Sentencia 2013-0015401/2170-2015 de mayo 18 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Exp.: 63001233300020130015401(2170-2015)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Aura María Restrepo Mejía

Demandado: Corporación Autónoma Regional del Quindío.

Trámite: Ley 1437 de 2011.

Asunto: Contrato realidad – apoyo a la gestión que adelanta la entidad dentro del proyecto Cultura Ambiental y Ciudadana no implica subordinación.

Decisión: Se revoca sentencia apelada.

Segunda instancia – apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones de la Sala

Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:

Problema jurídico

En el presente asunto y partiendo de los motivos de inconformidad alegados por la parte demandada, corresponde a la Sala:

Determinar si la accionante desvirtuó la presunción legal contenida en el artículo 32, inciso 3º de la Ley 80 de 1993, es decir, si demostró que la ejecución de las labores contratadas para llevar a cabo actividades de apoyo logístico para la difusión y divulgación de la educación y promoción de las políticas ambientales dentro del proyecto “Cultura Ambiental y Difusión a la comunidad”, se hicieron bajo la subordinación de la contratante y de manera permanente o si por el contrario, lo que existió entre las partes contratantes fue una relación de coordinación en aras de cumplir con el cometido contractual.

De ser acreditada la subordinación como elemento configurativo de la relación laboral pretendida por la actora, deberá la Sala establecer si la misma se produjo sin solución de continuidad o si en su defecto, se produjeron interrupciones que hacen aplicable el medio extintivo de la prescripción trienal.

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala en primer lugar, analizará la presunción contenida en el inciso 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en materia del contrato de prestación de servicio. Agotado lo anterior, se estudiará la valoración de la declaración del testigo tachado. Seguidamente, se analizará la procedencia de aplicar la prescripción trienal de que tratan los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 en asunto donde se reclama bajo la existencia de una relación laboral. Por último, resolver el caso concreto.

Las fuentes que se tendrán en cuenta para la resolución del presente caso, son: artículo 32, inciso 3º de la Ley 80 de 1993(1), artículo 166 y 211 del Código General del Proceso, artículo 41 del Decreto 3135 de 1968(2), artículo 102 del Decreto 1848 de 1969

i) De la presunción contenida en el inciso 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

Dentro del listado de contratos tipificados por la Ley 80 de 1993, se encuentra el consagrado en el artículo 32 denominado de prestación de servicio, cuya norma reza de la siguiente manera:

3. Contrato de prestación de servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializado.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Dicha normatividad contempló una presunción iuris tantum, al establecer que en ningún caso estos contratos —entiéndase contratos de prestación de servicios— generan relación laboral ni reconocimiento de prestaciones sociales.

Las presunciones generan una de dos situaciones: quien alega la presunción para fundar su derecho desplaza la carga de la prueba en cabeza de su adversario o bien que quien alega la presunción le niegue a su adversario por entero la facultad de acudir a prueba alguna que demuestre la no existencia del hecho decisivo.

De esta suerte, las presunciones relevan de la carga probatoria a los sujetos a favor de quienes operan. Una vez demostrado aquello sobre lo cual se apoyan, ya no es preciso mostrar valiéndose de otros medios de prueba lo presumido por la ley. En ese orden, el artículo 166 del Código General del Proceso aplicable por remisión del artículo 211 de la Ley 1437 de 2011, regula las presunciones establecidas por ley señalando que “… el hecho legalmente presumido se tendrá por cierto, pero admitirá prueba en contrario cuando la ley lo autorice”.

Así las cosas, la presunción contenida en el artículo transcrito al no tener el carácter de ser iuris et de iure, es decir, de pleno derecho, puede ser controvertida y desvirtuada, de tal manera que, en asuntos como el presente, quien pretenda la declaratoria de existencia de una relación laboral que subyace de la ejecución de contratos de prestación de servicio, con base en el principio consagrado en el artículo 53 de la Carta Superior de la primacía de la realidad sobre las formas, tiene el deber de acreditar los elementos configurativos de la relación laboral en especial, la subordinación a fin de poder quebrantar la presunción que sobre esta modalidad de contrato estatal recae.

ii) De la valoración de la declaración del testigo tachado.

La Ley 1564 de 2012(3), regula la tacha de testigo en el artículo 211 al señalar lo siguiente:

“ART. 211.—Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.

