Sentencia 2013-00125/21552 de julio 18 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 63001-23-33-000-2013-00125-01 (21552)

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Bioplast S.A.

Demandado: UAE DIAN

Temas: Impuesto sobre la renta año 2009

Bogotá, D.C., dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

Sentencia segunda instancia

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala decide sobre la legalidad de los actos administrativos por los que la DIAN modificó la declaración de renta presentada por la sociedad actora por el año gravable 2009, en el sentido de rechazar algunas deducciones solicitadas e impuso sanción por inexactitud.

Problema jurídico

La Sala advierte, que los actos administrativos demandados la DIAN no discuten la realidad de los gastos en que incurrió la actora en la declaración de renta del periodo gravable 2009. La inconformidad con la declaración presentada se centra en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 107 del estatuto tributario para su procedencia.

De acuerdo al recurso de apelación interpuesto por ambas partes, la Sala debe determinar, si procede la deducción del impuesto sobre la renta, para los siguientes gastos:

— $ 21.305.206 por honorarios pagados a Espumaltex S.A., por concepto de apoyo contable y de sistemas.

— $ 49.834.019 por honorarios pagados a Promicolda S.A., por asesoría comercial para los vendedores.

— $ 6.151.330 por honorarios pagados a Promicolda S.A., por asesoría comercial para compra de productos.

— $ 49.784.332 por pago de arrendamiento de vehículos a la sociedad Inversiones AG y Asociados S.A.

— $ 3.000.000 por pago de patrocinio para Transmilenio S.A., con el fin de participar en la feria internacional de transporte masivo.

— $ 9.767.076 por pagos en restaurantes, bares y cafés en Perú y México.

— $ 2.957.679 por concepto de “otros gastos” - viajes de empleados.

— $ 3.315.000 por servicios de comedor en varios restaurantes.

Adicionalmente, la Sala debe analizar si en el presente caso procede la sanción por inexactitud impuesta.

Procedencia de la deducción por pago de honorarios a las empresas Espumaltex S.A. y Promicolda S.A.

La demandada argumentó en su escrito de apelación, que las deducciones del impuesto de renta por los honorarios pagados a las empresas Espumaltex S.A. y Promicolda S.A., no son deducibles del impuesto de renta, debido a que a pesar que en sus objetos sociales se establece “prestación de servicios administrativos o la asesoría en dichos servicios”, estos no incluyen los de asesoría contable, comercial e informáticos, por lo que al exceder las facultades del objeto social de la empresa de acuerdo al numeral 4º del artículo 110 del Código de Comercio, las deducciones no proceden.

La demandada rechazó tal deducción así:

ValorConceptoEmpresa
$ 6.151.330Asesoría comercialPromicolda S.A.
$ 21.305.206Honorarios contables y de sistemasEspumaltex S.A.
$ 49.834.019Asesorías comerciales para los vendedoresPromicolda S.A.

En el presente caso, la Sala observa que la actora soportó el gasto de $ 6.151.330 mediante la factura 9442 de 21 de noviembre de 2009, emitida por Promicolda S.A. bajo el concepto de “asesoría comercial septiembre”(16).

La empresa Promicolda S.A. en el certificado de existencia y representación legal proferido por la Cámara de Comercio de Bogotá, enuncia su objeto social de la siguiente forma(17):

“(...) I) La prestación de servicios administrativos, operativos o de logística a otras empresas, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas o no, o la asesoría en dichos servicios (...)”.

El Diccionario de la Real Academia Española define el concepto de administrar como:

“1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan.

2. tr. Dirigir una institución.

3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.

4. tr. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad.

5. tr. Suministrar, proporcionar o distribuir algo.

6. tr. Conferir o dar un sacramento.

7. tr. Aplicar, dar o hacer tomar un medicamento. U. t. c. prnl.

8. tr. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor efecto. U. t. c. prnl”.

