Sentencia 2013-00081 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente:

Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Exp.: 18001-23-33-000-2013-00081-01 (3553-20 14)

Demandantes: Aura Betancourt Soto, Marceliano Cuéllar Bahamón, Luz Marina Méndez Artunduaga, Nancy Amparo Moreno, Albeny Argüello Yague, Edelmira Morales Marrugo, Martha Cruz, Marina Sarmiento, Rosalba Suárez Murcia, María Cielo Ceballos, Carmelita Murcia, Agustín Rodríguez, Lizardo Cuéllar Joven, Luis Fernando Bonilla, Luis Gonzaga Vanegas, Marisol Bocanegra, Isabel Mavesoy, Ignacio Molina Artunduaga, María Montealegre Sánchez, Neila Motta Valencia, Carmen Elvira Quiñones, Fabiola Navarro Díaz, Carlos Julio Villegas, Nancy Ospina Bolaños, Irene Díaz Trujillo, Bárbara Areiza González y Ruby Constanza Areiza

Demandado: Hospital María Inmaculada ESE de Florencia

Tema: Nivelación salarial y reajuste de prestaciones sociales y otros emolumentos

EXTRACTOS: «V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.

5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales presuntamente causadas, desde el año 2001 en adelante, como consecuencia de la nivelación salarial para el año 1998 y las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de pagar correspondientes a los años 1999 y 2000 ordenadas por el Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de la sentencia de 15 de octubre de 2003 (Exp. 18001-23-33-002-2000-003 25-00).

5.3. Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta corporación, se destaca:

a) Escrito de los accionantes, de 8 de mayo de 20 12, en el que solicitan del gerente del Hospital María Inmaculada ESE de Florencia el pago de las diferencias salariales y demás emolumentos de cancelar desde el año 2001 en adelante (fls. 27-29).

b) Oficio G-2010 de 25 de junio de 2012, del gerente interino del Hospital María Inmaculada ESE de Florencia, en el que resuelve de manera negativa la anterior petición (fls. 30-33).

c) Sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá, de 15 de octubre de 2003, que ordena reconocer y pagar la nivelación salarial de 1998 y las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de pagar durante los años 1999 y 2000 (fls. 34-49).

d) Resolución 1965 de 29 de julio de 2005, del gerente del Hospital María Inmaculada ESE de Florencia, en la que se dispone el pago de lo ordenado en la decisión antes relacionada a algunos de sus servidores y, entre ellos, a los accionantes (fls. 172-174).

e) Acuerdos 1 de 1998 y de 1999, sobre el plan de cargos, de la junta directiva del Hospital María Inmaculada ESE de Florencia (fls. 194-209 y 224-229).

De las pruebas que obran en el expediente, se colige que el Decreto 439 de 1995 estableció el régimen salarial especial y el programa gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del orden territorial; y, más adelante, con fundamento en esta disposición, se expidió el Decreto 980 de 1998, que dispuso actualizar las asignaciones básicas máximas mensuales para ese año.

Con base en ello, algunos servidores del Hospital María Inmaculada ESE de Florencia, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, demandaron a dicho hospital ante el Tribunal Administrativo del Caquetá, por incumplir lo mandado, tal como quedó consignado en la narración de los hechos de la sentencia de 15 de octubre de 2003, de esa corporación «[...] El Hospital María Inmaculada para 1997 cumplió con lo ordenado ajustando la asignación a los topes máximos, pero para 1998 incumplió lo convenido por el gobierno y fijó un tope menor al máximo legal, afectando el salario y demás prestaciones sociales para los años 1999 y 2000. Lo anterior constituye un desmejoramiento en las condiciones de los trabajadores y una vulneración a los derechos ya adquiridos» (fl. 35) [sic para toda la cita].

Y en esa determinación, el tribunal, en su parte decisoria, ordenó:

PRIMERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos mediante los cual[es] se negó la nivelación salarial para 1998 de conformidad a las consideraciones expuestas en esta providencia, según la siguiente relación:

[...].

SEGUNDO. Como consecuencia, de la declaratoria de nulidad de los actos acusados y a título de restablecimiento del derecho se condenará al Hospital María Inmaculada de Florencia Caquetá a lo siguiente:

a) A reconocer y pagar a cada uno de los demandantes la nivelación salarial para 1998, consistente en la actualización de los topes máximos previstos en el artículo 2° del decreto 980 de 1980 según lo preceptuado en la parte considerativa de esta sentencia.

b) A reconocer y pagar a cada uno de los demandantes las diferencias salariales, prestacionales y demás emolumentos dejados de pagar correspondientes a los años 1999 y 2000 debidamente indexados de conformidad a las consideraciones descritas en este fallo.

[...]

En acatamiento de dicha providencia —ejecutoriada en primera instancia, según se afirma en la demanda—, el gerente del Hospital María Inmaculada ESE, de Florencia, expidió la Resolución 1965 de 29 de julio de 2005, en la que dispuso el pago a algunos de sus empleados y, entre ellos, a los accionantes del presente litigio (fls. 172-174).

No obstante, los demandantes, mediante escrito de 8 de mayo de 2012, solicitaron del gerente del accionado «el pago de las diferencias salariales y demás emolumentos dejados de pagar desde el año 2001 en adelante» (fl. 27), y a lo cual, por medio de oficio G-2010 de 25 de junio siguiente (fl. 30), la respuesta fue negativa, con base en la prescripción trienal de 'la acciones emanadas de los derechos reclamados (art. 41 del Decreto 3135 de 1968).

