Sentencia 2013-00078/20845 de agosto 30 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 250002337000201300078 01 [20845]

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Actor: Helm Fiduciaria S.A.- Antes Helm Trust S.A.- Como vocera del fideicomiso Venture Point

Demandado: Distrito Capital

Impuesto de Delineación Urbana

Bogotá D.C., treinta de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En los términos de la apelación interpuesta por el demandado, la Sala decide sobre la legalidad de los actos por los cuales este le impuso a la actora, como vocera del patrimonio autónomo, sanción por no declarar el impuesto de delineación urbana por la licencia de construcción LC-08-2-0328 de 21 de mayo de 2008 y le determinó, mediante liquidación de aforo, el referido tributo.

En concreto, precisa si la obligación de declarar el impuesto se entendió satisfecha con las declaraciones (inicial y corrección) que presentó ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., en su condición de fideicomitente y titular de la licencia de construcción LC-08-2-0328. En caso negativo, determina si procedían la sanción y el aforo del impuesto de delineación urbana practicados a la demandante.

Sea lo primero precisar que la sentencia apelada sí está motivada en sus razones de hecho y derecho, pues el a quo anuló los actos demandados luego del análisis de las normas aplicables al caso, como son los artículos 715 a 719 del Estatuto Tributario, sobre el trámite de aforo, aplicables por remisión del artículo 103 del Decreto 807 de 1993 y 60 del Decreto 807 de 1993, relativo a la sanción por no declarar, al igual que las normas sobre el impuesto de delineación urbana y sobre urbanismo y la sentencia de la Sala de 4 de abril de 2013, en la que se resolvió un asunto similar(27), motivo por el cual la invocó como precedente aplicable en este caso.

Con base en las anteriores normas y la sentencia ya referida, el Tribunal concluyó que ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., en su condición de fideicomitente del patrimonio autónomo EDIFICIO VENTURE POINT y titular de la licencia de construcción LC 08-2-0328, tenía la calidad de sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana (pues para la expedición de esa licencia debió acreditar previamente el pago del impuesto), y por ende estaba facultado para declarar y pagar el impuesto, como en efecto lo hizo, por lo cual la Administración no podía desconocer que la obligación fue cumplida por quien tenía el deber de hacerlo.

En relación con el aspecto de fondo, la Sala precisa lo siguiente:

El problema jurídico radica en establecer quién es el sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana en el caso de la fiducia mercantil y, por ende, el obligado a declarar y pagar dicho tributo. Sobre este tema, la Sala ha fijado su criterio en varias ocasiones, criterio que reitera en esta oportunidad(28).

La demandante sostiene que el sujeto pasivo y obligado a declarar el impuesto de delineación urbana es el fideicomitente, porque es el titular de la licencia de construcción.

El demandado, por su parte, alega que el sujeto pasivo y obligado a presentar la declaración del impuesto es la sociedad fiduciaria, como vocera del patrimonio autónomo, conforme con el artículo 74 del Decreto Distrital 350 de 2002. Por ello, le impuso la sanción por no declarar y le practicó liquidación de aforo del impuesto de delineación urbana por la licencia de construcción expedida el 21 de mayo de 2008.

El artículo 1226 del Código de Comercio define la fiducia mercantil como el negocio jurídico en el cual el fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes al fiduciario para que este los administre o enajene, según la finalidad determinada por el constituyente del fideicomiso. El provecho se determina a favor del constituyente o de un tercero, denominado beneficiario o fideicomisario. Los bienes fideicomitidos se mantienen separados del resto del activo del fiduciario y de los que corresponden a otros negocios fiduciarios, y forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad señalada en el acto constitutivo(29).

Por la celebración del contrato de fiducia, el fideicomitente adquiere derechos fiduciarios que son bienes inmateriales que representan la participación de este en el patrimonio autónomo(30).

