación de lo previsto por la Ley 4ª de 1976 en su artículo 1º, a partir de lo certificado por la entidad demandada en la constancia obrante a folios 186 a 188 del plenario:

AñoSalario mínimo (*1)Mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario (*2)Variación anual salario mínimo (*3)Mitad de porcentaje que representa el incremento entre el antiguo y el nuevo salario (*4)Porcentaje de incremento efectivo de la pensión de la demandante (*5)Mesada que debió percibir
1982$7.410 30  $22.816
1983$9.261$92625,0$2.852$3.778$26.594
1984$11.298$1.01922,0$2.925$3.944$30.537
1985$13.558$1.13020,0$3.054$4.184$34.721
1986$16.811$1.62724,0$4.167$5.793$40.514
1987$20.510$1.85022,0$4.457$6.306$46.820
1988$25.637$2.56425,0$5.853$8.416$55.236
(*1) Información extraída de la página web del Banco de la República.
(*2) Resultado de aplicar la fórmula de reajuste contenida en el artículo 1º de la Ley 4 de 1976.
(*3) Información sacada de la página web del Banco de la República.
(*4 y *5) Resultado de aplicar la fórmula de reajuste contenida en el artículo 1º de la Ley 4 de 1976.

A partir de lo señalado, se colige que los valores pagados por concepto de reajuste pensional por la entidad territorial demandada son inferiores a los que se obtienen de aplicar la formula prevista por la Ley 4ª de 1976, razón por la cual son precisamente estos últimos los que han de ser tenidos en cuenta para efectos de incrementar las mesadas pensionales de la demandante, y que el primer reajuste debe ser el correspondiente al año de 1983 y no al de 1984 como fue ordenado en la sentencia de primera instancia, lo cual impone su modificación.

2.1.3. Del reajuste pensional conforme lo previsto por la Ley 6ª de 1992 reglamentada por el Decreto 2018 de 1992.

La Ley 6ª de 30 de junio de 1992(24), en su artículo 116 estableció un reajuste de las pensiones del sector público nacional, con el siguiente tenor literal:

“Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 1989.

Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente y no producirán efecto retroactivo”.

La anterior disposición, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995 por violación al principio de unidad de materia consagrado en el artículo 158 de la Constitución Política; en la que al señalar los efectos de dicha decisión, dijo:

“(…) La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución.

En este caso, esta corporación considera que, en virtud de los principios de la buena fe (C.P. art. 83) y protección de los derechos adquiridos (C.P. art. 58), la declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo. Esto significa, en particular, que la presente declaratoria de inexequibilidad no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108 de 1992, pero que no habían sido realizados al momento de notificarse esta sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias judiciales en caso de controversia.

En efecto, de un lado el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (C.P. art. 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que goza de protección constitucional. De otro lado en virtud del principio de efectividad de los derechos (C.P. art. 2º) y eficacia y celeridad de la función pública (C.P. art. 209), la ineficiencia de las autoridades no puede ser razón válida para desconocer los derechos de los particulares. Nótese en efecto que tanto el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 como el Decreto 2108 de 1992 ordenaban una nivelación oficiosa de aquellas pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, por lo cual sería discriminatorio impedir, con base en esta sentencia de inexequibilidad, que se haga efectivo el incremento a aquellos pensionados que tengan derecho a ello. (…)”.

La misma sentencia C-531 de noviembre 20 de 1995, señaló que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, no es obstáculo para que se realice el reajuste pensional ordenado, dada la consolidación del derecho y la actuación oficiosa que debía desplegar la administración en su reconocimiento y pago.

La Ley 6ª de 1992, fue reglamentada mediante el Decreto 2108 de 1992 estableciendo el porcentaje de los ajustes que se realizarían a las pensiones reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 durante los años 1993 a 1995. El tenor literal de los artículos 1º y 2º es el siguiente:

“ART. 1º—Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995 así:

Año de causación del derecho a la pensiónPorcentaje del reajuste aplicable a partir del 1º de enero del año:
199319941995
1981 y anteriores 28% distribuidos así:12124
1982 hasta 1988 14% distribuidos así:7 77--

ART. 2º—Las entidades de previsión social o los organismos o entidades que están encargadas del pago de las pensiones de jubilación tomarán el valor de la pensión mensual a partir de diciembre de 1992 y le aplicarán el porcentaje del incremento señalado para el año de 1993 cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 1º.

