Sentencia 2013-00081 de diciembre 16 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 44001-23-33-000-2013-000-00069-01(AC) y 44001-23-33-000-2013-00081-01(AC) (acumulados)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Eduar Antonio Coronado Arpushana y Tony Rafael Uriana Sijona

Demandado: Ministerio de Minas y Energía y otros

Bogotá, D. C., dieciséis de diciembre de dos mil trece.

La Sala decide las impugnaciones interpuestas contra las sentencias del 24 de abril de 2013 y 26 de abril de 2013, proferidas por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

El Tribunal Administrativo de la Guajira, en sentencia del 24 de abril de 2013(1), resolvió:

“Primero. Ordénese (sic) hacia el futuro que la sociedad ONGC Videsh Limited —o la Corporación Minuto de Dios o Remar Agency—, y las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ministerio del Medio Ambiente, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Defensa Nacional-DIMAR Capitanía de Puertos de Riohacha, deberán estarse a lo dispuesto en esta providencia y a la sentencia del 6 de febrero de 2013 de radicación 44-001-23-33-002-2012-00080-00 proferida por este Honorable Tribunal, respecto al derecho fundamental de consulta previa de las comunidades indígenas afectadas por la exploración sísmica mariana 3D, bloques RC8 y RC10, conforme con las consideraciones que anteceden.

Segundo. Ampárese (sic) la protección de los derechos fundamentales de igualdad, y derechos a la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas afectadas por la mencionada exploración sísmica, para lo cual se ordena que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia se inicien los trámites para lo siguiente:

a) El Ministerio del Interior, deberá reconocer y pagar a más tardar dentro del mes siguiente a la expedición de esta providencia a los señores pescadores de la comunidad El Ahumao, la suma equivalente a 12 días de salario como compensación por la perturbación de su actividad económica pesquera, de acuerdo al monto del salario mínimo legal mensual previsto para el año de 2013: NombreCédula de Ciudadanía (sic)
1.Antonio Coronado17.804.611
2. Briner Sijona Uriana1.151.190.766
3. Menandro Sijona84.026.018, o, 84.026.854
Según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. Tony Uriana17.945.996, con compensación equivalente a 24 días de perturbación de la actividad económica por 2 embarcaciones, conforme con la parte motiva de esta providencia.
5. Francisco Uriana Pérez (sic)84.028.018
6. Simón Bolívar Ipuana (sic)5.141.709
7. Lucas Sijona84.025.540
8. Eduar Antonio Coronado1.118.816.399
9. José de Jesús Epieyu1.118.843.024
10. Jorge Epiayu17.808.408
11. Enrique Sijona84.105.859

b) El reconocimiento y pago ordenado en el literal anterior se hará con la coordinación de la Defensoría del Pueblo y la secretaría de asuntos indígenas del departamento y de los municipios de Riohacha y Dibulla.

c) Consecuencialmente, con el amparo anterior del derecho de igualdad de las demás personas del pueblo Wayúu, dedicadas a la pesca, y, con efectos inter comunis, se ordena modificar la Resolución 453 con el fin de verificar las comunidades incluida la del Ahumao, que de acuerdo con la ubicación de los polígonos de exploración sísmica marina 3 D Bloque RC8 y las coordenadas geográficas señaladas por interesado (sic) en el formato de solicitud de certificación de la presencia de grupos étnicos ante ese ministerio, para que previo censo de pescadores, determine las personas de grupos étnicos que a septiembre de 2012, se encontraban dedicadas a la pesca artesanal de la mencionada etnia, en el municipio de Riohacha —en los 20 kilómetros entre la zona urbana y el corregimiento de Boca de Camarones— y en el municipio de Dibulla —entre los corregimientos de La Punta de los Remedios y Palomino(2)— que por razones de vecindad a los polígonos RC8 de Rubí y Esmeralda se vieron afectados económicamente por las operaciones de la exploración sísmica, con el fin de que dicho ministerio reconozca y pague dichas compensaciones por la vulneración del derecho fundamental de la integridad cultural, social y económica de dichas comunidades ocasionado por la negación de la certificación de su existencia, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Los efectos inter comunis, la modificación de la mencionada resolución, los términos, órdenes de repetición y demás condiciones de cumplimiento se harán según lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

La determinación del daño causado en cada comunidad deberá tener en cuenta el número de días que la exploración sísmica haya estado cerca a cada comunidad, según lo que certifique la Dimar.

Igualmente, el Ministerio del Interior al momento de tasar el daño consumado, lo hará por grupos familiares de cada pescador y teniendo en cuenta el número de embarcaciones, cuya pertenencia acrediten por familia a través de registros oficiales de las embarcaciones o del oficio de pescador o por testimonio bajo la responsabilidad de la autoridad tradicional de cada comunidad indígena afectada, sin que sea posible más de una compensación a cada uno de los miembros de cada comunidad.

d) El cumplimiento de las anteriores decisiones, deberán estar acompañadas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, según lo establece la Honorable Corte Constitucional en la sentencia arriba reiterada. Y, por las secretarías de asuntos indígenas del departamento y de los municipios de Riohacha y Dibulla, según el caso, para que el reconocimiento de la compensación se realice en verdad para las personas dedicadas a la pesca y proporcional al número de días de afectación de la actividad laboral.

Tercero. Como garantía de no repetición, ordénese al Gobierno Nacional, en especial a los Ministerios del Interior, del Medio Ambiente, a la Agencia Nacional de Licencia Ambientales, al Ministerio de Minas y Energía, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, al Ministerio de Defensa Nacional, Dimar, que se de (sic) pleno cumplimiento a los artículos 7º, 330 de la Constitución Política y al convenio 169 de la OIT integrado en el bloque de constitucional, en el sentido de que cuando el ejercicio de sus competencias involucre la exploración de recursos naturales en territorios ancestrales de los pueblos indígenas en la jurisdicción de este departamento, deberán coordinar sus decisiones y actividades a fin de evitar que dichas autoridades o personas particulares, vulneren el derecho a la consulta previa o la integridad cultural, social o económica, de las mencionadas comunidades étnicas, conforme con lo dicho en la parte motiva de esta providencia”.

