Sentencia 2013-00169 de enero 25 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 130011102000201300169 01

Magistrado Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado Según Acta Nº 06 de la misma fecha

Bogotá D.C., veinticinco de enero de dos mil diecisiete

Asunto a tratar

Procede la Sala el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 28 de febrero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar(1), mediante la cual sancionó al abogado Oswaldo Burgos Valets con suspensión por el término de ocho (8) meses, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria de atentar contra la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, establecida en los numerales 9º y 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Extractos «Consideraciones

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión proferida el 28 de febrero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante la cual sancionó al abogado Oswaldo Burgos Valets con suspensión por el término de ocho (8) meses, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria de atentar contra la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, establecida en los numerales 9º y 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007; advirtiendo que la anterior competencia deviene de lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

De la apelación

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; a su vez al tenor del parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único, cuyo texto legal es el siguiente: “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (Subrayado y negrillas fuera de texto), lo cual es aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, por lo tanto, se conocerá de los motivos de inconformidad del hoy apelante que resultó sancionado por la Sala A quo.

Caso concreto

En el presente caso se trata relató el abogado disciplinado haber sido buscado supuestamente por una señora, compañera del demandante Oswaldo Padrón, dentro del referido proceso ejecutivo singular 28178, en su oficina, para preguntarle como hacía para cobrar los títulos judiciales que correspondían al mencionado señor, explicándole que requería una autorización de él, procediendo a realizar un poder en su papelería para que lo otorgara el señor Padrón, poder que le fue entregado posteriormente con el que realizó el proceso de retiro y cobro de los títulos, cuyo valor era de $ 7.700.000. Una vez cobrado el dinero, refirió se lo entregó a la señora “Arelis Castillo”, descontando sus honorarios correspondientes al 30% y a cambió habiéndole firmado un recibo, que sea dicho no fue aportado al presente disciplinario, señalando en la apelación que fue reciclado el recibo de la entrega del dinero, por error, junto a otros documentos al haber transcurrido dos años de haber finalizado la actuación procesal.

Posteriormente tal como se da a conocer aparece la señora Aracelley Castillo de Padrón, esposa del mencionado señor Padrón, en compañía de su apoderado, para reclamarle los títulos judiciales que había retirado del Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena, pues era ella a quien le correspondían, manifestando el togado ser el primer sorprendido, pues le dieron la noticia que el poder era falso al haber sido otorgado el 26 de enero de 2012, cuando ya había fallecido dicho señor desde el año 2009.

En cuanto al recurso de apelación se estudiaran únicamente los puntos de disenso del mismo, conforme lo dispuesto en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, aplicable en este caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, tal como se dejó claro pues la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe en relación con los aspectos impugnados, por cuanto se presume que aquellos tópicos que no son objeto de la apelación no suscitan inconformidad por el sujeto que hace uso de este instrumento, es decir, no puede el Juzgador de Segunda Instancia decidir sobre el asunto, pues su labor se limita a realizar un control de legalidad.

Las argumentaciones del recurso de alzada se refieren principalmente a que la Sala de Primera Instancia no valoró las pruebas que le favorecían a él como implicado, por lo cual refirió no haberse tenido en cuenta los testimonios presentados en su defensa por parte de la Secretaria Yina Ruíz que fue su dependiente por 5 años, un familiar suyo Jaime Olivares García, un amigo que frecuentaba su oficina Jorge Eliecer Campo, los cuales se encontraban presentes cuando “Arelis” acudió a la oficina a solicitar asesoría para el cobro de los títulos judiciales y fue cuando le indicó que debía llevar el poder otorgado por el señor Padrón, de quien manifestó, la dama le dijo encontrarse enfermo, cuando la realidad no era ni la esposa del mencionado, además que había fallecido varios años atrás y que según el dicho del togado fue el primer sorprendido, pues es cierto que nunca negó su actuar en el retiro y cobro de dichos valores, pero si argumentó que fue engañado y asaltado en su buena fe.

Al respecto de la no valoración de la prueba disiente esta Corporación de forma definitiva, en tanto que una vez escuchadas las audiencias, se evidencia que al disciplinado el Magistrado Instructor le dio la posibilidad legal de contrainterrogar a sus propios testigos y solamente lo hizo en la segunda ocasión en los alegatos de conclusión con uno de ellos, su amigo el señor Jorge Eliecer Campo, como quiera que no mencionó el mismo relató que en el primer testimonio rindió, así como los otros dos que coincidieron exactamente la primera y segunda vez.

