Sentencia 2013-00099/20878 de junio 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Rad.: 54001-23-33-000-2013-00099-01 (20878)

Demandante: Cindú Andina S.A.S

Demandado: DIAN

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Liquidación de corrección. Procede cuando se presenta el certificado de origen con fecha posterior al levante de la mercancía.

Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil diecisiete.

Extractos: «Consideraciones.

1. Problema jurídico.

La Sala decide si son nulos los actos administrativos en virtud de los cuales la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta, negó la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección(1), elevada por la actora.

En concreto, a la Sala le corresponde definir si es procedente la devolución del arancel cuando el certificado de origen que acredita que el producto importado es desgravado se presenta con posterioridad a la obtención de la autorización de levante.

La Sala considera que sí, por las siguientes razones:

2. Procedencia de la liquidación oficial de corrección cuando se presenta el Certificado de Origen en fecha posterior a la importación. Reiteración jurisprudencial.

En la Sentencia del 4 de mayo de 2015, Exp. 19008(2), la Sala precisó su postura en relación con la posibilidad de solicitar a la administración que profiera liquidación oficial de corrección con miras a obtener un tratamiento preferencial para el cual se requiere presentar certificado de origen, cuando este no ha sido allegado al momento de la importación, y es aportado posteriormente, tesis que se reitera en esta oportunidad:

2.1. El TLC Colombia, Venezuela y México [Grupo de los Tres G3], artículo 7-03 reguló las obligaciones a que se comprometieron los países miembros, cuando se invoque un tratamiento preferencial por mercancía originaria de los países miembros. Y, respecto del certificado de origen, la norma en comento dispuso:

“ART. 7-03.—Obligaciones respecto a las importaciones. 1. Cada Parte requerirá del importador que solicite trato arancelario preferencial para un bien de otra Parte, que:

a) Declare por escrito, en el documento de importación con base en un certificado de origen válido, que el bien califica como originario;

b) Tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración, y

c) Presente o entregue el certificado de origen cuando lo solicite la autoridad competente.

(...)

4. La solicitud a que se refiere el párrafo 1, literal c) no evitará el desaduanamiento o levante de la mercancía en condiciones de trato arancelario preferencial solicitado en la declaración de importación” (resaltado fuera de texto).

Como se puede apreciar, el TLC del G3 exige que el certificado de origen se presente con la declaración de importación.

2.2. En concordancia con lo anterior, el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999 dispone:

“Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:

d) Certificado de origen, cuando se requiera para la aplicación de disposiciones especiales;

Así, podría interpretarse que para efectos de invocar una preferencia arancelaria, no es posible presentar el certificado de origen de manera posterior a la obtención del levante de las mercancías importadas, y mucho menos si en las declaraciones de importación de tales bienes no se invocó la preferencia arancelaria.

2.3. No obstante lo anterior, el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 prevé que la autoridad aduanera puede expedir una liquidación oficial para corregir, entre otros datos de la declaración de importación, la información concerniente a las preferencias arancelarias. Dice la norma:

“ART. 513. Liquidación Oficial de Corrección. La autoridad aduanera podrá expedir Liquidación Oficial de Corrección cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales. Igualmente se podrá formular Liquidación Oficial de Corrección cuando se presente diferencia en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera.

En concordancia con esta norma, el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000, que reglamenta el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999 precisa:

“ART. 438. Liquidación Oficial de Corrección. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, la liquidación oficial de corrección, procederá a solicitud de parte, dirigida a la División de Liquidación, o a la dependencia que haga sus veces, cuando:

a) Se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía, por averías reconocidas en la inspección aduanera. En estos casos, se deberá anexar a la solicitud, copia de la Declaración de Importación y del Acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario aduanero competente, sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección;

b) Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.

PAR.—No procederá la devolución cuando esté referida a una operación que estuvo soportada en documentos falsos, independientemente de la ausencia de responsabilidad penal o administrativa que aduzca el peticionario.

