Sentencia 2013-00080/50192 de diciembre 6 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 52001-23-33-000-2013-00080-01(50192)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Ministerio de Defensa - Policía Nacional

Demandado: José Francisco Gómez Narváez

Referencia: Apelación sentencia - medio de control de repetición (Ley 1437 de 2011)

Régimen jurídico aplicable - la demanda se presentó en vigencia de la Ley 1437 de 2011, por ende, este es el cuerpo normativo aplicable a la controversia / Competencia funcional en repetición Ley 1437 de 2011 - se aplica el factor cuantía para los procesos de dos instancias y el subjetivo para los de única / Condena en costas - procede en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Ya no se aplica un criterio subjetivo cual era la temeridad o no de las partes, como sucedía en vigencia del Código Contencioso Administrativo.

Bogotá, D. C., seis de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) competencia en vigencia de la Ley 1437 de 2011: procede el factor cuantía para los procesos de repetición de segunda instancia y el subjetivo para los de única; 2) el ejercicio oportuno de la acción: el término de caducidad de dos años se contabiliza a partir del día siguiente a aquel en que ocurra el pago o el término que tiene la entidad pública para hacerlo, lo que ocurra primero; 3) generalidades de la demanda de repetición: se debe acudir al Código Civil para determinar la culpa grave o el dolo si la conducta que habría dado lugar a la condena ocurrió antes de que entrara en vigencia la Ley 678 de 2001, de lo contrario se acude a sus presunciones. El aspecto procesal es el dispuesto por la Ley 1437 de 2011, siempre y cuando la demanda se haya interpuesto en su vigencia; 4) verificación de los presupuestos de prosperidad del medio de control de repetición para el caso concreto: no se demostró que la muerte de un detenido se hubiera producido como consecuencia de que el demandado inobservara sus funciones como agente de policía; 5) acerca de la condena en costas: procede en virtud del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Ya no se aplica el criterio subjetivo, cual era la temeridad o no de las partes, como sucedía en vigencia del Código Contencioso Administrativo.

1. Competencia.

La Ley 1437 de 2011, a través de sus artículos 149, 152 y 155 reguló de manera expresa el tema de la competencia funcional del medio de control de repetición, derogando el criterio de conexidad que preveía el artículo 7º de la Ley 678 de 2001 e introduciendo el factor subjetivo –en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estado– y el objetivo por cuantía para los de doble instancia.

De tal manera que en este caso el análisis de la competencia de la Sala para conocer en segunda instancia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en vigencia de esta.

El artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación” (se destaca).

Por su parte, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de las demandas de “repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia”.

En el caso bajo estudio, se advierte que la pretensión del medio de control de repetición se estimó en $471’108.851,29, suma que superó los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el año en que se presentó(21).

De tal manera que se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un tribunal administrativo dentro de un proceso de repetición con vocación de doble instancia.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

La Sala debe poner de presente que la condena que antecede a este caso se profirió dentro de un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Código Contencioso Administrativo.

Sin embargo, aunque la Sentencia Condenatoria de segunda instancia se profirió cuando ya no se encontraba vigente el Código Contencioso Administrativo, pero sí la Ley 1437 de 2011, no significa que el plazo con el cual contaba la parte actora para cumplir con su parte resolutiva es el que establece esta última.

Ciertamente, en la parte resolutiva de la Sentencia Condenatoria proferida el 26 de enero de 2011 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se dispuso, en cuanto a su cumplimiento lo que a continuación se trascribe:

“La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del CCA”(22).

En efecto, el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo preveía un término de 18 meses(23).

Ahora bien, la norma aplicable para efectos de determinar el momento a partir del cual se debe contabilizar el término de caducidad de este medio de control es la Ley 1437 de 2011, toda vez que se formuló en vigencia de esta. El literal i del artículo 164 de esa ley establece lo siguiente:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

“(…).

“l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, eltérminoserádedos(2)años,contadosapartirdeldíasiguientedelafechadelpago,o,amástardardesdeelvencimientodelplazoconquecuentalaadministraciónparaelpagodecondenasdeconformidadconloprevistoeneste código” (se destaca).

La norma en cita dispone que el plazo para el pago de las condenas se contará “de conformidad con lo previsto en este código”, entiéndase el plazo de 10 meses previsto por el inciso segundo del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011(24).

Sin embargo, dado que la Sentencia Condenatoria señaló en su parte resolutiva que el plazo para su cumplimiento era el de 18 meses previsto por el artículo 177 del Decreto 01 de 1984, será este término el que se tendrá cuenta para contabilizar el término de caducidad, el cual se contará a partir de cualquiera de los supuestos previstos por el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

En este punto de la sentencia debe reiterarse que en la demanda de repetición se solicitó el reembolso de la suma de $471’108.851,29, cantidad a la que ascendió la condena impuesta a la parte actora.

Sin embargo, de acuerdo con el material probatorio que se allegó al proceso, solo se demostró el pago de $465’289.269,23. Así las cosas, en caso de que prosperen las pretensiones de la demanda, solo habría lugar a decretar el reembolso de lo efectivamente probado.

