Sentencia 2013-00070 de junio 6 de 2013

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

Rad. 520011102000-2013-00070-01

Registro: 21-05-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Aprobado en Sala Según Acta 041 de la misma fecha

Bogotá, D.C. seis de junio de dos mil trece

Asunto a tratar

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el que fuera reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el señor Enar Gerardo Ordoñez Alvear, alcalde y la gerente del Centro de Salud de El Tablón de Gómez, contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Nariño, mediante la cual concedió tutelar el derecho fundamental a la consulta previa de la Comunidad Indígena INGA de Aponte y ordenó al municipio de de El Tablón de Gómez y la ESE que se inapliquen los actos administrativos que sustentan el cierre del Centro de Salud del Corregimiento con el fin que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo se restablezcan los servicios médicos que prestaba el establecimiento de salud

Antecedentes

1. Derechos alegados como vulnerados. Mediante escrito del 11 de febrero de 2013, el aquí impugnante promovió la referida tutela reclamando la protección constitucional de sus derechos constitucionales fundamentales a la consulta previa y salud en conexidad con la vida digna.

2. La situación fáctica planteada. En el corregimiento de aponte, en el municipio de El Tabón de Gómez, se creó el puesto de salud de Aponte en cual se prestaban los servicios de urgencias beneficiándose la comunidad del Resguardo Indígena Inga de Aponte y los corregimientos vecinos como Fátima, Pompeya y vereda de Llano Largo del Corregimiento de la Cueva, pacientes que por la distancia existente entre el lugar de residencia y el casco urbano del municipio no podían acudir al Centro de Salud de Gómez ESE.

De igual manera aseveró el accionante doctor Armando Benavides Cárdenas en su condición de funcionario de la Defensoría de Pueblo, en representación del los habitantes del Pueblo Inga de Aponte del municipio de Tablón de Gómez, que en el municipio existe una IPS Indígena que presta servicios de salud más no de urgencias.

En el mes de octubre de 2012, la gerente de la ESE del municipio del Tablón tomó la decisión de cerrar el puesto de salud de aponte y como consecuencia de ello se clausuró el servicio de urgencias, decisión que afectó a los que conforman el resguardo indígena y los corregimientos vecinos.

El gerente de IPS I del Pueblo Inga en Aponte, Julio Chindoy Hijaji una vez tuvo conocimiento de los hechos informó al Cabildo Mayor del Pueblo Indígena Inga de Aponte Nariño y manifestó que la IPS I no puede atender el servicio de urgencias porque no cuenta con la infraestructura, personal, equipos etc indispensables para la prestación del mismo y que además solo está facultada para prestar el servicio de consulta externa y promoción y prevención.

El 4 de octubre de 2012, el Cabildo Mayor del Pueblo Indígena Inga de Aponte Nariño, solicitó información a la directora local de salud del municipio, entidad encargada de la vigilancia y control, sobre el protocolo o ruta para la prestación de dicho servicio, sin obtener respuesta.

De igual manera en esa misma fecha solicitó información al IDSN sobre el estado de habilitación de servicios del puesto de salud de Aponte del Centro de salud de El Tablón de Gómez ESE ubicado en el resguardo.

El 7 de octubre de 2012, el centro de salud del tablón de Gómez ESE informó que la IPS I se cerró por déficit presupuestal de la ESE.

Aseveró que sobre dichas irregularidades se presentaros varias quejas y hasta la fecha las directivas de la ESE, ni del IDSN, ni la dirección municipal de salud del municipio ha tomado medidas y que por el contrario han guardado silencio.

Precisó que no se han tenido en cuenta las circunstancias demográficas y las distancias territoriales existentes entre los corregimientos y las veredas de hasta tres (3) horas así como las dificultades de la carretera y el estado climático.

Informó que el 10 de octubre de 2012 se realizó una reunión entre el IDSN con la comisión de Aponte conformado por el señor gobernador del Pueblo Indígena INGA, gerente de la IPS de Aponte y representantes de los corregimientos de Pompeya y Fátima en la que se le solicita al IDSN que restablezca el servicio de urgencias.

En dicha reunió se entrega el oficio del 7 de octubre de 2012- 325- en el que se explica que no es sostenible para la institución prestar los servicios para un población de 1250 afiliados. Sin embargo, se pone en conocimiento que se quedan sin atención 4.851 habitantes toda vez que en Pueblo Inga en Aponte se encuentran 2.724 habitantes según censo del 2008 y de acuerdo a certificado de planeación el corregimiento de Fátima cuenta con 1.263 habitantes, y el de Pompeya con 877 personas.

Es de anotar que en dicha reunión se adquirieron unos compromisos entre otros (i) enviar por parte de la IDSN equipos para realizar una visita para determinar el cierre del servicio de urgencias por parte de la ESE, hecho este que fue corroborado; (ii) Solicitar por parte de la IDSN al centro de salud de municipio y a la dirección local del plan de contingencia garantizar la prestación del servicio de salud de urgencias sin que se hubiere dado respuesta. (iii) Se acordó reunión para el 25 de octubre de 2010 para verificar el alcance de los compromisos. Esta reunión no se efectuó.

Posteriormente el cabildo Indígena presentó una solicitud firmado por 1330 personas de la comunidad ante la IDSN en la que solicitó viabilizar la solicitud con carácter urgente, que se practique una visita para verificar la situación de salud y se tomen medidas temporales y definitivas.

El 1º de noviembre de 2012, se informó al Ministerio de la Protección Social esta situación y el 8 de noviembre se realizó otra reunión en la que se expuso la situación. Luego de esto, el 13 de noviembre de ese año, previa convocatoria por parte de la IDSN se celebró otra reunión con resultados infructuosos porque no se hicieron presentes el alcalde, la directora local de salud, la gerente de la ESE ni los entes de control.

El accionante cita varias sentencias de la Corte Constitucional(1) en las que de manera reiterada ha sostenido que el derecho a la salud tiene el carácter de fundamental cuando se encuentra en conexidad con los derechos a la vida, igualdad e integridad personal.

Resalta lo consagrado en el artículo 49 en concordancia con el artículo 2º de Constitución Política con relación a que el Estado está obligado a dirigir y reglamentar la prestación del servicio de salud de sus habitantes y a establecer políticas de prestación del servicio de salud.