El 1º de enero de 1994 y 1995 se seguirá el mismo procedimiento con el valor de la pensión mensual a 1º de diciembre de los años 1993 y 1994 respectivamente, tomando como base el porcentaje de la columna correspondiente a dichos años señalada en el artículo anterior.

Estos reajustes pensionales son compatibles con los incrementos decretados por el Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 71 de 1988”.

Respecto al campo de aplicación del Decreto 2108 de 1992 el Consejo de Estado en sentencia de 11 de diciembre de 1997, expediente 15723, Consejera Ponente: Dra. Dolly Pedraza de Arenas, inaplicó la expresión “del orden nacional” contenida en el artículo 1º del Decreto 2108 de 1992, por considerar que tal discriminación violaba el derecho a la igualdad, lo que significa que la citada disposición, durante su vigencia y según los efectos señalados en los párrafos precedentes, gobernó la situación de los pensionados de los órdenes nacional y territorial.

Así mismo esta corporación en sentencia del 11 de junio de 1998, expediente No. 11636, del M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, declaró nulo el artículo 1º del Decreto 2108 de 1992, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992.

De lo anterior se concluye, que el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, rigió desde su expedición el 30 de junio hasta el 20 de noviembre de 1995, cuando fue retirado del ordenamiento jurídico por la declaratoria de inexequibilidad, pero siguió produciendo efectos para quienes adquirieron bajo su vigencia el derecho al reajuste pensional.

Conforme a lo expresado en la sentencia C-531 del 20 de noviembre de 1995 de la Corte Constitucional, con relación a la inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, la norma tiene efectos hacia el futuro y en los casos de las personas que consolidaron su derecho mientras estuvo vigente, precisó que las entidades encargadas del pago de pensiones no pueden dejar de aplicar el incremento ordenado en el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, así haya sido declarada inexequible, es decir, que los reajustes no realizados al momento de notificarse la sentencia por ineficiencia de las entidades o de las instancias judiciales en caso de controversia no lleva a su inaplicación porque se trata de una situación consolidada debido al status pensional y a la nivelación oficiosa de las pensiones reconocidas antes de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos salariales.

El Decreto Reglamentario 2108 de 1992, que ajustó las pensiones de jubilación, expresamente dispuso en su artículo primero que las pensiones a reajustar serían las reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presentaran diferencias con los aumentos de salarios, en el artículo segundo ordenó que las entidades encargadas del pago de las pensiones reajustarán la pensión con base en el valor de la misma. El artículo tercero previó que el reconocimiento de los reajustes no se tendrá en cuenta para la liquidación de las mesadas atrasadas y en el artículo cuarto estableció que no producirán efectos retroactivos.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el causante obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación mediante la Resolución 1 del 14 de marzo de 1983(25) con efectos a partir de julio de 1982, ello es, antes del 1º de enero de 1989, fecha impuesta como límite por el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 para conferir el beneficio del reajuste pensional previsto por dicha norma, debe concluir la Sala que para el caso concreto se cumplen los supuestos de hecho en ella contenidos y, por tanto, a la demandante le asiste derecho al incremento en el mismo porcentaje de aumento del salario mínimo sumado el 14% para los años 1993 y 1994, como lo dispuso el Decreto 2108 de 1992, lo cual conlleva a que la decisión apelada sea revocada en este aspecto.

Conforme a lo anterior a continuación se presenta la proyección de reliquidación de la mesada pensional de la actora en aplicación de los reajustes antes mencionados, dentro de la cual igualmente se incluye lo correspondiente a la aplicación de la Ley 71 de 1988, que si bien no fue objeto del recurso de apelación, para efectos prácticos, la Sala estima pertinente incluirlos dentro del mismo cuadro a efectos de que las partes tengan claridad sobre sus efectos en el incremento del monto de la prestación pensional de aquella, como quiera que este corresponde a otra pretensión de la demanda:

AñoVariación anual del incremento porcentual del Salario MínimoTotal Incremento efectivamente reconocido por la entidad demandadaValores de la mesadas pensionales reconocidas a la parte actoraValor final de las mesadas que debió haber recibido la demandante
198927%$14.914$39.000$70.150
199026%$18.240$41.025$88.390
199126.1%$23.070$54.000$111.460
199226.1%$29.091$62.885$140.551
199325%$35.138$ 82.000$185.527(26)
199421.1%$39.148$100.040$237.662(27)
199520.5%$48.721$150.000$286.382

De lo anterior se infiere, que efectivamente los valores reconocidos a la actora por concepto de mesadas pensionales durante 1989 y 1995 fueron inferiores a los que resultan de aplicar los incrementos referidos, por lo cual la demandada deberá tener en cuenta lo anterior para reajustar la pensión de aquella.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la base de la mesada pensional de la actora debe ser reajustada según lo hasta aquí expuesto, resulta necesario para la Sala señalar que en todo caso y además de lo anterior, la prestación referida debe ser actualizada en aplicación de la variación porcentual del índice de precios al consumidor a partir del año de 1996, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993(28), como lo consideró el Tribunal dentro del fallo apelado y conforme al siguiente análisis:

AñoPorcentaje de incremento del IPC
(*1)
Valor del incremento mensualValor de las mesadas pensionales que debió haber recibido la demandanteValor efectivamente reconocido por la entidad demandada
(*2)
199619.46%$55.146$338.528$190.000
199721.63%$73.224$411.752$251.275
199817.68%$72.798$484.549$251.275
199916.70%$80.920$565.469$294.000
20009.23%$52.193$617.662$320.460
20018.75%$54.045$671.707$352.187
20027.65%$51.386$723.093$380.501
20036.99%$50.544$773.637$332.000
20046.49%$50.209$823.846$407.136
20055.50%$45.312$869.158$433.559
20064.85%$42.154$911.312$408.000
20074.48%$40.827$952.139$501.887
20085.69%$54.177$1.006.316$501.887
20097.67%$77.184$1.083.500$540.382
20102.00%$21.670$1.015.170$551.190
20113.17%$35.034$1.140.204$568.663
20123.73%$42.530$1.182.733$589.874
20132.44%$28.859$1.211.592$1.867.225
20141.94%$23.505$1.235.097$1.011.151 (*3)

(*1) Información extraída de la página web del DANE.
(*2) Valores certificados por la entidad demandada en el documento obrante a folios 186 a 188.
(*3) Valor certificado por la entidad demandada en el documento obrante a folio 508.

Así las cosas, y al realizar el comparativo entre el reajuste correspondiente al índice de precios al consumidor y lo efectivamente reconocido por la entidad accionada, se avizora que ésta última incrementó en menor cuantía el monto de la prestación pensional de la accionante, a excepción del año 2013 en el que el aumento del valor de la mesada pensional fue superior al del IPC por cuanto corresponde al aplicado por la accionada en cumplimiento de la sentencia que en sede de tutela dictó en favor de la accionante el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita el 24 de octubre de 2012.

2.1.4. Del reajuste pensional contemplado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993.

El artículo 143 de la Ley 100 del 23 de diciembre de 1993(29), señala:

“Reajuste pensional para los actuales pensionados. A quienes con anterioridad al 1º de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha (1), a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley. La cotización para salud establecida en el sistema general de salud para los pensionados está, en su totalidad, a cargo de estos, quienes podrán cancelarla mediante una cotización complementaria durante su período de vinculación laboral.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá reducir el monto de la cotización de los pensionados en proporción al menor número de beneficiarios y para pensiones cuyo monto no exceda de tres (3) salarios mínimos legales.

PAR. TRANS.—Solo por el año de 1993, los gastos de salud de los actuales pensionados del ISS se atenderá (sic) con cargo al Seguro de IVM y hasta el monto de la cuota patronal”.

El contenido de la norma trascrita establece un reajuste pensional especial “para los actuales pensionados”, es decir, para las personas a quienes se les había reconocido la pensión de jubilación o vejez, invalidez o muerte, con anterioridad al 1º de enero de 1994, con la finalidad de compensarles el alza en la cotización para salud que les correspondía asumir con la entrada en vigencia de esa ley.