El artículo 1 de la Ley 97 de 1913 autorizó al Concejo de Bogotá para crear y reglamentar el impuesto de delineación urbana en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1. El Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá puede crear libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental: 

(…) 

g. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios o de refección (sic) de los existentes.” (Destaca la Sala)

Posteriormente, los artículos 3 y 4 del Acuerdo 20 de 1940 del Concejo de Bogotá, “por el cual se establece el impuesto de delineación y se dictan otras disposiciones sobre construcciones”, dispusieron lo siguiente:

“Artículo 3. En los casos de construcción de nuevos edificios y refacción de los existentes, las personas que presenten a la revisión de la Secretaría de Obras Públicas los planos correspondientes, deberán acompañarlos de un presupuesto detallado y completo y pagar el impuesto de delineación que se exigirá sobre el valor del presupuesto aceptado por la Secretaría de Obras Públicas, de acuerdo con la siguiente tarifa: 

(...) 

Artículo 4. La Secretaría de Obras Públicas no expedirá la licencia a que se refiere el artículo 1 sin que el interesado o interesados presenten el recibo de la Tesorería Municipal en el cual conste que han consignado el valor del impuesto liquidado conforme al artículo anterior, y el certificado del Tesorero Municipal que pruebe que el propietario o propietarios de la finca están a paz y salvo con todos los impuestos municipales.” (Destaca la Sala)

De conformidad con el Acuerdo 020 de 1940, las personas que presentaran los correspondientes planos de la obra estaban obligados a pagar el impuesto de delineación urbana, y la licencia se expedía a los interesados que demostraran el cumplimiento de esa obligación. La norma no señaló que el único que podía solicitar la licencia era el propietario del bien objeto de la licencia de construcción.

Luego, el artículo 9 del Acuerdo 28 de 1995, que adoptó el plan de racionalización tributaria de Santafé de Bogotá, D.C., se refirió al hecho generador del impuesto de delineación urbana, en los siguientes términos:

“Artículo 9º. Impuesto de Delineación Urbana. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificaciones, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Este impuesto se deberá acreditar en el momento de la expedición de la licencia.” (Destaca la Sala)

La norma anterior no exigió al solicitante de la licencia urbanística la acreditación de una calidad específica. Tampoco previó que el propietario del bien objeto de construcción o remodelación fuera el único que pudiera solicitar la licencia y, en consecuencia, que la obligación de declarar y pagar el impuesto de delineación urbana radicara exclusivamente en los propietarios de tales inmuebles.

Los artículos 71 y 74 del Decreto Distrital 352 de 2002, aplicables al asunto que se debate, prevén lo siguiente(31):

“Artículo 71. Hecho generador. El hecho generador del impuesto de delineación urbana es la expedición de la licencia para la construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación de obras y urbanización de terrenos en el Distrito Capital de Bogotá.” 

Artículo 74. Sujeto pasivo. Son sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana los propietarios de los predios en los cuales se realiza el hecho generador del impuesto.” (Destaca la Sala)

En relación con los titulares del derecho a solicitar la licencia de construcción, el Decreto 1052 del 10 de junio de 1998, vigente para la fecha en que se expidió la licencia de construcción LC-08-2-0328 de 21 de mayo de 2008, dispuso lo siguiente(32):

“Artículo 8. Titulares de licencias. Podrán ser titulares de licencias los titulares de derechos reales principales, los poseedores, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud. 

De las normas transcritas se establece que si bien es cierto que el artículo 74 del Decreto 352 de 2002 previó como sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana a los propietarios de los predios sobre los que se realiza el hecho generador, también lo es que el sujeto pasivo no puede ser otro que quien realiza el hecho gravable del impuesto de delineación urbana, esto es, la expedición de la licencia de construcción de la que pueden ser titulares, entre otros, “los propietarios del derecho de dominio, a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias”, de los inmuebles sobre los que recae la solicitud de la licencia.

De igual manera, no puede desconocerse que artículo 9 del Acuerdo 20 de 1940 dispuso que estaban obligados a pagar el tributo de delineación urbana los interesados en las respectivas obras o edificaciones, sin que se exigiera la condición de ser propietarios del inmueble objeto de las obras.

De la interpretación sistemática de las normas antes citadas se concluye que el fideicomitente puede ser sujeto pasivo del impuesto de delineación urbana. Esta conclusión parte de la premisa de que si los fideicomitentes pueden solicitar la licencia de construcción, también pueden declarar y pagar el impuesto, requisito sine qua non para obtener dicha licencia(33).