Con relación a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas preciso que la precitada Corte(2) ha señalado que dichas comunidades como tales son sujetos de derechos fundamentales.

Manifestó el accionante que se ponen en peligro derechos fundamentales de sus representados entre ellos, el derecho a la dignidad humana y la comunidad indígena como sujeto de derechos fundamentales. —artículos 1º, 329 y 330 de la Constitución Política— , el derecho a la vida —artículo 11 de la Constitución Política, el derecho a la salud y seguridad social— artículos 48 y 49 de la Constitución Política y el derecho fundamental a la consulta previa —artículos 1,2,7 40 y 330 de la Constitución Política. Sobre este último derecho enfatiza con las sentencias T 382 de 2006 y C 030 de 2008 el deber que tiene el Estado colombiano y concretamente cualquier autoridad pública de consultar las medias administrativas y legislativas que afecten directamente a las minorías culturales.

3. Pretensiones. Solicitó el actor se tutelen sus derechos fundamentales constitucionales invocados como vulnerados y en consecuencia:

(...).

“...se ordene a las entidades accionadas realizar los trámites pertinentes para que se habilite el puesto de salud de Aponte para efectos de que se sigan prestando los servicios de salud de manera oportuna y eficiente, en especial el servicio de urgencias a los habitantes de la comunidad del Resguardo Indígena Inga de Aponte y corregimientos vecinos como Fátima, Pompeya y Vereda de Llano Largo del Corregimiento de la Cueva del municipio de El Tabón de Gómez.

También solicita:

(...).

“ORDENAR a las entidades accionadas realizar los trámites pertinentes para que se habilite el servicio de urgencias en la IPS I del Pueblo Inga en Aponte según viabilidad técnica y financiera para beneficio de los habitantes de la comunidad....”.( Fl. 10 del c.o.).

Actuación procesal

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, admitió la tutela el 15 de febrero de 2013. (Fl 188 c.o.).

Surtido el trámite de rigor se emitió fallo el 8 de marzo de 201319 de febrero de 2013 concediendo la tutela y ordenó que un término de cuarenta y ocho (48) horas se adelante las gestiones para restablecer los servicios de salud que prestaba el establecimiento de Salud.

A la impugnación propuesta, vista a folios 426 a 440 del plenario se accedió por auto del 9 de abril de 2013 (fl. 445 c.o).

Intervención de los convocados al trámite

Ministerio de Salud y Protección Social:

El 21 de febrero de 2013 el Director Jurídico del Ministerio solicitó rechazar por improcedente la tutela presentada por la Defensoría del Pueblo toda vez que a quien le compete realizar los trámites para la habilitación para la prestación de servicios de salud, recae en las entidades territoriales de salud de conformidad con el Decreto 1011 de 2006, mediante el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud ( arts. 11 y 13), que de acuerdo a una autoevaluación de los prestadores de servicios de salud presentarán el formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, con los respectivos soportes. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos expiden la certificación para la habilitación. (Art. 19).

Sin embargo, no descarta la posibilidad que en ejercicio de sus funciones el ministerio solicite a las entidades responsables en el presente caso, remitan informe sobre la problemática acaecida. (Fls. 203 a 205).

Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN):

Luego de manifestar que ha apoyado a la comunidad indígena para que se resuelva la situación del cerramiento del centro de salud de El Tabón de Gómez ESE y de describir todas las acciones que ha emprendió para el logro de el restablecimiento del servicio.

Con fundamento en el artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, que establece que dentro de las funciones de la ESE está la de determinar la estructura orgánica funcional de la entidad y someterla a aprobación ante la autoridad competente explicó que la IDSN, solo este facultada para prestar línea técnica y acompañamiento para la adecuada prestación del servicio dentro de la localidad.

Agregó que de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y teniendo en cuenta que el municipio de el Tablón de Gómez esta certificado para el manejo de recursos propios del sistema general de participaciones para los eventos de salud según su prioridades, este es el encargado de solucionar la problemática planteada. (Fls. 209 a 211 del c.o.).

Alcaldía del municipio del Tablón de Gómez:

El 25 de febrero de 2013, el señor Alcalde expuso que el Centro de Salud del municipio es una Empresa Social del Estado, del orden municipal, descentralizada administrativa y financieramente y sus actuaciones relacionadas con el sector salud son de competencia exclusiva del gerente y representante legal de la misma.

Expresó que él es el presidente de la junta directiva de la ESE y que por ello, está en la obligación de velar por los servicios de salud de todos los habitantes del municipio incluido el resguardo.

Reseñó que los servicios de salud de los corregimientos de Aponte, Pompeya, Fátima y Vereda de Llano Largo, siempre se han prestado por el Puesto de Salud ubicando en corregimiento de Aponte.

Respecto a las instalaciones del Puesto de Salud que según el gobernador del cabildo indígena son de propiedad de la comunidad, de acuerdo con los estándares de habilitación establecidos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, no cumplen con los requerimientos necesarios para la prestación de servicio lo que implicaría en un momento dado sanciones por parte de los entes de control.

Manifestó que la Empresa Social del Estado Centro de Salud Tablón de Gómez esta en dificultades económicas tanto así que el Instituto Departamental de Nariño, la cataloga como una ESE en situación de alto riesgo financiero para lo cual se han implementado estrategias y planes de mejoramiento.

Por ello, los servicios de salud de manera integral se están prestando en el Centro de Salud Empresa Social del Estado ubicado en la cabecera del municipio y la dirección local de salud ha realizado las acciones del caso para garantizar el acceso a todos los habitantes del municipio.

Es consiente sobre la distancia que existe en relación con los corregimientos de Aponte y Fátima que están a 50 minutos de la cabecera municipal así como el municipio de Pompeya, a 1 hora 20 minutos pero que para ello se cuenta con una ambulancia permanente en el corregimiento de Aponte y el médico adscrito a la EIPS está autorizado para realizar las remisiones por urgencias a que haya lugar.

Centro de Salud Tablón de Gómez ESE:

El 25 de febrero de 2013, la gerente del Centro de Salud de El Tablón de Gómez argumento que el centro nunca ha dejado de prestar el servicio de urgencias puesto que cada vez que el gerente de la IPS indígena Julio Chindoy y el médico de turno han solicitado transporte asistencial básico (ambulancia), se ha prestado.