De acuerdo a lo expuesto, el concepto de administrar es bastante amplio, por lo que la Sala advierte que prestar asesoría comercial a otra empresa se encuentra dentro del objeto social de Promicolda S.A., debido a que de la lectura textual del objeto social se puede concluir que la asesoría comercial hace parte de los servicios administrativos que tiene permitido prestar a otras empresas.

De la misma forma, la DIAN apeló la decisión del tribunal por considerar que no era procedente la deducción del impuesto de renta para los $ 49.834.019 que la actora pagó a Promicolda S.A. por concepto de asesoría comercial para los vendedores.

La Sala reitera que dentro del objeto social de Promicolda S.A. se encuentran los servicios de asesoría comercial razón por la que procede el reconocimiento la(sic) deducción del gasto realizado.

La empresa Espumaltex S.A., prestó servicios de contabilidad y sistemas a la actora por $ 21.305.206 en el periodo gravable 2009, soportado mediante factura BOP00029812 de 14 de diciembre de 2009(18).

Dentro del certificado de existencia y representación legal de Espumaltex S.A., se incluye en el objeto social lo siguiente:

“(...) 6. La prestación de servicios administrativos operativos o de logística y transporte a otras empresas, sean de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas o no, o la asesoría en dichos servicios (...)”.

De acuerdo a lo expuesto, la Sala considera que los servicios administrativos al abarcar diferentes tipos de servicios incluyen los de sistemas y contabilidad prestados a la empresa actora, al ser servicios directamente relacionados con la administración de su negocio.

Adicionalmente, la Sala reitera que la DIAN, no alegó falta de soporte de los gastos ni inconsistencias de información, tampoco discute la realidad de la erogación.

En este orden de ideas, para la Sala, procede la deducción solicitada. No prospera el cargo.

Procedencia de deducción por pagos de arrendamiento de vehículos por $ 49.784.332

La actora en recurso de apelación alegó que contrario a lo señalado por el a quo, procede el reconocimiento de la deducción del impuesto de renta por arrendamiento de vehículos.

Señaló que para que un gasto sea deducible del impuesto sobre la renta, es necesario que la ley lo ordene específicamente o que sea considerado una expensa necesaria de acuerdo al artículo 107 del estatuto tributario, que señalaba para la época de los hechos lo siguiente(19):

“ART. 107.—Las expensas necesarias son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada actividad.

La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y las limitaciones establecidas en los artículos siguientes”.

La Sala de forma reiterada ha precisado los requisitos para que las expensas necesarias sean deducibles, que se resumen así(20):

“(...) De acuerdo con la norma trascrita, las deducciones en materia fiscal exigen el cumplimiento de presupuestos esenciales como son la causalidad, necesidad y proporcionalidad. Conforme a la doctrina la causalidad es el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta, de manera, que para que un gasto sea deducible debe corresponder a aquellas expensas normalmente acostumbradas dentro de una determinada actividad económica, ya que son el antecedente necesario (causa) para producir el ingreso (efecto) que se genera en el desarrollo de dicha actividad(21).

El requisito de la necesidad del gasto debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera, basta con que sea susceptible de generarlo o de ayudar a generarlo. La expensa normal o necesaria no siempre requiere regularidad en el tiempo, es decir, se puede realizar en forma esporádica pero debe estar vinculada a la producción de la renta, y lo que importa es que sea “comercialmente necesaria”, según las costumbres mercantiles de la actividad respectiva. El gasto como necesario, se opone al meramente útil, conveniente o extraordinario.

El presupuesto de la proporcionalidad exige que la expensa guarde una proporción razonable con el ingreso, debido a que la erogación tiene un límite máximo que está medido por la relación que existe entre la magnitud del gasto y el beneficio que pueda guardarse. La ley en algunos casos ha fijado expresamente límites para algunos gastos (...)” (resalta la Sala).