Por su parte, en la sentencia del 26 de abril de 2013(3), dispuso lo siguiente:

“Primero: Declárese que en caso del señor Tony Rafael Uriana Sijona, operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en relación con los derechos fundamentales de consulta previa y derecho a la integridad cultural, social y económicas de las comunidades de la etnia Wayúu, que resultaron afectadas por la exploración sísmica de los bloques RC 08 y RC 10, según lo dispuesto en las sentencias del 6 de febrero de 2013 con radicación 44-001-23-33-002-2012-00080-00 promovida por el señor Rubén Pushaina y la del 24 de abril de 2013, radicado 44-001-23-33-002-2013-00069-00 promovida por el señor Eduar Antonio Coronado Arpushana, por lo que se ordena estarse a lo dispuesto en dichas providencias.

Segundo: Conforme con el numeral anterior, désele cumplimiento a lo ordenado en la providencia del 24 de abril de 2013, radicado 44-001-23-33-002-2013-00069-00 promovida por el señor Eduar Antonio Arpushana, en relación con el señor Tony Rafael Uriana Sijona.

(…)”.

Asunto preliminar

Los señores Eduar Antonio Coronado Arpushana y Tony Rafael Uriana Sijona interpusieron acción de tutela con fundamento en los mismos hechos y buscando la protección de los derechos a la consulta previa, a la igualdad, entre otros. El proceso de tutela del señor Coronado Arpushana se identificó con el número de expediente 44001-23-33-000-2013-000-69-01 y el del señor Uriana Sijona con el número 44001-23-33-000-2013-00081-01.

En segunda instancia, y habida cuenta de que se cumplieron los presupuestos del artículo 157 del Código de Procedimiento Civil, que prevé la acumulación de procesos, el magistrado ponente, por auto del 6 de septiembre de 2013, acumuló el proceso 44001-23-33-000-2013-00081-01 al 44001-23-33-000-2013-000-69-01.

Antecedentes

1. Las demandas de tutela.

Del expediente 2013-00069-01

En ejercicio de la acción de tutela, el señor Eduar Antonio Coronado Arpushana pidió la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, a la igualdad, al principio de la buena fe, al “censo por vivienda, socialización, los derechos colectivos y al medio ambiente, violación a mi espiritualidad de usos y costumbres y la profanación de las profundidades del mar, que corresponden al territorio ancestral de nuestras comunidades indígenas Wayuu” (sic), que consideró vulnerados por la Corporación Minuto de Dios, la sociedad Remar Agency, los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Capitanía de puertos de Riohacha. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primero: Solicito a Ud. (s) me sea tutelado el derecho fundamental de la consulta previa: el derecho a la igualdad, el principio de la buena fe, censo vivienda por vivienda, socialización, violación a nuestra espiritualidad de usos y costumbres, la profanación de las profundidades del mar, que corresponden al territorio ancestral de nuestras comunidades indígenas Wayuu (sic), fue violentado, desconocido, está amenazado y en peligro.

Segundo: De acuerdo a lo anterior, se ordene a las entidades Corporación Minuto de Dios y Remar Agency, cumplan inmediatamente, con las compensaciones, como se les hizo a las demás comunidades que fueron beneficiadas con los programas socio-económicos. Indemnización por impacto negativo, como lo demanda el derecho a la igualdad y el principio de la buena fe.

Tercero: Se suspendan toda actividad y el retiro de cualquier embarcación exploradora, por parte de la Corporación Minuto de Dios, Remar Agency, Ministerio del Interior, Dimar, Defensa Nacional, Minas y Energía y la Agencia Nal. de Hidrocarburos (sic), Capitanía de puerto de Riohacha. Hasta tanto se cumpla con la Consulta Previa” (negrilla original del texto).

Del expediente 2013-00081-01

El señor Tony Rafael Uriana Sijona pidió la protección de los mismos derechos invocados por el señor Eduar Antonio Coronado y formuló las mismas pretensiones.

Hechos

En ambos procesos se narraron los siguientes hechos que son comunes, así:

Que los funcionarios de la Corporación Minuto de Dios se reunieron con los habitantes de las comunidades de Rancherías, El Estero, El Horno, Puente Guerrero, El Ahumado Uno, La Cachaca Uno, Dos y Tres, Las Delicias, Sirapuma, Puerto Nuevo, El Ahumado Dos, Puerto Caracol, El Colorado, Resguardo Perratpu y Boca de Camarones, entre otras, para censar a los pescadores de las comunidades que hacen parte del área de influencia del proyecto “investigación sísmica marina 3D, áreas de interés Esmeralda, Rubí, Poly 1 y Poly 2 al interior de los bloques RC8 y RC10” y para fijar las compensaciones a las que había lugar por los días en los que se realizarían las “maniobras de exploración sísmicas marinas”, en esos bloques.

Que esa investigación sísmica fue autorizada por la DIMAR, los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energías, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Capitanía de Puertos de Riohacha.

Que, a pesar de que se realizaron las exploraciones por más de 60 días, a los miembros de la comunidad El Ahumao no les entregaron la compensación económica a la que tenían derecho. Que, además, los habitantes de “otras comunidades se quejan que muchos pescadores fueron excluidos del programa y otros no fueron tenidos en cuenta, el censo no fue realizado con exactitud; No tuvieron en cuenta que diariamente una lancha y cayuco, operan dos turnos con doble tripulación, las comunidades a las que les asignaron la compensación, le entregaron el efectivo a una sola persona, la cual repartió a su antojo, porque no existió un listado a la vista pública, hubo mala repartición”.