La Corte Constitucional ante una demanda que buscaba que dicho reajuste no fuera solamente para los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino también para quienes se pensionaran con posterioridad a esa fecha, declaró exequibles, por medio de la Sentencia C-111 del 21 de marzo de 1996, las expresiones del citado artículo 143 que dicen: “con anterioridad al 1º de enero de 1994” y “a partir de dicha fecha”, por cuanto consideró que no se violaba el principio de igualdad entre los pensionados sino que, antes bien, se buscaba preservarlo, y fundamentó la constitucionalidad de las expresiones acusadas con la siguiente argumentación:

“(…) cabe destacar que para las personas pensionadas con anterioridad al 1º de enero de 1994 y por disposición de la Ley 100 de 1993 y del artículo 30 del Decreto 1919 de 1994, se incrementó el monto de la cotización al sistema de salud, quedando fijado en un once por ciento para 1995 y en un doce por ciento para 1996 de lo recibido como mesada pensional; debido a esta situación, el reajuste contemplado en la norma acusada pretende colocar en igualdad de condiciones a los dos grupos de personas, con lo cual “desarrolla el principio de la igualdad en su dimensión de igualdad como diferenciación”, ya que la Ley 100 de 1993 impone un nuevo monto en la cotización que no se hallaba establecido en las disposiciones anteriores aplicables a los pensionados antes de aquella fecha, y esta regulación supone una nueva obligación económica que afecta el monto de lo que efectivamente se recibe como mesada, por la pensión que ya se ha consolidado y se ha decretado antes de aquella fecha (…).

(…) La Corte estima que en el caso que se examina con el inciso 1º de la norma acusada, se trata de compensar a los pensionados con anterioridad al 1º de enero de 1994, a quienes se les hubiere reconocido la pensión, en el sentido de otorgarles un reajuste que sea equivalente al incremento de la cotización para la salud, que resulte de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y de las disposiciones legales que señalen el monto de la cotización.

Este reajuste de la pensión es específico para quienes se les hubiere reconocido la pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994 y rige a partir de dicha fecha, como lo señala la norma cuyos apartes se acusan; no ampara ninguna desigualdad sino que, por el contrario acata dicho principio consagrado en el artículo 13 de la C.P., y es evidente que es distinto al reajuste anual ordenado para todos los pensionados a que se refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, (…)

(…) A primera vista, el reajuste decretado por la disposición acusada podría parecer un ejemplo típico de desigualdad, como Jo entienden la demanda y el Señor Viceprocurador, ya que en realidad los pensionados con anterioridad a enero de 1994, una vez en vigencia la misma Ley 100 de 1993 contribuirán al sistema en un monto igual al de quienes resulten pensionados después de aquella fecha y para estos no se previó ningún aumento relacionado con el incremento en la cotización al régimen general en salud que deben cubrir; empero, Jo cierto es que a quienes reciban la pensión después de aquella fecha se les aplican las nuevas reglas de montos y cuantías pensionales mientras que los pensionados con anterioridad, recibirían su pensiones de conformidad con su régimen de pensiones y con los reajustes que correspondan.

Es preciso concluir, pues, que en este caso no quiso el legislador hacer un reajuste general de la pensión, que existe consagrado en la mencionada norma, sino resolver un caso específico precisamente para preservar el principio de igualdad, lo cual interpreta y realiza los fines consagrados en el supremo ordenamiento jurídico (…).Negrilla fuera del texto “.

En virtud lo expuesto, la Sala considera que si bien el reajuste contenido en el artículo 143 referido representa un aumento nominal del monto de la pensión, el mismo está destinado a compensar el incremento en la cuantía de la cotización prevista en la Ley 100 de 1993, que es del orden del 12%, toda vez que antes de la expedición de la citada ley los pensionados cotizaban un 4%, de tal manera que como resultado de la aplicación de tal norma se les incrementó ese porcentaje a un 12%, lo cual implicó que a cargo del pensionado quedara asumir el 8% adicional.