Adicionalmente, la doctrina hace referencia al principio de proporcionalidad como la relación razonable entre la erogación y el ingreso, el principio de necesidad como la erogación que se requiere para el desarrollo de la actividad propia del negocio, vista como normalmente acostumbrada en el marco de un criterio comercial, y la causalidad como la relación de la erogación con el ingreso(22).

Conforme a los criterios expuestos, es necesario que se cumplan todos los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario, para que los gastos sean deducibles del impuesto de renta.

El a quo determinó que Bioplast S.A., arrendó los vehículos de placas DBZ577 marca Suzuki y CDL666 marca Hyundai a la empresa AG y Asociados S.A. en el periodo gravable 2009, por un valor de $ 49.784.332 de acuerdo a los actos demandados, y rechazó la deducibilidad del gasto por no cumplir específicamente con el principio de necesidad del artículo 107 del estatuto tributario.

La Sala no comparte la decisión del tribunal de primera instancia, debido a que realizó el análisis de la relación entre el objeto social de la actora y el arrendamiento de los vehículos, sin hacer referencia a otras pruebas que obran en el expediente, tal como lo requiere el presente caso.

Adicionalmente, el hecho de que existan otros medios de transporte para el desplazamiento del gerente de la empresa actora, no quiere decir que no sea necesario tener un vehículo a su disposición, porque pueden existir largos desplazamientos y diferentes lugares en los que tenga que tener presencia, teniendo como mejor opción u opción más económica el arrendamiento de un vehículo.

Como se hizo referencia en la sentencia citada previamente, el principio de necesidad del artículo 107 del estatuto tributario hace referencia a erogaciones que se consideren comercialmente necesarias en la actividad productora de renta y que sean acostumbradas en dicha actividad.

En el presente caso la DIAN no alegó inconsistencias con los soportes de los gastos y la actora remitió al expediente certificado de revisor fiscal, en el que se aclaró que en el desarrollo de la actividad de venta de sillas para vehículos de transporte público, la empresa obtuvo ingresos por $ 4.041.198.607, de los que provinieron $ 1.033.804.028 de ventas al exterior y lo demás en ventas nacionales(23).

Además, la actora remitió al expediente un mapa de la ubicación de la empresa Bioplast S.A. en el municipio de Armenia y un listado de proveedores y su ubicación en municipios como Bogotá D.C., Pereira, Ibagué, Medellín y Cúcuta(24).

Por otra parte, dentro del expediente obra el certificado de existencia y representación legal de la actora, en el que se establece que el gerente tiene las siguientes atribuciones(25):

“(...) f) Constituir mandatarios que representen a la sociedad en negocios judiciales y extrajudiciales y delegarle las funciones o facultades necesarias de que el mismo goza (...) j) Realizar o celebrar cualquier acto o contrato cuya cuantía no exceda el equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la realización del acto o celebración del contrato o realizar o celebrar aquellos que excediendo dicha cuantía, sean autorizados por la junta directiva (...) I) Con las limitaciones arriba señaladas, podrá comprar o adquirir a cualquier título bienes o inmuebles vender o enajenar a cualquier título los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, darlos en prenda, gravarlos o hipotecarlos, alterar la forma de los bienes raíces (...)”.

De acuerdo a las pruebas aportadas, la Sala concluye que el gerente al tener la atribución de comprar bienes y representar a la empresa actora en negocios, es necesario que comercialmente se desplace en largos trayectos y a diferentes ciudades, para cumplir con el objeto social de la empresa, ya que como se probó con el mapa de ubicación de la actora y la existencia de proveedores dentro de la ciudad y otros municipios, el gerente requiere traslados permanentes, por lo que el arrendamiento del automóvil para su uso, se encuentra de acuerdo con el principio de necesidad del artículo 107 del estatuto tributario.

En cuanto al principio de causalidad se precisa que consiste en que el gasto del contribuyente guarde relación de causa-efecto con la actividad generadora de renta.