Y en la presente demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo antes mencionado, presentada el 6 de diciembre de 2012, por conducto de apoderado, los accionantes pretenden que se ordene al Hospital María Inmaculada ESE de Florencia «la cancelación total de las diferencias salariales, prestaciones y demás emolumentos dejados de pagar a los convocantes, desde el año 2001 hasta la fecha en que se haga efectivo el (sic) dicho pago» (fl. 59).

En pocas palabras, la parte actora considera, según se puede deducir, que, desde el año 2001 en adelante, se causaron diferencias salariales entre la asignación básica fijada en los empleos de la planta de personal del ente accionado (por medio de acuerdos de la junta directiva)(1) y la del Gobierno Nacional, conforme al artículo 12 del Decreto 439 de 1995,(2) así como en las prestaciones sociales y demás emolumentos respectivos. Sin embargo, para hacer un análisis sobre este asunto es necesario contar dentro del proceso con los elementos necesarios para hacer los estudios u operaciones a que haya lugar para constatar si en verdad existen las discrepancias que se alegan, lo cual es imposible efectuar por la falta de prueba.

En este sentido, se comparte lo afirmado por el a qua, en la sentencia que ha sido recurrida así:

[...] teniendo en cuenta que el material probatorio permite observar que si bien para el año 1998(3) se realizó un reajuste del 17% que incidió en la base salarial y que para el año 1999(4) se realizó un incremento salarial que osciló entre el 10% y el 18% de acuerdo al nivel del cargo, no se acredita ni certifica el ingreso salarial de cada uno de los demandantes para probar el dicho de la demanda y examinar bajo el ordenamiento jurídico si procede acceder a las pretensiones o no.

En consecuencia, la sala de oralidad encuentra imposible ahondar en el estudio del sub judice, pues a la fecha no existe certeza de los salarios devengados por cada uno de los demandantes durante los años 2001 y siguientes, que permita evidenciar el dicho de la demanda y determinar lo pertinente sobre la legalidad del acto acusado (fls. 285-286).

En efecto, a la parte actora le correspondía probar su pretensión, pues, de lo contrario, se arriesgaba a una decisión desfavorable, tal como ahora ocurre, ya que, como lo establece el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP), «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». Al respecto, la Subsección A de esta Sección, en sentencia de 16 de noviembre de 2017,(5) dijo:

[...] es importante dejar sentado que el tribunal no estaba obligado a decretar de oficio que se allegara la Resolución, ya que es a las partes a quienes incumbe probar los supuestos de hecho que pretenden hacer valer dentro del proceso, en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso.

Efectivamente, la carga de la prueba no puede ser suplida por el juez, quien únicamente está facultado para decretar pruebas de oficio con la finalidad de esclarecer los hechos objeto de la controversia, mas no para sustituir las obligaciones probatorias de las partes.

En lo que hace a la condena en costas, que incluye las agencias en derecho que correspondan a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, se pronunció esta corporación en sentencia de lo de diciembre de 2016,(6) en el sentido de que «corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma».

Por ello, esta Sala considera que el artículo 365 del Código General del Proceso, por remisión del 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella adolece de temeridad o mala fe, actuación que no se observa en el proceso.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se confirmará parcialmente la sentencia apelada en cuanto negó las súplicas de la demanda; pero se revocará, en el ordinal segundo, respecto de la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmase parcialmente la sentencia proferida el 19 de junio de 20 14 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda incoada por los señores Aura Betancourt Soto, Marceliano Cuéllar Bahamón, Luz Marina Méndez Artunduaga, Nancy Amparo Moreno, Albeny Argüello Yague, Edelmira Morales Marrugo, Martha Cruz, Marina Sarmiento, Rosalba Suárez Murcia, María Cielo Ceballos, Carmelita Murcia, Agustín Rodríguez, Lizardo Cuéllar Joven, Luis Fernando Bonilla, Luis Gonzaga Vanegas, Marisol Bocanegra, Isabel Mavesoy, Ignacio Molina Artunduaga, María Montealegre Sánchez, Neila Motta Valencia, Carmen Elvira Quiñones, Fabiola Navarro Díaz, Carlos Julio Villegas, Nancy Ospina Bolaños, Irene Díaz Trujillo, Bárbara Areiza González y Ruby Constanza Areiza contra el Hospital María Inmaculada ESE de Florencia, conforme a· lo expuesto en la parte motiva.

2. Revócase el ordinal segundo del fallo apelado, que condenó a la parte demandante.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Consejeros: Carmelo Perdomo Cuéter—Sandra Lisset Ibarra Vélez—César Palomino Cortés».

1 Decreto 439 de 1995, «Por el cual se establece el régimen salarial especial y el programa gradual de nivelación de salarios para empleados públicos de la salud del orden territorial y se dictan otras disposiciones», artículo 6º. «Atendiendo su disponibilidad presupuestal, las entidades de salud del orden territorial que presten servicios de salud, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales entre los límites mínimos y máximos expresados en los artículos 4º y 5º del presente decreto».

2 Decreto 439 de 1995, artículo 12. «Las asignaciones básicas mensuales y máximas mensuales establecidas en los artículos 4º y 5º del presente decreto, serán establecidas anualmente por el Gobierno Nacional, a pesos del año respectivo, con fundamento en la inflación esperada, de acuerdo con las metas que establezca la Junta Directiva del Banco de la República».

3 Fls. 194 a 202, Acuerdo 001 de 1998.

4 Fls. 224 a 229, Acuerdo 001 de 1999.

5 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 16 de noviembre de 2017, Exp. 11001-03-15-000-20 17-02341-00(AC), C.P. William Hernández Gómez, actora: María Inírida Gálvez, demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Exp. 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908- 2014), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).