Tal y como ha sido considerado por esta corporación, entre otros, en el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del 31 de julio de 2008 dentro del radicado 11001-03-06-000-2008-00032-00(1897) en el que absolvió el siguiente interrogante formulado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: ¿El alcance del reajuste establecido por la Ley 100 de 1993, en el artículo 143, reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, es el de incrementar directamente el valor de la mesada de las pensiones de vejez, de jubilación, de invalidez o de sobrevivientes, causadas o reconocidas antes del 1º de enero de 1994? indicando que:

“El incremento del reajuste establecido en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993, reglamentado por el artículo 42 del Decreto 692 de 1994, no tiene por objeto “compensar” el efecto negativo del aumento de la cotización en salud de los pensionados, para evitar que éste “aminore”, “reduzca” “deprecie” o, en general, se refleje negativamente en las pensiones de vejez, jubilación, invalidez o de sobrevivientes, causadas o reconocidas antes del 1º de enero de 1994. Así, el mayor valor a favor del pensionado, se compensa con el mayor descuento por aportes en salud ordenado por la Ley 100 de 1993”.

Por consiguiente la Sala no comparte la interpretación de la cual parte la actora dentro del recurso de alzada para sostener que el reajuste pensional previsto por el artículo 143 ibídem tiene que representar un aumento neto en el pago de su mesada pensional luego de deducida la cotización para salud que se encuentra a su cargo, puesto que, como ya lo tiene establecido esta corporación, la finalidad del citado incremento es compensar el mayor valor de la cotización para salud, que como resultado de la aplicación de la citada ley tendrán que hacer las personas que se pensionaron con anterioridad al 1º de enero de 1994, al nuevo régimen de seguridad social en salud, lo cual conlleva a desestimar este aspecto y abstenerse de acceder al incremento pensional en aplicación de la norma referida.

2.1.5. De los acuerdos de reestructuración de pasivos de la entidades territoriales previstos por la Ley 550 de 1990 y su incidencia en la operatividad de la prescripción de derechos en materia laboral.

El artículo 334 de la Constitución Política, establece que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, para la cual interviene en las actividades financiera, bursátil, aseguradora, entre otras, con el fin de amortiguar la variación de los periodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos puestos a su disposición y materializar los fines esenciales del estado social de derecho consagrados en el artículo 2º de la norma superior.

Con fundamento en los mandatos constitucionales citados, se expidió la Ley 550 de 1999(30), cuyo objetivo en el sector público se concretó en establecer un régimen para la reestructuración de las obligaciones a cargo de los entes territoriales en un escenario de desarrollo armónico de las regiones.

En ese orden de ideas, el título V previó que las disposiciones relativas a los acuerdos de reestructuración son aplicables a las entidades territoriales teniendo en cuenta su naturaleza y características especiales e igualmente, contempló el orden de prioridad para los gastos corrientes con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la administración municipal.

En relación con los derechos de los acreedores, la Corte Constitucional en Sentencia C-586 de 2001, señaló que el procedimiento previsto para este mecanismo extrajudicial constituye una solución en estados de insolvencia o iliquidez y, al mismo tiempo, permite atender los compromisos financieros, sin que ello conlleve al desconocimiento de los derechos de los acreedores, que en modo alguno pierden la garantía de lograr la satisfacción total de su crédito, lo cual no es óbice para que la ejecución singular de las obligaciones sea reemplazada por una colectiva en aras de solucionar todos sus pasivos de manera ordenada y dándole preeminencia, en primer lugar, al rescate de la empresa o la entidad territorial, en tanto ello sea posible.

Así mismo, esta sección del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dictada dentro del proceso 08001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) cuya ponencia correspondió al Dr. Luís Rafael Vergara Quintero, precisó que si bien los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550 de 1999 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que pese a intervenir en ella, no la aprueben; de manera que las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo y en todo caso, conforme a Constitución Política y la ley.

Finalmente, señaló con fundamento en normas internacionales de trabajo, que los créditos laborales en caso de insolvencia por parte del empleador, no pueden ser desconocidos ni cercenados por la administración, con ocasión de las crisis económicas que deba afrontar, puesto que la ley propendía por la celebración de un acuerdo de reestructuración que permitiera valorar adecuadamente el conjunto de las deudas, los derechos de los acreedores y sobre la base de los compromisos adquiridos, establecer una solución real al problema que se basaba en la insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas y cada una de las obligaciones adquiridas.