Puesto que en este caso la pretensión de la demanda ascendió al total de la condena, pero se demostró un pago parcial, los dos años del término de caducidad se deben contar a partir del día siguiente a aquel en que se completaron los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

La ejecutoria de la Sentencia Condenatoria de segunda instancia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo –fechada el 26 de enero de 2011– ocurrió el 17 de febrero de ese año, tal y como se desprende de la constancia secretarial que obra en el expediente(25).

De tal manera que el plazo de 18 meses se vencía el 18 de agosto de 2012. Como la demanda se presentó el 1º de marzo de 2013 se realizó oportunamente, pues podía hacerse hasta el 19 de agosto de 2014.

3. La demanda de repetición. Consideraciones generales.

La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo –algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-430 de 2000– como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o exfuncionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.

Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.

Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la rama judicial.

De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.

La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencias en materia de la carga probatoria dentro del proceso.

Para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban las demandas de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.

De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta un proceso de repetición sucedieron en vigencia de Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (arts. 6º, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”(26).

En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil.

Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 63. Clases de culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.

“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).

En cuanto al aspecto procesal de las demandas de repetición, resultan aplicables los preceptos de la Ley 678 de 2001 para aquellas interpuestas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

A su vez, el aspecto procesal de las demandas de repetición que se iniciaron en vigencia de la Ley 1437 de 2011 corresponde al previsto por esta, tal y como sucede en este caso.

Como la muerte que se le atribuye al demandado ocurrió en 1996, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta para valorar si su conducta se enmarca en una culpa grave.

4. Presupuestos de prosperidad del medio de control de repetición.

La prosperidad de este medio de control se encuentra sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado; d) la acreditación de la culpa grave o el dolo.

La Subsección analizará si en el presente caso se encuentran reunidos o no los anteriores presupuestos para acceder a la pretensión de repetición que formuló la Policía Nacional.

En caso de que alguno de los anteriores presupuestos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.

a. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero.

Como anexos de la demanda se aportaron las copias auténticas de las sentencias condenatorias proferidas en primera y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño y la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 6 de octubre de 2000 y el 26 de enero de 2011, respectivamente(27).

Tales sentencias impusieron la condena por cuyo pago se repite, la cual se derivó de un proceso de reparación directa que unos ciudadanos interpusieron en contra de la Policía Nacional, por la muerte de una persona que se encontraba detenida en la Permanente Central de la Policía de Pasto en 1996.

b. El pago de la condena impuesta a la parte actora.

i) Alcance del inciso tercero del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011.

Antes de verificar si en este caso se demostró o no el pago de la suma de dinero por la cual se demandó en repetición, resulta necesario aclarar el alcance normativo del inciso tercero del artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, cuyo contenido es el siguiente:

“Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.

La anterior disposición normativa supone el interrogante de si la certificación a que se refiere y que resulta necesaria para admitir un medio de control de repetición es, a su vez, prueba definitiva del pago de la suma de dinero por la que se repite.

En orden a responder el anterior interrogante, la Sala incorporará el concepto de prueba sumaria expuesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-523 de 1999, así:

“Ahora bien, aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba sumaria, en diversos ordenamientos y para distintos fines se alude a la misma. En el Código de Procedimiento Civil, el artículo 279 establece que ‘Los documentos privados desprovistos de autenticidad tendrán el carácter de prueba sumaria, si han sido suscritos por dos testigos’. De igual manera, el artículo 299 del mismo ordenamiento, referente al tema de los testimonios rendidos ante notarios y alcaldes, alude a la exigencia de la prueba sumaria.

“Sobre la noción de prueba sumaria, esta corporación precisó: ‘No obstante, de vieja data, la doctrina y la jurisprudencia nacionales han precisado la noción de prueba sumaria. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar. En efecto, de conformidad con el artículo 29 superior, toda prueba para ser considerada como tal debe ser sometida al principio de contradicción del adversario, lo cual significa que aunque de hecho en el proceso no haya sido controvertida, por ejemplo, porque la contraparte lo consideró inútil o haya dejado pasar la etapa procesal para hacerlo, se haya tenido la oportunidad procesal de hacerlo (…)’(28).

“En ese sentido la doctrina también ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer.

“(…)”(29).

También para lo que interesa a este proceso resulta pertinente lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1300 de 2001:

“Así, una prueba sumaria es aquella que no ha sido controvertida. En virtud del principio de contradicción, y en desarrollo del derecho de defensa, esta prueba sumaria carece en principio de valor procesal. Por consiguiente, salvo las excepciones legales, los funcionarios judiciales no pueden fundar sus decisiones en pruebas sumarias, por cuanto estarían afectando el derecho de defensa, y en especial el derecho de contradicción. Sin embargo, una prueba sumaria no es en sí misma ilegal ni violatoria del debido proceso, por cuanto no ha sido obtenida con desconocimiento de las garantías procesales o vulneración de derechos fundamentales; lo que sucede es que, por regla general, esa prueba no puede servir de sustento a las decisiones judiciales, por no haber sido todavía controvertida. Sin embargo, si posteriormente, durante el proceso, la parte acusada tiene la posibilidad de controvertir adecuadamente esa prueba, entonces esta deja de ser sumaria, adquiere plena eficacia jurídica, y puede entonces fundamentar una sentencia.