Que las embarcaciones de los pescadores fueron afectadas por el paso de “la poderosa embarcación Artemic Artic, la cual cuenta con un poderoso sistema de ondas de alta frecuencia y succiónde (sic) aire comprimido a 2.000 psi, los decibeles son lanzados cada quince segundos, capaz de destruir y arrasar con todo lo que encuentre a su paso, como son: transmayo para lance, chuchero, langostero, los arrefices (sic) artificiales que fueron construidos con mucho esfuerzo por los mismos pescadores, desde tiempos ancestrales, los planton (sic), soplanton (sic), corales duros, coral cerebro, coral de fuego y poroso, coral yoyo, fanerógamas, talasia tropical, coralinos, algas, sargazas y todo vegetal marino. Aleja y causa la muerte a la flora yfauna (sic) marina y todo ser viviente en el mar;variedades (sic) de peces como el bonito, la sierra, el boca colorá, el jurel, el pargo, el bagre, la cachua, cojinúa, carita, mojarras, pargo pluma; camarones, tortugas, la raya, etc.”.

Que, además, las empresas que realizaron las exploraciones sísmicas no agotaron el trámite de la consulta previa con la comunidad indígena wayúu y que, por ende, se vulneró ese derecho fundamental.

Que las actividades de exploración sísmica causaron un impacto negativo en el medio ambiente y que produjo varias calamidades “que estamos padeciendo y las que se nos avecinan”.

3. (sic) Intervención de las entidades demandadas.

Tanto en el expediente 2013-00069-01 como en el 2013-00081-01 intervinieron las siguientes entidades:

3.1. Ministerio de Minas y Energía.

El Ministerio de Minas y Energía, mediante apoderada judicial, solicitó que se desvinculara a esa entidad del trámite de la acción de tutela de la referencia, por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad encargada de administrar las reservas de hidrocarburos es la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Que, por lo tanto, no tiene competencia para atender las pretensiones de los demandantes.

3.2. Dirección General Marítima - Capitanía de puerto de Riohacha.

El capitán de puerto de Riohacha ofreció el siguiente informe:

Que, el 30 de mayo de 2012, la empresa ONGC – Videsh Limited, sucursal Colombia, solicitó autorización para la ejecución del proyecto “Exploración sísmica 3D en los bloques RC8 y RC10” y la permanencia de las motonaves “Artemis Artic” y “Ramco Expres”, cuyo objeto era determinar la presencia de gas “en las áreas potenciales identificadas mediante la interpretación sísmica 3D y determinar los potenciales volúmenes de gas de la estructura o yacimiento” y que a esa petición se le dio el siguiente trámite:

Que, conforme con el Decreto 644 de 1990, la solicitud fue remitida a las entidades encargadas de rendir conceptos. Que, luego, el comandante de la Armada Nacional emitió concepto relacionado con la seguridad nacional. Que, por su parte, los directores de soberanía nacional y desarrollo fronterizo del Ministerio de Relaciones Exteriores, de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, de asuntos marinos, costeros y recursos acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las subdirecciones de marina mercante y desarrollo marítimo de la Dirección General de la Marina dieron concepto favorable al proyecto.

Que, además, el Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, por oficio 2400 de 2011, certificó que “la ubicación del proyecto sísmica marina, bloques RC8 y RC 10, localizado en el mar Caribe, frente al departamento de la Guajira (sic), no se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a resguardos indígenas o títulos colectivos de comunidades afrodescendientes”. Que, en el mismo sentido, el Ministerio del Interior, por Resolución 453 de 2011, certificó que no hay registro de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales ni palenques en la zona de influencia del proyecto.

Que, a su turno, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por Oficio 8220-E2-44329 del 13 de agosto de 2012, estableció condiciones técnicas ambientales al plan de gestión ambiental presentado para el desarrollo del proyecto de exploración sísmica en los bloques RC-8 y RC-10.

Que, por lo tanto, la Dirección General Marítima, por Resolución 436 de 2012, autorizó a la compañía ONGC Videsh Limited, sucursal Colombia, para que realizara el proyecto “Exploración sísmica 3D en los bloques RC8 y RC10” y que también autorizó la permanencia y operación “por el término de cien (100) días de las motonaves ‘Artemis Arctic’ de bandera noruega y ‘Ramco Expres’ de bandera panameña, en aguas marítimas jurisdiccionales colombianas”.

Que, siendo así, en el procedimiento adelantado con ocasión de la autorización pedida por la compañía ONGC Videsh Limited, sucursal Colombia, no era necesario agotar el trámite de la consulta previa a la que se refieren los demandantes porque en el área de influencia del proyecto no hay presencia de comunidades indígenas.

Que en las zonas adyacentes existían comunidades pescadoras con las que se adelantó procesos de socialización, caracterización y censo para entregar una ayuda económica que compensara los días que no podían pescar. Que, además, se tomaron las medidas necesarias para garantizar que la pesca en el sector fuera segura.

Que, finalmente, como los demandantes cuestionan la legalidad de las actuaciones administrativas realizadas por las entidades que intervinieron en la autorización del proyecto de exploración sísmica, es evidente que cuentan otro medio de defensa judicial, como son las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, y que, por ende, la tutela pedida es improcedente. Que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable y que, por esa razón, la tutela tampoco es procedente como mecanismo transitorio.

3.3. Corporación Minuto de Dios.

El representante legal de la Corporación Minuto de Dios se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque no se demostró la vulneración alegada.

Explicó, además, que la sociedad Remar Agency S.A.S. y esa corporación suscribieron contrato de prestación de servicios, cuyo objeto era la socialización del proyecto de exploraciones sísmicas marinas 3D con las familias que se encontraban en la zona de influencia de dicho proyecto para facilitar la entrega de las compensaciones a las comunidades pesqueras.