En otras palabras, el hecho de negar al fideicomitente el derecho de declarar y pagar el impuesto, sería tanto como prohibirle que cumpla el requisito que exige la ley para obtener la licencia de construcción, lo que iría en contra del efecto útil que deben tener las normas(34).

Por otra parte, es preciso señalar que toda declaración de corrección remplaza a la inicial de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 807 de 1993, que dispone lo siguiente:

Artículo 19.- Corrección de las Declaraciones. Los contribuyentes o declarantes pueden corregir sus declaraciones tributarias, dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para declarar, y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige. 

Toda contribución que el contribuyente o declarante presente con posterioridad a la declaración inicial será considerada como una corrección a la inicial o a la última corrección presentada, según el caso. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el contribuyente o declarante deberá presentar una nueva declaración diligenciándola en forma total y completa, y liquidar la correspondiente sanción por corrección en el caso en que se determine un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. En el evento de las declaraciones que deben contener la constancia de pago, la corrección que implique aumentar el valor a pagar, sólo incluirá el mayor valor y las correspondientes sanciones.  

También se podrá corregir la declaración tributaria, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, cuando la corrección se realice dentro del término de respuesta al pliego de cargos o al emplazamiento para corregir. 

(…)” (Destaca la Sala)

En el caso en estudio están probados los siguientes hechos:

- ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., tiene la condición de fideicomitente en el contrato de fiducia de administración para la construcción del Edificio Venture Point sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-727088, ubicado en KR 13A 98-33 de Bogotá. El contrato se celebró mediante escritura pública 5318 de 6 de julio de 2007, de la Notaría 71 del Círculo de Bogotá D.C.(35)

- De acuerdo con el contrato en mención, la sociedad fiduciaria es la demandante, el beneficiario es ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA. y como consecuencia del contrato se creó el patrimonio autónomo denominado EDIFICIO VENTURE POINT. El objeto del contrato de fiducia es transferir a título de FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN al patrimonio autónomo FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN – EDIFICIO VENTURE POINT, identificado con el NIT 830.053.963-6, cuyo vocero es el FIDUCIARIO, la totalidad de los derechos reales, de dominio y posesión que el Fideicomitente tiene y ejerce sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-727088 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro.

- Mediante escritura pública 9572 de 27 de noviembre de 2007 de la Notaría 71 del Círculo de Bogotá, ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA y otras personas transfirieron al FIDEICOMISO EDIFICIO VENTURE POINT, el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-221159, ubicado en la KRA 13 A 98-21 de Bogotá D.C (36)

- El 12 de mayo de 2008, ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA. en calidad de fideicomitente del patrimonio autónomo Edificio Venture Point y solicitante de la licencia de construcción para el desarrollo de dicho proyecto urbanístico, presentó con pago la declaración del impuesto de delineación urbana, por los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50C-727088 y 50C-221159, con total impuesto a cargo por $87.794.000(37).

- El 13 de mayo de 2008, ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., corrigió la declaración, para incrementar el área de los sótanos y el área libre del primer piso, sin modificar el total impuesto a cargo liquidado en la declaración inicial(38).

- En consecuencia, la declaración inicial del impuesto de delineación urbana, presentada por el Fideicomitente el 12 de mayo de 2008, fue reemplazada por la declaración de corrección que este presentó el 13 de mayo del mismo año.