La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso”.

El testimonio, como parte de los diversos medios de prueba previstos por el legislador, se orienta al convencimiento del juez, pues quien lo solicita, lo hace en su propio interés y asume las consecuencias tanto favorables como adversas de la declaración.

Antes de solicitar la prueba, la parte habrá tenido en su esfera individual la posibilidad de analizar el beneficio que le puede traer la declaración del tercero frente a sus intereses. Así mismo, habrá tenido oportunidad de verificar la capacidad del testigo, para evitar que la jurisdicción se desgaste con la citación y comparecencia de personas que de antemano se sabe que tienen una inhabilidad absoluta para declarar.

Respecto de los testigos sospechosos, quienes se encuentran en situaciones que afectan su credibilidad e imparcialidad y cuya declaración, si bien puede recibirse, ha de analizarse con severidad, es decir, la norma citada en precedencia no permite que de antemano y solo con la manifestación de tacha se descalifique el testigo y se impida la recepción de la declaración, sino todo lo contrario, una vez rendida la versión jurada deberá ser apreciada con mayor severidad de tal manera que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha, por lo que, la regulación contenida en la disposición prenotada es la manifestación de las reglas de la sana crítica aplicada al ordenamiento procesal(4).

iii) Del fenómeno jurídico de la prescripción.

El fenómeno de la prescripción extintiva en materia laboral se encuentra regulado en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 en los siguientes términos:

“Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”.

El aludido artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, fue examinado por la Corte Constitucional quien en Sentencia C-916 de 2010, declaró su exequibilidad.

Así mismo, el Decreto 1848 de 1969, reglamentario del anterior, en el artículo 102 preceptúa:

“Prescripción de acciones. 1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual”.

El contenido de las anteriores normas, establecen la oportunidad con la que cuenta el trabajador para reclamar el derecho pretendido, fijando para ello un límite temporal determinado por la inmediatez que emana de la relación laboral. Después de ese lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, puesto que no ha manifestado su pretensión dentro de un tiempo prudente para exteriorizar su razón jurídica.

Así las cosas, las normas que regulan el fenómeno prescriptivo en materia laboral redundan en beneficio del trabajador, en la medida que, pretende que las reclamaciones de índole laboral se ejerzan en el menor tiempo posible, a fin de obtener la definición de las misma con prontitud; además que, la fijación de un límite temporal busca generar seguridad en las relaciones jurídicas surgidas entre las partes.

Visto lo anterior, se tiene que el fenómeno jurídico de la prescripción tiene plena aplicabilidad en asuntos donde se debaten reclamaciones referentes a reconocimientos de índole laboral, como lo es, sin duda alguna, los eventos en que un contratista pretende se declare la existencia de la relación laboral y el consecuente reconocimiento y pago de las prestaciones sociales desconocidas por el contratante bajo el argumento de existir entre las partes una relación contractual estatal.

Conforme lo expuesto, es claro que en asuntos donde se reclama bajo el principio de la primacía de la realidad sobre las formas la declaratoria de una relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones sociales, el particular contratista tiene el deber de solicitar a la administración y comparecer ante el juez de competencia, dentro del término no mayor de 3 años, contados a partir de la finalización de la relación contractual estatal.

Del caso en concreto

La parte demandada en primer lugar, cuestiona la existencia de la subordinación como elemento configurativo de la relación laboral declarada por el a quo. En ese sentido, la Sala procede al estudio de la documental allegada al proceso entre las cuales, obra los estudios previos y los contratos de prestación de servicios suscritos entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la demandante, los cuales se relacionan a continuación:

Número de contratoFecha de inicioFecha finalizaciónPlazo del contrato Objeto del contratofolio
199 de 200815/04/200814/10/20086 mesesApoyar a la gestión que adelanta la entidad dentro del proyecto “Cultura ambiental y difusión a la comunidad”46-50
639 de 200814/10/200829/12/20082 meses 15 días.Ibídem242-246
079 de 200927/02/200926/08/20096 meses Ibídem172-177
541 de 20092/09/200901/01/20104 mesesApoyo el programa y proyectos como fortalecimiento del SINA para la gobernabilidad ambiental, cultura ambiental y difusión a la comunidad y plan de comunicación y educación informal formulado.108-115
309 de 201013/08/201028/11/2010135 díasApoyar a la gestión que adelanta la entidad dentro del proyecto “Cultura ambiental y difusión a la comunidad”490-496
003 de 20114/01/20113/04/20113 meses Ibídem422-427
231 de 20118/04/20117/06/20112 meses Ibídem300-303
Adicional 231 de 201130/09/2011Incompleto Incompleto Incompleto343-351
015 de 201202/02/201201/08/20126 meses Incompleto 567-570