Que la corporación cumplió con el objeto del contrato, en cuanto realizó la socialización y caracterización de 1174 familias y facilitó la entrega de la compensación económica a las comunidades pesqueras cercanas a la zona de influencia del proyecto de exploración sísmica.

Que, por otra parte, el Ministerio del Interior, por Resolución 453 de 2011, certificó que en la zona de influencia directa del proyecto no existían comunidades indígenas y que, por ende, no era necesario agotar el trámite de la consulta previa, como lo alegan los demandantes.

3.4. Ministerio del Interior – Dirección de consulta previa.

El director de consulta previa del Ministerio del Interior explicó que esa dirección certifica la presencia de comunidades indígenas y que también es la encargada de adelantar el procedimiento de consulta previa, a petición de parte.

Que, en el caso puesto de presente por los demandantes, no existe registro de que se hubiese adelantado consulta previa ni mucho menos de que se hubiese pedido la certificación de presencia de comunidades indígenas en el sector donde se ejecuta el proyecto denominado “Exploración sísmica marina RC8 y RC10”. Que, por lo tanto, ese ministerio no puede pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de los demandantes.

3.5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

La apoderada judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó que se desvinculara a esa entidad del trámite de esta acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no tiene competencia para atender las peticiones de los demandantes.

Que ese ministerio fija las políticas sobre la protección de los recursos naturales renovables y del medio ambiente, pero que no las ejecuta. Que los encargados de ejecutar esas políticas son las autoridades ambientales de cada jurisdicción.

Que, por otra parte, la Unidad Nacional de Licencias Ambientales es la encargada de otorgar licencias y permisos en materia ambiental y, además, representa a la Nación en asuntos ambientales.

Que el amparo solicitado es improcedente, pues si lo que pretenden los demandantes es la protección del derecho colectivo al goce del medio ambiente sano han debido ejercer una acción popular, mas no una acción de tutela.

3.6. Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH).

El jefe de la oficina asesora jurídica de la ANH propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto esa entidad no intervino en los hechos que, a juicio de los demandantes, causaron el daño a su comunidad.

3.7. Sociedad Remar Agency S.A.S.

La representante legal de la sociedad Remar Agency S.A.S. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de los actores porque esa sociedad no es la encargada de realizar la consulta previa y que tampoco se les pidió que agotaran ese requisito antes de que se ejecutara el proyecto de “Exploración sísmica 3D en los bloques RC8 y RC10” porque no había registro de comunidades indígenas en la zona de influencia de dicho proyecto.

Informó que, en todo caso, la Corporación Minuto de Dios caracterizó a la comunidad El Ahumao y concluyó que solo ciertos miembros de esa comunidad trabajaban en el área de influencia del proyecto.

Que, el 8 de noviembre de 2012, se reunieron líderes de la comunidad El Ahumao y representantes de la sociedad Remar Agency S.A.S. y de la Corporación Minuto de Dios y se acordó que, a título de compensación por la suspensión de las actividades de pesca durante 12 días, se les entregaría la suma de $8.406.500. Que ese dinero fue pagado por la sociedad Remar Agency S.A.S. a 23 pescadores que tenían derecho a dicha compensación.

3.8. Departamento de La Guajira(4).

La secretaria de asuntos indígenas del departamento de la Guajira informó que el gremio de pescadores y propietarios de lanchas pidieron información sobre la “exploración minera” que se haría en las costas de La Guajira. Que esa petición la remitió a la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior y que, a su turno, esa dirección informó que, conforme con la verificación de campo que realizó el 20 de septiembre de 2011, no había registro de comunidades indígenas en la zona de influencia del proyecto.

3.9. Corpoguajira.

El jefe de la oficina asesora jurídica de Corpoguajira informó que en esa entidad no existen solicitudes de estudios de impactos por las ondas sonoras emitidas por la actividad de exploración sísmica “en la fauna marina, en las playas adyacentes entre Riohacha y la Boca de Camarones”.

3.10. Sociedad ONGC Videsh Limited, sucursal Colombia.

El representante legal de la sociedad ONGC Videsh Limited, sucursal Colombia, coincidió con las demás entidades demandadas en que no era necesario agotar el requisito de la consulta previa porque en la zona de influencia del proyecto no se registra la presencia de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales ni palenques y que, por lo tanto, no se vulneraron los derechos invocados por el demandante.

Explicó, además, que no es cierto que las exploraciones sísmicas hubiesen durado 60 días. Que, en realidad, las exploraciones se realizaron desde el 4 de septiembre al 15 de octubre de 2012 en el bloque RC-10 y desde el 16 de octubre al 10 de noviembre de 2012 en el bloque RC-8.

Que los demandantes no probaron que las exploraciones sísmicas marinas 3D hubiesen afectado directamente a su comunidad ni demostró la existencia de un perjuicio irremediable y que, por ende, la tutela pedida debía denegarse.

Que la acción de tutela no es de carácter indemnizatorio y que, por ende, no era posible que vía acción de tutela se pretenda el pago de compensaciones por los supuestos daños que sufrió la comunidad a la que pertenece el demandante por las exploraciones sísmicas marinas 3D. Que para el efecto debe iniciar una acción civil de responsabilidad extracontractual, mas no la acción de tutela.

Que, finalmente, el señor Tony Rafael Uriana Sijona carece de legitimación en la causa por activa, pues no acreditó ser el representante de la comunidad indígena a la que pertenece y a la que dice representar en la tutela.

4. Sentencias impugnadas.

Sentencia proferida en el expediente 2013-00069-01

El Tribunal Administrativo de La Guajira, por sentencia del 24 de abril de 2013, ordenó a las entidades demandadas estarse a lo resuelto en la sentencia del 6 de febrero de 2013, proferida por ese mismo tribunal, en cuanto al derecho fundamental a la consulta previa.