“(…).

“31. Un ejemplo banal muestra la clara distinción que existe entre una prueba sumaria y una prueba ilegal y violatoria del debido proceso. Así, supongamos que después de un hurto a una casa, la policía interroga a dos testigos, que declaran haber reconocido a su vecino Pedro Pérez salir de ese lugar, con los objetos robados. Ese testimonio, mientras no sea controvertido por Pedro Pérez, constituye una prueba sumaria y no podría servir, como tal, de base a la condena de Pérez. Sin embargo, si durante el proceso, el acusado Pérez puede contrainterrogar a esos testigos y controvertir sus aseveraciones, entonces la prueba deja de ser sumaria y adquiere plena eficacia jurídica, pudiendo entonces servir de base a la decisión de fondo del asunto.

“(…).

“32. El análisis precedente ha mostrado que la incorporación en un proceso de una prueba sumaria no representa en sí misma una violación del derecho de defensa. La violación surge si el juez no permite la contradicción de la prueba e intenta fundamentar la culpabilidad del acusado en esa prueba, que no fue controvertida. Sin embargo, si esa prueba sumaria es controvertida ulteriormente, entonces puede servir de base a la correspondiente decisión judicial. Precisamente por eso, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado, en jurisprudencia reiterada, que un testimonio que fue obtenido sin la presencia del acusado no es, por ese solo hecho, nulo. Ese testimonio, ha dicho ese tribunal, puede tener eficacia jurídica si se confiere posteriormente al acusado una ocasión adecuada y suficiente de controvertirlo y de contrainterrogar a su autor(30).

“33. Ahora bien, la contradicción de la prueba es un derecho, y no un deber, del acusado, quien puede renunciar a controvertir la prueba presentada por la Fiscalía. Pero es obvio que si el acusado no ejerce ese derecho de contradicción, o renuncia a él, no puede luego alegar que fue condenado con base en una prueba sumaria. En efecto, el principio de contradicción exige únicamente que la persona inculpada de un delito tenga la posibilidad de controvertir la prueba, pero obviamente no exige que efectivamente el acusado ejerza el derecho, pues, se repite, puede renunciar a esa garantía. En tales circunstancias, una prueba que originariamente era sumaria pero frente a la cual el acusado renuncia a su derecho a controvertirla, deja de ser sumaria y adquiere plena eficacia jurídica. Así, en el ejemplo señalado anteriormente sobre el hurto imputado a Pedro Pérez, es claro que habría una violación del debido proceso si esa persona es condenada sin la posibilidad de controvertir las declaraciones de sus vecinos. Sin embargo, si en el proceso, el juez faculta al señor Pérez a contrainterrogar a esos vecinos y él renuncia a esa posibilidad, entonces esas declaraciones dejan de ser sumarias, adquieren eficacia jurídica, y pueden entonces sustentar la condena del procesado.

“(…)” (se destaca).

Considera la Sala que la jurisprudencia en cita contiene los elementos conceptuales para responder el interrogante inicialmente planteado desde la perspectiva de lo que es una prueba sumaria. No sobra mencionar que el Código General del Proceso, al igual que el derogado Código de Procedimiento Civil, no incorporó una definición legal del concepto de prueba sumaria.

Ciertamente, la certificación a la que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 es, prima facie, una prueba sumaria en relación con el pago de la condena por la que una entidad pública repite.

En efecto, aunque el legislador la consideró como suficiente para admitir una demanda de repetición interpuesta en vigencia de la Ley 1437 de 2011, para ese momento procesal no se traduce, así mismo, en plena prueba de ese hecho, pues el demandado no ha tenido la posibilidad de controvertirla.

La caracterización de la referida certificación, en principio, como prueba sumaria es en razón al momento procesal en que se incorpora al expediente.

Resulta claro que el demandado en repetición no conoce del asunto en su contra sino hasta que lo notifican del auto admisorio de la demanda y solo puede oponerse a las pruebas y ejercer su derecho de defensa a partir del momento en que la contesta, oportunidad procesal que le brinda la posibilidad de aportar evidencias, solicitar el decreto de otras y, en general, de oponerse a todas las imputaciones contenidas en la demanda.

Dicho de otro modo, la certificación acerca del pago ostenta la naturaleza de prueba sumaria desde la presentación de la demanda hasta antes de la contestación de esta, en el entendido de que es un medio de convicción respecto del cual la parte contra la cual se aduce no ha tenido la oportunidad de controvertir.

De tal manera que el carácter de prueba sumaria desaparece a partir del momento en el cual el demandado tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa contestando la demanda, para adquirir el de plena prueba. Reitera la Sala que esa categoría probatoria es consustancial a la inexistencia de la oportunidad procesal para hacer efectivo dicho derecho fundamental.

Debe destacarse que no puede confundirse la posibilidad que tiene el demandado de ejercer su derecho de defensa, con la obligación de controvertir la aludida certificación.