El objeto social de la actora según el certificado de existencia y representación legal emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá que reposa en el expediente, es el siguiente(26):

“A. El montaje y explotación de instalaciones industriales y comerciales para el procesamiento venta de productos polimerizados distintos a todas las industrias y comercios que lo requieran. B. La fabricación de otros productos similares. C. La realización de las actividades de industria del transporte, especialmente las relacionadas con el transporte automotor de carga. En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá comprar, vender, adquirir, enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles (...)”.

De acuerdo a lo expuesto, el objeto social de la actora es el de producción y venta de productos polimerizados, situación que requiere que comercialmente el gerente se desplace a diferentes lugares con el fin de observar o cerrar negocios, y como se manifestó previamente en certificado de revisor fiscal se estableció que la empresa obtuvo significativas ganancias en el país en el periodo gravable 2009, por lo que existe una conexión entre la utilización del vehículo por el gerente y obtención de ingresos locales(27).

En este orden de ideas, se cumple el requisito de causalidad porque la compra, venta de productos e insumos requiere que el gerente de la empresa actora se desplace a diferentes lugares, con el fin que se logre cumplir con el objeto social, como lo requeriría una empresa en similares circunstancias.

En relación con el requisito de la proporcionalidad se precisa que consiste en la magnitud que las erogaciones representan dentro del total de la renta bruta(28).

En el presente caso, el total de ingresos brutos fue de $ 4.441.006.000 y el gasto que se rechazó por arrendamiento de automóviles fue de $ 49.784.332, por lo que al comparar los dos valores enunciados se puede concluir que es proporcional la deducción al ingreso que se obtuvo por la actora en el año 2009(29), ya que representa el 1.12% de este.

La Sala advierte que según lo expuesto por la actora en el recurso de apelación, dentro de las funciones de la representante legal suplente está el tener contacto con proveedores para efectos de asegurar los procesos. Adicionalmente, en el certificado de existencia y representación legal de Bioplast S.A., se establece que el gerente puede constituir mandatarios y organizar personal de la empresa de acuerdo a su criterio y como la DIAN no demostró que no realizaba las mencionadas actividades, la deducción debe ser procedente también por el arrendamiento del automóvil para la representante legal suplente.

En este orden de ideas, el arrendamiento de los vehículos para uso del gerente y la representante legal suplente de la empresa, cumple con los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario por lo que al ser reconocido como una expensa necesaria debe ser deducible del impuesto de renta de la actora por el periodo gravable 2009. Prospera el cargo.

Procedencia de deducción por pago de patrocinio para Transmilenio S.A. por $ 3.000.000.

En el recurso de apelación, la actora manifestó que el tribunal al rechazar la deducción no tomó en cuenta la calificación de los requisitos de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a un criterio comercial, como lo ordena el artículo 107 del estatuto tributario.

Dentro del expediente se encuentra una factura por $ 3.000.000 en la que se establece el concepto de auspicio, emitida por la Empresa de Transporte del Tercer Milenio, Transmilenio S.A. del 21 de octubre de 2009 a Bioplast S.A.(30).

La Sala observa que la actora remitió al expediente facturas y folleto de los productos de la empresa, en los que se evidencia que las sillas que produce la empresa actora tienen como fin ser vendidas a empresas fabricantes de buses de transporte masivo(31).

Es de conocimiento público, que la sociedad Transmilenio S.A. es una empresa que presta servicios de transporte público por medio de buses en la ciudad de Bogotá D.C.(32).

De acuerdo a la sentencia que fue citada en el subtítulo previo, el principio de necesidad del artículo 107 del estatuto tributario debe ser analizado si la erogación es “comercialmente necesaria” o no.

En el presente caso, la empresa actora patrocinó a Transmilenio S.A. para la Feria Internacional de Transporte Masivo, que es “un evento especializado que busca convocar en un solo lugar a los más representativos fabricantes, ensambladores y distribuidores de buses para el transporte de pasajeros, autocares, vehículos comerciales, utilitarios y de carga para suministrar a los operadores de transporte de Colombia, de la Alianza de Pacífico Latinoamericano, Centroamérica y el Caribe”(33).

