Sentencia 2013-00151 de marzo 22 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-15-000-2013-00151-00(AC)

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actor: Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF

Bogotá, D.C., veintidós de marzo de dos mil trece.

Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la actora, contra la sentencia de 12 de diciembre de 2012, dentro del recurso de insistencia radicado bajo el número 2012-00604, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró mal negada la petición de información formulada por la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras que hizo ante la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.

I. Antecedentes.

I.1.- La Solicitud.

El señor Andrés Augusto Díaz Sáenz, actuando en calidad de jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF, promovió acción de tutela contra la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que fueron violados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la intimidad.

I.2.- Hechos.

Manifestó que la contralora delegada para la gestión pública e instituciones financieras, mediante oficio de 20 de febrero de 2012 solicitó a la UIAF un informe basado en la gestión de las vigencias 2010 y 2011, relativo a los resultados obtenidos de los reportes de operaciones sospechosas —ROS— en relación con los eventos que suscitaron el interés de las autoridades por su impacto negativo sobre el patrimonio público, relacionados con el “carrusel de la contratación”, casos de los contratistas Nule, Agro Ingreso Seguro, DIAN y minería ilegal entre otros.

Adujo que mediante Oficio de 13 de marzo de 2013, dio respuesta a la peticionaria y le manifestó que la información requerida estaba sometida a reserva legal por las leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y el Decreto 1497 de 2002, de manera que dicha información solo podía ser suministrada a las autoridades competentes. Así mismo expresó que para acceder a dicha información, debía acudir a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de los reportes de operaciones sospechosas —ROS—, por ser esta la entidad que conoce los procesos penales respectivos.

Anotó que mediante oficio de 9 de mayo de 2012, la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras, remitió a la UIAF copia del concepto emitido por la Contraloría General de República, en el que concluye que a pesar del carácter reservado de la información de la UIAF esta no es oponible a las solicitudes de la contraloría.

Agregó que mediante escrito de 30 de mayo de 2012, la, UIAF, dio respuesta al concepto remitido por la contraloría delegada e informó que se reiteraba el carácter de reserva de la información y que no precedía suministrar la información contenida en el, ROS, ni los informes de inteligencia que se desarrollan a partir de ellos.

Indicó que el 9 de octubre de 2012, la peticionaria solicitó a la UIAF que informara si había hecho repartos a la Fiscalía General de la Nación, a partir de la información remitida por esa delegada a la Unidad Administrativa Especial De Información Y Análisis Financiero, solicitud que fue respondida suministrando la información no sometida a reserva e invitando a la peticionaria a usar el sistema de reporte en línea, Sirel, para obtener información con un alto grado de confiabilidad y seguridad para apoyar los procesos de responsabilidad fiscal.

Señaló que la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, insistió con la petición al solicitar el 20 de noviembre de 2012, la relación de los reportes de operaciones sospechosas que a partir del proceso de intervención y liquidación adelantado en la sociedad Comisionista de Bolsa, Proyectar S.A., se generaron por el área de riesgos de la firma comisionista. Así mismo solicitó el resultado de las actuaciones derivadas de los mismos y el trámite surtido ante la Fiscalía General de la Nación.

Manifestó que pese a la insistencia de la peticionaria, el día 3 de diciembre de 2012, el jefe de la oficina jurídica de la UIAF acudió al recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este decidiera la procedencia en la entrega de la información.

Precisó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 12 de diciembre de 2012, resolvió, de manera incompleta, entregar parte de la información reservada solicitada a la Contraloría General de la República.

I.3.- Pretensiones.

La actora solicitó que se amparen los derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 12 de diciembre de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que, en su lugar, se declare bien denegada, por parte de la UIAF, la entrega de la información solicitada por la Contraloría General de la República.

I.4.- Defensa.

El doctor Felipe Alirio Solarte Maya, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando respuesta a la presente acción de tutela, en atención a que el magistrado sustanciador del proceso, doctor Luis Manuel Lasso Lozano se encuentra en comisión de servicios, sostuvo que en virtud de los artículos 268 de la Constitución Política de Colombia, 9º de la Ley 526 de 1999 y en 10º de la Ley 610 de 2000, la información que recauda la UIAF prima facie, está sujeta a reserva; sin embargo, podrá ser conocida por autoridades competentes y por las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, las cuales deberán mantener la reserva de la información.

Sostuvo que el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, describe los casos en los que se declara extinguido el dominio y prevé que las actividades ilícitas se pueden dar por las conductas cometidas en perjuicio del tesoro público, razón por la cual la Contraloría General de la República sí tiene competencia para conocer de la información recaudada por la UIAF, pues se trata de una autoridad pública de control, que puede conocer de la existencia de bienes adquiridos ilícitamente, que afecten el tesoro público.