No está de acuerdo esta Superioridad con que no se haya valorado la prueba en su conjunto pues el Magistrado instructor se refirió a todas y cada una de las pruebas documentales allegadas en el proceso, así como las testimoniales, que no tuvieron la suficiente fuerza para brindarle seguridad de credibilidad al fallador, de hecho en gracia de discusión, las faltas endilgadas al togado tal como consta en el pliego de cargos, fueron por cuanto militaron indicios graves, apreciado lo escrito en el poder “y en especial retire y cobre los títulos judiciales consignados por la empresa Su Oportuno Servicio”, la no correspondencia de los sellos de la Notaría que fue notificada para esta prueba, el indicio del móvil, al haberse quedado con una plata perteneciente a la señora de Padrón, de la cual no se probó su destino; y la mala justificación, pues acorde con la primera instancia, un abogado con todos los poderes que refirió tenía a su cargo, es decir, de larga trayectoria y experiencia, no fuera a pedir siquiera la identificación de la señora quien reclamaba un título judicial, además por un alto monto, aunado a que no se evidenció tener una autorización posterior para recibir el dinero, pues es claro que el disciplinado jamás tuvo contacto con el dueño de los títulos, ya fallecido, y que en sucesión le correspondieron a la quejosa, pues la supuesta señora “Arelis” no era la poderdante.

Los testimonios que tanto reclama en el escrito de apelación son débiles y tampoco ayudan a desvirtuar la ocurrencia de los hechos en los cuales resultó implicado el abogado, pues una cosa es que los tres testigos coincidan en que fue una señora a pedir asesoría para el cobro de los multicitados títulos y otra es que además uno de ellos haya estado presente en la entrega del dinero, a quien ni siquiera era su cliente directo y sin mediar recibo alguno, pues podrá apreciarse en la prueba testimonial el dicho de que lo hubo, pero este únicamente se podría probar con la existencia física del mismo.

Ahora bien, refirió que su falta de previsión pudo ser por agotamiento físico que mermó sus alertas, pero en el transcurso del proceso, jamás mencionó este argumento, ni lo presentó como justificativo de su actuar.

Así las cosas, desde ya la Corporación refiere que confirmará la sanción impuesta al togado, pues la fuerza del acervo probatorio denota que luego de la formulación de cargos no se presentó argumentación diferente, que permitiera desvirtuarlos y cambiar el rumbo de la investigación con una prueba fehaciente de que no fue consciente de su actuar, pues como se dijo él jamás negó las actuaciones por las cuales se le acusa, los testimonios solo pudieron dar fe de lo ocurrido en la oficina, mas no desvirtuar si el poder era falso o no y si el actuar del togado era doloso o no.

En razón a tal comportamiento el abogado Oswaldo Burgos Valets, según los hechos materia de investigación incurrió en las faltas establecidas en el artículo 33 numerales 9º y 11 establecidas en la Ley 1123 de 2007, la primera de ellas por cuanto defraudó al Juzgado con la presentación de un poder falso, el cual en el caso sub examine, no requirió de tacha de falsedad, pues el poderdante que supuestamente lo otorgó el 26 de enero de 2012, había fallecido en el año 2009, y la segunda falta pues al usar dicho poder obviamente lo hizo valer ante el Juzgado Noveno Civil Municipal de Cartagena y pudo realizar los trámites judiciales, tal como él mismo disciplinado lo señaló tanto dentro del proceso como en el escrito de apelación.

Al respecto de la falta prevista en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, anteriormente consignada en el artículo 52 numeral 2º del Decreto 196 de 1971, la Honorable Corte Constitucional señaló(21), como fraude la conducta engañosa o contraria a la verdad, persiguiendo un beneficio o evadir una disposición legal y afecta los intereses de otro, lo cual, en caso de autos, se ajusta a la realidad procesal, donde se infiere razonadamente al presentar un poder falso al Operador Judicial, intervino en acto fraudulento, con el cual realizó los trámites judiciales y se defraudó un tercero que tenía interés legítimo para reclamar unos títulos valores.

Al respecto la Honorable Corte señaló:

“Conforme a la regla general del derecho disciplinario la falta establecida en el 52-2 del Decreto 196 de 1971, es de mera conducta, y no de resultado, en la medida que no requiere para su perfeccionamiento que los actos fraudulentos causen daños a los intereses de terceros. Por el contrario, lo que sí exige la norma es que los actos busquen causar el detrimento mencionado, esto es que sean idóneos para producir el perjuicio, pero no que generen efectivamente el resultado en el mundo material.

Ahora bien, el complemento descriptivo del tipo que se refiere a la calificación de los actos como fraudulentos, fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-393 de 2006, que reconoció a este como un concepto indeterminado que debe ser concretado por los jueces disciplinarios. Así, señaló que alcance de la expresión actos fraudulentos “está inscrito en el concepto de fraude, palabra cuya acepción semántica y de uso común y obvio, hace referencia a la conducta engañosa, contraria a la verdad y a la rectitud, o que también busca evitar la observancia de la ley, y que afecta o perjudica los intereses de otro, entendiendo como tal no solo a los particulares sino también a las propias autoridades. [Por tanto], al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquél tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero”.