Así las cosas, y conforme a lo considerado por esta sección, se ha puesto de presente que las crisis financieras de las entidades estatales no pueden ser excusa para el no reconocimiento y pago oportuno de las acreencias laborales de los servidores vinculados laboralmente a ellas(31).

De igual forma, se ha reiterado por ésta corporación, que cuando la entidad territorial obligada a proveer los recursos para el pago de las acreencias laborales de los servidores públicos se encuentre en proceso de reestructuración de pasivos debe proteger las obligaciones adquiridas con justo título, lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de dichas acreencias.

Ahora bien, el artículo 58 de la Ley 550 de 1999 establece lo que sigue:

“ART. 58.—Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:

(…) 13. Durante la negociación y ejecución del acuerdo de reestructuración, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo de la entidad territorial, y no habrá lugar a la iniciación de procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad. De hallarse en curso tales procesos o embargos, se suspenderán de pleno derecho (…).

En ese orden de ideas, una de las reglas de los acuerdos de reestructuración de las entidades territoriales está relacionada con que durante su negociación y ejecución, se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos a cargo del ente territorial y que no resulta posible adelantar procesos de ejecución ni embargos de los activos y recursos de la entidad.

Sin embargo, dicha regla debe interpretarse bajo el entendido de que la suspensión del término de prescripción está referida a la acción de cobro y no a la de reclamación de reconocimiento y/o reajuste pensional, cuyo término prescriptivo se encuentra previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, como quiera que el acuerdo de reestructuración de pasivos no constituye una forma de extinción de las obligaciones y créditos a cargo de las entidades territoriales que acudan a él, sino por el contrario, su pretensión es la de recuperar la entidad y organizar el pago de las obligaciones con sus acreedores.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que esta sección unificó su criterio sobre la prescripción trienal del reajuste salarial y pensional de conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el 102 del Decreto 1848 de 1969, en el sentido de que las acciones estipuladas en el primer decreto prescriben en tres años, los cuales se empiezan a contar desde que la obligación se haya hecho exigible, mediante la sentencia dictada el 28 de mayo de 2015 dentro del proceso 25000-23-25-000-2010-00246-02 (08452015)(32), la Sala desestima el cargo propuesto en el recurso de apelación formulado por la accionante, en el sentido de que no procedía la aplicación de la prescripción trienal al reajuste pensional pretendido, por cuanto la entidad demandada se encontraba dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos en cumplimiento de lo previsto por la Ley 550 de 1999, en el que esperaba que le fueran reconocidas las diferencias de sus mesadas pensionales y que de esta manera obtuviera un monto justo de su pensión.

Además y al revisar los anexos del acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado entre el municipio de Nóvita y sus acreedores en el contexto de la Ley 599 de 1999(33), no se avizora que dentro de los mismos se hubiera incluido el crédito relacionado con el reajuste de la pensión de la demandante, quien solo hasta el 28 de noviembre de 2011(34) radicó la petición respectiva ante la alcaldía del municipio demandado, fecha para la cual dicho pedimento resultó extemporáneo.

2.1.6. Del reconocimiento de la mesada 14.

Otro de los aspectos del recurso de alzada formulado por la apelante contra la sentencia de primera instancia, es el relacionado con que en dicha decisión no se contempló que le asiste derecho al reconocimiento de la mesada 14, sin embargo, y al revisar el contenido tanto de la petición de reliquidación pensional como de la demanda, no se avizora que esta mesada hubiera sido reclamada en sede administrativa y en sede judicial, resultando en consecuencia incongruente con el objeto de la litis, que como se señaló, versa sobre el reajuste de la pensión de la jubilación sustituida en su favor dada su condición de cónyuge supérstite del señor Vicente Valencia Rodriguez (q.e.p.d.), de conformidad con los incrementos establecidos en las Leyes 4ª de 1976, 71 de 1988, 6ª de 1992, 100 de 1993 y 445 de 1998.