I.5 Intervenciones.

La doctora Alba de la Cruz Berrio Baquero, como representante judicial de la Contraloría General de la República, manifestó que la Corte Constitucional en sentencias C-695 de 2003, con ponencia del magistrado doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-640 de 2010, con ponencia del magistrado doctor Mauricio González Cuervo, reitera la posibilidad de acceder a la información semiprivada por parte de las autoridades administrativas, siempre y cuando tengan relación con el ejercicio de sus funciones.

Agregó que la Contraloría General de la República, en virtud del artículo 10º de la Ley 610 de 2000, ejerce funciones de policía judicial, razón por la cual, tiene la competencia para conocer de la información reservada de la, UIAF, toda vez que con ella se puede salvaguardar el patrimonio público.

Señaló, frente a los argumentos de la actora, que no existió violación del precedente judicial, toda vez que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó los lineamientos sugeridos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Adujo que con la acción de tutela la actora pretende hacer una nueva valoración probatoria, lo que es improcedente, ya que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora del desempeño, en cuanto a la evaluación probatoria que realiza el juez que conoce ordinariamente de un asunto.

II. Consideraciones de la Sala:

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Exp. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la Jurisprudencia, luego de analizar la evolución jurisprudencial de la acción de tutela contra providencias judiciales tanto en la Corte Constitucional como en esta corporación, concluyó que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala había sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203) han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que a partir de tal pronunciamiento se modificó ese criterio radical y se declaró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que la misma Corporación elabore sobre el tema.

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

(...) Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución”.

En el caso presente, la providencia que se demanda vía acción de tutela, es la sentencia de 12 de diciembre de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se declaró mal negada la petición de información formulada por la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.

La parte actora sustenta la presente tutela básicamente afirmando que el despacho judicial que tramitó el recurso de insistencia, al proferir la sentencia objeto del presente estudio, incurrió en un defecto sustancial, por fundarse el fallo en una norma legal inaplicable al caso concreto y porque la interpretación se realizó sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables; desconoció el precedente judicial y violó la Constitución Política.

Habida cuenta de que en el presente caso se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, se cumple con el requisito de inmediatez, la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional y no se acciona contra una sentencia de tutela, se cumplen los presupuestos generales previstos en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, razón por la cual la Sala tiene en cuenta lo siguiente:

En cuanto a la existencia de los defectos invocados y la presunta conculcación de los derechos constitucionales fundamentales alegados por la actora, es menester consultar el contenido de la providencia objeto de la misma.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2012, al resolver el recurso de insistencia invocado por la UIAF concluyó que la Contraloría General de la República, al ser un organismo de control, está facultada para obtener información de actividades que puedan afectar el tesoro público, razón por la cual declaró mal negada la solicitud elevada ante la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF.

Ahora bien, revisadas las actuaciones desarrolladas, la Sala advierte que frente al defecto sustantivo, la Corte Constitucional(1) ha señalado lo siguiente:

“Tal como lo señala la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:

“(i) Cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador,

(ii) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y, finalmente,

(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”(2).

Frente a la configuración de este defecto puede concluirse que, si bien es cierto los jueces, dentro de la esfera de sus competencias, cuentan con autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar las normas jurídicas, dicha facultad no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado social de derecho.

Con fundamento en lo anterior, el defecto sustantivo también se presenta cuando se interpreta una norma en forma incompatible con las circunstancias fácticas, y por tanto, la exégesis dada por el juez resulta a todas luces improcedente.

De esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999 manifestó que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación «carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable.

Por su parte, la Sentencia T-567 de 1998 precisó que «cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, esta será improcedente”.

Esta posición fue reiterada por la Corte en la Sentencia T-295 de 2005 al señalar:

“La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la Sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”.

Respecto al defecto sustantivo que se presenta como consecuencia de una errada interpretación, la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en indicar que no cualquier interpretación tiene la virtualidad de constituir una vía de hecho, sino que aquella debe ser abiertamente arbitraria.

En consecuencia, ha dicho la Corte que el juez de tutela, en principio, no está llamado a definir la forma correcta de interpretación del derecho; sin embargo, en aquellos eventos en los que la interpretación dada por el juez ordinario carezca de razonabilidad y cuando se cumplen los requisitos anteriormente mencionados, se hace procedente la intervención del juez constitucional. En este sentido, en Sentencia T-1222 de 2005, la Corte consideró:

“Como lo ha señalado reiteradamente la Corte, no es el juez constitucional el funcionario encargado de definir la correcta interpretación del derecho legislado. En particular, la jurisprudencia ha reconocido que es la Corte Suprema de Justicia la intérprete autorizada del derecho civil y comercial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a estudiar si se produce alguna clase de defecto cuando en un proceso ejecutivo de ejecución de providencia judicial, el juez de apelación revoca el mandamiento de pago, al considerar que la entidad demandada en el proceso ordinario carecía de capacidad para ser parte en él.

