Sentencia 2013-00187/438-2013 de noviembre 16 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 11001-03-25-000-2013-00187 (0438-2013)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Demandante: Rody Ordoñez Chauza

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Bogotá, D.C., dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Asuntos preliminares

— Análisis integral de la sanción disciplinaria.

La Sala Plena(1) de esta corporación definió que el control que ejerce el juez de lo contencioso administrativo es integral, lo cual debe entenderse bajo los siguientes parámetros:

“[...] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […]”.

El control de legalidad integral de los actos disciplinarios, así propuesto, conlleva implicaciones para el juez de lo contencioso administrativo, que lo habilitan para lo siguiente:

• Aunque en principio el análisis de la legalidad del acto demandado está enmarcado en las causales de nulidad invocadas en la demanda, también es cierto que el juez puede y debe examinar otras conexas con derechos fundamentales, con el fin de garantizar la primacía del derecho sustancial y optimizar la tutela judicial efectiva.

• Estudiar la legalidad, pertinencia y conducencia de las pruebas que sustentan la sanción. Así como verificar la valoración de la prueba, lo cual comprende: (i) el análisis acerca del acatamiento al derecho de audiencia y defensa; (ii) el respeto de los principios y reglas fijadas por la Constitución y la ley disciplinaria para el recaudo del material probatorio y; (iii) se debe comprobar si el acto fue debidamente motivado.

• Examinar que en la actuación disciplinaria se haya dado estricto cumplimiento a todos los principios rectores de la ley que rige la materia.

• Que la sanción disciplinaria corresponda a la gravedad de la falta y a la graduación que prevé la ley.

• Realizar el análisis de racionalidad, razonabilidad y/o proporcionalidad de la ilicitud sustancial y de ser necesario, valorar los argumentos que sustentan la afectación sustancial del deber funcional así como las justificaciones expuestas por el disciplinado.

— Solo las irregularidades sustanciales implican la nulidad del proceso disciplinario.

El derecho de defensa, el debido proceso y la presunción de inocencia son garantías constitucionales establecidas en favor de todas las partes de un proceso judicial o de una actuación administrativa.

El artículo 29 de la Constitución Política materializa esta protección al establecer que toda persona debe ser juzgada conforme a leyes preexistentes al caso que se examina, garantizándosele principios como los de publicidad y contradicción y el derecho de defensa.

Igualmente, establece la citada norma superior que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable.

Sin embargo, esta corporación quiere reiterar lo que ha sido una posición consolidada desde hace un importante tiempo, en el sentido de que no toda irregularidad dentro del proceso disciplinario genera de por sí la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, toda vez que lo que interesa en el fondo es que no se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, o de la presunción de inocencia, es decir, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.

— Las pruebas y su valoración en el derecho disciplinario

El artículo 20 de la Ley 1015 de 2006 “por medio de la cual se expide el régimen disciplinario para la Policía Nacional” señaló que “En lo no previsto en esta ley, se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Contencioso Administrativo, Penal, Penal Militar, Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que sea compatible con la naturaleza del derecho disciplinario”.

De otra parte, el artículo 58 ibídem estableció, en desarrollo de la integración normativa citada, que el procedimiento aplicable a los servidores públicos regidos por la ley a la que se hizo alusión, es el contemplado en el Código Disciplinario Único, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

En este orden, el régimen probatorio que gobierna los procesos disciplinarios que se adelantan contra el personal uniformado escalafonado y los auxiliares de policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional(2) es el fijado en el título VI de la Ley 734 de 2002, habida cuenta que la Ley 1015 de 2006 no establece uno propio.

Así pues, el artículo 128 de la Ley 734 de 2002 contempla que tanto el fallo disciplinario como toda decisión interlocutoria deben fundarse en las pruebas legalmente producidas y aportadas por petición de cualquier sujeto procesal o de manera oficiosa. La citada norma consagra que la carga de la prueba en estos procesos le corresponde al Estado.

Así mismo, es deber de la autoridad disciplinaria encontrar la verdad real de lo sucedido, para lo cual es su obligación efectuar una valoración ponderada y razonada de las pruebas recaudadas durante el trámite administrativo. El artículo 129 de la Ley 734 de 2002 fija esta postura en los siguientes términos:

“[...] ART. 129.—Imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar pruebas de oficio [...]”.

La norma desarrolla el principio de investigación integral, según el cual, la pesquisa que se efectúe dentro del proceso disciplinario, no solo debe apuntar a probar la falta del servidor público, sino además, a encontrar las pruebas que desvirtúen o eximan de responsabilidad al mismo. Lo anterior en todo caso, no exonera a la parte investigada de presentar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer en su favor(3).

En lo que concierne al análisis y valoración de las pruebas, la Ley 734 de 2002 en el artículo 141 señaló también, que esta debe hacerse según las reglas de la sana crítica(4), de manera conjunta y explicando en la respectiva decisión el mérito de las pruebas en que esta se fundamenta.

El derecho disciplinario por contar con una dogmática propia que se ha venido consolidando para diferenciarlo en varios aspectos del derecho penal, y teniendo en cuenta que los bienes jurídicos que protege, son también diferentes, como son el buen funcionamiento de la administración pública con el fin de salvaguardar la moralidad pública, la transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de los empleos públicos, ha venido estableciendo un margen de apreciación y de valoración probatoria más amplio y flexible que el de otras ramas del derecho sancionatorio.