Al respecto se debe precisar, que la sustentación del recurso de apelación es el medio procesal idóneo previsto por el artículo 243 del CPACA para que el recurrente plantee los motivos de inconformidad contra la decisión judicial respectiva, la cual adicionalmente delimita el pronunciamiento de la segunda instancia, conforme lo prescribe el artículo 328 del Código General del Proceso(35).

2.1.7. Conclusiones.

La pensión sustituida en favor de la demandante debe ser reajustada conforme a lo que sigue:

1. En aplicación de lo previsto por la Ley 4 de 1976 en su artículo 1º, a partir del 1º de enero de 1983 y hasta el 31 de diciembre de 1988, toda vez que se evidenció que la entidad accionada no realizó el incremento de las mesadas pensionales con base en el aumento del salario mínimo legal más alto.

2. En aplicación de lo dispuesto por las leyes 71 de 1988 y 6ª de 1992, y el Decreto 2108 de 1992, teniendo en cuenta que el causante obtuvo el reconocimiento de su pensión de jubilación mediante la Resolución 1 del 14 de marzo de 1983 con efectos a partir de julio de 1982, ello es, antes del 1º de enero de 1989, fecha impuesta como límite por el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 para conferir el beneficio del reajuste pensional previsto por dicha disposición, por lo que su mesada pensional debe ser incrementada en el mismo porcentaje de aumento del salario mínimo sumado el 14% para los años 1993 y 1994, como lo dispuso el decreto referido. Incrementos que deben realizarse respecto del periodo comprendido entre el 1º de enero de 1989 y el 31 de diciembre de 1995.

3. En aplicación de lo previsto por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que establece el reajuste anual de las pensiones según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, incremento que deberá realizarse a partir del 1 de enero de 1996.

4. Para efectos del reconocimiento y pago de las diferencias producto de los reajustes señalados se ratifica lo considerado por el a quo en cuanto a que operó la prescripción trienal de las mesadas pensionales desde el 28 de noviembre de 2008, por cuanto la petición presentada por la demandante tendiente a obtener el reajuste pensional fue radicada el 28 de noviembre de 2011.

5. En caso de que al realizar la reliquidación de la mesada pensional de la demandante conforme a los parámetros señalados en la presente decisión resulte un mayor valor en favor de dicho sujeto procesal, la parte demandada deberá descontar lo correspondiente a la diferencia entre el monto reconocido durante la vigencia fiscal de 2013, en la que devengó mensualmente $1.867.225 por concepto de pensión y la cifra que resulte de aplicar los reajustes a los que tiene derecho conforme ha sido expuesto, a partir de lo cual se concluye que el valor de la mesada para dicha anualidad corresponde a la suma de $1.211.592.

6. Al momento de realizar el pago respectivo, la demandada deberá descontar los aportes dejados de efectuar por la actora al Sistema de Seguridad Social en Salud en razón del incremento de su mesada conforme al reajuste ordenado.

2.1.8. Del restablecimiento del derecho de la demandante.

Como quiera que la actora aduce en su escrito de apelación que la sentencia de primera instancia omitió especificar la fórmula utilizada por la jurisdicción contenciosa administrativa para liquidar las prestaciones, debe mencionar la Sala que al revisar el contenido de la decisión señalada se evidencia que efectivamente la citada formula no fue incorporada dentro de su contenido, razón por la cual la misma deberá ser modificada en el sentido de incluir que en todo caso la suma de dinero que resulte del reajuste pensional de la demandante en aplicación de lo ordenado en la presente decisión, es decir las diferencias, se ajustará al valor presente de acuerdo con la fórmula adoptada por esta corporación, según la cual:

RH FORMULA
 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de la diferencia pensional reajustada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá hacerse mes por mes.

2.1.9. De la condena en costas.

En relación a la condena en costas impuesta en contra de la entidad demandada, que constituye otro cargo del recurso de apelación formulado por la demandante, quien consideró que el monto definido por el a quo no resulta acorde con lo previsto en el Acuerdo 1883 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura que permite hasta un 20% de las pretensiones, debe reiterar la Sala lo expuesto por esta sección sobre el particular,(36) en la medida que el artículo 188 del CPACA(37) entrega al juez la facultad de disponer sobre la condena en costas, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente deben aparecer causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP(38); descartándose así una apreciación solamente objetiva sobre el particular, que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas, pues se exige una valoración de la conducta.