Bien podría suceder que el demandado en un proceso de repetición haga uso de su derecho de defensa contestando la demanda, aportando pruebas y solicitando el decreto de otras, pero en ningún momento cuestione la certificación acerca del pago de la condena con la cual se admitió el medio de control.

En caso de presentarse la anterior hipótesis igual desaparecería la naturaleza sumaria de dicha certificación, pues recuérdese que lo relevante no es que se controvierta o no, sino que la parte contra la cual se aduce tenga esa oportunidad.

Debe añadirse que aunque la aludida certificación pierda su carácter de sumaria, aun cuando no sea controvertida por el demandado, no significa que el juez de conocimiento deba admitir de manera automática, sin reparo alguno, que es demostrativa del pago. Como cualquier otra prueba debe someterse a los principios que gobiernan la apreciación probatoria, de acuerdo con el Código General del Proceso.

Es así como el juez de conocimiento siempre debe examinar la certificación de acuerdo con los artículos 164 y 176 del Código General del Proceso(31), relativos a la necesidad de las pruebas y a la apreciación de estas, respectivamente.

A modo de resumen, una vez la mencionada certificación pierde su carácter de sumaria, se somete a dos filtros, que de superarlos haría que esta se constituyera, en sí misma, en la prueba del pago de la condena. Ellos son 1) los cuestionamientos que pueda presentar la parte demandada –no es obligatorio, depende de la estrategia de defensa– y 2) el examen que el juez lleve a cabo a la luz de los principios que gobiernan el análisis de las pruebas.

Así las cosas, la respuesta al interrogante planteado al inicio de este acápite es que la certificación a que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 no es la prueba definitiva del pago de la suma de dinero por la que se repite, pues para serlo, deben superarse unos análisis en virtud del derecho de defensa y de la labor propia del juez.

Debe añadir la Sala que las consideraciones expuestas en torno a cuándo dicha certificación constituye prueba del pago se encuentra en armonía con lo que esta Sala ha exigido como prueba del pago en los procesos de repetición iniciados en vigencia del Código Contencioso Administrativo: mediante alguna evidencia de que el beneficiario lo recibió, tal como un paz y salvo o la constancia de consignación en la cuenta destino, entre otras.

Además, la forma de acreditar un pago de una suma de dinero se encuentra jurídicamente soportada en el Código Civil a través de sus artículos 1626(32) y 1757(33), así como en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil(34) –para aquellos procesos para los cuales todavía resulte aplicable–. Vale la pena mencionar que esta última norma la reprodujo el Código General del Proceso en el artículo 225(35). Así mismo, es de destacar que ninguno de los anteriores enunciados normativos fue derogado por la Ley 1437 de 2011.

Agréguese que en ningún momento el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ha limitado la prueba del pago a su artículo 142.

Así las cosas, al concurrir en el tiempo la vigencia de los artículos del Código Civil y del Código General del Proceso relativos a la prueba del pago, junto con la del 142 de la Ley 1437 de 2011, resulta posible concluir acerca del pago de una condena a la luz de cualquiera de tales normas.

ii) El pago de la suma de dinero por la que demandó en repetición la Policía Nacional.

Para demostrar el pago de la suma de dinero por la que la Policía Nacional demandó en repetición, con la demanda se aportó al proceso la certificación a que se refiere el artículo 142 de la Ley 1437 de 2011, en este caso expedida por el tesorero general de esa institución, la cual dice así (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“Que al señor (…) identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.532.170 le fue consignado el valor equivalente a cuatrocientos sesenta y cinco millones doscientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y seis pesos con 23/100 m/cte. ($465’289.296,23); correspondiente al pago de la sentencia según Resolución 0992 del 19082011; la cual fue cancelada el día 29 08 2011 a la cuenta de ahorros Nº 369252178 del Banco CorpBanca Colombia S.A”(36).

Con la contestación de la demanda se efectuó el siguiente reparo a la certificación que se acaba de citar (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“De otra parte, no deja de resultar contradictorio que en la Resolución 0992 de 19 de agosto de 2011, por la cual se da cumplimiento a una sentencia a favor de Deyanira Duque Sierra y otros, en el artículo segundo del resuelve se establezca que se pagará ‘mediante consignación a favor del doctor (…), en la cuenta de ahorros número 369-25217-8 del Banco Santander y la CERTIFICACIÓN de fecha 7 de febrero de 2013 que expide el mayor (…) –tesorero general de la Policía Nacional indica que los citados valores fueron cancelados a la cuenta de ahorros Nº 369252178 del Banco CorpBanca S.A(37) (se destaca).

En este caso se tiene que el demandado controvirtió la referida certificación, de ahí que para que ella constituya prueba del pago debe, en primer lugar, despejarse el reproche planteado y luego analizarse a la luz de los principios que gobiernan el debate probatorio.

Después de examinar el expediente, la Sala constata que no le asiste razón al demandado en cuestionar la certificación de pago expedida por la Tesorería de la Policía Nacional.