Manifestó que si bien es cierto se cerró la sede de Aponte debido a la falta de recursos decisión no se puede dejar de lado que se está prestando un servicio extramural, consulta externa, odontología y enfermería de baja complejidad con lo que concluye que no se han vulnerado derechos fundamentales.

Explicó que el cierre del puesto de salud de Aponte se debió a la dificultad que afronta la ESE siendo considerada de alto riesgo por el ministerio y en atención a que las adecuaciones físicas no eran las adecuadas para la prestación del serbio de salud y no podían ser mejoradas porque el inmueble es de propiedad de la comunidad indígena.

Pruebas

Obran copias simples de los siguientes documentos:

Poder otorgado por la defensora del pueblo de Nariño(3).

Copia de la resolución por medio de la cual se nombró a la Defensora del Pueblo con su acta de posesión(4).

Copia del oficio de fecha 23 de enero de 2013 suscrito por el gobernador indígena en el que informa a la Defensora Regional la presunta vulneración del derecho a la salud , de la cédula de ciudadanía así como del acta de posesión del Cabildo Mayor del Pueblo Inga de Aponte(5).

Constancia expedida por el Ministerio del Interior sobre el periodo en el se desempeña el señor gobernador del cabildo indígena(6).

Copia del formulario único tributario de la DIAN correspondiente al cabido indígena(7).

Copia de la constancia del 23 de noviembre de 2012 informando el número de personas que habitan en los corregimientos de Fátima y Pompeya de cuerdo (sic) con el Sisben suscrita por la secretaria de planeación municipal y la administradora del Sisbén(8).

Copia del oficio del 8 de octubre de 2012 dirigido al Cabildo Mayor del Pueblo Indígena Inga de Aponte, dando a conocer el cierre del servicio de urgencias por parte del Centro de Salud de el Tablón de Gómez en el puesto de Salud, suscrito por Julio Chidoy Hijaji-gerente de la IPS(9).

Copia del Oficio 325 del 3 de octubre de 2012 dirigido al gerente de la IPS dando a conocer los motivos del cierre del servicio de urgencias del Centro de Salud de Aponte suscrito por la gerente del ESE(10).

Copia del Oficio CEIPSIO872012 del día 3 de octubre de 2012, dirigido al Cabildo Mayor del Resguardo Indígena Inga de Aponte dando a conocer el cierre de los servicios de urgencias en el centro de salud de Aponte, suscrito por Julio Chindo y Hijajai- gerente de la IPS(11).

Copia del oficio del día 02 de octubre de 2012 dirigido a la directora local de salud del Tablón de Gómez solicitando el protocolo de ruta a seguir para los pacientes que requieren el servicio de urgencias, suscrito por el gobernador del Territorio Ancestral Inga Aponte(12).

Copia del oficio del 10 de febrero de 2012, dirigido a Hernando Chindoy Chidoy, dando a conocer el censo poblacional con corte a 30 de enero de 2012, suscrito por el secretario de planeación e infraestructura(13).

Copia de certificación del día 19 de noviembre de 2012, dando a conocer el censo poblacional del año 2008, expedida por la gobernadora suplente del territorio ancestral(14).

Copia del oficio del 3 de octubre de 2012dirigido al IDSN, solicitando habilitación del servicio de urgencias, suscrito por Hernando Chindoy Chindoy, gobernador del pueblo Inga Aponte y la Coordinadora Plan de Salvamento Inga(15).

Copia del acta de reunión celebrada entre la administración municipal de El Tablón de Gómez y el Resguardo Indígena Inga de Aponte, del día 11 de octubre de 2012(16).

Copia del oficio del 1º de noviembre de 2012, dirigido al jefe de la oficina de gestión territorial de emergencias y desastres, solicitando cofinanciación para la adquisición de una ambulancia para la IPS Indígena del Pueblo Inga en aponte, suscrito por el gobernador del Pueblo Inga Aponte y la Oficina de Asuntos Éticos del Ministerio de la Protección Social(17).

Copia del Acta 012 del 6 de noviembre de 2012, suscrita por los integrantes del cabildo mayor, junta directiva Mallamas EPSI, su representante legal, coordinadora cabildo menor de salud y representantes de la comunidad(18).

Copia del Oficio SCA GIVC 15758-12 del 13 de noviembre de 2012, dirigido a la directora local de salud del el Tablón de Gómez, solicitando se garantice atención primaria en salud, suscrito pro el subdirector de calidad y aseguramiento IDSN(19).

Copia del oficio dirigido SCA, H 14769-12 del 11 de octubre de 2012, dirigido a la gerente del centro de salud ESE del municipio del el Tablón de Gómez, solicitando plan de contingencia, suscrito por el subdirector de calidad y aseguramiento IDSN(20).

Copia del acta de reunión del día 11 de febrero de 2010 con la asistencia del subdirector de calidad y aseguramiento, sudirector de calidad y aseguramiento habilitación y representante legal IPS I(21).

Copia del derecho de petición del día 8 de octubre de 2012 dirigido al IDSN, suscrito pro Sandra Martínez(22).

Copia de oficio del 25 de enero de 2013 dirigido al magistrado ponente adjuntado copias de las diferentes actividades y gestiones realizadas por el IDSN y autoridades municipales, suscrito pro Armando Benavides Cárdenas, apoderado del Pueblo Inga de Aponte(23)

Sentencia de primera instancia

Emitida el 8 de marzo de 2013, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, concediendo la tutela instaurada por el apoderado de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño en nombre y representación de los habitantes del Pueblo Inga de Aponte del municipio de Tablón de Gómez y ordenó al municipio y a la ESE que se inapliquen los actos administrativos que sustentan el cierre del Centro de de Salud del Corregimiento de Aponte, con el fin de en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión se adelanten las gestiones y se adopten las decisiones que sean necesarias para que se restablezcan los servicios médicos que prestaba el establecimiento de salud.

Se conminó al gobernador del la comunidad INGA de Aponte para que en coordinación con las autoridades municipales se adelantes las gestiones para la adecuación de las instaciones del Centro de Salud en el Corregimiento de Aponte y se garantice la atención óptima de los usuarios del servicio.