En este orden de ideas, la Sala observa que de acuerdo a un criterio comercial el pago de patrocinio a Transmilenio S.A., permitió a Bioplast S.A. darse a conocer como productor de sillas para buses de transporte masivo a los asistentes a la mencionada feria, por lo que comercialmente es una erogación necesaria para publicitar a la empresa con el fin de vender el producto de sillas de plástico a nuevos clientes en Colombia y el extranjero.

En cuanto al principio de causalidad, la Sala advierte que es evidente que para una empresa que desea vender productos realice actividades publicitarias o de auspicio, ya que es una expensa normalmente acostumbrada en actividades de comercialización con el fin de capturar la atención de nuevos clientes.

La expensa también cumple con el principio de proporcionalidad, debido a que de acuerdo con el certificado de revisor fiscal de la empresa Bioplast S.A., se obtuvo ingreso por venta de sillas para vehículos de transporte público de $ 4.041.198.608, por lo que los $ 3.000.000 de pesos de la erogación bajo análisis es razonable respecto al ingreso(34).

En este orden de ideas, la actora probó que la erogación cumple con los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario, por lo que se es deducible del impuesto de renta. En consecuencia prospera el cargo.

Improcedencia de deducción por pagos de alojamiento y manutención en Perú y México por $ 9.757.679 y $ 2.957.679 de “Otros gastos”

En el recurso de apelación la actora alegó que los $ 9.757.679 solicitados como deducción por concepto de consumo de restaurantes, bares y cafés, son deducibles del impuesto de renta, debido a que fueron gastos que realizaron con el fin de vender sillas en Perú y México, y los $ 2.957.679 correspondiente a “otros gastos” son gastos de viaje.

La Sala advierte que las erogaciones enunciadas no son deducibles del impuesto de renta, debido a que fueron gastos de hoteles, restaurantes, y atención a clientes realizados por Deysi Moreno y Michael Wolff empleados de la empresa Promicolda S.A., tal como lo aclara la actora en la demanda(35).

Adicionalmente, la actora en la demanda explica lo siguiente(36):

“(...) b) certificado de revisor fiscal de Promicolda S.A. de que dichas personas eran parte de sus empleados (...)”.

La Sala advierte que la actora en la demanda, está afirmando que las personas a las que se le pagaron gastos de viaje y alojamiento, son empleados de la empresa Promicolda S.A. y no de la empresa actora, por lo que las erogaciones bajo análisis no cumplen con los requisitos del artículo 107 del estatuto tributario al no estar relacionadas con la actividad productora de renta.

Además, la Sala advierte que en el expediente no se evidencian pruebas o soportes de que el gasto se relacione directamente con las actividades de la empresa.

De acuerdo a lo expuesto, no prospera el cargo.

Improcedencia de gastos por alimentación de empleados por $ 3.315.000

La actora alegó que los gastos de casino y alimentación de los empleados son deducibles del impuesto de renta, porque son pagos indirectos a los trabajadores, de acuerdo al artículo 387-1 del estatuto tributario.

El artículo 387-1 del estatuto tributario señala lo siguiente:

Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas, por concepto de la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos, siempre que el salario del trabajador beneficiado no exceda de 310 UVT. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo.

Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, de que trata el inciso anterior excedan la suma de 41 UVT, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales son deducibles para estas.

Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador” (resalta la Sala).

De acuerdo a lo expuesto, los gastos que un empleador realiza para pagar alimentación de un empleado y su familia son deducibles del impuesto de renta para el empleador y no constituyen ingreso para el empleado, sino para el tercero que prestó el servicio de alimentación.

