Sentencia 2013-00089/3048-14 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas

Rad.: 44001 23 33 000 2013 00089-01 (3048-14)

Actor: Apolinar Rivadeneira Benjumea

Demandado: Departamento de la Guajira

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones.

2.1. El problema jurídico.

Se circunscribe a establecer (i) si el señor Apolinar Rivadeneira Benjumea tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de las cesantías reconocidas mediante Decreto 344 de 1996; (ii) determinar si le asiste el derecho a que le reconozcan los rendimientos financieros, los intereses a las cesantías correspondientes al 12%, conforme a lo estipulado en la Ley 50 de 1990 y (iii) establecer si tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago del auxilio de cesantías por el período comprendido entre 1997 y 2002, al tenor de lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 432 de 1998 y demás normas concordantes.

2.2. Marco normativo.

La Ley 6º de 1945 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”, en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 “sobre auxilio de cesantías”, en su artículo 6º, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: “pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales”(11), y “proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria”(12); con tales finalidades, el artículo 3º ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado “desmonte del régimen de retroactividad de cesantías”, pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 “por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones”, mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías(13), y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo(14). Además, en los artículos 6º y 7º ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 “por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”, dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

“ART. 13—Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

“ART. 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos.

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, la Ley 432 de 1998, artículo 5º y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores(15).

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos(16) se acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3º del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

“ART. 3º—En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los artículos 2º(17) del Decreto 1252 de 2000 y 3º(18) del Decreto 1919 de 2002.

Finalmente, la Ley 244 de 1995 “por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones” en su artículo 1º estableció el plazo de quince (15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2º ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de reconocimiento de cesantías parciales o definitivas, la administración cuenta con el término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo el pago.

El artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó lo dispuesto a Ley 244 de 1995, así:

“ART. 5º—Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

El 18 de septiembre de 1992(19), el demandante tomó posesión del cargo de jefe de sección 5.34 asuntos municipales y de justicia del departamento de La Guajira.

En 1995(20), se expidió el Decreto 212, por el cual se declaró la insolvencia de la Caja Departamental de Previsión Social de La Guajira, pues “se estableció que no reúne los requisitos para convertirse en una Empresa promotora de Salud como tampoco en una Institución Prestadora de Salud”.

En 1996(21), se expidió el Decreto 344, por el cual se aprobó la liquidación de la Caja Departamental de Previsión Social de La Guajira y dentro de sus consideraciones, se expresó:

Que entre el Gobernador del Departamento y el liquidador vinculado contractualmente, se suscribió el Acta de Liquidación final de la Caja Departamental de Previsión Social de la Guajira, documento en el que constan la discriminación y valoración de los activos y pasivos de la extinta entidad de previsión social.

Que al Departamento de la Guajira le corresponde asumir o adquirir los derechos y obligaciones de la Caja Departamental de Previsión Social de la Guajira, en razón de que se trataba de un organismo adscrito a esta entidad territorial. (Se resalta)

El 3 de enero de 2000(22), el demandante libró oficio con destino a la directora de Talento Humano, con el siguiente objeto: “informarle que mis cesantías, es mi deseo que pasen al Fondo Nacional de Ahorro y las pensiones continúen en el Instituto de los Seguros Sociales”.

El 3 de mayo de 2001(23), el actor solicitó al director de talento humano que “el valor de mis Cesantías Parciales/Anuales sean consignadas en el siguiente Fondo de crédito” y dentro de las opciones posibles señaló el Fondo Nacional de Ahorro.

El 29 de agosto de 2002(24), el señor Rivadeneira Benjumea requirió a la tesorera general del departamento, información acerca de la cantidad de “avances (pagos) por concepto de cesantía parcial o definitiva” que ha realizado y la fecha de tales desembolsos.

El 27 de septiembre de 2002(25), la tesorera del departamento le informó al demandante que “se le canceló Cesantías Definitivas por valor de $2.995.000 durante la vigencia de 1997”.