Indicó que a pesar de contar con los actos administrativos que sustentan el cierre del puesto de salud del Corregimiento de Aponte del municipio precitado, de acuerdo con las pruebas aportadas se tiene que el mismo fue cerrado el 6 de marzo de 2012 y se suspendió la atención del servicio en forma definitiva el 2 de octubre de ese año. A partir de dicha fecha se comenzó a prestar el servicio de urgencias por parte de la ESE solo en el centro de salud el casco urbano.

De acuerdo a lo informado por el gerente de la ESE , el representante legal de la IPS I de la comunidad INGA de aponte y el gobernador de esa comunidad se dispuso de una ambulancia para suplir la atención de urgencias para el traslado de los pacientes.

Conforme a lo precisado por el gerente del la ESE y el alcalde del municipio el cierre del centro de salud se debió a las dificultades fiscales pro las que atraviesa la entidad, como la precariedad de las condiciones del inmueble y la imposibilidad de adecuarlo porque este es de propiedad de la comunidad indígena.

Una vez relacionados los hechos el Seccional de Instancia hizo referencias al derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas de agotar la consulta previa citando expresamente un aparte de la Sentencia de la Corte Constitucional, C 063 de 2010, con ponencia del magistrado doctor Humberto Sierra Porto en la que se enfatiza que constituye un instrumento determinante para que los grupos indígenas participen en las decisiones que los afectan directamente y que en esa medida sean actores en el permanente proceso de conformación y reafirmación de su identidad.

Agregó que cuando procede ese deber de consulta surge para las comunidades el derecho fundamental susceptible de protección por la vía de acción de tutela en razón a la importancia política y a su significación para la defensa de la identidad cultural y s su condición como mecanismo de participación.

Sobre el alcance que tiene la consulta y las circunstancias en las cuales debe ejercerse según la Corte Constitucional trajo a colación la Sentencia T 129 de 2011 y T 698 de 2011 que hacen imperiosa la consulta cuando se trata de medidas administrativas, de infraestructura, de proyecto u obra que intervenga o tenga la potencialidad de afectar territorios indígena.

En el caso en concreto y teniendo en cuenta el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, que hace referencia a que a los municipios les corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el sistema de seguridad social en salud en el territorio de su jurisdicción , es claro que la decisión de ordenar el cierre del centro de salud ubicado en el corregimiento del Aponte destinado a la prestación del servicio médico a la comunidad indígena le corresponde al municipio de El Tablón de Gómez, como entidad territorial y a la ESE del mismo municipio debiendo adelantar la consulta previa con la comunidad indígena debido a que esa determinación puede afectar derechos fundamentales como la salud, la vida digna y la seguridad social.

Considero el Seccional de Instancia que con esta decisión se pone en riesgo la prestación esencial del servicio de salud al interrumpirse el servicio de urgencias sin realizarse la consulta previa.

Destacó que si bien se puso en conocimiento las contingencias presentadas en el puesto de salud del corregimiento de Aponte a la comunidad indígena ello no significa que se haya satisfecho la consulta previa porque su ejercicio implica que las medidas que puedan representar una afectación deben provenir de un proceso producto de un consenso, democrático y participativo en el que hagan parte este tipo de poblaciones.

Con base en lo anterior concluye el seccional de Instancia que con la medida administrativa tomada por el municipio del el Tablón de Gómez y la ESE se vulneró el proceso administrativo previsto al desconocer el derecho fundamental de la comunidad afectada a la consulta previa(24).

Impugnación al fallo

En memorial del 12 de marzo de 2012, el director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social, impugnó la decisión con fundamento en lo siguiente:

Reiteró que dentro de las funciones del Ministerio no está la de efectuar la habilitación de las entidades prestadoras del servicio de salud, porque tal competencia está en cabeza de las entidades departamentales, distritales de salud las cuales previa autoevaluación de los prestadores de servicios de salud presentarán el formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, con los soportes que demuestren la habilitación, ante las citadas entidades, quienes realizaran la inscripción de conformidad con el Decreto 1011 de 2006 artículos 11 y 13.

Por lo anterior, solicita se declare la improcedencia de la misma(25).

El 20 de marzo de 2013, el alcalde del municipio de El Tablón de Gómez, impugnó el fallo de tutela con fundamento en lo siguiente:

Manifestó que no se violaron derechos fundamentales debido a que los servicios de salud se han venido prestando en condiciones de normalidad en la sede principal del centro de salud ubicado en la cabecera del municipio y que si bien es cierto las instalaciones del puesto de salud en el corregimiento de Aponte fueron clausuradas, esa determinación se adoptó por motivos de orden normativo los que han sido objeto de seguimiento y control por parte de la dirección local de salud municipal sino también por el Instituto Departamental de Salud de Nariño en beneficio de la vida e integridad de las personas que accedían a ese servicio.

Citó la Resolución 1043 de 2006 que establece las condiciones que deben cumplir los prestadores del servicio de salud para habilitar los servicios.

Explicó que el puesto de salud no cumplía los estándares de habilitación para la prestación del servicio de salud, porque no tenía la infraestructura adecuada. También argumento que las edificaciones donde funcionaban son de propiedad de la comunidad indígena, situación que dificulta inversiones en dicho inmueble y las dificultades económicas de la ESE.

Reiteró que el servicio de urgencias no se ha dejado de prestar por parte de la ESE puesto que cada vez que el gerente de la IPS indígena y el médico solicita el servicio vía celular, se brinda el transporte con una ambulancia y la ESE atiende enviando un coordinador y un auxiliar de enfermería garantizando la atención prioritaria a los pacientes(26).

El 20 de marzo de 2013, la gerente del centro de salud del Tablón de Gómez, impugno la decisión con base en lo siguiente:

Luego de expresar y explicar que en el presente caso no se aplica la consulta previa con la comunidad indígena termina diciendo que no es posible reabrir el centro de salud de Aponte por no contar con las condiciones mínimas de habilitación, lo que dio lugar a una IPS que si tiene las condiciones económicas para cumplir con la atención inicial de urgencias.