Al respecto la Sala ha señalado lo siguiente(37):

“(...) Al respecto, en sentencia de 25 de noviembre de 2004, Exp. 14295, M.P. Ligia López Díaz señaló que “los pagos que los empleadores realicen a terceras personas, por concepto de educación, salud y alimentación, para sus trabajadores o sus familias, que cumplan los requisitos exigidos en el artículo 5º del Decreto Reglamentario 3750 de 1986 y en el artículo 387-1 del estatuto tributario para no estar sujetos a retención en cabeza del empleado, son deducibles, por tratarse de pagos laborales indirectos que de conformidad con las normas tributarias no están sujetos a retención en la fuente (...)””.

Conforme con lo anterior, para que el pago por alimentación de los trabajadores sea considerado un pago laboral indirecto y sea deducible para el empleador, es necesario que además de cumplir con el artículo 387-1 del estatuto tributario, también cumpla con los requisitos del artículo 5º del Decreto Reglamentario 3750 de 1986, el cual enuncia lo siguiente:

“ART. 5º—Para efectos de lo previsto en los artículos anteriores, constituyen pagos indirectos hechos al trabajador, los pagos que efectúe el patrono a terceras personas, por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al trabajador o a su cónyuge, o a personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, siempre y cuando no constituyan ingreso propio en cabeza de las personas vinculadas al trabajador y no se trate de las cuotas que por ley deban aportar los patronas o(sic) entidades tales como el Instituto de Seguros Sociales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las cajas de compensación familiar.

Se excluyen los pagos que el patrono efectúe por concepto de educación, salud y alimentación, en la parte que no exceda del valor promedio que se reconoce a la generalidad de los trabajadores de la respectiva empresa por tales conceptos, y siempre y cuando correspondan a programas permanentes de la misma para con los trabajadores” (resalta la Sala).

De acuerdo al criterio expuesto, la deducción del impuesto de renta por pagos indirectos a los trabajadores, no procede por el simple hecho de que un empleador realice un pago a un restaurante para la alimentación de sus empleados, sino que se requiere que sea un servicio permanente para los trabajadores y que todos los trabajadores de la empresa puedan acceder a dicho beneficio(38).

La Sala advierte, que dentro del expediente no se encuentra prueba de que la empresa tenga una política especial de restaurante, que cubra a los empleados de la empresa de forma permanente, por lo que no es procedente la deducción. No prospera el cargo.

Sanción por inexactitud

La actora alegó en el recurso de apelación que no procede la sanción por inexactitud impuesta, por cuanto las deducciones solicitadas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 107 del estatuto tributario.

Observa la Sala que en el caso concreto se demostró la improcedencia de las deducciones rechazadas, razón por la que procede la sanción por inexactitud impuesta respecto de tales glosas.

Sin embargo, de acuerdo al artículo 282 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 640 del estatuto tributario, se estableció que el principio de favorabilidad debe aplicar en materia sancionatoria en temas tributarios, aun cuando la norma favorable sea posterior.

En el presente caso, el artículo 648 del estatuto tributario, fue modificado por el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, en el que se estableció que la sanción por inexactitud corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, determinado en la liquidación oficial y el valor declarado.

Antes de la modificación de la ley enunciada previamente, la sanción por inexactitud fue del 160%, por lo que resulta más favorable para el contribuyente, aplicar el valor de sanción por inexactitud establecido en la Ley 1819 de 2016.

En este orden de ideas, la Sala procederá a liquidar la sanción por inexactitud del 100% establecida en el artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, dentro de la declaración de renta de la actora del año 2009, de acuerdo a los gastos que se consideraron no deducibles del impuesto de renta en la presente providencia.

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas, la Sala precisa lo siguiente:

De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación” (resalta la Sala).

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(39):

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(40). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(41), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra” (resalta la Sala).

En este caso, una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas, esto es, no fueron acreditadas por la parte demandante. Por lo tanto, no se condena en costas.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el recurso de apelación interpuesto por la actora prospera parcialmente, por lo que se revocará la providencia de primera instancia.