Adicionalmente, amparó el derecho fundamental a la igualdad y los derechos a la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas afectadas por la exploración sísmica marina y, en consecuencia, ordenó al Ministerio del Interior que, a título de compensación, reconociera y pagara a los pescadores de la comunidad El Ahumao la suma equivalente a 12 días de salario mínimo legal y modificó la Resolución 453 de 2011, en el sentido de que debían determinarse las personas pertenecientes a grupos étnicos que, a septiembre de 2012, estaban dedicadas a la pesca artesanal.

El tribunal fundó la decisión en las razones que la Sala resume así:

Que frente al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas por las exploraciones sísmicas marinas 3D realizadas por la sociedad Remar Agency S.A.S. se configuró el fenómeno jurídico de la cosa juzgada porque ese mismo tribunal, por sentencia del 6 de febrero de 2013, dictada en el proceso 2012-00080-00, amparó ese derecho fundamental y ordenó a la Corporación Minuto de Dios que se abstuviera de ejecutar exploraciones sísmicas frente a los territorios de la comunidad Wayúu hasta que se realizara la consulta previa o hasta que obtuviera licencia ambiental correspondiente. Que a esa decisión se le dio efectos inter comunis y que, por ende, también protegía el derecho de las demás poblaciones que pertenecen a la etnia Wayúu, como es el caso de los habitantes de El Ahumado.

En cuanto a las demás pretensiones de la demanda, el tribunal concluyó que se había probado que el Ministerio del Interior había vulnerado los derechos fundamentales de la comunidad indígena El Ahumao por las siguientes razones:

Que si bien el Ministerio del Interior certificó que en el área de influencia de las exploraciones sísmicas no se registra comunidades indígenas, lo cierto es que, conforme con los estudios socioeconómicos adelantados por la Corporación Minuto de Dios y la sociedad ONGC Vides, sucursal Colombia, el concepto rendido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible(5) y la inspección judicial practicada en este proceso, en las zonas de influencia del proyecto hay presencia de población indígena.

Que, además, se evidencia que en el proceso de participación y concertación del proyecto se presentaron ciertas irregularidades, que desconocieron los derechos de la comunidad de El Ahumado, pues lo cierto es que el dinero que pagó la empresa Remar Agency S.A.S., a título de compensación, fue entregado a una sola persona y no se repartió debidamente. Que, además, otros miembros de la comunidad que se vieron afectados por las actividades sísmicas marinas 3D no recibieron la compensación económica.

Que, en consecuencia, existía un daño consumado causado por las exploraciones sísmicas que se realizaron en el año 2012, sin agotarse el requisito de la consulta previa. Que la entidad responsable del daño era el Ministerio del Interior porque es la entidad encargada de proteger a las comunidades indígenas afectadas con el proyecto de exploración. Que, además, según el tribunal, ese ministerio es el responsable de cumplir, a nombre del gobierno colombiano, los compromisos previstos en el Convenio 169 de la OIT. Que, por lo tanto, el Ministerio del Interior debía entregar la compensación económica a los pescadores de la comunidad de El Ahumado, correspondiente a 12 días de salario mínimo.

Que el Ministerio del Interior tenía la obligación de repetir contra la sociedad que ejecutó las exploraciones sísmicas, pues esa sociedad también es responsable de la vulneración, habida cuenta de que no informó al Ministerio del Interior que, durante la ejecución de las exploraciones, encontró comunidades indígenas.

El magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel salvó el voto. Argumentó que la tutela pedida por el señor Eduar Antonio Coronado debió rechazarse por improcedente porque cuenta con otro medio de defensa judicial. Que, en efecto, la pretensión del demandante es la compensación económica a su comunidad y que, para el efecto, existen otros mecanismos jurídicos idóneos y eficaces, como la acción de grupo. Que tampoco se probó un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de manera transitoria.

Que si de lo que se trataba era de proteger el derecho a la consulta previa, lo propio era que en la sentencia se remitiera a lo decidido en la sentencia del 6 de febrero de 2013, pues en esa decisión se ampararon los derechos de las comunidades indígenas del área de influencia de la exploración sísmica.

Que, finalmente, tampoco compartía la condena impuesta al Ministerio del Interior, relacionada con el pago de la compensación económica, primero, porque la acción de tutela no procede para reconocer derechos económicos y, segundo, porque los encargados de pagar las compensaciones son los particulares que se beneficiaron con la exploración sísmica, mas no el Ministerio del Interior.

Sentencia proferida en el expediente 2013-00081-01

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del 26 de abril de 2013, declaró que en el caso del señor Tony Rafael Uriana Sijona operó el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en relación con el derecho a la consulta previa y los derechos a la integridad cultural, social y económicas de las comunidades de la etnia Wayúu que resultaron afectadas por las exploraciones sísmicas de los bloques RC-08 y RC-10 porque ese asunto se decidió en las sentencias del 6 de febrero de 2013 y del 24 de abril de 2013.

Además, ordenó que los efectos de la sentencia del 24 de abril de 2013 debían aplicarse para el caso del señor Tony Rafael Uriana Sijona.

El tribunal adujo que no era cierto que el actor careciera de legitimación para presentar la acción de tutela, pues “los derechos de consulta previa, y, los de integración cultural, social y económica, son derechos fundamentales de carácter colectivo de los pueblos indígenas y son defensables (sic) mediante la acción de tutela, según reiterada jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional”. Que, por lo tanto, el demandante y las demás personas que relacionó en la demanda de tutela son beneficiarias del amparo decretado en las sentencias del 6 de febrero de 2013 y 24 de abril de 2013.

El magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel salvó el voto por las mismas razones expuestas en la sentencia dictada en la sentencia del 24 de abril de 2013.