El 11 de octubre de 2011(26), el gobernador del departamento de la Guajira expidió la Resolución 1352, por la cual se ordenó el pago de las cesantías parciales a favor del demandante, en las consideraciones de ese acto administrativo se indicó:

Que el (la) mencionado(a) funcionario(a), labora en el Departamento de La Guajira desde el 18 de septiembre de 1992, desempeñando en la actualidad el cargo de profesional especializado 22206, según certificación expedida por la Dirección Administrativa de Talento Humano del Departamento (…).

Que la Secretaría General del Departamento de La Guajira, ha realizado la liquidación de las Cesantía (sic) Retroactivas Parciales con las respectivas deducciones de pagos de cesantías parciales realizados al funcionario directamente y giros realizados al fondo de cesantías donde se encuentra afiliado (…) (negrilla fuera de texto).

El 11 de noviembre de 2011(27), la tesorera general del departamento expidió el comprobante de egreso 5474, en el que consta lo siguiente:

Beneficiario: Rivadeneira Apolinar

Cuenta # 210405045535 Banco: banco popular Cuenta de Ahorros

Concepto: vr. pago por concepto de retroactivo de cesantía parcial, durante el tiempo comprendido desde el 18 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 2010, funcionario de gobernación de la guajira, a través de, programa de saneamiento y patrimonio autónomo, acta 28 del 2011, y resolución 1352 del 11 de oct, de 2011, liquidación adjuntas.

Vr Egreso: 24,114,915.00 Orden: 4853

Banco: banco de Bogotá Cuenta # 530-32385-6

El 12 de diciembre de 2011(28), la tesorera general del departamento de la Guajira certificó:

Que revisado la relación de cesantías parciales canceladas durante las vigencias 1997 a 2001, aparecen pagos realizados al funcionario Apolinar Rivadeneira Benjumea, identificado con cédula de ciudadanía 17.802.454, así:

FechaPago parcial y/o trasladoValor cesantía
03/04/2002fondo nacional del ahorro9.144.155,00
31/12/2002banco Bogotá2.995.000,00
20/06/2003fondo nacional del ahorro10.964.273,00

La cesantía parcial correspondiente a las vigencias anteriores a 1997, deberá solicitarla a la Secretaría General del Departamento, ya que dicha información debieron entregarla en el proceso de liquidación de la extinta Caja Departamental de Previsión Social, entidad encargada de cancelar dicha prestación. (Se resalta).

El 30 de julio de 2012(29), el demandante formuló solicitud ante el gobernador del departamento de la Guajira, en procura de obtener el reconocimiento y pago de (i) el auxilio de cesantías reconocido mediante Decreto 344 de 1996; (ii) el 12% de intereses sobre las aludidas cesantías; (iii) Indemnización moratoria por la inoportuna consignación del monto reconocido por esa prestación, en el decreto mencionado, de conformidad con la Ley 244 de 1995; (iv) Indexar los valores que resulten de las sumas anteriores, por concepto de “auxilio parcial de cesantías”; (v) el auxilio de cesantías causado entre enero de 1997 y diciembre de 2000, con intereses, rendimientos y actualización, por no haber estado vinculado a ningún fondo durante ese período; (vi) el 12% de intereses a las cesantías descritas en el numeral anterior; (vii) sanción moratoria por el no giro oportuno de las anteriores cesantías a un fondo administrador; (viii) actualizar las sumas debidas.

El 12 de octubre de 2012(30), el demandante recibió la respuesta emitida por el jefe de la oficina jurídica del departamento de La Guajira, mediante oficio en el que se expresó:

Consta en su hoja de vida que usted presta los servicios desde el 10 de septiembre de 1992.

Que además la administración con oficio del 27 de septiembre del 2002, le informó que fueron canceladas sus cesantías definitivas por valor de $2.995.000.

Que mediante oficio del 3 de enero del 2000, usted, solicito (sic) a Talento Humano que sus cesantías fueran consignadas al Fondo Nacional del Ahorro, al cual efectivamente está afiliado tal como consta en su extracto de cuenta individual que reposa en su hoja de vida.