Es cierto que en la Resolución 0992 del 19 de agosto de 2011(38) –se aportó en copia auténtica con la demanda– por medio de la cual se ordenó cumplir las sentencias condenatorias de primera y de segunda instancia, se dispuso en la parte resolutiva que su pago se depositaría en una cuenta del Banco Santander, así (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):

“Artículo 2º: La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, a través del área financiera, pagará la suma liquidada ($471’108.851,23), previo los descuentos de ley, con cargo al rubro presupuestal de sentencias, mediante consignación a favor del doctor (…), en la cuenta de ahorros número 369-25217-8 del Banco Santander(39) (se destaca).

No obstante lo anterior, en la certificación aludida se indicó que el pago se hizo al mismo número de cuenta al indicado en la Resolución 0992, pero del Banco CorpBanca y no del Santander, diferencia que cuestiona el demandado.

Sin embargo, la discrepancia puesta de presente no significa que el pago no se hizo al destinatario y a la cuenta señalada en la Resolución 0992. Lo que sucede es que el Banco CorpBanca asumió la operación que tenía el Banco Santander en Colombia, de ahí que con razón la certificación se refirió a aquel y no a este. Además, nótese que el número de cuenta es el mismo.

Por lo expuesto, la Sala carece de elementos para concluir que el contenido de la certificación expedida por la Tesorería de la parte actora no se refiere a la condena que liquidó la Resolución 0992, tal y como lo quiso hacer ver el demandado.

De otra parte, debe mencionarse que luego de analizar la certificación en conjunto con los demás medios de prueba, coincide en su totalidad con la Resolución 0992 y con una orden de pago que se aportó como anexo de la demanda(40), de ahí que no hay razones para dudar acerca de su contenido.

Por lo expuesto, la certificación en mención se constituye en la prueba que demuestra que la Policía Nacional pagó la suma de $465’289.296,23, el 29 de agosto de 2011.

c. La condición de ex agente del Estado del demandado.

Con la demanda se aportó una certificación expedida por el Área de Talento Humano de la Policía Nacional el 27 de febrero de 2013, acerca de que el demandado ingresó a la Policía Nacional el 1º de octubre de 1982 y que continuaba activo a esa fecha(41).

La muerte del detenido que se le imputa al demandado, a título de culpa grave, ocurrió en 1996, fecha en que aquel se encontraba vinculado a la Policía Nacional.

Por lo expuesto se demostró en el expediente que el señor José Francisco Gómez Narváez ostentaba la calidad de servidor público para la época de los hechos que interesan a este proceso.

d. La culpa grave en cabeza del demandado.

En la demanda se imputó al señor José Francisco Gómez Narváez la muerte de un detenido, a título de culpa grave, así (se trascribe de forma literal, inclusive los posibles errores):

“(…) la muerte causada el señor (…) fue proveniente del descuido del señor José Francisco Gómez Narváez, quien recibió el servicio de jefe de calabozo y que actuó de manera irregular, toda vez que conociendo el estado anímico del señor (…) q.e.p.d. decidió sin consultar a su comandante directo, cambiarlo de celda, de la # 8, en donde se encontraba acompañado, a la # 6 en donde se encontraba solo, causándose su muerte”(42).

Dicho lo anterior, la Sala debe referirse al valor probatorio de la investigación penal que la Fiscalía adelantó con ocasión de la muerte que se le atribuye al demandado, la cual se trasladó a este proceso por solicitud de este último cuando contestó la demanda(43), petición a la que accedió el a quo(44).

De tal manera que por disposición de los artículos 211 y 306 de la Ley 1437 de 2011 se debe acudir al Código General del Proceso para efectos de analizar el valor de dicha prueba trasladada(45), pues aquella no regula este tema.

El Código General del Proceso en su artículo 174 dispuso que “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.

Debe mencionar la Sala que el artículo en cita del Código General del Proceso, relativo a los requisitos para el traslado de pruebas, de modo alguno supuso un cambio frente a lo que el Consejo de Estado sostenía al respecto en vigencia del Código de Procedimiento Civil a partir de su artículo 185(46). De hecho, así se pronunció la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación:

La jurisprudencia de los últimos años del Consejo de Estado, con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada, sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos generales siguientes(47): (i) los normativos del artículo 185(48) del C.P.C., esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el [los] proceso [s] del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(49), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción.

“(…).

“De otra parte, para el caso de la prueba documental, la regla general que aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia es aquella según la cual en ‘relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289(50) del Código de Procedimiento Civil(51).

“(…).

“Debe tenerse en cuenta que el Código General del Proceso en su artículo 174, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que las ‘pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas […] La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan’. A dicha norma se integran los criterios anteriormente fijados, por lo que se puede afirmar una completa correspondencia del análisis realizado por la Sala con todo el universo normativo convencional, constitucional y legal de los medios probatorios que fueron trasladados”(52) (se destaca).

Por lo expuesto anteriormente, como la Policía Nacional no participó de la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por la muerte que se le imputa al demandado, las pruebas que en ella obran se decretaron y practicaron sin su citación o intervención, de ahí que esta no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción en el proceso original.

La Policía Nacional tampoco coadyuvó en el traslado de la investigación penal, como otra de las hipótesis que permitiría hacerlo válidamente.

Con base en lo anterior, las pruebas trasladadas de la investigación penal no pueden fundamentar la decisión que aquí se adopte.