Por lo tanto, si bien es cierto que según los artículos 121 del Estatuto Aduanero y 7-03 del TLC G3, se exige que el certificado de origen se presente con la declaración de importación, nada impide que los presente posteriormente cuando por causas ajenas ha sido imposible allegarlos junto con la declaración.

2.4. En el caso concreto, ocurrió que a la fecha de la importación, el Gobierno de Venezuela no había expedido los certificados de origen, y ante la necesidad de continuar con sus actividades comerciales y cumplir los compromisos adquiridos en desarrollo de las mismas, la demandante procedió a realizar la importación sin aquellos.

2.5. La Sala precisa que el artículo 513 del Estatuto Aduanero no puede ser interpretado en forma restrictiva respecto de la oportunidad para la presentación del certificado de origen para solicitar el tratamiento preferencial arancelario, ni se puede pretender que la no presentación de los certificados de origen, al radicar la declaración de importación, acarrea una consecuencia no prevista en la ley, como es la pérdida del tratamiento preferencial, máxime cuando el artículo 513 del Estatuto Aduanero permite este tipo de corrección.

Sobre el particular la Sala señaló lo siguiente(3):

“Entre los fundamentos que tuvo la Administración para rechazar la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección, se encuentra un pronunciamiento de esta Corporación(4), según la cual, la omisión de la parte actora de solicitar en las declaraciones de importación la exención a que la Ley le autorizaba, no podía ser subsanada por la vía de la Liquidación Oficial de Corrección y por lo mismo no era procedente devolver los tributos autoliquidados y pagados.

Tal jurisprudencia no puede ser aplicada al caso en estudio pues, la norma vigente en aquella ocasión era el Decreto 1909 de 1992 que en su artículo 70 establecía que “la Dirección de Aduanas Nacionales podrá, mediante liquidación de corrección, formular cuenta adicional, cuando se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifa, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas o tratamientos preferenciales declarados”. (Resaltado fuera del texto).

Situación que es diferente al caso bajo análisis donde se debe aplicar el Decreto 2685 de 1999, norma vigente al momento en que se realizaron las respectivas declaraciones de importación, y que contempla en su artículo 513 la posibilidad de que la autoridad aduanera expida Liquidación Oficial de Corrección cuando “se presenten los siguientes errores en las declaraciones de importación: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad o tratamientos preferenciales.” (Resaltado fuera del texto).

Como se evidencia, ya no es necesario para corregir aspectos relacionados con los tratamientos preferenciales, que éstos fueran “declarados”, como sí lo preveía la norma anterior”. (Resalta la Sala).

2.6. La Sala también ha precisado que la existencia de una norma superior que consagra la existencia de un derecho prevalece sobre un requisito formal, como en este caso, la presentación del certificado de origen con la declaración de importación. En efecto, se ha dicho(5):

“De otra parte, se observa que ante la existencia de una norma superior de la cual emana directamente el derecho a la excepción del IVA implícito y las pruebas que obran en el proceso, son elementos que no pueden desconocerse, so pretexto de no haberse indicado en las declaraciones de importación “el fundamento de la exención” como está previsto en la legislación aduanera (art. 122, D. 2685/99), o no haberse allegado en dicha oportunidad la prueba pertinente, como lo pretende la recurrente, pues sobre tales formalidades prevalece el derecho sustancial, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 228 de la Carta Política, toda vez que existe la facultad de corregir y la demandante bien podía efectuar la corrección en su favor, para ello determinar su derecho a la exención y cumplir como lo hizo, los requisitos que señalan las normas aduaneras aplicables. En este sentido se pronunció la Sala en Sentencia de 4 de septiembre de 2003, expediente 13553, C.P. Dra. Ligia López Díaz.

De lo anterior se colige que, no es requisito legal ni reglamentario para acceder al derecho a la excepción del IVA implícito prevista en el parágrafo 1º del artículo 424 del Estatuto, que deba ser solicitado con la presentación de la declaración de importación y en esta misma oportunidad acreditar la insuficiencia de la producción nacional de los productos importados, sino que dentro del término para solicitar la corrección de las declaraciones puede subsanarse la omisión y allegar la prueba pertinente.

