Sentencia 2013-00091 de diciembre 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., 2 de diciembre de 2015.

Aprobado según acta Nº 098 de la fecha

Magistrado Ponente:

Adolfo León Castillo Arbeláez

Rad.: 500011102000201300091 01

Ref.: Abogado en consulta.

Denunciado: J... J... S... M...

Denunciante: W... D... D... T...

Primera instancia: Sancionó con censura

Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocerdelos recursos de apelación y de hecho, así como de laconsulta,enlosprocesosdisciplinariosdequeconocenenprimerainstancialassalas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales delajudicatura, en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala JurisdiccionalDisciplinaria delConsejoSuperiordela Judicaturaconservasuscompetencias,esdecir,seencuentraplenamentehabilitadapara ejercer, no sólo la función jurisdiccionaldisciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver. Atendiendo a los fines del grado jurisdiccional de consulta y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, procede la Sala a pronunciarse sobre la decisión adoptada el 15 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, en la que resolvió sancionar con CENSURA al abogado J... J... S... M..., tras encontrarlo responsable de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Caso concreto. Las presentes diligencias tuvieron origen en la queja presentada por el señor W... D... D... T..., contra el abogado J... J... S... M..., ante el hecho de haberle otorgado poder desde el 2 de junio de 2011, a fin de que solicitara y asistiera a diligencia de conciliación, ante el Juez de Paz de la Comuna 8 de esta ciudad, relacionada con la posesión efectiva de la herencia respecto de la finca denominada “las camelias”, donde el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio dispuso la posesión en común y proindiviso de los bienes dejados por el señor F... D... H... (Q.E.P.D.)., sin que el inculpado hubiese iniciado gestión alguna.

Ahora bien, a folios 5 a 8 del cuaderno original de primera instancia aparece el poder conferido el 2 de junio de 2011, por los señores E... D... CH..., M... N... D... T..., I... D... D... T..., W... D... D... T... y G... D... D... T... al abogado J... J... S... M..., para solicitar y asistir a audiencia de conciliación, ante el Juzgado de paz de la comuna 8 de Villavicencio, debiendo convocar a la empresa Colombia Móvil S. A. ESP.

Así mismo, obra en el acervo probatorio oficio del 10 de octubre de 2014, por medio del cual el Juez de Paz de la Comuna 8 de Villavicencio, certificó no haber tramitado solicitud de conciliación alguna elevada por el disciplinado; y oficio del 27 agosto de 2014, mediante el cual el jefe de la oficina judicial de Villavicencio certificó la inexistencia de procesos radicados por el jurista en representación de los señores D... D... T...

De lo anterior, se desprende que el hecho constitutivo de la investigación disciplinaria existió, esto es, la indiligencia por parte del profesional del derecho, pues se probó que pese a que el quejoso y sus familiares le confirieron poder para solicitar y asistir a audiencia de conciliación, ante el Juzgado de paz de la comuna 8 de Villavicencio, debiendo convocar a la empresa Colombia Móvil S. A. ESP, el togado no realizó las actuaciones tendientes a cumplir con la gestión encomendada.

Tipicidad. En el caso bajo examen, el abogado J... J... S... M... fue sancionado por la comisión de la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional. 

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”. 

Por lo que considera necesario la Sala, reiterar que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran, en términos generales, el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

Lo que impone como necesario, para emitir una sentencia sancionatoria, que exista certeza sobre la materialización de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria prevista en el ordenamiento jurídico vigente, al igual que se cumpla el presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Por eso, ahora los verbos rectores de esta falta están representados en las conductas de demorar la iniciación o prosecución de las gestiones, es decir, retardar, diferir, dilatar lo que se debe hacer, como en el presente caso; así las cosas, incurre en esta falta quien se toma más tiempo del necesario para presentar una demanda o para realizar una petición que resulta procedente dentro de un proceso determinado. También incurre en falta quien deja de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, es decir y por contraposición al verbo anterior en el cual se hace pero tomando más tiempo del requerido, aunque sin que ese transcurso comporte el rechazo de la solicitud o la pérdida de la oportunidad, de acuerdo con esta conducta se sanciona a quien no hizo lo que tenía que hacer, dentro de la oportunidad para ello, verbi gratia interpuso el recurso pero no lo sustentó, impidiendo con ello que la causa fuera estudiada y decidida en los términos de ley por la segunda instancia.

En la misma ilicitud disciplinaria incurre el profesional del derecho que descuida la gestión, esto es, que no asume el encargo con la diligencia debida, no ejerce la vigilancia que exige la gestión encomendada, no hace todo lo que está a su alcance en desarrollo de la misma, por ejemplo, descuida la gestión el abogado que no visita periódicamente el despacho judicial donde se tramita el asunto encomendado, para ejercer la vigilancia idónea que le permita estar al tanto de la evolución procesal, del surgimiento y preclusión de las oportunidades procesales, etcétera y finalmente, incurre en esta falta quien abandona la gestión, es decir quien la desampara, quien deja de atender el asunto o se desentiende por completo del mismo, como ocurrió en el presente caso.