Respecto de la conducta atribuida al profesional del derecho, contemplada en el artículo 33 numerales 9º y 11 de la Ley 1123 de 2007, referente a la infracción contra la lealtad para con la administración de justicia, se incurre en esta falta cuando se aconseja, patrocina o interviene en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos a los del Estado o de la comunidad. Además, cuando se hace uso de pruebas o poderes falsos, se desfigura, amaña o tergiversa los medios de convicción con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas, y que el resultado de estas no sea la verdad, sino la salvaguarda del interés que motivó la prueba ilegal.

La participación directa del abogado disciplinado, en la elaboración del poder, presentación, retiro y cobro de los títulos, además de la entrega del dinero que no pudo probar su suerte, ni en qué persona fue depositada, pues según su dicho fue estafado, no son prueba ni justificación de su actuar, y que se reitera en gracia de discusión, era su responsabilidad velar por el bienestar del asunto encomendado del cliente y no dejarlo al azar con lo que perjudico a la verdadera dueña, hoy de los títulos judiciales como heredera del causante.

Culpabilidad.

Se entiende por culpabilidad, la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona responsable jurídicamente quien decide actuar contra derecho teniendo consciencia de la antijuridicidad y con la capacidad para adecuar su conducta al mandato normativo.

La falta correspondiente a la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado, rotulada en el artículo 33 numerales 9º y 11 de la Ley 1123 de 2007, se atribuyó en la modalidad de dolo, pues dicha conducta se encuentra revestida de una actitud en la cual el abogado Oswaldo Burgos Valets siendo experimentado y con más de 70 poderes a su cargo de similares casos de pensionados, conocía la participación en el celoso cuidado, entratandose de la calidad de sus clientes y que existían dineros de por medio, llegando a defraudar al despacho judicial de conocimiento en el presente caso al haberse valido de un poder falso, otorgado por una persona fallecida.

Se desprende de esta afirmación apoyada en el acervo probatorio, la postulación del dolo como forma de comisión de la conducta sancionada.

Dosimetría por parte del A quo

La Sala mantendrá la sanción impuesta por encontrarla acorde con los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007. Su imposición en virtud de la trascendencia social de la conducta en el presente caso, se hace necesaria, toda vez que el togado desprestigió y dejó en entredicho la profesión de la abogacía; la modalidad de la falta, es decir dolosa, debido a la gravedad del hecho cometido cuando participó y ejecutó actos propios de alteración de la escena del crimen, consejo, patrocinio e intervención en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.(22)

Así mismo, por el perjuicio causado es de la mayor gravedad al verificarse el uso y alteración de elementos materiales probatorios no correspondientes a la realidad dentro del proceso penal, esto es la acción de “desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas”, hechos demostrados dentro de todo el acumulado verificador trasladado del proceso penal, donde se encuentra vinculado el abogado.

Respecto a los principios consagrados en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a la necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda lo imperativo para el operador disciplinario de sancionar con suspensión por el término de ocho (8) meses en el ejercicio de la profesión, pues su imposición cumple con la imposición de una sanción ejemplar con el fin de prevenir de forma general que no vuelva a incurrir en falta alguna, con la recomendación reflexiva para los profesionales del derecho que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

La sanción antes referida, cumple con el principio de proporcionalidad como respuesta disciplinaria por la gravedad de la falta, toda vez que sin justificación alguna el letrado conculcó el Estatuto Deontológico, al haber trasgredido el deber contra la recta y leal administración de la justicia y los fines del Estado, obediencia que debe todo abogado en el ejercicio de su profesión.

Por los argumentos expuestos, esta Corporación encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada, así como la responsabilidad del inculpado. En consecuencia, se confirmará en su integridad la providencia objeto de apelación, al igual que la sanción impuesta por el a quo en torno al asunto bajo examen.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Constitución y de la Ley,

RESUELVE

1. Confirmar la sentencia objeto de apelación proferida el 28 de febrero de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante la cual sancionó al abogado Oswaldo Burgos Valets con suspensión por el término de ocho (8) meses, tras hallarlo responsable de la falta disciplinaria de atentar contra la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, establecida en los numerales 9º y 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de abogados, enviándole copia de esta Sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de esta Corporación, líbrense las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al Seccional para que notifique a las partes y cumpla lo ordenado en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase»

(1) M.P. Orlando Díaz Atehotúa - en Sala Dual con la magistrada Gladys Zuluaga Giraldo

(21) Corte Constitucional, Sentencia T-282 A de 2012.

(22) Artículo 33 de la Ley 1123 de 2007