Sentencia 2013-00128 de marzo 1 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Rad.: 230011102000201300128 01.

Aprobado según Acta número 17, de la misma fecha.

Bogotá, D. C., Primero de marzo de dos mil diecisiete

Extractos: «Consideraciones de la sala.

Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, el 17 de noviembre de 2016, mediante la cual se resolvió sancionar a la abogada Luz Elena Polo Rodriguez, por haber sido hallada autora a título de dolo de las faltas consagradas en los numerales 9 y 11 del artículo 33, y en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra las sentencias de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, limite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, opto por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por los recurrentes.

El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar, que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales y cumplan con el régimen de incompatibilidades para el ejercicio de la profesión que se encuentra dispuesto en el estatuto deontológico que regula la profesión. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que la abogada Luz Elena Polo Rodriguez, fue llamada a juicio disciplinario y hallada responsable de infringir el régimen disciplinario del abogado, al trasgredir normas relacionadas con las faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado; y faltas a la honradez del abogado, porque actuando como apoderada dentro de un proceso ejecutivo, cuyo trámite le correspondió al Juzgado Civil del Circuito de Lorica – Córdoba; por los cobros realizados en favor de docentes con efecto retroactivo, soportados en resoluciones que no alcanzaban efectos legales ni prestaban merito ejecutivo, utilizó algunos poderes falsos y no le entrego a varios de los Poderdantes a la menor brevedad posible, los dineros obtenidos como resultados de la gestión. Hechos registrados en medios de comunicación como el “Carrusel de las Pensiones”, que llevó al desfalco de recursos públicos administrados por la Fiduprevisora S. A., mediante procesos administrativos – ejecutivos, lo que hace que su conducta encuadre en los numerales 1, 6 y 8 del artículo 28, de la Ley 1123 de 2007, en los numerales 9 y 11 del artículo 33 y en el numeral 4 del artículo del artículo 35, de la misma norma, esta última con los criterios de agravación establecidos en el artículo 45, literal C numerales 4 y 7 ibídem.

En el recurso de alzada los argumentos se pueden concretar en que la conducta de la investigada no reviste de ilicitud sustancial, no se probó un actuar doloso y que al apreciar en su conjunto el acervo probatorio, no se puede llegar a la certeza necesaria para sancionar.

La Sala encuentra que no le asiste razón al recurrente porque en cuanto a la ilicitud sustancial, esta Corporación ha sostenido, que el análisis legal debe partir no de la ilicitud sustancial, sino de la antijuricidad como elemento dogmático del comportamiento disciplinario, enfoque que le otorgo el A – quo en el fallo sancionatorio, por lo tanto, el reproche en tal sentido, estará dado en la relevancia del el daño ocasionado y en el presente asunto, no puede desvalorarse el daño que causo la disciplinable al obtener el reconocimiento y pago de recursos públicos de manera fraudulenta.

El artículo 4 de la Ley 1123 de 2007 establece la antijuridicidad como la conducta realizada por los abogados afectando injustificadamente algunos de sus deberes profesionales. Importa en ella entonces el valor del acto como valor del resultado, lo cual significa que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que se asuma como un mero concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista un resultado que trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico tutelado, pero también exige el estudio de la procedencia o no de causales eximentes de responsabilidad en materia disciplinaria. Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad de la conducta, se tiene entonces que efectivamente con la conducta de la disciplinada se vulneró los deberes a colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, y a obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

En cuanto a la duda que se desprende del acervo probatorio, el apelante no señala de forma clara, la estructuración de la misma, pero esta Superioridad encuentra debidamente probado que la Investigada al promover acciones judiciales con documentación no valida, actuó con el pleno conocimiento que su proceder era desleal, ya se pudo establecer que inició una serie de procesos y acciones judiciales, induciendo al error a las autoridades judiciales, con el fin de cometer actos fraudulentos contra las arcas del Estado, es una conducta que encuadra en el numeral 6 del artículo 28, de la Ley 1123 de 2007, y por ende se tipifica su actuar contrario a derecho y por tanto merecedor de reproche por falta a la leal realización de la justicia que se contempla en los numerales 9 y 11 del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007, se incurre en esta falta cuando se interviene en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos a los del Estado o de la comunidad. Además, cuando se hace uso de pruebas o poderes falsos, se desfigura, amaña o tergiversa los medios de convicción con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas, y que el resultado de estas no sea la verdad, sino la salvaguarda del interés que motivó la prueba ilegal y está plenamente probado, que la encartada cometió actos fraudulento y utilizó documentación apócrifa para defraudar las arcas del estado.

Resulta una actitud positiva de querer realizar la conducta y de lograr el resultado de su acción ya que incumplió el deber de lealtad para una recta y cumplida realización de la justicia al hacer cobros que no eran viables jurídicamente, porque utilizó actos administrativos que no cumplían con los requisitos de un título ejecutivo.

En cuanto a la falta a la honradez, se acreditó que no se entregó prontamente a la señora Alicia del Rosario Lora G., los dineros que le correspondían en la suma de Setenta Millones Seiscientos Ochenta y Tres Mil Pesos ($ 70.683.000), al igual que los dineros por un valor cercano a los Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres Millones de Pesos ($ 7.153.000) pertenecientes al erario de la Fiduprevisora S. A., la Sala encuentra su conducta deshonesta ya que dada la responsabilidad al asumir este tipo de compromiso y de recibir los dineros que le corresponden a su poderdante, requiere total honradez, y de obrar de manera contraria, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, es una conducta que encuadra en el numeral 8 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, y por ende se tipifica su actuar contrario a derecho y por tanto merecedor de reproche por falta a la honradez que se contempla en el numeral 4 del artículo 35 de la ley 1123 de 2007, lo que muestra a todas luces que su actuar se circunscribe de manera plena en la conducta y falta endilgada por el a quo, tanto en el pliego de cargos, como en la sentencia de primera instancia.