En el caso concreto, observa la Sala que el juez de primera instancia no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no encontrándose además ninguna causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por ello, se revocará el ordinal cuarto de la sentencia apelada.

En las anteriores condiciones se confirmará parcialmente la Sentencia apelada y se revocará en cuanto condenó en costas a la parte accionada por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 12 de diciembre de 2013, en cuanto declaró la nulidad del acto ficto o presunto, resultante del silencio administrativo respecto de la petición del 28 de noviembre de 2011, por medio de la cual la parte demandada negó el reajuste pensional a la actora, salvo el ordinal 2que se modifica y que quedará así:

2. ORDENAR al municipio de Novita que reajuste la pensión de la demandante, previo descuento del mayor valor de los aportes con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud, en los términos previstos por las Leyes 4ª de 1976 en su artículo 1º, desde el 1º de enero de 1983 hasta el 31 de diciembre de 1988, 71 de 1988 en su artículo 1º, 6ª de 1992 en su artículo 116 reglamentada por el Decreto 2108 de 1992 desde el 1º de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1995 y

100 de 1993 en su artículo 14 a partir del 1º de enero de 1996, conforme a los lineamientos planteados en la parte considerativa de la presente decisión, con efectos fiscales a partir del 28 de noviembre de 2008 producto de la prescripción trienal, para lo cual deberá incluir la suma de dinero que resulte del reajuste pensional de la demandante en aplicación de lo ordenado en la presente decisión, es decir las diferencias, que se ajustará al valor presente de acuerdo con la fórmula adoptada por esta corporación, según la cual:

RH FORMULA
 

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de la diferencia pensional reajustada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la actora obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá hacerse mes por mes.

No obstante lo anterior, y en caso de que al realizar el reajuste de la mesada pensional de la demandante conforme a los parámetros señalados resulte un mayor valor en favor de dicho sujeto procesal, la entidad demandada deberá descontar lo correspondiente a la diferencia entre el monto reconocido durante la vigencia fiscal de 2013, en la que devengó mensualmente $1.867.225 por concepto de pensión en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia del 24 de octubre de 2012 dictada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nóvita y la cifra que arroje el resultado de aplicar los reajustes a los que tiene derecho conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente decisión, a partir de lo cual se concluyó que el valor de la mesada para dicha anualidad corresponde a la suma de $1.211.592.

3. REVOCAR el ordinal CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia apelada conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión y en su lugar, abstenerse de condenar en costas a la entidad territorial demandada.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

17 Folios 38 a 40.

18 Folios 41 a 44.

19 Folios 45 y 46.

20 Folios 57 a 68.

21 Folios 106 a 122.

22 Folios 123 a 125.

23 Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones.

24 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones.

25 Folios 38 a 40.

26 Valor que corresponde al resultado de aplicar los reajustes previstos por las Leyes 71 de 198 y 6 de 1992.

27 Valor que corresponde al resultado de aplicar los reajustes previstos por las Leyes 71 de 198 y 6 de 1992.

28 ART. 14.—Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno.

29 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.

30 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.

31 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda – Subsección “B”. Sentencia de 22 de enero de 2015. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

32 “(…) Respecto al análisis de la prescripción trienal, es menester hacer alusión al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969que disponen: “Las acciones estipuladas en este Decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible”.
Contempla el mismo artículo que el simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.
Retomando las normas citadas en el párrafo anterior en relación con la prescripción de los derechos laborales, se debe partir del presupuesto de que el derecho sobre el cual se solicita el reconocimiento administrativo y/o judicial debe encontrarse en su momento de exigibilidad, para que a partir de allí, se empiece a contabilizar el término de su prescripción. Es decir, el prerrequisito de la aplicación de la prescripción del derecho, es que éste se encuentre en el estado jurídico de la exigibilidad”.

33 Folios 73 a 105.

34 Folios 57 a 68.

35 “ART. 328:—El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

36 Sentencia del 19 de enero de 2015, Nº interno 4583-2013, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Nº interno 4044-2013, C.P. (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

37 Condena en Costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

38 Condena en Costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.