Por lo anterior considera la Sala que la Administración incurrió en violación del artículo 424 del Estatuto Tributario al negar la corrección a las declaraciones con el argumento de que la certificación sobre la no producción nacional debía presentarse de forma previa a las importaciones, pues de la normatividad citada no se deriva que tal obligación sea de cumplimiento previo; además está demostrado que en las declaraciones el importador liquidó IVA respecto de la importación de unos productos que la ley había excluido”.

2.7. En consecuencia, se configura la causal de nulidad por violación del artículo 513 del Estatuto Aduanero por falta de aplicación, pues la DIAN desconoció que sí está facultada para formular liquidación oficial de corrección para efectos de devolución de tributos aduaneros cuando se trate de establecer el monto real en los casos en que se aduzca pagos en exceso.

En el siguiente cuadro se consolidan las declaraciones de importación y sus respectivos certificados de origen:

 Subpartida arancelariaDeclaración de importaciónCertificado de Origen
NúmeroFechaNúmeroFecha de expedición
17308.90.90892009000006305-523/07/200945153718/05/2012
27308.90.90892009000006323-824/01/201245150725/01/2012
37308.90.90892009000006389-328/07/200945152924/04/2012
47308.90.90892009000006610-705/08/200945150625/01/2012
57308.90.90892009000006873-713/08/200945150725/01/2012
67308.90.90892009000006850-813/08/200945150625/01/2012
77308.90.90892009000007103-919/08/200945153418/05/2012
87308.90.90892009000007225-921/08/200945150725/01/2012
97308.90.90892009000007226-621/08/200945150725/01/2012
107308.90.90892009000007471-427/08/200945152924/04/2012
117308.90.90892009000007469-927/08/200945150725/01/2012
127308.90.90892009000007470-727/08/200945154408/06/2012
137308.90.90892009000007483-031/08/200945153518/05/2012
147308.90.90892009000007584-831/08/200945153124/04/2012
157308.90.90892009000007728-103/09/200945153124/04/2012
167308.90.90892009000007727-403/09/200945153418/05/2012
177308.90.90892009000007843-007/09/200945150625/01/2012
187308.90.90892009000007842-307/09/200945152924/04/2012
197308.90.90892009000008010-710/09/200945150625/01/2012
207308.90.90892009000009546-729/10/200945152824/04/2012
217308.90.90892009000009520-629/10/200945152824/04/2012
227308.90.90892009000009595-830/10/200945152824/04/2012
237308.90.90892009000010058-620/11/200945152624/04/2012
247308.90.90892009000010046-820/1/200945152624/04/2012
257308.90.90892009000010650-711/12/200945152724/04/2012
267308.90.90892010000003911-429/06/201045152624/04/2012
277308.90.90892010000004193-714/07/201045152724/04/2012

De acuerdo con las declaraciones de importación aportadas con los antecedentes administrativos allegados por la demandada(6), el arancel total pagado fue de $284.206.000. Aspecto que no fue cuestionado por la DIAN.

2.8. En ese contexto, habida cuenta de que no es objeto de discusión el hecho de que los productos clasificados en la subpartida arancelaria 7308.90.90.00 están sujetos a un arancel de 0%, siempre que provengan de alguno de los países del G3 y que dicha situación se acredite con el certificado de origen respectivo, es claro que la importación a Colombia desde Venezuela de “láminas de techo climatizadas” pertenecientes a dicha subpartida, está cobijada por el tratamiento preferencial.

Por lo tanto, como la demandante pagó un arancel a la tarifa regular del 15%, pese a tener derecho a que se le aplicara una tarifa de 0%, hay lugar a la devolución del mayor valor de arancel pagado, tal como se ordenó en la sentencia de primera instancia, razón por la cual esta será confirmada.

2.9. Vale precisar finalmente, que la autenticidad de los certificados de origen no fue cuestionada por la demandada en primera instancia, pese a que estos estaban a su disposición desde que fueron presentados por la demandante al solicitar la liquidación oficial de corrección y durante el trámite del proceso pudo haber hecho uso de la figura de la tacha de falsedad. Por lo tanto, no es esta la oportunidad procesal para discutir la autenticidad de los mismos y en consecuencia, en aplicación del principio de buena fe y lealtad procesal, la Sala no se referirá a ese asunto.