- El 21 de mayo de 2008, la Curaduría Urbana 2 de Bogotá expidió a favor de ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., la licencia de construcción LC 08-2-0328. La parte resolutiva de la licencia estableció lo siguiente(39):

“OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA(S) MODALIDAD(ES) DE OBRA NUEVA, DEMOLICIÓN TOTAL EN EL PREDIO URBANO LOCALIZADO EN LA(S) DIRECCIÓN(ES) KR 13A 98-21, MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 050C 221159 – KR 13 A 98 33, MATRÍCULA INMOBILIARIA NO. 050C 722088- PROPIETARIOS: ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA NIT/CC 900031929-4 REP. LEGAL: ÉDGAR CHAVARRO MONTERO CC. 19218810, CONSTRUCTOR RESPONSABLE ÉDGAR CHAVARRO MONTERO (CÉDULA 19218810 MATRÍCULA 2520200304 DE CND). URBANIZACIÓN: CHICO RESERVADO II SECTOR MANZANA 60/61 LOTES DE VIVIENDA ESTRATO 6, ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO CON LA SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

(…) 

 

12. INFORMACIÓN IMPUESTOS
ImpuestoFechaValorTipo
0000000068053417-Abr-2008$19.517.000Plusvalía
0000000068053517-Abr-2008$19.811.000Plusvalía
1400804006850112-May-2008$87.794.000Delineación
1400802006742713-May-2008$0Delineación
0067746726510913-May-2008$8.800.000Plusvalía

 

(…) 

 

5. TITULARES
(…)
  1. TITULARES DE LA LICENCIA
  1. C.C. o NIT.
  1. Firmas
ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA 900031929-4”

 

De lo expuesto, la Sala colige que la obligación de declarar y pagar el impuesto de delineación urbana, por la licencia de construcción LC 08-2-0328 de 21 de mayo de 2008, fue satisfecha con la declaración que presentó ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., el 12 de mayo de 2008 y que fue remplazada por la declaración de corrección de 13 de mayo de 2008.

Lo anterior, por cuanto, bajo una interpretación sistemática de las normas tributarias y urbanísticas, quienes realizan el hecho generador del tributo son los solicitantes de las licencias de construcción, entre ellos, los fideicomitentes de los patrimonios autónomos constituidos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, como se presentó en este caso.

En consecuencia, el Distrito Capital no podía exigirle a la actora, como vocera del patrimonio autónomo Edificio Venture Point, que presentara la declaración del impuesto de delineación urbana por la expedición de la licencia de construcción LC 08-2-0328. Por lo mismo, tampoco podía sancionarla por no declarar ni aforarla por este impuesto, pues la declaración del impuesto fue presentada válidamente por el Fideicomitente.

Como la sanción por no declarar impuesta a la actora y la liquidación de aforo del impuesto de delineación urbana correspondiente a la licencia de construcción LC 08-2-0328 de 21 de mayo de 2008, están viciadas de ilegalidad porque la obligación tributaria fue satisfecha por el fideicomitente ÉDGAR CHAVARRO CONSTRUCTORA LTDA., sujeto legítimamente habilitado para realizar el hecho generador, procede la nulidad de los actos demandados, como lo dispuso el a quo, motivo suficiente para confirmar la sentencia apelada.

En relación con la condena en costas que el a quo negó porque los asuntos sobre tributos son de interés público, la Sala advierte lo siguiente:

La condena en costas se halla prevista en el artículo 188 del CPACA, que consagra lo siguiente:

Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. 

Por su parte, el artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Sobre el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público”, en sentencia de 6 de julio de 2016, la Sala precisó lo siguiente(40):

“[…] la regla general es que en los procesos de conocimiento de esta jurisdicción, en la sentencia, se dispondrá sobre la condena en costas.  

Esta regla no se aplica para los procesos en los que se ventile un interés público, es decir, que no hay lugar a condena en costas en las acciones públicas.  

En este sentido se debe entender el alcance de la expresión “procesos en que se ventile un interés público” y no como lo interpretó la UAE - DIAN, porque, se debe tener presente que esta disposición no pretendió hacer distinción alguna entre las partes intervinientes en el proceso y volver al criterio previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo(41) [prohibición de condena en costas al Estado], antes de la modificación introducida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998(42) [condena en costas a las partes, sin distinción alguna, con un criterio subjetivo]”. (Destaca la Sala)

Asimismo, sobre la no exoneración de costas a la DIAN por el hecho de recaudar tributos, lo que implica un interés público, en la misma providencia, la Sala señaló lo siguiente(43):