En resumen precisó que el seccional de instancia no tuvo en cuenta que en todo caso el derecho a la consulta previa respecto a la creación de la IPS debió realizarlo el Instituto Departamental de Nariño o en su defecto el municipio del el Tablón de Gómez, entidades que debieron informar que la creación de un segundo prestador traería como consecuencia una déficit financiero en la ESE(27).

Consideraciones

Competencia. Conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política; el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer y decidir en segunda instancia de la presente solicitud de amparo constitucional.

Procedencia de la acción de tutela en términos generales.

La acción de tutela instituida en nuestra Constitución en el artículo 86, tiene como finalidad facilitar a las personas un mecanismo ágil, breve y sumario, para acudir en defensa de sus derechos fundamentales constitucionales cuando estos sean vulnerados o teman que pudieren llegar a ser amenazados por la acción u omisión de las autoridades, entiéndase judiciales y administrativas, pero el ejercicio de tal derecho debe realizarse dentro de los parámetros de procedencia establecidos en los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y en la jurisprudencia, en acatamiento del concepto previo de legalidad propio de nuestro Estado social de derecho,(28) pues de no ser así estaríamos en presencia de la arbitrariedad o subjetividad de los funcionarios de turno, circunstancia que deberá ser calificada por el juez constitucional de acuerdo con los elementos que se configuran en cada caso.

Esta acción solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Como primer aspecto, la Sala estima que la presente acción de tutela es procedente a pesar de existir un medio de defensa judicial al que pueda acudir el actor para que se anulen los actos administrativos que ordenaron el cierre del servicio de urgencias en el corregimiento de Aponte en el municipio de el Tablón de Gómez en donde habita la comunidad INGA de Aponte, de igual manera debemos señalar que como se trata de la atención de un servicio de esta connotaciones en un corregimiento alejado del municipio, del cual forma parte dicha comunidad, estaríamos en presencia de un posible perjuicio irremediable por estar en juego el derecho a la salud y a la vida de los habitantes de dicho territorio.

Problema jurídico

Desciende la Sala a determinar si le asiste razón a la primera instancia el haber amparado al actor el derecho fundamental a la consulta previa de la comunidad INGA de Aponte así como los derechos a la salud y a la vida digna en los términos de la sentencia impugnada.

El derecho fundamental a la consulta previa

La Corte Constitucional de conformidad con los artículos 7º, 13 y 70 de la Constitución Política ha resaltado el derecho fundamental a la consulta previa en la visión pluralista de la sociedad y en la adopción de medidas especiales, favorables a los grupos vulnerables o en condiciones de debilidad manifiesta, en la diversidad étnica que prescribe el respeto por las diferencias culturales y en el mandato que rechaza la imposición de la forma de vida en forma mayoritaria.

En la Sentencia T 367 de de 2013(29) sobre este derecho fundamental ha dicho:

“A través de la jurisprudencia se ha establecido parte del alcance para este derecho; sobre el particular vale la pena tener encuentra

En cuenta la Sentencia T 376 de 2012:

“16. La posición sostenida por la Sala Pelan de la Corte Constitucional es coincidente con los artículos 6º del Convenio 169 de la OIT y 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con las cuales la consulta procede frente a cualquier medida de carácter legislativo o administrativo que las afecte. Además, resulta relevante indicar que las normas del DIDH plantean el contenido mínimo de protección, razón por la cual la jurisprudencia colombiana ha ampliado el alcance de la obligación, al plantear que la consulta procede frente a medidas de cualquier índole, incluyendo normas, programas, proyectos o política públicas que afecten directamente a las comunidades originarias y afrodescendientes”.

En la decisión que se reseña, se trae a colación la Sentencia T-129 de 2011 en la cual la Corte estableció que el alcance del derecho a la consulta previa se extiende a todas las células de la comunidad así:

“La Corte se pronunció sobre la protección constitucional a la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y encontró que en efecto no se había consultado de forma previa por parte del Alcalde de Mocoa a los dos grupos de la misma parcialidad indígena del pueblo Yanacona, en los términos señalados por la Ley 21 de 1991, por lo que halló vulnerados los derechos a la diversidad e integridad étnica y cultural y al debido proceso de los accionantes. Por ello, ordenó al alcalde de Mocoa que iniciara el proceso consultivo con la comunidad correspondiente al pueblo Yanacona”.

En la Sentencia T 129 de 2011, la Corte concretó que la base normativa de las condiciones bajo las cuales ha sido protegido el derecho fundamental a la consulta previa, se encuentra establecida en el artículo 6-1 del convenio OIT 169 de 1989(30) y enumeró las características así:

“En síntesis, todo tipo de acto, proyecto, obra, actividad o iniciativa que pretenda intervenir en territorios de comunidad étnicas, sin importar la escala de afectación, deberá desde el inicio observar las siguientes reglas:(31) (Destacados fuera de texto).

(i) La consulta previa es un derecho de naturaleza fundamental y los procesos de consulta previa de comunidades étnicas se desarrollarán conforme a este criterio orientador tanto en su proyección como implementación.

(ii) No se admiten posturas adversariales o de confrontación durante los procesos de consulta previa. Se trata de un diálogo entre iguales en medio de las diferencias.

(iii) No se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales de los procesos de consulta previa, es decir, asimilar la consulta previa a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines. (Destacados fuera de texto)

(iv) Es necesario establecer relaciones de comunicación efectiva basadas en el principio de buena fe, en las que se ponderen las circunstancias específicas de cada grupo y la importancia para este del territorio y sus recursos.

(v) Es obligatorio que no se fije un término único para materializar el proceso de consulta y la búsqueda del consentimiento, sino que dicho término se adopte bajo una estrategia de enfoque diferencial conforme a las particularidades del grupo étnico y sus costumbres. En especial en la etapa de factibilidad o planificación del proyecto y no en el instante previo a la ejecución del mismo.

(vi) Es obligatorio definir el procedimiento a seguir en cada proceso de consulta previa, en particular mediante un proceso pre-consultivo y/o post consultivo a realizarse de común acuerdo con la comunidad afectada y demás grupos participantes. Es decir, la participación ha de entenderse no solo a la etapa previa del proceso, sino conforme a revisiones posteriores a corto, mediano y largo plazo.