De la relación de contratos antes descritos, se tiene que existió una vinculación contractual discontinua o interrumpida, como quiera que entre la finalización del contrato 639 de 2008 y la celebración del contrato 79 de 2009, se produjo una interrupción de casi 2 meses. Así mismo, entre la finalización del contrato 541 de 2009 y la suscripción del contrato 309 de 2010, se generó un lapso de más de 7 meses sin que las partes hayan celebrado contrato alguno, de tal suerte que, no se observa que la relación contractual sostenida entre la señora Aura María Restrepo Mejía y la Corporación Autónoma Regional del Quindío haya sido continua e ininterrumpida.

De igual manera, obra a folio 36 al 41 del expediente, el estudio previo realizado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el cual contiene la definición de la necesidad, la definición técnica de la forma como se puede satisfacer la necesidad y el objeto de la contratación en los siguientes términos:

“(…) 1. Definición de la necesidad que la entidad pretende satisfacer.

El plan de acción como instrumento de planificación del corto y mediano plazo, es formulado en concordancia con lineamientos de política ambiental definidos en el Plan de Gestión Ambiental regional (sic) – PGAR, departamento del Quindío 2003-2012 y teniendo como soporte la misión, visión, los objetivos y la síntesis ambiental regional…”

1.1. Definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad.

La oficina Asesora de Planeación y Direccionamiento Estratégico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, formuló el proyecto 21 “Cultura Ambiental Ciudadana”, Meta 1 Plan de Comunicaciones y educación informal formulado y ejecutado para dar cumplimiento con el objetico del proyecto siendo este el de direccional los procesos de educación ambiental y de comunicación a la comunidad en armonía con los programas, proyectos y metas del Plan de Acción Trienal, para la ejecución de este proyecto se requiere contratar personal de apoyo divulgación de pautas publicitarias de acuerdo a un calendario ambiental en el Diario La Crónica del Quindío.

2. Descripción del objeto a contratar, especificaciones esenciales y la identificación del contrato a celebrar.

(…).

Objeto de la contratación: Prestar servicios a la gestión que adelanta la entidad, realizando actividades de apoyo logístico para la difusión y divulgación de la educación y promoción de las políticas ambientales.

(…).

Actividades:

Apoyar todas las actividades internas y externas de la corporación en donde se necesite, informar a los funcionarios de la CRQ, sobre las noticias por realizar y realizadas; crear mensajes de motivación para generar sentido de pertenencia, enviar comunicados de prensa tanto escritos, leídos u de televisión, mantener informador a los funcionarios sobre reuniones dentro y fuera de las instalaciones por medio de comunicados internos, brindar toda la información necesaria que el personal de cada dependencia necesite en la oficina de comunicaciones…”.

De conformidad con los estudios previos trascritos en precedencia, observa la Sala que los contratos de prestación de servicios que fueron suscritos entre la Corporación Autónoma Regional del Quindío y la demandante, se produjeron en el marco del Plan de Gestión Ambiental Regional del departamento del Quindío 2003-2012.

Que en efecto, la oficina de Planeación y Direccionamiento Estratégico de la entidad accionada, formuló el proyecto 21 denominado “Cultura Ambiental Ciudadana” dentro del cual, se fijó como meta 1, el plan de comunicaciones y educación informal para dar cumplimiento con el objetivo del proyecto direccionando los procesos de educación ambiental y de comunicación a la comunidad en armonía con los proyectos y metas del plan de acción trienal.

De acuerdo con lo anterior, aprecia la Sala que el objeto contractual pactado entre la demandante y la Corporación Autónoma Regional del Quindío en cada uno de los contratos suscritos fue básicamente el de apoyar a la gestión que adelanta la entidad dentro del proyecto “Cultura ambiental y difusión a la comunidad”, es decir, que el alcance del objeto pactado se encuadra dentro de la deontología de los contratos de prestación de servicios, en la medida que a través de la utilización de dicha modalidad contractual la entidad contratante buscó obtener apoyo en un tercero ajeno a la planta de personal para ejecutar de manera específica y concreta el proyecto ya referenciado, el cual, no tiene el carácter de permanente.