En este sentido, no sobra indicar que, en todo caso, los jueces civiles son intérpretes autorizados de las normas que integran esta rama del derecho y el juez constitucional no puede oponerles su propia interpretación salvo que se trate de evitar una evidente arbitrariedad o una clara violación de los derechos fundamentales de las partes. En este caso el juez constitucional tiene la carga de demostrar fehacientemente la existencia de una vulneración del derecho constitucional de los derechos fundamentales como condición previa para poder ordenar la revocatoria de la decisión judicial impugnada.

En suma, ante una acción de tutela interpuesta contra una decisión judicial por presunta arbitrariedad en la interpretación del derecho legislado —vía de hecho sustancial por interpretación arbitraria— el juez constitucional debe limitarse exclusivamente a verificar que la interpretación y aplicación del derecho por parte del funcionario judicial no obedezca a su simple voluntad o capricho o que no viole los derechos fundamentales. En otras palabras, no puede el juez de tutela, en principio, definir cuál es la mejor interpretación, la más adecuada o razonable del derecho legislado, pues su función se limita simplemente a garantizar que no exista arbitrariedad y a proteger los derechos fundamentales y no a definir el sentido y alcance de las normas de rango legal”.

Se colige entonces, que pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada”.

En este orden de ideas, con base en la Jurisprudencia a que se ha hecho alusión, la Sala concluye que la interpretación desplegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 12 de diciembre de 2012, es razonable y no se fundamentó en el criterio arbitrario del juzgador, pues los instrumentos jurídicos que se invocaron en la providencia son los aplicables al caso en concreto.

En efecto se observa que el artículo 9º, inciso cuarto, de la Ley 526 de 1999, modificado por el artículo 8º de la Ley 1121 de 2006, ordena:

“La información que recaude la unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.

El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial”(3).

Y de otra parte el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, establece frente a las causales de extinción de dominio lo siguiente:

“Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:” Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el origen lícito del mismo.

2. Cuando el bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.

3. Cuando los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de actividades ilícitas, sean destinadas a estas o correspondan al objeto del delito.

4. Cuando los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permute de otros que tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.

5. Cuando los bienes de que se trate tengan origen licito, pero hayan sido mezclados, integrados o confundidos con recursos de origen ilícito. Se exceptúan los títulos depositados en los depósitos descentralizados de valores, siempre y cuando los tenedores de esos títulos cumplan satisfactoriamente las normas en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo que le sean exigibles.

PAR. 1º—El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición y el origen lícito de los bienes.

PAR. 2º—Las actividades ilícitas a las que se refiere el presente artículo son:

1. El delito de enriquecimiento ilícito.

2. Las conductas cometidas, en perjuicio del tesoro público y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, la seguridad pública, la administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, el secuestro extorsivo, la extorsión, el proxenetismo, la trata de personas y el tráfico de inmigrantes”.

De lo anterior se deduce, que la Contraloría General de la República al ejercer funciones de control fiscal y al velar por el respeto del patrimonio público, tiene la competencia para conocer la información reservada que recauda la UIAF, pues sus fines son para el cumplimiento de su deber constitucional.

Ahora bien, en relación con el precedente judicial, la Sala no advierte desconocimiento, dado que no hay jurisprudencia clara y precisa que sugiera la negativa de entrega de información de la UIAF a la Contraloría General de la República, toda vez que las sentencias citadas por la parte actora como precedente aplicable, no despejan la duda planteada, no son concisas y no se refieren especialmente al tema en estudio.

Así las cosas, vale la pena destacar que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, está facultada para consultar información financiera que afecte, de una u otra manera, el erario público y, en ese sentido, requería de la información solicitada a la UIAF, en relación con el reporte de operaciones sospechosos en los casos de “el carrusel de la contratación”, casos de los contratistas Nule, Proyectar, SaludCoop, AIS, DIAN, entre otros, para las vigencias 2010 y 2011.

No sobra resaltar el texto del artículo 27 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al efecto prevé:

“Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales ni a las administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo”.

Por las anteriores razones estima la Sala que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la demandante y, por el contrario, la providencia judicial censurada, se dictó conforme a derecho.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. DENIÉGASE la presente acción de tutela.

2. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto-Ley 2591 de 1991.

3. En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVUÉLVASE el expediente contentivo de las providencias objeto de la presente acción al juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 22 de marzo de 2013.

Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala

(1) Sentencia T-125 de 23 de febrero de 2012, acción de tutela instaurada por el señor Fernando Muñoz Sierra contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Banco de Bogotá y el Instituto del Seguro Social, Magistrado Ponente doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(2) Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(3) Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.