(vii) Es obligatorio realizar un ejercicio mancomunado de ponderación de los intereses en juego y someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los grupos étnicos afectados únicamente a aquellas limitaciones constitucionalmente imperiosas.

(viii) Es obligatoria la búsqueda del consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades podrán determinar la alternativa menos lesiva en aquellos casos en los cuales la intervención: (a) implique el traslado o desplazamiento de las comunidades por el proceso, la obra o la actividad; (b) esté relacionado con el almacenamiento o vertimiento de desechos tóxicos en las tierras étnicas; y/o (c) representen un alto impacto social, cultural y ambiental en una comunidad étnica, que conlleve a poner en riesgo la existencia de la misma.

(...).

(ix) Es obligatorio el control de las autoridades en materia ambiental y arqueológica, en el sentido de no expedir las licencias sin la verificación de la consulta previa y de la aprobación de un Plan de manejo arqueológico conforme a la ley, so pena de no poder dar inicio a ningún tipo de obra o en aquellas que se estén ejecutando ordenar su suspensión(32).

(x) Es obligatorio garantizar que los beneficios que conlleven la ejecución de la obra o la explotación de los recursos sean compartidos de manera equitativa. Al igual que el cumplimiento de medidas de mitigación e indemnización por los daños ocasionados.

(xi) Es obligatorio que las comunidades étnicas cuenten con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación en el proceso de consulta y búsqueda del consentimiento. Incluso de la posibilidad de contar con el apoyo de organismos internacionales cuyos mandatos estén orientados a prevenir y proteger los derechos de las comunidades étnicas de la Nación”.

Destacó la Corte la Sentencia T 376 de 2012 en la que considera que un elemento esencial adscrito a la protección de ese derecho lo constituye una “afectación directa” sobre las atribuciones de una comunidad, en lo que atañe con una medida llámese política, plan o proyecto. Se precisó que la consulta previa hace alusión a un conjunto más amplio de potestades o herramientas de protección a favor de los pueblos. En esta decisión se dijo:

“31. Con base en las consideraciones previas se puede concluir, desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, que la participación de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se concreta en tres facetas del mismo derecho, que pueden sintetizarse así: (i) la simple participación, asociada a la intervención de las comunidades en los órganos decisorios de carácter nacional, así como en la incidencia que a través de sus organizaciones pueden ejercer en todos los escenarios que por cualquier motivo les interesen; (ii) la consulta previa frente a cualquier medida que los afecte directamente; y (iii) el consentimiento previo, libre e informado cuando esa medida (norma, programa, proyecto, plan o política) produzca una afectación intensa de sus derechos, principalmente aquellos de carácter territorial”.(Destacados fuera de texto).

El derecho a la salud en armonía con el derecho fundamental a la vida: El artículo 49 de la Constitución Nacional Colombiana dispone:

“La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.

La salud es uno de aquellos bienes jurídicos que por su carácter inherente a la existencia digna del ser humano, se encuentra protegido, especialmente en las personas que por su condición económica, física o mental, se hallen en circunstancia de debilidad manifiesta (art. 13 Ibídem). Este derecho, en su esencia, busca el aseguramiento del fundamental derecho a la vida (art. 11 Ibídem), por lo cual, su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial.

La Corte Constitucional sobre el particular ha dicho:

“El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques: el primero, que lo identifica como un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra el medio ambiente sano (C.P., art. 49 inc. 1º), se trata de manera concurrente con los problemas de la salud; fuera de que el reconocimiento del derecho a la salud prohíbe las conductas que las personas desarrollen, con dolo o culpa, que causen daño a otro, imponiendo a los infractores las responsabilidades penales y civiles de acuerdo con las circunstancias. Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental. El segundo bloque de elementos sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado estado social de derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de prestar un servicio público correspondiente, para asegurar el goce no solo de los servicios de asistencia médica, sino también los derechos hospitalarios, de laboratorio y farmacéuticos. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso (artículo 13 Constitución Política), pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida” Corte Constitucional. Sentencia T- 484 de 11 de agosto de 1992.

Igualmente la Corte Constitucional ha sostenido que al estar consagrada la vida humana en el preámbulo de la carta política de 1991, como un valor superior que debe asegurar la organización política del Estado social de derecho, las autoridades públicas y aun los particulares, en caso que presten el servicio de seguridad social, deben propender por garantizar y proteger la vida y el derecho constitucional a la integridad física y mental de todos los habitantes del territorio nacional, en concordancia con ese valor, el artículo 11 de la Carta Política consagra el derecho a la vida como el de mayor connotación jurídico política para el goce y disfrute de los demás derechos constitucionales, ya que cualquier prerrogativa, facultad o poder en la sociedad es consecuencia necesaria de la existencia humana.

Por lo tanto podemos concluir que al vulnerarse o negarse el acceso a un servicio de salud, que implique la vulneración del derecho a la vida, por estar en íntima conexidad con aquel, debe prevalecer la protección del derecho a la vida, a través de la protección del derecho a la salud, aun cuando este no tenga el carácter de fundamental.

Alcance e importancia del precedente jurisprudencial. Al momento de proyectarse un fallo se debe tener en cuenta lo resuelto en casos similares, para así respetar el precedente jurisprudencial, de manera que no solo exista seguridad jurídica, sino el respeto al principio de igualdad, ya que casos análogos no pueden ser decididos de manera distinta.

Al respecto, la Corte Constitucional Sentencia SU-047 de 1999, magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y Alejando Martínez Caballero, han señalado, que todo juez debe ser consistente en sus decisiones y que en un ordenamiento jurídico o en un sistema de derecho legislado como el colombiano, el respeto por el precedente debe darse por cuatro razones esenciales así:

“...por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos”. (Destacado fuera de texto).

Por lo tanto, si bien el artículo 230 Superior establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, ese concepto no cobija exclusivamente las leyes, sino también las sentencias las cuales ocupan un lugar fundamental al concretar el alcance de las leyes.

En este sentido en la sentencia antes reseñada se dijo:

la ratio de las sentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a las normas, al concretar sus alcances. Además, de lo contrario —es decir, de escindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar su aplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances— se rompería la unidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia en desmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de las normas a casos iguales y de la confianza legítima de los habitantes en que el derecho será aplicado de manera consistente y predecible”(subrayado y negrilla fuera del texto).