Al respecto, es pertinente traer a colación lo sostenido por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto rendido dentro del radicado número: 11001-03-06-000-2005-01693-00(1693), de fecha 23 de noviembre de 2005, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, que sobre el particular señaló lo siguiente:

“(…) “La finalidad de este contrato no es el cumplimiento propiamente dicho de las funciones administrativas o públicas a cargo de la entidad contratante, sino valerse de un apoyo o colaboración en su cumplimiento (…) (consultas 921 y 951)”.

Ahora bien, desde esta perspectiva las tareas de apoyo a la gestión de la entidad, en la medida en que comprendan actividades relacionadas con el funcionamiento de la entidad, el cumplimiento de sus funciones y el logro de sus fines, bien pueden ser el objeto de un contrato de prestación de servicios, pues de sus elementos definitorios se desprende tal función del contrato. En otros términos, es de la esencia de este contrato servir de instrumento de apoyo o colaboración para que la entidad cumpla sus funciones, obteniendo en su beneficio el desarrollo de actividades que tengan un nexo causal claro o correlación con las tareas que tiene asignadas la entidad.

Así, en el evento consultado de la celebración de un contrato con el fin de atender los requerimientos administrativos y logísticos propios de la organización de seminarios, la prestación de hacer del contrato debe corresponder con las funciones que tenga asignadas la entidad, esto es, de capacitación y divulgación, para que pueda acudirse a esta modalidad contractual, de manera que su ejecución represente un apoyo para su cumplimiento. Debe entonces, existir correlación entre el contenido obligacional del contrato —lo que se compromete a realizar el contratista— y la función de capacitación, la cual cuando se cumple a través de seminarios, requiere de la atención de los aspectos logísticos”. (Negrillas original de texto).

Conforme lo anterior, es claro que el contenido normativo consagrado en el artículo 32 inciso 3º de la Ley 80 de 1993, habilitó a la demandada para celebrar contratos de prestación de servicios tendiente a desarrollar, para el caso bajo estudio, el programa de Cultura Ambiental Ciudadana, puesto que, a través de ella, la administración contó con el concurso de la contratista para obtener su apoyo en los conocimientos periodísticos o de comunicadora, que dicho sea de paso, no son propio del resorte misional de la entidad contratante, y de esa manera, alcanzar la meta trazada en dicho programa consistente en el plan de comunicaciones y educación informal en los procesos de educación ambiental.

Aunado a lo anterior, observa la Sala que como actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual pactado se establecieron las siguientes: Apoyo logístico a eventos internos y externos de la Corporación Autónoma Regional del Quindío; informar a los funcionarios de la C.R.Q. sobre las noticias por realizar y realizadas; elaboración y diagramación del boletín de prensa, administración y publicación de la información en la página web; diagramación y diseño de pautas publicitarias; crear mensajes de motivación para generar sentido de pertenencia; enviar comunicados de prensa de todo lo acontecido en la entidad a los medios de comunicación, tanto escritos, leídos y televisivos; mantener informado a los funcionarios sobre reuniones dentro y fuera de las instalaciones por medio de comunicados internos; coordinar la prestación de lugares disponibles para eventos con funcionarios y visitantes y elaboración de cartas protocolarias.

De acuerdo a las actividades encaminadas al cumplimiento del objeto contractual acordado, no se deriva una situación que acredite subordinación sino más bien, lo que se observa es que las mismas podían llevarse a cabo de manera autónoma e independiente del ente contratante, es decir, lo pactado por las partes no desconoce la autonomía de la contratista. En ese sentido, considera la Sala que dichas actividades no se enmarcan en labores que implicaran el ejercicio subordinado del mismo, toda vez que, la elaboración y diagramación de boletines de prensa y pautas publicitarias, elaboración de mensajes de motivación para publicitarlos en la entidad, coordinar la prestación de lugares disponibles para eventos y la preparación de cartas protocolarias entre otras labores antes citadas, no desconocen la autonomía e independencia del contratista en la realización de tales cometidos, puesto que no era indispensable ni necesario que la contratista permaneciera en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío para ejercer las acciones ya descritas, como quiera que las mismas podían llevarse a cabo con sus propios medios tecnológicos y físicos.