Posteriormente mediante resolución 1352 del 11 de octubre del 2011, le cancelaron por segunda vez retroactivo por cesantías parciales entre el 18 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre del 2010, (siendo que ya el periodo comprendido entre el 18 de septiembre de 1992, hasta diciembre de 1997, le había sido cancelado, según consta en oficio recibido por usted, el 3 de octubre de 2002, suscrito por la Tesorería General del Departamento.

En la actualidad usted, registra un doble pago por el periodo de 1992 a 1997 y el pago de la totalidad de las mismas de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2010, teniendo en cuenta de un lado el pago efectivo realizado, según comprobante de egreso 5474 del 28/11-11 por valor de ($24.114.915), consignados a su cuenta personal 210405045535 del Banco Popular y ordenado mediante resolución 1352 del 11 de octubre de 20012, de la cual usted, se notificó no interpuso recurso y renunció al recurso de reposición que era procedente no que indica que recibió de conformidad.

Si ello es así, mal puede cancelarse la cesantía tanto a usted directamente como a un fondo como ahora lo solicita, si se tiene que la cesantía es la misma independientemente de que esta se cancele bien sea directamente al empleado, a un fondo administrador o a una caja de previsión, es decir que en cualquier de los eventos el pago o consignación de la misma a cualquiera de las entidades anteriores se tendrá como cancelada.

(…)

3. Consta en los extractos que usted, está afiliado (sic) al Fondo Nacional de Ahorro, tal como lo solicitó el 3 de enero del 2000 y lo reiteró y el del Fondo Nacional del Ahorro ni mucho menos el de liquidación anualizada.

Dada la claridad meridiana de lo anterior la administración no le adeuda a usted, la cesantía solicitada.

2.4. Caso concreto.

El primer aspecto a abordar, consiste en determinar el régimen de cesantías que cobija al demandante y de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente y que se aludieron en un capítulo anterior, se concluye que pertenece al régimen de retroactividad de cesantías, comoquiera que su vinculación laboral se produjo el 18 de septiembre de 1992(31), es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, que determinó que los servidores públicos que se vincularan a partir de su publicación, quedarían amparados por las normas vigentes sobre cesantías, esto es, lo consagrado en la Ley 50 de 1990.

Valga aclarar que tal como lo manifestó el gobernador del departamento de La Guajira en la Resolución 1352 del 11 de octubre de 2011(32), el demandante está amparado por el régimen de retroactividad de cesantías(33), en el cual no es viable el reconocimiento de la sanción por mora, pues esta previsión fue consagrada para el régimen de liquidación anual y para el régimen de retroactividad por retiro definitivo del servicio, de conformidad con la Ley 244 de 1995.

Es necesario precisar, además, que pese a las afirmaciones hechas en la demanda, verificadas las pruebas que obran en el expediente, se pudo establecer que no es cierto que a través del Decreto 344 de 1996, se haya dispuesto la “liquidación de las cesantías definitivas”(34) a favor del actor por cambio de régimen, pues la materia a que se contrae el aludido decreto se circunscribe a aprobar la liquidación de la Caja Departamental de Previsión Social de la Guajira y la consecuente asunción de obligaciones por parte del ente territorial, pero ello no implica cambio de régimen ni supone una liquidación de cesantías definitivas o parciales a favor del actor. Además, ni en el expediente, ni en la hoja de vida del señor Rivadeneira(35) obra manifestación en el sentido de requerir el cambio al régimen de liquidación anual de cesantías.

Las diferentes liquidaciones parciales de esa prestación que se han realizado a favor del demandante se han consignado bien en el Fondo Nacional de Ahorro al que está afiliado, o a su cuenta personal, de conformidad con lo señalado por la tesorera del departamento de La Guajira, en oficio del 12 de diciembre de 2011(36).

Adicionalmente, se debe aclarar que si bien existen oficios suscritos por el demandante, en los que requiere que su prestación sea consignada en el Fondo Nacional de Ahorro(37), ello en momento alguno implica cambio de régimen.