Igualmente no le asiste la razón, cuando solicita la revocatoria de la sentencia de alzada, al argumentar que se apreció erróneamente el material probatorio, apartándose de la sana crítica, porque en el extenso y prolijo material probatorio, se decretaron y allegaron todos los elementos solicitados y el mismo no fue objetado por la defensa y la única conclusión que se puede obtener, de los testimonios practicados y de las copias de los procesos tramitados por la investigada y que se allegaron al expediente disciplinario, es que la disciplinable con documentación no valida, promovió y respondió procesos en la justicia contenciosa administrativa, donde trato de inducir en error a los jueces y además nunca entregó a sus poderdantes copias de los actos administrativos, para que así ellos conocieran lo verdaderamente reconocido y saber si estaban recibiendo el monto de dinero adecuado.

Lo que muestra a todas luces que su actuar se circunscribe de manera plena en las conductas y faltas endilgada por el a quo, tanto en el pliego de cargos, como en la sentencia de primera instancia.

Se advierte que para esta Corporación, es diáfano que la doctora Polo Rodríguez, quebrantó sus deberes profesionales al promover procesos judiciales y actuaciones administrativas con documentación no valida (resoluciones y poderes), actuación que es desleal con la administración de justicia y deshonesta con sus poderdantes al no entregarle copias de las resoluciones de reconocimiento ni los dineros obtenidos en la gestión, lo que va en contravía del cumplimiento de los fines de Estado y la realización de la Justicia. Analizadas las pruebas en su conjunto, la Sala enunciará desde ya la confirmación de las faltas endilgadas a la togada, toda vez que demuestran que efectivamente el abogado incurrió en las conductas imputadas. En las condiciones analizadas, de manera lógica y razonable deviene el fundamento del reproche disciplinario irrogado a la procesada, al alejarse por completo de los principios orientadores del ejercicio de la profesión de abogado.

Por lo anterior, esta Superioridad encuentra plenamente demostrada la incursión en las faltas enrostradas en la calificación y la sentencia de primera instancia, calificada a título de dolo, pues, está confirmada la materialización de la falta y por ende brinda la certeza para atribuirle las faltas endilgadas a la disciplinable, resulta una conducta reprochable, así las cosas, conlleva a que la decisión de la primera instancia deba ser confirmada, pues, está fundamentada en presupuestos fácticos y jurídicos, que esta Sala encuentra adecuados y razonables, donde la abogada Luz Elena Polo Rodríguez, , si incurrió en falta disciplinaria, y es por ello que merece reproche disciplinario.

En las condiciones analizadas, de manera lógica y razonable deviene el fundamento del reproche disciplinario irrogado al procesado, al alejarse por completo de los principios orientadores del ejercicio de la profesión de abogado, por lo tanto habrá de confirmarse la sentencia apelada. Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de las normas imputadas, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, y al haberse probado su responsabilidad con la evidencia obrante en el dossier, lo procedente en esta instancia es confirmar la responsabilidad del mismo frente a la sentencia apelada.

Dosimetría de la Sanción.

Dentro del amplio margen de discrecionalidad a la autoridad disciplinaria en el proceso de individualización de la sanción, le corresponde al Juez disciplinario valorar la explícita consagración de los deberes del abogado, los intereses jurídicos y particularmente criterios que atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, en fin todos aquellos parámetros de proporcionalidad y razonabilidad que a su vez imponen la necesidad de motivación de la dosificación sancionatoria3.

Ya es aceptado por la jurisprudencia y la doctrina que la sanción, para el caso del derecho disciplinario, también debe ser debidamente motivada en lo jurídico, para así darle plena aplicación al debido proceso y al principio de legalidad de las sanciones. Al tenor de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, para la graduación de la sanción debe tenerse en cuenta los límites y parámetros allí señalados, los cuales deben consultar los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Así las cosas, para la falta endilgada al inculpado, consagra el artículo 40 del Código Disciplinario del Abogado cuatro tipos de sanción, siendo la más leve la censura, de menor gravedad la suspensión y la máxima aplicable la de exclusión, las cuales podrán imponerse de manera autónoma o concurrente con la multa.

Acorde con el principio de necesidad íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar con sanción al implicado, pues de esta forma se cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas o incumpla sus deberes en el ejercicio de la profesión de abogado.

Finalmente, debe también cumplirse con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la sanción, justifica la sanción disciplinaria de sanción impuesta al disciplinado, pues acorde con lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-530 del 11 de noviembre de 1993, donde en uno de sus apartes se dijo: “(...) La razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad.”

Por lo anterior, la Sala Ahora, teniendo en cuenta la modalidad y gravedad de la conducta disciplinaria cometida por la doctora Polo Rodríguez, esta Colegiatura confirmará la sanción, impuesta, atendiendo que la misma cumple con los criterios legales y constitucionales.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales,

Resuelve:

1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2016 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, mediante la cual fue declarada disciplinariamente responsable y sancionada con exclusión del ejercicio de la profesión, a la abogada Luz Elena Polo Rodríguez, quien se identifica con la cédula de ciudadanía número 26.213.918 y la tarjeta profesional número 67050, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, por haber sido hallada autora a título de dolo de las faltas consagradas en los numerales 9 y 11 del artículo 33, y en el artículo 35 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes dentro del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiéndole que contra ella no procede Recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»