En consecuencia, y como restablecimiento del derecho se aceptan las deducciones por honorarios pagados a Espumaltex S.A. por concepto de apoyo contable y de sistemas por $ 21.305.206; asesoría comercial (Productos Microcelulares de Colombia) por $ 6.151.330; arrendamiento de vehículos para el gerente y subgerente a Inversiones A.G. Asociados por $ 49.784.332 y asesorías comerciales para los vendedores por $ 49.834.019. Adicionalmente, se reducirá la sanción por inexactitud al 100% de acuerdo a la parte motiva de esta sentencia.

Por consiguiente la liquidación oficial de revisión quedará como sigue:

ConceptoLiqu. privadaLiqu. admin.Liqu. C. de E.
Total gastos de nómina$ 84.767.000$ 84.767.000$ 84.767.000
Aportes al sistema de social seguridad$ 17.515.000$ 17.515.000$ 17.515.000
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación$ 8.350.000$ 8.350.000$ 8.350.000
Efectivo, bancos, ctas. bcos., invers. mobiliarias ctas. cobrar$ 602.453.000$ 602.453.000$ 602.453.000
Cuentas por cobrar clientes$ 939.516.000$ 939.516.000$ 939.516.000
Acciones y aportes (soc. anónimas, limitadas asimiladas)$ 0$ 0$ 0
Inventarios$ 680.912.000$ 680.912.000$ 680.912.000
Activos fijos$ 645.535.000$ 645.535.000$ 645.535.000
Otros activos$ 176.238.000$ 176.238.000$ 176.238.000
Total patrimonio bruto$ 3.044.654.000$ 3.044.654.000$ 3.044.654.000
Pasivos$ 865.533.000$ 865.533.000$ 865.533.000
Total patrimonio líquido/líquido negativo$ 2.179.121.000$ 2.179.121.000$ 2.179.121.000
Ingresos brutos operacionales$ 4.126.051.000$ 4.126.051.000$ 4.126.051.000
Ingresos brutos no operacionales$ 310.506.000$ 310.506.000$ 310.506.000
Interés y rendimiento financiero$ 4.449.000$ 4.449.000$ 4.449.000
Total ingresos brutos$ 4.441.006.000$ 4.441.006.000$ 4.441.006.000
Devoluciones, descuentos y rebajas$ 84.852.000$ 84.852.000$ 84.852.000
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional$ 0$ 0$ 0
Total ingresos netos$ 4.356.154.000$ 4.356.154.000$ 4.356.154.000
Costos de venta (para sistema permanente)$ 2.719.430.000$ 2.719.430.000$ 2.719.430.000
Otros costos (incl. costo act. pec. y otros dist. de los ant.)$ 0$ 0$ 0
Total costos$ 2.719.430.000$ 2.719.430.000$ 2.719.430.000
Gastos operacionales de administración$ 271.596.000$ 188.040.000$ 268.281.000
Gastos operacionales de ventas$ 325.883.000$ 262.991.000$ 313.158.000
Deducción inversiones en activos fijos$ 0$ 0$ 0
Otras deduc. (servicios públicos, fletes seguros imp. etc.)$ 311.247.000$ 311.247.000$ 311.247.000
Total deducciones$ 908.726.000$ 762.278.000$ 892.686.000
Renta líquida del ejercicio$ 727.998.000$ 874.446.000$ 744.038.000
O pérdida líquida$ 0$ 0$ 0
Compensaciones$ 0$ 0$ 0
Renta líquida$ 727.998.000$ 874.446.000$ 744.038.000
Renta presuntiva$ 35.754.000$ 35.754.000$ 35.754.000
Total rentas exentas$ 585.703.000$ 585.703.000$ 585.703.000
Rentas gravables$ 0$ 0$ 0
Renta líquida gravable$ 142.295.000$ 288.743.000$ 158.335.000
Ingresos por ganancias ocasionales$ 0$ 0$ 0
Costos y deducciones por ganancias ocasionales$ 0$ 0$ 0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas$ 0$ 0$ 0
Ganancia ocasional gravable$ 0$ 0$ 0
Impuesto sobre renta gravable$ 46.957.000$ 95.286.000$ 52.251.000
Descuentos tributarios$ 0$ 0$ 0
Impuesto neto de renta$ 46.957.000$ 95.286.000$ 52.251.000
Impuesto de ganancias ocasionales$ 0$ 0$ 0
Impuesto de remesas$ 0$ 0$ 0
Total imp. a cargo/imp. generado por operaciones grav.$ 46.957.000$ 95.286.000$ 52.251.000
Anticipo por el año gravable$ 0$ 0$ 0
Saldo fvr. sin sol. dev. o comp./saldo fvr. per. fis. ant.$ 0$ 0$ 0
Autorretenciones$ 0$ 0$ 0
Otros conceptos$ 101.776.000$ 101.776.000$ 101.776.000
Total retenciones año gravable$ 101.776.000$ 101.776.000$ 101.776.000
Anticipo para el año gravable siguiente$ 0$ 0$ 0
Saldo a pagar por im.$ 0$ 0$ 0
Sanciones$ 0$ 77.326.000$ 5.294.000
Total saldo a pagar$ 0$ 70.836.000$ 0
Total saldo a favor$ 54.819.000$ 0$ 44.231.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR los numerales 1º y 2º de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