Los anteriores argumentos son suficientes para confirmar la decisión del a quo, en cuanto no procede el reconocimiento de la sanción por mora en la consignación de las cesantías reclamada por el actor con fundamento en la Ley 244 de 1995, pues no existe el acto de reconocimiento de cesantías definitivas invocado por el actor, comoquiera que, se reitera, el Decreto 344 de 1996, no constituye un acto de tal naturaleza, sino la liquidación de la caja de previsión que se encargaba de la administración de esa prestación; de manera que al liquidarse esa caja, el ente territorial quedó encargado de la obligación prestacional, y la ha venido liquidando y pagando parcialmente, de acuerdo a las solicitudes que en tal sentido ha realizado el demandante, todo dentro del régimen de retroactividad al que está sometido.

Ahora bien, al estar amparado por el régimen de liquidación retroactiva de las cesantías, el demandante tampoco se puede privilegiar con el 12% de intereses a las cesantías pretendido en la demanda, comoquiera que este beneficio es propio del régimen de liquidación anual consagrado en la Ley 50 de 1990.

Tampoco procede reconocimiento de rendimientos económicos, pues en el régimen de retroactividad de cesantías al que pertenece el actor, la liquidación de la prestación, en forma definitiva, se realiza al momento en que se produce el retiro del servicio, con base en el último salario devengado y por todo el tiempo servido, y el pago se realiza previo descuento de las sumas parciales que se hubieren reconocido a lo largo de la relación laboral, y precisamente esta modalidad de liquidación impide la depreciación monetaria.

3. De la condena en costas.

Esta Subsección en Sentencia del 7 de abril de 2016(38), respecto de la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Ac. 1887/2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, se deberá confirmar la condena en costas impuesta por el a quo, comoquiera que el fundamento legal para imponerlas está fijado en el numeral 1(39) de artículo 365 del Código General del Proceso.

No obstante, como en segunda instancia la parte demandada no actuó(40), la Sala estima que no debe haber condena en costas en esta instancia.

4. Conclusión.

Con los anteriores argumentos se concluye que el señor Apolinar Rivadeneira Benjumea no tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de sus cesantías, ni a los intereses a las cesantías, ni a los rendimientos económicos reclamados, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones que anteceden, razón por la cual se confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la Sentencia proferida el 31 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo de la Guajira, en el proceso promovido por Apolinar Rivadeneira Benjumea contra el departamento de La Guajira, de conformidad con lo manifestado en las consideraciones de esta providencia.

2. Reconocer al abogado Ugalbis E. Rodríguez Bolaños como apoderado judicial del demandante, en la forma y términos del poder visible a folio 153 del expediente.

Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros ponentenes: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández —Rafael francisco Suárez Vargas.

11. Artículo 2º literal a) del Decreto 3118 de 1968.

12. Artículo 2º literal b) del Decreto 3118 de 1968.

13. Artículo 2º del Decreto 432 de 1998.

14. Artículo 3º, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

15. Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6º de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.

16. Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.

17. “ART. 2º—Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional”.

18. “ART. 3º—Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000”.

19. Folio 13.

20. Folio 30.

21. Folios 31 y 32.

22. Folio 71.

23. Folio 72.

24. Folio 73.

25. Folio 75.

26. Folios 20 y 21.

27. Folio 81.

28. Folio 19.

29. Folios 14 y 15.

30. Folio 16.

31. Folio 13.

32. Folios 20 y 21.

33. Tal afirmación también surge de lo señalado por el demandante, en el recurso de alzada, quien, al parecer, reconoce estar en el régimen de liquidación retroactiva, al señalar “Si se revisan los hechos de la demanda, las pretensiones, las normas invocadas como violadas y concepto s (sic) de violación, Competencia, el acervo probatorio aportado, no existe ninguna contrariedad con el régimen Retroactivo del actor… la anterior pretensión no es contraria al régimen de retroactividad del actor” (fls. 154 y 155).

34. Tal afirmación no solo se hizo en la demanda, sino en el recurso de alzada (fl. 155).

35. Según se afirmó en la contestación de la demanda.

36. Folio 19.

37. Folios 71 y 72.

38. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

39. “ART.365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso…”

40. No fue el recurrente ni presentó alegatos de conclusión.