El caso en concreto: En el sub lite, la Defensoría del Pueblo Regional Nariño actuando en calidad de apoderado de los habitantes del Pueblo Inga de Aponte del municipio del Tablón de Gómez, acudió al juez constitucional deprecando se le proteja el derecho fundamental a la vida en conexidad con la salud, así como el derecho a la consulta previa de los integrantes de la comunidad del resguardo en mención y corregimientos vecinos como Fátima, Pompeya y vereda del Llano Largo del Corregimiento de la Cueva , toda vez que se clausuró el Puesto de Salud de Aponte en cual se prestaban los servicios de urgencias, pacientes que por la distancia existente entre el lugar de residencia y el casco urbano del municipio no podían acudir al Centro de Salud de Gómez ESE.

De las pruebas allegadas al dossier se tiene que la clausura a que se hace referencia se realizó el 6 de marzo de 2012 y se suspendieron definitivamente los servicios de urgencias el 2 de octubre de 2012.

A partir de ese momento la ESE de el municipio del Tablón de Gómez comenzó a prestar el servicio de urgencias en el caso urbano. Para efectos de subsanar la prestación del servicio de urgencias que se prestaba en el puesto de salud de Aponte, se destinó una ambulancia para trasladar a los pacientes y el gerente de la IPS y el médico de la comunidad se comunicaban por un celular para trasladar a los pacientes que lo requirieran.

De otra parte, se allegaron al plenario una serie de pruebas que demuestran que se realizaron unas comunicaciones a la comunidad indígena a través de su gobernador a quien le fue informado el cierre del puesto de salud. Sin embargo, no se allegaron copias de los actos administrativos que dieron origen al cierre del puesto, pero sin embargo, se demostró plenamente que esté si fue clausurado con fundamento en las manifestaciones que hizo el alcalde del municipio, la gerente del centro de salud la ESE así como por el representante del Ministerio de Salud y Protección Social.

De conformidad con lo expuesto tanto por la gerente de la Ese del municipio como de su alcalde la causa del cierre se debió a dificultades económicas y a que el puesto de salud no gozaba de la infraestructura necesaria y requerida por las normas vigentes para su operación tal como se reseño en precedencia. Agregó que en razón a las auditorías realizadas se podría causar un perjuicio mayor poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas que acudieran a solicitar servicios médicos de urgencias.

Otro impase que se presento y que aducen como argumento se refiere a que el puesto de salud es de propiedad de la comunidad indígena no siendo posible realizar o efectuar adecuaciones o mejoras por parte de la alcaldía del municipio.

EL Ministerio de Salud y de la Protección Social se defendió expresando que no son competentes para efectuar la habilitación de las entidades prestadoras del servicio de salud, porque tal competencia está en cabeza de las entidades departamentales, distritales de salud las cuales previa autoevaluación de los prestadores de servicios de salud presentarán el formulario de inscripción en el registro especial de prestadores de servicios de salud, con los soportes que demuestren la habilitación, ante las citadas entidades, quienes realizaran la inscripción de conformidad con el Decreto 1011 de 2006 artículos 11 y 13.

Por su parte la gerente del centro de salud de el Tablón de Gómez, en la impugnación afirmó que el que en todo caso el derecho a la consulta previa respecto a la creación de la IPS debió realizarlo el Instituto Departamental de Nariño o en su defecto el municipio del el Tablón de Gómez, entidades que debieron informar que la creación de un segundo prestador traería como consecuencia una déficit financiero en la ESE(33).

De todo lo anterior, se concluye que efectivamente las dificultades financieras y de habilitación del inmueble donde funcionaba el puesto de salud, fueron las que impidieron que se pudiera prestar el servicio de urgencias en el Puesto de Salud de Aponte.

También se vislumbran los esfuerzos que realizaron tanto la ESE como la alcaldía del municipio para tratar de suplir la necesidad y continuar con la prestación del servicio de urgencias poniendo a disposición la ambulancia previo requerimiento por parte de la comunidad indígena para tratar de salvaguardar el derecho a la salud y a la vida de quienes requieran atención médica a pesar de la distancia que existe entre la zona rural donde se prestaba dicho servicio y la inclemencias del tiempo que no son un factor de ayuda para cumplir con este cometido.

Sin embargo, tal como lo dice el seccional de instancia, no se tuvo en cuenta el derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas de agotar la consulta previa tal como lo ha reiterado la honorable Corte Constitucional, que constituye un instrumento determinante para garantizar la diversidad étnica de las minorías a las que se les garantice su participación y consenso en las decisiones que en un momento las afecten.

Es tanto así que la Corte Constitucional se ha manifestado al aducir que cuando no se garantice ese derecho fundamental el camino a seguir es la acción de tutela.

En el su lite, se dan todos los presupuestos para que se tutele el derecho a la consulta previa teniendo en cuenta que están en juego el derecho a la vida en conexidad con la salud porque se cerró un puesto de salud, en un sitio apartado del casco urbano del municipio en el cual se prestaban los servicios de urgencias, sin que mediara la garantía de este derecho.

De acuerdo con lo expresado por la misma corporación se tiene que el hecho de realizarse reuniones o visitas en situ no es óbice para que se pase por alto efectuar la consulta previa con las comunidades.

Es decir, la serie de reuniones que se efectuaron y de las cuales se allegó copia al expediente no tienen el alcance para constituir la consulta, al tenor de los parámetros que exige el Convenio de la OIT 169 de 1989 en el cual se resalta entre otras, como característica esencial que todo tipo de obra, proyecto, actividad o iniciativa que pretenda intervenir a los territorios de comunidades indígenas sin importar la escala de afectación está sometido a una serie de reglas dentro de las cuales se destaca que no se admiten procedimientos que no cumplan con los requisitos esenciales de la consulta previa, tales como asimilar la misma a meros trámites administrativos, reuniones informativas o actuaciones afines.

Es de anotar que la consulta previa se refiere a una serie de protocolos a seguir tanto en la etapa pre como post al proceso de consulta, en la que se realice un ejercicio conjunto de ponderación de los intereses en juego y, solo se podrá someter los derechos, alternativas propuestas e intereses de los indígenas únicamente a las limitaciones que establezca la Constitución Política.