Sin embargo, la valoración de la prueba documental trasladada puede hacerse aun cuando no se satisfagan los requisitos mencionados anteriormente, siempre y cuando se otorgue la posibilidad de tacharlas de falsas en desarrollo del proceso en el cual se pretendan valer, tal y como se expuso en el segundo párrafo de la jurisprudencia que se citó anteriormente de la Subsección C, postura que esta Subsección ha acogido también(53).

Ahora bien, el Código General del Proceso en su artículo 269, relativo a la tacha de falsedad de los documentos, dispuso lo siguiente:

“La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.

“Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca.

“No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión.

“Los herederos de la persona a quien se atribuye un documento deberán tacharlo de falso en las mismas oportunidades.

Luego de verificar el expediente, la Sala pudo constatar que una vez la Fiscalía General de la Nación aportó la referida investigación penal –entre cuyas pruebas se haya una documental consistente en la copia auténtica de la minuta de guardia de la Permanente Central de Pasto del día los hechos– el Tribunal Administrativo de primera instancia corrió traslado de ella a las partes(54), oportunidad procesal en la que la Policía Nacional guardó silencio.

Así mismo, en desarrollo de la audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2013, la Policía Nacional tampoco tachó de falso el mencionado documento.

De tal manera que la Policía Nacional sí tuvo la posibilidad de controvertir la prueba trasladada en mención y de esta forma, aun cuando no participó del proceso primigenio, resulta posible otorgarle valor probatorio de acuerdo con lo expuesto por la jurisprudencia de esta corporación.

Dicho lo anterior, debe decirse que en la minuta de guardia de la Permanente Central de Pasto del día los hechos obra la siguiente anotación que resulta relevante para lo que aquí se analiza, dado que sitúa al demandado en el lugar de los acontecimientos (se trascribe de forma literal, inclusive los posibles errores):

“es de anotar que el occiso fue cambiado del calabozo # 8 al calabozo # 6 a las 00:30 horas, para evitar que fuera golpeado en ese calabozo por las personas que se encontraban en ese calabozo, porque no los dejaba dormir, porque daba golpes y gritos en el trayecto de la noche, eltrasladodecalabozolorealizóelAg.GómezNarváez quien recibió el servicio de jefe de calabozo para el cuarto turno”(55) (se destaca).

La anterior prueba documental permite establecer que el demandado sí fue el agente de policía que puso a la víctima en la celda en la cual murió, toda vez que ella se encontraba en estado de alteración emocional.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, la culpa grave, negligencia grave o culpa lata, “es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo”. Sobre este concepto, así se refirió la Corte Suprema de Justicia:

“Con esa orientación es que autorizados doctrinantes han precisado que la culpa grave comporta ‘una negligencia, imprudencia o impericia extremas, no prever o comprender lo que todos prevén o comprenden, omitir los cuidados más elementales, descuidar la diligencia más pueril, ignorar los conocimientos más comunes’ (Mosset Iturraspe J., Responsabilidad por daños, T. I., Ediar, Buenos Aires, 1971, pág. 89; citado por Stiglitz Rubén S., Derecho de Seguros, T.I., Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1998, pág. 228)”(56).

Frente a tales conceptos, el Consejo de Estado ha sostenido que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos(57).

Resulta igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena fe que están contenidos en la Constitución Política(58) y en la ley.

Dicho lo anterior, debe expresar la Sala que no obra prueba en el expediente acerca de la conducta que el demandado habría inobservado al trasladar de celda a la víctima, para efectos de calificar su actuación de gravemente culposa.

De ninguna manera la Sala puede evaluar la decisión del señor José Francisco Gómez Narváez si no se cuenta con el parámetro normativo al cual debía ceñirse, de ahí que no puede verificarse si inobservó o extralimitó alguna función por haber puesto a la víctima sola en una celda, por encontrarse en estado de exaltación.

La Sala debe poner de presente que el demandado, como servidor público que era para la época en que ocurrieron los hechos que se analizan, estaba sujeto al principio de legalidad previsto por el artículo 6º de la Constitución Política y, por tanto, susceptible de incurrir en responsabilidad por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones estatutarias, legales o constitucionales.

No puede la parte actora atribuirle al demandado responsabilidad civil con base en lo que ella cree que debió haber sido la conducta adecuada, su imputación debe efectuarse a partir de la inobservancia de sus deberes y obligaciones como agente de policía y resulta que la parte actora no desplegó actividad probatoria para demostrarlo.

Adicionalmente, lo que se puede concluir de la conducta del demandado es que intentó proteger la integridad física del detenido, pues en la celda en la que se encontraba podía ser agredido por los otros reclusos, dado que se encontraba en estado de exaltación.

No se demostró en el proceso que el demandado tuviera la posibilidad de inferir que el hoy occiso atentaría contra su vida al estar solo en una celda. Dicho de otro modo, las pruebas no permiten establecer que el suceso en cuestión resultaba previsible para el señor José Francisco Gómez Narváez. De ninguna manera resulta admisible suponer que el estado emocional de la víctima era, en sí mismo, indicativo de que sucedería dicho evento.