Ahora bien, en el proceso reposan la declaración de la señora Marisela Arbeláez López(5), para lo cual, se sintetiza de la siguiente manera lo manifestado por la declarante: Sostuvo ser amiga de la demandante, haber laborado por medio de contratos de prestación de servicios en la Corporación Autónoma de Regional del Quindío haciendo las veces de coordinadora de comunicaciones; que la actora contaba con un puesto de trabajo pero no tenía inventario de bienes a su cargo, cumplía un horario, se encontraba bajo el mando de la declarante y hacia las actividades que ella le encomendaba, debía solicitar permiso para poder ausentarse. Y en cuanto a las funciones, expuso que la demandante tenía a su cargo la página web, elaboración de los boletines de prensa cuya información era suministrada por los subdirectores e hizo parte del comité de gobierno en línea para mantener toda la información institucional en la página web y brindaba apoyo logístico a las dirección general, hacia las presentaciones para los consejos directivos, manejaba todo el protocolo y cartas de invitación. Así mismo, señaló que el objeto contractual(6) podría haberse hecho en horario definido por la contratista, es decir, sin cumplir horarios, aunque si le tocare ir a la corporación a las actividades que se realizaran y hacer los boletines vía internet.

Así mismo, fue recepcionada la declaración jurada del señor Mauricio Fernando Ocampo Quintero(7), la cual se extracta en los siguientes términos: Manifestó ser amigo de la actora y compañero en la Corporación Autónoma Regional del Quindío desde mitad del año 2010. Sostuvo que la demandante desarrollaba labores en el área de comunicaciones de la CRQ y era la persona a la que se le remitía toda la información noticiosa de la corporación, manejaba la plataforma de gobierno en línea de la cual, se puede tener acceso desde la red, actualizaba la página web, brindaba acompañamiento en los eventos de protocolo y presentación de eventos. Señaló que la accionante tenía un módulo en la oficina de comunicaciones donde desarrollaba sus trabajos, cumplía horarios de trabajo aunque no le consta que fuera exigido el mismo por parte de la CRQ, respecto de los permisos indicó que eran conversados con la persona encargada del área de comunicaciones y que su jefe inmediato era Marisela Arbeláez López de quien recibía las órdenes y el interventor era el jefe de planeación y direccionamiento estratégico.

Escuchadas las declaraciones rendidas en el proceso, no puede pasar por alto la Sala el hecho que ambos testigos se encuentran en la misma situación de la aquí accionante, en tanto afirmaron haber tenido vínculo contractual con la Corporación Autónoma Regional del Quindío, circunstancia ésta que sin duda, puede afectar la imparcialidad y credibilidad en su decir, en la medida que los declarantes tienen un interés indirecto en las resultas del proceso.

De acuerdo con la regulación procesal en materia de testimonios consagrada en el artículo 211 de la Ley 1654 de 2012(8), cuando exista imparcialidad en la declaración testimonial, el juez analizará el mismo con los demás elementos probatorios arrimados al proceso y de esa manera confrontar la versión rendida por los testigos con otras pruebas de orden documental que permitan generar convicción de lo aseverado por los deponentes.

Pues bien, de las versiones juradas rendidas por los prenotados testigos, se tiene que las mismas son coincidentes en señalar que la jefa inmediata de la demandante era la señora Marisela Arbeláez López, en la medida que hacía las veces de coordinadora de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y de quien recibía las órdenes la actora.

Sin embargo, la referida señora Marisela Arbeláez fue diáfana en indicar en su declaración que su vinculación con la Corporación Autónoma Regional del Quindío se dio bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, es decir, que estricto sentido, a la misma no le había sido conferido por parte de la entidad competencia legal o estatutaria para realizar actos de mando en la oficina de comunicaciones de la CRQ, ni tampoco se acreditó que el objeto contractual para el cual fue vinculada a la entidad haya tenido ese componente obligacional, que por su naturaleza es del resorte de un empleado público.