5. Impugnaciones.

En los dos procesos coinciden las siguientes impugnaciones:

La Dirección General Marítima impugnó las sentencias del 24 y 26 de abril de 2013. Solicitó que se revocara y que, en su lugar, se denegara el amparo pedido, Para el efecto, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela y pidió que se tuvieran en cuenta las razones del salvamento de voto, relacionadas con la existencia de otro medio de defensa para la protección de los derechos aquí invocados.

El Ministerio del Interior también impugnó dichas sentencias. Alegó que en el caso propuesto por los demandantes se había configurado la cosa juzgada porque en la sentencia del 6 de febrero de 2013 se resolvió una acción de tutela por los mismos hechos y frente a los mismos derechos y que el tribunal había amparado el derecho a la consulta previa y que esa decisión tenía efectos inter comunis.

Que, además, la acción de tutela no era procedente porque la pretensión de los demandantes era eminentemente indemnizatoria y que ese no era el objeto de esta acción, pues para el efecto existen otros medios de defensa judicial.

Adicionalmente, en el expediente 2013-00069-01 impugnaron los siguientes demandados:

La ANH y la sociedad ONGC Videsh Limited coincidieron en que las sentencias de primera instancia deben revocarse porque la acción de tutela no procede para reconocer indemnizaciones de tipo económico.

Consideraciones

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En el sub examine, los señores Eduar Antonio Coronado Arpushana y Tony Rafael Uriana Sijona, en concreto, pretenden lo siguiente: (a) que se ampare el derecho a la consulta previa, (b) que se ordene la suspensión de las exploraciones sísmicas marinas 3D que se realizan en los bloques RC 08 y RC 10 y (c) que se ordene a las entidades demandadas al pago de la compensación económica a la que dicen tener derecho.

Para resolver las impugnaciones interpuestas, la Sala estudiará en conjunto las peticiones señaladas en los literales a) y b). La tercera petición se estudiará de manera independiente.

1. De la solicitud de amparo del derecho a la consulta previa y la orden de suspensión de las actividades de exploración sísmica marina 3D.

Antes de resolver de fondo esas peticiones, la Sala debe verificar si se configuró la cosa juzgada constitucional.

En concreto, la cosa juzgada constitucional es una institución jurídica que prohíbe a las partes y a los funcionarios judiciales volver a demandar y a decidir sobre asuntos ya definidos judicialmente. Conviene traer a colación, por lo pertinente, la Sentencia T-153 de 2010 de la Corte Constitucional, en la que se explicó la forma como opera la cosa juzgada en las acciones de tutela, así:

“La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente en su jurisprudencia que la decisión de no seleccionar para revisión(6) una sentencia de tutela tiene como efecto su ejecutoria formal y material, operando el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Lo afirmado se fundamenta en el respeto al principio de seguridad jurídica y en el carácter de esta corporación como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional(7).

En este sentido, la Corte ha precisado que no es posible revisar asuntos que con anterioridad han sido excluidos de selección, por cuanto, en esos casos, existe cosa juzgada constitucional, no siendo admisible que ulteriormente se reabra el debate sobre lo resuelto, como quiera que las decisiones judiciales se tornan inmutables y definitivamente vinculantes(8).

En relación con lo expresado y de conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación ha establecido que la duplicidad en el ejercicio de la acción de amparo constitucional, torna improcedente el mecanismo y, en caso de que se acredite ausencia de motivo expresamente justificado, permite considerar la actuación como temeraria. En efecto, la Corte Constitucional ha reprochado la formulación simultánea o sucesiva de acciones de tutela sobre la misma materia, por cuanto, además de infringir los principios de economía procesal, eficiencia y eficacia, resulta desleal y deshonesta por comprometer la capacidad judicial del Estado(9).

La jurisprudencia constitucional ha señalado que para efectos de definir si, respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, existe cosa juzgada constitucional, este debe acreditar que, en relación con una acción de tutela anterior, se reúnan los siguientes elementos(10):

i) Identidad de partes.

ii) Identidad de hechos.

iii) Identidad de pretensiones.

Resulta claro para la corporación que la verificación de esta triple identidad, prima facie(11), torna improcedente la nueva acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una decisión judicial definitiva e inmutable, es decir, por cuanto ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”.

En ese entendido, la Sala verificará si, en el sub lite, concurren los elementos necesarios para que opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Identidad de hechos

La Sala advierte que tanto en la acción de tutela interpuesta por el señor Rubén Pushaina, miembro de la comunidad Marbacella (La Guajira), como en la acción de tutela interpuesta por los demandantes en este proceso el hecho causante de la vulneración del derecho fundamental a la consulta previa es el mismo: las exploraciones sísmicas 3D en los bloques RC08 y RC10.

En el presente caso, no se advierte que existan hechos nuevos o diferentes a los señalados en la primera acción de tutela interpuesta por el señor Rubén Pushaina. En realidad, en las tres acciones de tutela (esto es, la del expediente 2012-00080-00 y las que aquí se acumularon) se reitera que las exploraciones sísmicas realizadas en dichos bloques atentaron contra el derecho a la consulta previa y que, por ende, dichas exploraciones deben suspenderse.

Sin duda, el hecho que desconoce el derecho a la consulta previa es el mismo en las tres acciones de tutela y, por ende, existe identidad fáctica.

Identidad de pretensiones

La acción de tutela que presentó el señor Rubén Pushaina se pidió la protección del derecho a la consulta previa y para que se suspendieran las “las (sic) actividades de exploración y el retiro de las embarcaciones exploradoras”. En los procesos acumulados que estudia la Sala también se pidió la protección del derecho a la consulta previa y se solicitó la suspensión de las exploraciones sísmicas 3D en los bloques RC08 y RC10.

Entonces, las demandas tienen el mismo objetivo y, por lo tanto, el elemento de la identidad de pretensiones también se encuentra cumplido.