De otra parte, resulta pertinente mencionar que aunque con la demanda se aportaron las copias de las sentencias de primera y de segunda instancia, por medio de las cuales se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte que se discute, ellas no constituyen prueba de la conducta que se le endilgó al señor José Francisco Gómez Narváez.

En cuanto al alcance probatorio de las sentencias proferidas dentro de otros procesos judiciales, así se ha pronunciado el Consejo de Estado:

“Se equivoca el a quo al deducir la responsabilidad del demandado, teniendo como prueba de la misma, la valoración probatoria que realizó el Tribunal Administrativo del Norte de Santander en la sentencia que declaró la nulidad de la resolución de insubsistencia; y aunque en el mencionado proceso de nulidad se demostró la desviación de poder y por tal razón se anuló el acto, las pruebas aportadas en ese proceso no pueden ser valoradas en este, toda vez que su traslado no fue solicitado por las partes.

“Sobre el valor probatorio de las providencias judiciales se ha afirmado lo siguiente:

‘... aunque entre tales documentos se encuentra también la copia de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial con sede en esta ciudad ... no puede perderse de vista que la copia de una decisión jurisdiccional de tal naturaleza, como lo ha reiterado la Corte, acredita su existencia, la clase de resolución, su autor y su fecha, excluyendo las motivaciones que le sirvieron de soporte, doctrina con arreglo a la cual puede afirmarse que la copia de dicha providencia demuestra que se trata de una sentencia desestimatoria de la pretensión..., proferida por dicha Corporación, en la fecha mencionada, masnosirveparalademostracióndeloshechosquefundamentarontalresolución...puescomolohareiteradolaSalatenercomoplenamenteacreditadosloshechostenidoscomociertosenlamotivacióndeunasentenciaproferidaenotroproceso,podríasuscitareventos‘...incompatiblesconprincipiosbásicosdederechoprocesal,puesentoncesnoseríaeljuezdelacausaaquiencorresponderíavalorizaryanalizarlaspruebasparaformarsupropiaconvicciónsobreloshechoscontrovertidos,desdeluegoestaríaobligadoaaceptareljuicioquesobrelosmismosseformóotrojuez,ylaspartesenelnuevolitigionopodríancontradecirlapruebaniintervenirensuproducción...(negrilla fuera del texto). Sentencia S-011 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del seis de abril de 1999)(59) (se deja estacado en negrillas y en subrayas)’.

“En línea con lo anterior, la Sala ha expuesto:

‘(…) la motivación de la sentencia judicial que imponga un condena patrimonial a cargo de una entidad pública y el pago de la misma no son pruebas idóneas para establecer per se la responsabilidad del demandado en acción de repetición. En efecto, en aquellos casos en los cuales la acción de repetición se fundamenta únicamente en las consideraciones que dieron lugar a la imposición de una condena, la Sala ha sostenido que estas no son suficientes para comprometer al demandado ni para concluir que su actuación hubiere sido dolosa o gravemente culposa, dado que la conducta imputada debe ser demostrada en el proceso de repetición en aras de garantizar a favor del demandado el debido proceso, puesto que la acción de repetición es autónoma e independiente respecto del proceso que dio origen a la misma (negrillas del original(60)’ ”(61) (negrilla del original).

Acorde con la jurisprudencia puesta de presente, las sentencias condenatorias proferidas por el Tribunal Administrativo de Nariño y la Sección Tercera del Consejo de Estado solo constituyen prueba de que la jurisdicción contenciosa administrativa condenó a la Policía Nacional por el referido suceso.

Dicho de otro modo, su alcance probatorio no se extiende a la conducta que en este proceso se le atribuye al demandado.

Las consideraciones expuestas permiten concluir que no obra en el expediente prueba que permita analizar la conducta que se le imputa al señor José Francisco Gómez Narváez.

Como conclusión, se deberá confirmar la sentencia de primera instancia.

5. Condena en costas

De acuerdo con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 “la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.

En ese orden de ideas, el artículo 365 del Código General del Proceso en el numeral 3º dispone que “En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda”.

Debe la Sala poner de presente que en la sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Nariño condenó a la parte actora a pagar las costas y las agencias en derecho correspondientes a esa instancia, sin embargo esta decisión no fue objeto de la apelación. Por este motivo, no hay lugar considerar la posibilidad de modificar su monto, sino a confirmarla.

Dado que se ratificará el fallo apelado proferido por el Tribunal Administrativo de Nariño, resulta procedente condenar a la parte actora a pagar las costas que se hubieren causado en segunda instancia.

De conformidad con el artículo 366 del Código General del Proceso(62), el Tribunal de origen deberá liquidar la condena en costas de manera concentrada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Nariño, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. CONDENAR a la parte actora a pagar, además de las costas y agencias en derecho determinadas por el Tribunal Administrativo de Nariño en primera instancia, las costas que se hubieren causado en esta instancia.

Para lo anterior, el tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del Código General del Proceso.

3. Ejecutoriada la presente providencia por Secretaría de la Sección DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

21 En el 2013 el salario mínimo mensual legal vigente era $589.500. Quinientas veces su valor era $294’750.000.

22 Folio 64 del cuaderno principal. Como anexo de la demanda se aportó una copia auténtica de la sentencia condenatoria de segunda instancia.