“Es oportuno recordar que la Corte Constitucional(44), al estudiar el tema de la exención de condena en agencias en derecho a favor de la Nación y las entidades territoriales previstas en el artículo 1, numeral 198 del Decreto 2282 de 1989, se refirió a las prerrogativas públicas en la Constitución Política en los siguientes términos:  

‘[…] la legitimidad de un privilegio público depende de que éste pueda ser adscrito al cumplimiento o la satisfacción de alguna de las finalidades que la Carta Política le ha confiado al Estado. Adicionalmente, la específica configuración - usualmente legal - que adopte la prerrogativa pública de que se trate debe adecuarse a los postulados del principio constitucional de proporcionalidad (C.P., artículo 5°), según el cual ésta deba ser útil y necesaria respecto de la finalidad que persigue y no comprometa bienes constitucionales más importantes que los que busca promocionar o proteger.’  

Y al realizar el estudio del juicio de proporcionalidad de la exención de condena en agencias en derecho(45), la Corte expuso lo siguiente:  

‘[…] 

Más arriba en esta sentencia se estudió que a la exención de condena en costas a favor de ciertas entidades públicas le ha sido atribuida la finalidad de conceder un privilegio a esos entes estatales por el hecho de serlo, es decir, en razón de su "peculiar personalidad", de su "personalidad pública" o por la garantía del “interés general” que, a los mismos, corresponde cumplir. Aparte de estas finalidades, no ha sido avanzado un fin alternativo directamente comprometido con el cumplimiento de alguno de los objetivos específicos que la Constitución adscribe al Estado. […] En principio parecería que nada, distinto al hecho de que la parte vencida es el propio Estado, sirve para explicar la excepción estudiada. 

En opinión de la Corte, según lo visto en párrafos anteriores, estas finalidades son contrarias al esquema axiológico que encuadra el ejercicio del poder público establecido en la Carta Política (v. supra) y, por tanto, carecen de toda legitimidad.  

[…] 

28. Podría alegarse que la finalidad de la norma que se estudia es la de proteger los recursos fiscales de las entidades públicas. Ciertamente, la mencionada disposición restringe los costos y expensas de las mencionadas entidades cuando resulten vencidas en un proceso judicial.  

[…] No obstante, como fue expuesto en una parte anterior de esta providencia, no basta con que una norma que establece una diferencia de trato persiga una finalidad legítima para que, por ese sólo hecho, se justifique la afectación del principio de igualdad. Adicionalmente se requiere que la norma sea verdaderamente útil, necesaria y proporcionada respecto de la respectiva finalidad. 

La medida en cuestión es útil para salvaguardar los recursos fiscales pues evita que las entidades públicas deban pagar las expensas en derecho de la parte que las venció en un proceso judicial. No obstante, en cuanto se refiere al estudio de su necesariedad, constata la Corte que existen otro tipo de medidas, menos costosas en términos del principio de igualdad y más acordes con las normas constitucionales, para alcanzar similares objetivos. Así por ejemplo, puede acudirse a la ya mencionada figura del llamamiento en garantía, de manera tal que el servidor público causante del daño que originó la condena judicial, le reintegre al Estado, al menos una parte de lo que este debió pagar. 

Pero incluso si llegare a sostenerse que la medida es necesaria para proteger los recursos públicos, lo cierto es que es absolutamente desproporcionada. Como fue estudiado con anterioridad, la disposición parcialmente cuestionada consagra un tratamiento desigual para las partes procesales y crea un desequilibrio notorio en la distribución de las cargas públicas sin que lo anterior pueda justificarse en la protección de los recursos fiscales. Es cierto que el patrimonio público debe protegerse contra gastos inocuos, innecesarios o inútiles, pero ninguno de estos adjetivos puede predicarse del pago de las expensas que una persona tuvo que asumir por causa de una acción u omisión ilegítima de la propia administración. En estas circunstancias, el pago de las agencias en derecho está destinado a restablecer la equidad perdida por causa del Estado y no constituye una dádiva o un privilegio a favor de quien tuvo que acudir a un proceso para defender sus derechos o intereses.  