3. Del restablecimiento del derecho.

En virtud de la competencia que le asiste al ad quem de revisar la sentencia apelada en aquellos aspectos que están íntimamente relacionados con la decisión que ahora se confirma, esto es, la decisión referida al restablecimiento del derecho pretendido y concedido, la Sala advierte lo siguiente:

En la sentencia de primera instancia se ordenó que, a título de restablecimiento del derecho, la demandada profiriera las liquidaciones oficiales de corrección respectivas, en la que dispusiera la devolución del arancel más los intereses corrientes y moratorios a que hubiera lugar. No obstante, como el derecho que se deriva de los actos anulados que negaron la corrección de la declaración de importación se restablece mediante la formulación de la liquidación oficial respectiva, en la que se reconoce el valor a devolver, y teniendo en cuenta que la administración le impidió al declarante la posibilidad de solicitar la devolución del pago en exceso, por economía procesal, la Sala ordenará directamente su devolución.

En consecuencia se ordenará la devolución del pago en exceso, junto con los intereses corrientes de que trata el artículo 863 del Estatuto Tributario, a la tarifa prevista en el artículo 864 ídem, desde la notificación del acto que negó las liquidaciones oficiales de corrección (10172 del 20 de noviembre de 2012) - 22 de noviembre de 2012(7), hasta la fecha de notificación de esta providencia. Y los intereses moratorios, a partir del día siguiente de la ejecutoria de esta providencia y hasta la fecha de pago.

Con fundamento en todo lo dicho, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia apelada, en cuanto declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, y modificará el numeral segundo, conforme con las precisiones antes hechas.

Así mismo, confirmará la condena en costas declarada en primera instancia, comoquiera que este aspecto no fue objeto de la apelación. No se condenará en costas en esta instancia, habida cuenta de que no se acreditó que se hubieren causado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR el ordinal primero de la sentencia apelada por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia apelada, que quedará así: “2. ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta., devolver a Cindú Andina S.A.S. la suma de $284.206.000, previas las compensaciones a que haya lugar. Respecto de esta suma, la demandada liquidará y pagará los intereses corrientes y moratorios, en la forma indicada en la parte considerativa de esta sentencia”.

3. Confirmar la condena en costas impuesta en el ordinal tercero de la sentencia apelada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,

4. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

5. Se reconoce personería al abogado Pablo Nelson Rodríguez Silva, para representar a la entidad demandada, en los términos del poder que obra en el folio 228 del cuaderno principal.

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase».

1. Resolución 1534 del 16 de julio de 2012 proferida por la División de Gestión de la Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta y la Resolución 10172 del 20 de noviembre de 2012 proferida por la Subdirectora de Gestión de Recursos Tributarios de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.

2. C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. También en la Sentencia del 1 de agosto de 2016, Exp. 19399, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la Sala decidió un asunto en el que los certificados de origen fueron presentados con la solicitud de liquidación oficial de corrección, es decir, en fecha posterior a la declaración de importación. En esa ocasión, la Sala concluyó que los certificados, que incluso habían sido aportados en copia simple, acreditaban que la mercancía provenía de un país miembro del G3 y que por lo tanto, estaba cobijada por el tratamiento preferencia luego había derecho a la devolución del mayor valor pagado por arancel.

3. Sentencia del 13 de noviembre de 2008, Exp. 16421 C.P. Ligia López Díaz.

4. Sentencia de septiembre 5 de 1997, Exp. 8431, M.P. Delio Gómez Leyva.

5. Sentencia del 6 de marzo de 2008, Exp 16047 C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

6. Fls.17 a 225 del cuaderno de antecedentes. En tales folios se encuentran además, las solicitudes de corrección y los certificados de origen respectivos.

7. Fls. 263 y 264 del cuaderno de antecedentes.