Identidad de partes

En la acción de tutela interpuesta por el señor Rubén Pushaina los demandados fueron la Corporación Minuto de Dios, la sociedad Remar Agency S.A.S., los Ministerios del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Minas y Energía y del Interior y la ANH. En los procesos acumulados aparecen como demandados las mismas entidades y sociedades. Es decir, que la parte demandada es la misma en las tres acciones de tutela.

En cuanto a la parte demandante, debe precisarse que si bien los actores de las acciones de tutela no son las mismas personas, lo cierto es que el Tribunal Administrativo de La Guajira, con el fin de garantizar el pleno goce de los derechos fundamentales de los miembros de las comunidades indígenas afectadas con las exploraciones sísmicas marinas 3D, otorgó efectos inter comunis a la sentencia del seis de febrero de 2013(12), que amparó el derecho a la consulta previa de la comunidad de Marbacella y suspendió las exploraciones sísmicas 3D en los bloques RC08 y RC10. Esa decisión no fue objeto de impugnación y la Corte Constitucional la excluyó de revisión, por auto del 15 de abril de 2013, según la verificación que hizo la Sala. Es decir, que hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ahora, sobre los efectos inter comunis conviene referirse a la Sentencia SU 1023 de 2001 de la Corte Constitucional, en la que se precisó:

“Existen circunstancias especialísimas en las cuales la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Este supuesto se presenta cuando la protección de derechos fundamentales de los peticionarios atente contra derechos fundamentales de los no tutelantes. Como la tutela no puede contrariar su naturaleza y razón de ser y transformarse en mecanismo de vulneración de derechos fundamentales, dispone también de la fuerza vinculante suficiente para proteger derechos igualmente fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, siempre que frente al accionado se encuentren en condiciones comunes a las de quienes sí hicieron uso de ella y cuando la orden de protección dada por el juez de tutela repercuta, de manera directa e inmediata, en la vulneración de derechos fundamentales de aquellos no tutelantes.

En otras palabras, hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”.

Lo anterior demuestra que con esa decisión se protegió el derecho a la consulta previa no solo de la comunidad de Marbacella, sino de las demás comunidades afectadas por la exploración sísmica marina 3D realizada en los bloques RC-08 y RC-10, incluida la comunidad de El Ahumao.

En consecuencia, el requisito de identidad de partes se encuentra acreditado.

Siendo así, la Sala encuentra acreditada la identidad de hechos, de pretensiones y de partes, en relación con la petición de amparo del derecho a la consulta previa y la suspensión de las exploraciones sísmicas 3D, pues esas cuestiones fueron decididas por la sentencia del seis de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, por ende, no es procedente un nuevo pronunciamiento sobre esos aspectos.

Por lo tanto, la Sala confirmará el numeral primero de las sentencias impugnadas que resolvieron estarse a lo resuelto en la sentencia del 6 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira.

2. Del reconocimiento y pago de la compensación por vía de acción de tutela.

Conviene insistir en que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales. La tutela no tiene por objeto la protección de derechos de tipo económico, pues, para el efecto, el legislador ha previsto otros medios de defensa judicial.

Sobre la improcedencia de la acción para resolver conflictos de tipo económico, la Corte Constitucional, en la Sentencia T-470 de 1998, explicó:

“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de la aplicación al caso concreto de las normas legales —no constitucionales— reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.

En consecuencia, el rechazo de la acción de tutela por improcedente, respecto de la pretensión de orden económico, es lo que impone la Carta Política (C.P., art. 86), en la medida en que no se trata de la vulneración de un derecho fundamental y dado que el interesado cuenta con la acción y los recursos ordinarios necesarios”.

Y, en la Sentencia T-606 del 2000, la Corte Constitucional expuso:

“Constituye regla general en materia del amparo tutelar, que la jurisdicción constitucional debe pronunciarse sobre controversias de orden estrictamente constitucional; por lo tanto, resultan ajenas a la misma las discusiones que surjan respecto del derecho (…) cuando el mismo es de índole económica, en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución.

A lo anterior debe añadirse que uno de los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela lo constituye, precisamente, la amenaza o vulneración de derechos fundamentales de las personas, cuyos efectos pretenden contrarrestarse con las respectivas órdenes de inmediato cumplimiento proferidas por los jueces de tutela, en razón a la primacía de los mismos”.

Lo anterior nos permite concluir que la acción de tutela es improcedente frente a reclamaciones estrictamente económicas, pues, para el efecto, el ordenamiento jurídico ha previsto otros mecanismos legales.

Bajo ese entendido, la Sala resolverá las impugnaciones.

Los actores afirman que: “Nuestra comunidad El Ahumao Uno, fue socializada y caracterizada, pero no fue compensada a pesar de encontrarse en el área de influencia. El impacto negativo, nos ha dejado con una veda permanente irreparable a nuestra pesca artesanal, es más, varias de nuestras embarcaciones fueron afectadas, sufrieron daños y pérdidas de equipos de trabajo al paso de la poderosa embarcación Artemic Artic”.

En otra parte del escrito de tutela, los demandantes dicen que: “habitantes de otras comunidades se quejan que muchos pescadores fueron excluidos del programa y otros no fueron tenidos en cuenta, el censo no fue realizado con exactitud, no tuvieron en cuenta, que diariamente una lancha y cayuco, operan dos turnos con doble tripulación, las comunidades a las que les asignaron la compensación, le entregaron el efectivo a una sola persona, la cual repartió a su antojo, porque no existió un listado a la vista pública, hubo mala repartición”.