23 “Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además, serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria”.

24 “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.

25 Folio 65 del cuaderno principal.

26 Sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) Del 8 de marzo de 2007 proferida por la Sección Tercera, C. P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 250002326000200201304-01 (30.330) y ii) Del 16 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección A, M. P. Hernán Andrade Rincón (E), Radicación 250002326000199902960-01 (27.561). Entre muchas otras.

27 Folios 21-64 del cuaderno principal.

28 Original de la cita: “Sentencia T-1033 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández”.

29 Corte Constitucional. Sentencia C-523 de 2009, Expediente D-7612. M. P. María Victoria Calle Correa.

30 Original de la cita: “Ver, entre otros, los casos Kostovski, Unterpertinger c. Autriche, Saïdi c. France, y Sadak y otros contra Turquía”.

31 “ARTÍCULO 164. Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”.
“ARTÍCULO 176. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.
“El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.

32 “ARTÍCULO 1626. “Definición de pago”. El pago efectivo es la prestación de lo que se debe”.

33 “ARTÍCULO 1757. “Persona con la carga de la prueba”. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o esta”.

34 “ARTÍCULO 232. Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.
“Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

35 “ARTÍCULO 225. Limitación de la eficacia del testimonio. La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.
“Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión”.

36 Folio 18 del cuaderno principal.

37 Folio 111 del cuaderno principal.

38 Folios 14-16 del cuaderno principal.

39 Folio 16 del cuaderno principal.

40 Folio 17 del cuaderno principal.

41 Folios 12 y 278 de cuaderno principal.

42 Folio 6 del cuaderno principal.

43 Con la contestación demanda se solicitó el decreto del traslado de la investigación penal, así:
“CUARTA. Respetuosamente solicito al despacho judicial oficiar a la Fiscalía Cuarta Seccional de Pasto, con el fin de que allegue con destino a este proceso copia íntegra del sumario 54-4596, investigación que se adelantó por la posible comisión de un punible de homicidio.
“Pretendo probar que todas y cada una de las revisiones que hizo mi poderdante hasta que se presentara el relevo de su turno. Igualmente que se analicen los testimonios los cuales cuenta que mi representado nada tuvo que ver en la muerte del señor (…) en las instalaciones de la Permanente Central de Pasto”. Folio 128 del cuaderno principal.

44 De esta manera lo decretó el tribunal administrativo de primera instancia:
“OFÍCIESE por conducto de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño a la Fiscalía Cuarta Seccional de la ciudad de Pasto, para que en el término de 10 días, contados a partir de la recepción de este requerimiento, REMITA copia auténtica e íntegra del sumario referido 54-4596 investigación que se adelantó por la posible comisión de un homicidio”.

45 “ARTÍCULO 211. Régimen probatorio. En los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”.
“ARTÍCULO 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.

46 “ARTÍCULO 185. Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

47 Original de la cita: “Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, Expediente 26737. En su modulación puede verse las siguiente sentencias: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334”.

48 Original de la cita: “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

49 Original de la cita: “Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, Expediente 19969”.

50 Original de la cita: “Artículo 289. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.

51 Original de la cita: “Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, Expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, Expediente 13607. Además, en otra jurisprudencia se sostiene que ‘se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 […] por el cual se reitera, su apreciación es viable’. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, Expediente 16727. Cfr. también Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, Expediente 13476. ‘Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 CPC y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243 CPC)’. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, Expediente 20587”.

52 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sub Sección C. Sentencia del 7 de septiembre de 2015. C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicación 85001-23-33-000-2013-00035-01(51388).

53 Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 7 de julio de 2011. C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Expediente 680012315000199501189 - 01 (16.590).
Este razonamiento se reiteró en la siguiente sentencia:
Consejo de Estado. Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2015. C. P. (e) Hernán Andrade Rincón. Expediente 540012331000199800556 01 (29.718):
“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos:
“(…).
“En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.
“(…).
“En el caso que ahora se examina, la prueba trasladada antes mencionada no cumple con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no las solicitó en la contestación de la demanda ni se allanó o adhirió a las probanzas solicitadas por su contraparte, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan sólo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a éstas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del C. de P. C., tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita”.

54 A folio 263 del cuaderno principal obra el traslado a las partes de la investigación penal.

55 Folio 234 del cuaderno principal.

56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia fechada el 19 de diciembre de 2006, M. P. Pedro Octavio Munar Cadena, Expediente 68001 31 03 001 2000 00311 01.

57 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C. P. (E): Hernán Andrade Rincón. Sentencia del veintiséis 26 de agosto de 2015, expediente con número de Radicación 250002326000200601802-01 (35.962).

58 El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.

59 Original de la cita: “Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2008, Radicación 54001-23-31-000-1998-00869-01 (19.307), con ponencia del señor Consejero Enrique Gil Botero”.

60 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 22 de julio de 2009, Exp. 27.779, entre muchas otras providencias”.

61 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia fechada el 27 de marzo de 2014. C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Proceso 110010326000201000018 00 (38.455).

62 “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)” (se destaca).