Así las cosas, se tiene que si bien se manifestó por los testigos que la demandante recibía órdenes, lo cierto es que las mismas no provenían de parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío sino de la señora Marisela Arbeláez López, quien al igual que la accionante era contratista de la entidad demandada y por lo tanto, carecía de autorización legal, estatutaria o contractual para ejercer actos de autoridad sobre la actora.

De igual forma, sostuvieron los declarantes que la actora cumplía horarios. No obstante ello, el señor Mauricio Fernando Ocampo Quintero aseveró no constarle que tal cumplimiento fuera exigido por parte de la CRQ. Así mismo, afirmó la señora Marisela Arbeláez que el objeto contractual pactado por la demandante podría haberse hecho en horario definido por la contratista, es decir, sin cumplir horarios, aunque le tocare ir a la corporación a las actividades que se realizaran y hacer los boletines vía internet, enunciación ésta que sin duda reafirma lo que la Sala ha venido considerando respecto de la carencia de subordinación en las actividades pactadas y desarrolladas por la demandante.

De conformidad con las obligaciones contractuales pactadas por las partes, no se desprende de manera directa que la labor desarrollada por el demandante debía ser ejecutada de manera subordinada, máxime, si para el cumplimiento de la misma no se requería el acatamiento de horario, ni que la contratista necesariamente tuviese que hacer uso de los bienes de la entidad, mucho menos que el trabajo o actividad estuviere precedida de órdenes permanentes o continuas por parte del contratante.

En ese orden, considera la Sala que en el presente asunto no se desvirtuó la presunción contenida en el inciso 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en la medida que no se acreditó el elemento subordinación como presupuesto necesario para que se configure una relación laboral, razón por la cual, habrá de revocarse la sentencia apelada y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia de fecha 13 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío por medio de la cual, declaró la nulidad de las Resoluciones 1733 del 4 de abril de 2013 y 207 del 2 de mayo de esa misma anualidad, expedidas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío y en consecuencia, declaró la existencia de una relación laboral entre la actora y la accionada, durante el tiempo que prestó los servicios a través de los contratos suscritos entre las partes.

2. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. Por secretaría devuélvase el proceso al Tribunal de origen y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

2 Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.

3 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.

4 En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencias C-790 de 2006 al referirse sobre los testigos sospechosos que eran regulados por los artículos 217 y 218 del derogado Código de Procedimiento Civil, señaló:
“(…). En cuanto al artículo 217 del CPC, éste lo que hace es definir como sospechosos a aquellos testigos que se encuentren en circunstancias que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencia, sentimientos o intereses que tengan con las partes o sus apoderados, de sus antecedentes personales u otras causas que determine el juzgador ; ello por cuanto si bien la sola circunstancia de que los testigos sean parientes de una de las partes, no conduce necesariamente a deducir que ellos inmediatamente falten a la verdad, “...la razón y la crítica del testimonio aconsejan que se le aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un tamiz más denso de aquel por el que deben pasar las declaraciones libres de sospecha.”[16], lo que permite concluir que dicha norma no es más que una especificación de las reglas de la sana crítica aplicadas al proceso civil.
No obstante lo anotado, cuando una controversia entre particulares debe ser dirimida por el juez competente, éste deberá definirla, como antes se dijo, a partir del análisis que realice del acervo probatorio, el cual está en la obligación de estudiar de acuerdo con las reglas que le impone el sistema de la sana crítica, lo que implica confrontarlas, permitir que las partes las contradigan y si es del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico específico y su experiencia.
En consecuencia, la ponderación de una prueba como el testimonio, obliga al juez a desplegar su actividad con miras a determinar la fuerza de convicción del mismo, para lo cual deberá remitirse a criterios de lógica y experiencia que le permitan valorarla en su real dimensión, sin que ello implique, como lo afirma el actor, que se quebrante la presunción de buena fe que se atribuye a todas las actuaciones de los particulares. Si ello fuere así, la labor del juzgador se limitaría al registro de la versión, de la cual no podría dudar, lo que dejaría sin sentido su actuación e impediría el objetivo último del proceso, que no es otro que el arribo a la verdad material”.

5 Manifestación que reposan en el CD del minuto 9:08 hasta 39:16.

6 Grabación audio a minuto 27:12 en adelante.

7 Reposa en grabación a minuto 42:16 del audio.

8 ART 211.—Imparcialidad del testigo. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.