En desarrollo de lo anterior la Corte Constitucional concreto unas facetas en la que adquiere especial relevancia en el caso en estudio, la consulta previa frente a cualquier medida que afecte a las comunidades indígenas directamente. Se itera trátese de un norma, programa, proyecto, plan o política que en este caso, se trata del cierre de un puesto de salud.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que no existe razón alguna para limitar el alcance de la acción de tutela en el presente caso. Por ello, se procederá a confirmar la decisión del Seccional de Instancia concediendo el amparo al derecho fundamental a la consulta previa y adicionalmente ordenará que en el termino de 48 horas el Ministerio de Salud, el Municipio de el Tablón, el Instituto Departamental de Nariño, la ESE y la Comunidad INGA de aponte den inicio a las medidas necesarias para ejecutar el proceso de consulta previa de manera que como mínimo i). Puedan definirse, mermarse y evitarse todo acto perjudicial para la comunidad que impida una adecuada prestación del servicio de urgencias. ii) que la comunidad INGA de Aponte sea incluida de manera completa e integral en la prestación de dicho servicio de urgencias. Las entidades mencionadas tendrán un plazo de 20 días comunes como termino máximo para coordinar el inicio de las reuniones respectivas. Mientras se ejecutan todas las actividades y actos necesarios para solucionar la prestación del servicio de urgencias, se confirma la decisión en el sentido que se proceda a la adecuación de las instalaciones del centro de salud del corregimiento de Aponte para que se garantice la atención del servicio médico a los usuarios del servicio y se ordena la suspensión o inaplicación de los actos administrativos que dieron origen al cierre del centro de salud del corregimiento de Aponte.

Para garantizar el cumplimiento expedito, completo y rápido de esta orden, la Sala ordenará a la Defensoría del Pueblo para que efectué el acompañamiento del proceso de consulta previa, generando informes con destino al Seccional de Instancia.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión del 8 de marzo de 2013, mediante la cual la Sala Jurisdiccional del Conejo Seccional de la Judicatura de Nariño, tuteló el derecho a la consulta previa de al Comunidad Indígena INGA de Aponte

2. ADICIONAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Nariño, de fecha 8 de marzo de 2013, en el sentido de ordenar que en el termino de 48 horas el Ministerio de Salud, el municipio de el Tablón, el Instituto Departamental de Nariño, la ESE y la Comunidad INGA de Aponte den inicio a las medidas necesarias para ejecutar el proceso de consulta previa de manera que como mínimo i). Puedan definirse, mermarse y evitarse todo acto perjudicial para la comunidad que impida una adecuada prestación del servicio de urgencias. ii) que la comunidad INGA de Aponte sea incluida de manera completa e integral en la prestación de dicho servicio de urgencias. Las entidades mencionadas tendrán un plazo de 20 días comunes como termino máximo para coordinar el inicio de las reuniones respectivas.

3. Mientras se ejecutan todas las actividades y actos necesarios para solucionar la prestación del servicio de urgencias, se confirma la decisión en el sentido que se proceda a la adecuación de las instalaciones del centro de salud del corregimiento de Aponte para que se garantice la atención del servicio médico a los usuarios del servicio y se ordena la suspensión o inaplicación de los actos administrativos que dieron origen al cierre del centro de salud del corregimiento de Aponte.

4. Para garantizar el cumplimiento expedito, completo y rápido de esta orden, se ORDENA a la Defensoría del Pueblo que efectué el acompañamiento del proceso de consulta previa, generando informes con destino al Seccional de Instancia.

5. REMÍTASE la actuación a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Wilson Ruíz Orejuela—José Ovidio Claros PolancoJulia Emma Garzón de Gómez—Angelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial

(1) Ver sentencias T 016 de 2007, T 571 de 1992, T 760 de 2008, T 934 de 2010 y T 603 de 2010.

(2) Ver sentencias SU 510 de 1998, T 380 de 1993, T 058 de 1994, T 349 de 1996 y SU 039 de 1997.

(3) Fls 13 a 14 del c.o.

(4) Fls 15 y 16 del c.o.

(5) Fl. 17 del c.o.

(6) Fl. 21 del c.o.

(7) Fl. 22 del c.o.

(8) Fl. 23 del c.o.

(9) Fl 24 del c.o.

(10) Fls. 25 y 26 del c.o.

(11) Fl 27 y 28 del c.o.

(12) Folio 30 del c.o.

(13) Folio 35 del c.o.

(14) Folio 32 del c.o.

(15) Fl .33 al 151 del c.o.

(16) Folio 153 a 156 del c.o.

(17) Folios 157 a 158 del c.o.

(18) Folios 159 a 168 del c.o.

(19) Folio 169 del c.o.

(20) Folio 171 del c.o.

(21) Folio 179 a 18 del c.o.

(22) Folio 183 del c.o.

(23) Folios 319 a 336 del c.o.

(24) Folios 367 a 399 del c.o.

(25) Folios 413 a 417 del c.o.

(26) Folios 426 a 428 del c.o.

(27) Folios 430 a 439 del c.o.

(28) Porque es una de las características propias de un Estado de derecho, sin desconocer que también es Constitucional, Social y Democrático.

(29) Corte Constitucional. Expediente T 3674925 del 1º de abril de 2013. Magistrado Ponente doctor Jorge Iván Palacio.

(30) “ART. 6. 1. Al aplicar las disposiciones de presente convenios los gobiernos deberán:

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle directamente,

b) B) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los nieles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, y

c) C) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.

(31) Respecto del contenido del derecho fundamental a la consulta previa y las reglas jurisprudenciales que serán enunciadas, se recomiendan especialmente los desarrollos efectuados por la Corte en las sentencias C 461 de 2008 y C 175 de 2009. En virtud de ello la Sala procederá a transcribirlos y reiterarlos en lo que concierne especialmente a la consulta previa criterios plasmados igualmente en línea jurisprudencial elaborada en esta providencia, de otra parte se anexan los nuevos ámbitos de protección estudiados.

(32) Capitulo (4) de esta sentencia relativo a la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, así como de la obligatoriedad de la licencia ambiental y el plan de manejo arqueológico (4.3).

(33) Folios 430 a 439 del c.o.