“1. DECLARAR la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 12412011000025 de 26 de diciembre de 2011 y la Resolución 900001 de 13 de febrero de 2013, por medio de las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales modificó la declaración de renta presentada por Bioplast S.A. por el período 2009.

2. A título de establecimiento del derecho, TENER como liquidación del impuesto sobre la renta y complementarios de la sociedad Bioplast S.A. por el año gravable de 2009 la practicada en esta providencia”.

SEGUNDO. Confirmar en lo demás la sentencia apelada

TERCERO. No se condena en costas

CUARTO. RECONOCER personería para actuar en nombre de la parte demandada al doctor Edwin Mauricio Torres Prieto, de conformidad con el poder que obra en el folio 267 del c. p.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(16) Folio 180 tomo 2 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(17) Folios 21 a 23 del c.p.

(18) Folio 184 tomo 2 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(19) Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 1819 de 2016.

(20) Sentencia de 13 de octubre de 2005, Exp. 14372, C.P. María Inés Ortiz Barbosa.

(21) Sentencias 9018 de 1998 y 9387 del 15 de octubre de 1999.

(22) Corredor Alejo, Jesús Orlando. “El Impuesto de Renta en Colombia”. Centro Interamericano Jurídico-Financiero. 2009. Págs. 247-248.

(23) Folios 686 y 687 del tomo 4 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(24) Folios 702 a 713 del tomo 4 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(25) Folios 17 a 20 del c.p.

(26) Folios 17 a 20 del c.p.

(27) Folios 686 y 687 del tomo 4 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(28) Sentencia de 5 de octubre de 2016, Exp. 19366, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

(29) Folio 9 del tomo 1 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(30) Folio 182 del tomo 2 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(31) Folios 66 a 97 tomo 1 del cuaderno de antecedentes administrativos y 695 a 701 del tomo 4 del cuaderno de antecedentes administrativos.

(32) http://negocios.transmilenio.gov.co/Publicaciones/portafolio_de_servicios.

(33) http://negocios.transmilenio.gov.co/Publicaciones/feria_internacional_de_transporte_fitrans_2015.

(34) Folios 686 y 687 del tomo 4 de cuaderno de antecedentes administrativos.

(35) Folio 13 del c.p.

(36) Ibídem.

(37) Sentencia de 13 de agosto de 2009, Exp. 16217, C.P. William Giraldo Giraldo.

(38) Sentencia del 27 de marzo de 2014, radicado 18754, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(39) Cfr. la Sentencia C-157/2013, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

(40) Se transcribe el artículo 365 del CGP.

(41) Se transcribe el artículo 366 del CGP.