Como se ve, los demandantes pretenden que, vía acción de tutela, se ordene el pago efectivo e inmediato de ciertas sumas de dinero a las que dicen tener derecho. En efecto, los demandantes alegan que la sociedad Remar Agency S.A.S. no les entregó la ayuda económica que compensaría los días que no pudieron pescar por las exploraciones sísmicas marinas 3D que se realizaron en los bloques RC08 y RC10. Que la sociedad Remar Agency S.A.S. ha incumplido la obligación de pagar el dinero que está obligada a entregar, conforme con el acuerdo al que se llegó con los líderes de la comunidad El Ahumado y la Corporación Minuto de Dios y que, por tanto, se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

Lo anterior demuestra que la pretensión de los demandantes es estrictamente económica y, por ende, la tutela es improcedente, pues, como se vio, la naturaleza y finalidad de la acción de tutela es la de proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de una persona, mas no solucionar conflictos de orden económico.

Para resolver controversias económicas y, en especial, para obtener el pago de la compensación económica a la que dicen tener derecho, los demandantes cuentan con otros medios de defensa, pues pueden solicitar esa ayuda económica ante la empresa que ejecutó las exploraciones sísmicas marinas 3D, ante la propia administración o ante los jueces, mediante las acciones correspondientes. La discusión frente al pago de una compensación económica escapa al campo de protección de la tutela. La competencia del juez de tutela es velar por la protección de derechos fundamentales.

La Sala tampoco advierte que la falta de pago de la compensación a la que dicen tener derecho los demandantes vulnere algún derecho fundamental o que cauce un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de manera transitoria. En efecto, la Sala no encuentra evidencia de que la falta de pago de la compensación económica vulnere, por ejemplo, el mínimo vital de los demandantes.

Es decir, ninguna vulneración de derechos fundamentales se advierte por el hecho de que no se haya reconocido y pagado la suma de dinero que se estableció, a título de compensación, por las exploraciones sísmicas marinas 3D.

No basta con que en la demanda se haya invocado la protección de derechos fundamentales para que el juez de tutela quede obligado a decidir frente a pretensiones de tipo económico. Correspondía a los demandantes demostrar que la falta de pago de dicha compensación vulnera o amenaza algún derecho fundamental. Sin embargo, eso no sucedió.

Luego, no era procedente que el a quo ordenara el pago de un derecho económico, pues para el efecto existen otros mecanismos legales de protección.

En consecuencia, la Sala confirmará la orden de estarse a lo resuelto en la sentencia del seis de febrero de 2013, en cuanto a la protección del derecho a la consulta previa, pero revocará los numerales de las sentencias que ordenaron el pago de la compensación y, en su lugar, denegará por improcedente la tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confírmase el numeral primero de las sentencias del 24 de abril y del 26 de abril de 2013, dictadas por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en cuanto a la protección del derecho fundamental a la consulta previa, por las razones expuestas.

2. Revócanse los numerales segundo y tercero de la sentencia del 24 de abril de 2013 y segundo de la sentencia del 26 de abril de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira. En su lugar, deniégase la tutela pedida por los señores Eduar Antonio Coronado Arpushana y Tony Rafael Uriana Sijona para obtener el reconocimiento y pago de la compensación económica en cuestión.

3. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Consejeros: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez—Hugo Fernando Bastidas Bárcenas—Martha Teresa Briceño de Valencia—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(1) Dictada en el expediente 44001233300020130006901.

(2) Según se aprecian las distancias y ubicación en el mapa del formato del Ministerio del interior, inserto en el folio 126.

(3) Dictada en el expediente 44001-23-33-000-2013-00081-01.

(4) Las siguientes entidades y sociedades solo intervinieron en el expediente 2013-00081-01.

(5) En ese concepto se explicó que si bien en el proyecto de sísmica marina 3D en los bloques RC8 y RC10 no se involucra ningún área del sistema de parques nacionales, lo cierto es que en la zona costera, a más de 9 kilómetros del área donde se realizarían las exploraciones, se encontraba el área protegida denominado el Santuario de Fauna y Flora de Los Flamencos. Que tampoco había afectación directa en tierra, pero que debía tenerse en cuenta que la mayoría de los habitantes del sector eran miembros de la etnia Wayúu y que estaban dedicados a la pesca artesanal.

(6) ‘En relación con la facultad discrecional para decidir sobre la eventual revisión de los fallos de tutela ver, entre otros, el Auto 12 del 24 de febrero de 2004’.

(7) ‘Cfr. Sentencia SU-1219 de 21 de noviembre de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa’.

(8) ‘Ibídem’.

(9) ‘Cfr. Sentencia T-751 de 21 de septiembre de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández’.

(10) ‘Cfr. Sentencia T-184 de 2 de marzo de 2005 M. P. Rodrigo Escobar Gil’.

(11) ‘Cfr. Sentencia T-362 de 10 de mayo de 2007 M. P. Jaime Araujo Rentería: ‘En efecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso, así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos fundamentales’.

(12) La parte resolutiva de la sentencia del 6 de febrero de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira dice:

“Primero. Acceder al amparo de la acción de tutela del derecho fundamental de integridad cultural, social y económica promovida por el señor Rubén Pushaina identificado con cédula de ciudadanía 17.803.921 de Riohacha, en contra de la Corporación Minuto de Dios y la entidad Remar, conforme a las consideraciones que anteceden.

Segundo. En consecuencia, a partir de la fecha, se ordena a la Corporación Minuto de Dios que se abstenga de volver a realizar procedimientos relacionados con la exploración sísmica marítima frente a los territorios de la comunidad Wayúu de Marbacella hasta que obtenga la autorización del Gobierno Nacional para que este realice los procedimientos de consulta previa y/o que tiene licencia ambiental para hacer exploración sísmica marítima en la zona donde se encuentran ubicados los pescadores miembros de la comunidad Marbacella del pueblo indígena Wayúu.

La decisión anterior tiene efectos inter comunis para las demás comunidades indígenas vecinas afectadas directamente por la exploración sísmica marítima.

(…)” (se resalta).