SENTENCIA 2013-00130/4764-2013 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2016

 

Sentencia 2013-00130/4764-2013 de septiembre 22 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Radicado: 15001-23-33-000-2013-00130-01 (4764-2013)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández (E)

Demandante: Mercedes Gómez de Castro, Teresa Gómez de Cárdenas y Paulina Gómez Mendoza.

Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduciaria la Previsora S.A., Municipio de Tunja (Boyacá), Secretaría de educación.

Apelación interlocutorio (excepciones previas)

Bogotá. D.C., veintidós de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra el auto de 7 de octubre de 2013 que declaró inexistente la excepción de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.

Se demanda en el presente asunto la nulidad de la Resolución 151 de 28 de febrero de 2012, por la cual el Ministerio de Educación Nacional – Secretaría de Educación de Tunja, negó a la parte actora el reconocimiento y pago de un seguro por muerte; y la Resolución 387 de 8 de junio de 2012 que negó a su vez el recurso de reposición impetrado contra la primera decisión.

Ahora, en el apartado de pretensiones del acápite de la demanda, las actoras solicita en los puntos 3 y 4 respectivamente, la indexación y los intereses moratorios que deben hacerse sobre la cuantía monetaria derivada del pago del mencionado seguro por muerte.

Al respecto, la entidad recurrente considera que la demanda debe ser rechazada por ineptidud puesto que al solicitarse tanto la indexación como los intereses moratorios de la suma principal, se está incurriendo en la acumulación de dos pretensiones bajo una misma causa, lo cual determinaría su condena a un doble pago respecto de un mismo concepto.

Observa la Sala que el debate se restringe a establecer si procede la acumulación de pretensiones correspondientes a dos actualizaciones monetarias —en este caso, indexación e intereses moratorios— y en consecuencia, determinar si procede o no, confirmar la decisión del a quo.

En primer lugar, dirá la Sala que ha sido jurisprudencia constante de esta corporación(2) establecer que el fundamento legal de la indexación reside en el inciso final del artículo 187 del CPACA, el cual dispone:

ART. 187.—Contenido de la sentencia. (…)

Las condenas al pago o devolución de una cantidad liquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.

Así las cosas, como lo ha reiterado esta corporación en varios de sus pronunciamientos, “el ajuste de las sentencias condenatorias obedece a la constante y permanente devaluación de la moneda que disminuye en forma continua el poder adquisitivo de los funcionarios públicos, por lo que la indexación es un acto de equidad, cuya aplicación se sustenta además en el artículo 230 de la Constitución Política”(3), el cual dispone:

“ART. 230.—Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

De tal manera que cuando se ordena el restablecimiento del derecho con la indexación, se busca que dicho restablecimiento “represente el valor real al momento de la condena que es el equivalente al perjuicio recibido”(4).

Se precisa además, que la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta corporación ha manifestado que “en razón a que tanto la indexación como el reconocimiento de intereses moratorios obedecen a la misma causa, cual es la devaluación del dinero, son incompatibles”(5); por lo tanto, si se ordena el reconocimiento de intereses por mora concomitantemente con la indexación, se estaría condenando a la entidad a un doble pago por la misma causa(6).

En tal medida, cuando en la condena al pago de una suma que como en el presente caso obedece a un seguro por muerte se ordena la actualización(7) de las sumas liquidadas a favor de las demandantes, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda, no puede condenarse simultáneamente al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA, pues resultan incompatibles en tanto uno y otro prevén lo mismo, circunstancia que se entraría a estudiar una vez se resuelva el fondo de la controversia planteada, sin que sea procedente declarar probada la excepción propuesta.

Hechas las anteriores precisiones, la Sala confirmará el auto apelado de 7 de octubre de 2013, proferido en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en el cual declaró no probada la excepción de previa de ineptitud de la demanda por indebida acumulación de pretensiones.

En mérito de lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

RESUELVE:

CONFIRMAR el auto de 7 de octubre de 2013, dictado en audiencia inicial por el Tribunal Administrativo de Boyacá que denegó la excepción de inepta demanda por acumulación indebida de pretensiones.

Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 13 de julio del 2006. Expediente: 5116-05.

3 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 1° de abril de 2004. Expediente. 1998-0159.

4 Ibídem.

5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre del 2009. Expediente 2001-03173.

6 6 Ver: Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 22 de octubre de 1999,.Radicado 949/99 y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección “B”. Sentencia del 1° de abril de 2004. Expediente. 1998-0159.

7 Entiéndase indexación.