Estas conductas, han sido consideradas por la doctrina y la jurisprudencia disciplinaria como de ejecución permanente, por cuanto se proyectan hasta cuando al abogado le es legalmente exigible adelantar la gestión, retomarla o enderezar el camino perdido como consecuencia de su falta de diligencia.

Lo anterior, refrenda que cuando el abogado se compromete con una representación judicial, se obliga a realizar en su oportunidad actividades procesales dirigidas a favorecer la causa confiada a su gestión; cobrando vigencia a partir de ese momento el deber de atender con celosa diligencia los asuntos encomendados, cargo que envuelve la obligación de actuar positivamente con prontitud y celeridad frente al encargo, haciendo uso de todos los mecanismos legales para el efecto; luego si cuando el abogado injustificadamente se aparta de la obligación de atender con rigor este deber frente a una representación judicial, incumpliendo cualquiera de estas exigencias, subsume su conducta en falta contra la debida diligencia profesional, como ha ocurrido en el asunto bajo examen.

Los elementos estructurantes de la conducta disciplinaria, están presentes ya que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos.

Por eso el a quo, señaló que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde se delimitan los deberes del profesional del derecho, y ordenadamente se especifican las faltas en que incurre por su incumplimiento, de donde la antijuridicidad sobreviene del incumplimiento acreditado. En el caso sub examine, no es posible predicar justificación del abandono de sus deberes profesionales y su culpabilidad emerge, según lo demostrado, del hecho de no haber solicitado una audiencia de conciliación ante la jurisdicción de paz, específicamente ante el Juzgado de Paz de la Comuna 8 de Villavicencio, debiendo convocar a la empresa Colombia Móvil S. A., ESP.

Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.

La Corte Constitucional ha establecido que en este principio se vislumbran garantías, siendo la “primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración”.(2)

Precisó, además que “(i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; (ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; (iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; (iv) protege la libertad individual; (v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y (vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado”.

Ahora, en esta perspectiva, deviene que en materia disciplinaria se exige que la norma creadora de las infracciones y de las sanciones, debe describir de manera clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden ser sancionadas y el contenido material de las infracciones, así como la correlación entre unas y otras. Por lo que el abogado J... J... S... M..., consecuencia de su actuar mereció la reacción de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta que al encontrarlo responsable de la falta prescrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, le sancionó con CENSURA, ya que este comportamiento fue previsto en la mencionada norma, de modo que la realidad procesal que condujo a esta decisión, fue evaluada conforme a lo previsto en la norma ejusdem en materia de culpabilidad del agente, es decir, si actuó con dolo o culpa, si su conducta fue leve, grave o gravísima y por supuesto, la graduación de la intensidad del comportamiento.

Antijuricidad. En este caso, deviene del incumplimiento acreditado y sin justificación alguna por parte del disciplinable del deber consagrado en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, cuya culpabilidad emerge de no haber adelantado las diligencias tendientes a realizar la conciliación para obtener la recuperación de la posesión de la finca “la camelia”, en relación con el derecho herencial que les asistía a sus representados, lo que deriva en falta de diligencia, reiterando que no se encontraron a su favor causales que puedan enervar esta responsabilidad.

Culpabilidad y modalidad de la conducta. Es incontrovertible que el doctor J... J... S... M..., faltó a la debida diligencia profesional, pues quedó demostrado con las pruebas arrimadas al proceso que pese a que el quejoso y sus familiares le confirieron poder para solicitar y asistir a audiencia de conciliación, ante el Juzgado de paz de la comuna 8 de Villavicencio, debiendo convocar a la empresa Colombia Móvil S. A. ESP, el togado no realizó las actuaciones tendientes a cumplir con la gestión encomendada, deshonrando el deber de atender con celosa diligencia sus encargos profesionales e incurriendo en la falta a la debida diligencia profesional por la cual el a quo le formuló cargos. Es decir, que el disciplinable dejó de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, con lo que se configura una conducta típica, plenamente estatuida en la Ley 1123 de 2007.

La conducta endilgada, se realizó bajo la modalidad culposa, toda vez que fue por negligencia que el disciplinado no cumplió con el encargo profesional que le fue encomendado, más no con el ánimo de perjudicar a su cliente.

La sanción. En relación con la sanción impuesta por el a quo, observa esta Superioridad, que la misma consultó los parámetros establecidos en los artículos 41 y 45 de la Ley 1123 de 2007, esto es, la gravedad, modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, su antijuricidad y la ausencia de antecedentes disciplinarios del profesional del derecho, para imponerla, por lo que considera la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que debe mantenerse en su integridad la sanción de censura, impuesta al abogado J... J... S... M..., por violación al deber contenido en el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la incursión en la falta prevista en el numeral 1º del artículo 37 ibídem.

Por lo tanto, esta Superioridad considera legal y adecuada la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, de sancionar con censura al abogado J... J... S... M..., por indiligencia y la confirmará de manera integral.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, mediante la cual sancionó con CENSURA al abogado J... J... S... M..., al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta superioridad.

4. Por Secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

2 Sentencia C-030/2012.