Si el legislador considera importante evitar ciertos gastos – como el pago de las agencias en derecho de la parte que ha vencido en un juicio contra las entidades públicas mencionadas -, no puede hacerlo obligando a quien ha resultado lesionado por culpa del Estado a asumir la correspondiente carga. Si ello se permitiera, se estaría aceptando que la sociedad entera se beneficie de una carga impuesta a una persona que, adicionalmente, ha sido víctima de una actuación u omisión ilegítima por parte del Estado. En suma, el sujeto que ha sufrido una lesión por causa de las autoridades públicas debe asumir integralmente una carga económica que de otra manera no hubiera tenido que soportar, a fin de beneficiar a la comunidad. Lo anterior vulnera abiertamente el principio de distribución equitativa de las cargas públicas y, en consecuencia, el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta’. 

2.3. Con base en esos mismos argumentos, puede concluirse que no le asiste la razón a la UAE - DIAN, al interpretar que por el solo hecho de estar implícito el interés público en la gestión de recaudo de los tributos, necesariamente se le deba exonerar de la condena en costas”.  

En ese orden de ideas, el demandado no estaría exonerado de la condena en costas por el hecho de que la función de gestión de recaudo de los tributos tenga implícito un interés público, pues “el pago de las agencias en derecho está destinado a restablecer la equidad perdida por causa del Estado y no constituye una dádiva o un privilegio a favor de quien tuvo que acudir a un proceso para defender sus derechos o intereses”, como lo precisó la Corte Constitucional en la sentencia parcialmente transcrita por la Sala, que en esta oportunidad reitera(46).

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1.Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. 

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos. 

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Subraya la Sala)

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) para la procedencia de la condena en costas contra la DIAN en segunda instancia, pues la sentencia apelada por esta fue confirmada. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(47), esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Se advierte que una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Diego Felipe Márquez Arango, como apoderado de la demandante, según poder que está en el folio 248 del expediente.

No se condena en costas.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

Magistrados: Martha Teresa Briceño de ValenciaHugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidente—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

27 Exp. 18921, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

28 Entre otras, ver sentencias de 22 de marzo de 2013, exp.18798, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, 4 de abril de 2013, exp. 18921, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y 19 de mayo de 2016, exp. 20005, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

29 Código de comercio, artículo 1233.

30 Superintendencia de sociedades. Concepto 115007389 de 2010. “De la celebración del contrato de fiducia surgen a la vida jurídica los derechos fiduciarios, los cuales, al menos en principio, le corresponderán al fideicomitente. Tales derechos no son otra cosa que aquellos que le corresponden al fideicomitente con relación al patrimonio autónomo, derechos que tienen la característica de ser bienes inmateriales”.

31 El artículo 71 del Decreto 352 de 2002 fue derogado por el artículo 18 del Acuerdo Distrital 352 de 2008. El artículo 74 de ese mismo decreto fue modificado por el artículo 4 del mismo acuerdo y debe interpretarse en concordancia con el artículo 16 del Decreto Nacional 564 de 2006.

32 Derogado por el artículo 78 del Decreto 1600 del 20 de mayo de 2000. Dispone la norma:
Artículo 15. Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud.
También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 388 de 1997 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, cuando se les haya hecho entrega del predio o predios objeto de adquisición en los procesos de enajenación voluntaria y/o expropiación previstos en los Capítulos VII y VIII de la Ley 388 de 1997.
Parágrafo. Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de construcción.

33 Sentencia de 4 de abril de 2013, exp. 18921,C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

34 Ibídem

35 Folios 301 a 315 c.a.2

36 Folios 316 a 319 c.a.2

37 Folio 19 c.a.1

38 Folio 18 c.a.1

39 Folio 17 c.a.1

40 Exp. 20486, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

41 “ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales habrá condena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil”.

42 Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedará así:
"Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil."

43 Sentencia de 6 de julio de 2016, exp. 20486, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

44 Cfr. la sentencia C-539/99, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, en la que se declaró exequible el inciso 2° del numeral 1° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil (modificado por el numeral 198 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989), salvo las expresiones "agencias en derecho, ni" y “las intendencias y las comisarias” que se declaran inexequibles.

45 Ib.

46 Sentencia de 6 de julio de 2016, exp. 20486, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

47 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.