En efecto, tanto la Corte Constitucional como esta corporación han reconocido el amplio margen de que dispone el operador disciplinario para valorar las pruebas. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A advirtió(5):

“[…] No puede perderse de vista que en los procesos disciplinarios, como lo ha precisado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el operadordisciplinariocuentaconunapotestaddevaloraciónprobatoriamásampliaque la del mismo operador judicial penal(6), que le autoriza para determinar, en ejercicio de una discrecionalidad razonada, cuándo obran en un determinado proceso pruebas suficientes para moldear la convicción respecto de la ocurrencia o no de los hechos, los que, a su vez, le conducen a la certidumbre de la comisión de la falta y de la responsabilidad del investigado. Así se colige del texto mismo de las disposiciones sobre el recaudo y valoración de pruebas consagradas en la Ley 734 de 2002, tales como el artículo 128, 129, 141 y 142, entre otros [...]” (Subraya de la sala).

— La disciplina como condición esencial de la función policial

Para finalizar con el marco conceptual que regula el derecho disciplinario en las fuerzas del orden como la policía, la sala quiere resaltar que la disciplina en el ejercicio de la función policial es una condición esencial, a tal punto que la misma Ley 1015 de 2006, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional, lo elevó a esa categoría de la siguiente forma:

De la disciplina.

“ART. 25.—Alcance e importancia. Ladisciplinaesunadelascondicionesesencialesparaelfuncionamientodelainstitución policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber profesional”.

(Subrayas de la sala.)

Es pertinente recordar que .el régimen de la Policía Nacional es especial y aspectos como la disciplina tienen características específicas que no se encuentran en los regímenes de otros servidores públicos. Por tanto, el operador disciplinario, en la determinación de la tipicidad, antijuricidad, valoración probatoria, evaluación de la ilicitud sustancial debe tener en cuenta la condición esencial que revista la disciplina en la institución policial.

En esa medida, atendiendo la disciplina como condición esencial, las exigencias y los deberes del servicio policial son más estrictos que los que asumen los demás servidores públicos.

En consecuencia, el operador disciplinario, dentro de su amplia facultad de valoración probatoria, analizada ut supra, debe tener en cuenta la condición esencial de la disciplina en el servicio policial, para determinar la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad en la comisión de los mismos al igual que en la determinación de la violación del deber funcional como elemento configurativo de la ilicitud sustancial.

Establecido el anterior marco jurídico y jurisprudencial aplicable al presente caso la sala procede a estudiarlo en concreto de la siguiente forma:

La falta disciplinaria

La oficina de control disciplinario interno Deval de la entidad accionada, luego de realizar la apreciación y valoración de las pruebas recaudadas dentro del trámite disciplinario señaló, en el acto sancionatorio de primera instancia, que la falta reprochada al demandante es la descrita en el numeral 21 literal d) del artículo 34 “Faltas gravísimas” de la Ley 1015 de 2006 que se encuentra consagrada de la siguiente manera:

“ART. 34. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

[…]

21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional, o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas:

a) Retenerlos, ocultarlos o apropiárselos;

b) Usarlos en beneficio propio o de terceros;

c) Darles aplicación o uso diferente;

d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, dañarlos, cambiarlos o desguazarlos”.

La falta se concretó textualmente de la siguiente forma:

“En este evento el despacho encuentra elementos necesarios de responsabilidad para atribuir al señor IJ Ordoñez Chauza Rody, toda vez (sic) la pistola Sig Sauer nueve milímetros con serie SP-0118761 que en desempeño del cargo oficial ostentado, entró en relación con dicho bien y por ende, se encontraba en condición de ejercer un poder de disposición sobre el mismo, no obstante dio lugar a su extravío, en lugar de procurar su conservación.

Es de recordar que el servidor público aquí investigado, tiene el deber legal de vigilar y salvaguardar los bienes encomendados o confiados en su guarda y responder por los mismos de los (sic) dispuesto en la Ley 734 de 2002, articulo 34 numerales 21 y 22. De dicho deber tiene como correlativo la prohibición de ocasionar daño o dar lugar a pérdida de bienes llegados a su poder por razón de sus funciones (art. 35, num. 13, ibídem).

El arma de dotación del investigado, que fue llegada a su, poder en cumplimiento de sus funciones propias de su cargo, tenía un control material y por tal razón debía portarlos y permanecer constantemente atento a su conservación.

Indudablemente el intendente jefe Ordoñez Chauza Rody transgredió el régimen disciplinario para la policía nacional —Ley 1015/06— ya que con su actuar negligente descuidó las obligaciones inherentes a la custodia y vigilancia de los elementos a él asignados; además, considerando las condiciones personales y profesionales del procesado, para él era previsible que el actuar de esa manera exponía dichos bienes y podía producirse el resultado típico”.

Problema jurídico

Bajo el marco de los actos administrativos sancionatorios y lo alegado por el actor en su demanda, los problemas jurídicos se concretan en los siguientes interrogantes:

Primer problema jurídico:

1. ¿Las irregularidades que el demandante menciona que ocurrieron en el proceso disciplinario violaron ostensiblemente el derecho de defensa y el debido proceso del disciplinado?

Segundo problema jurídico:

2. ¿Existió algún error del operador disciplinario por haber tipificado y sancionado al demandante por haber infringido la conducta establecida en el artículo 34 numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006, cuando al parecer del actor le hurtaron el arma de dotación?

En este orden la sala procederá a resolver cada uno los problemas jurídicos planteados de la siguiente forma:

Primer problema jurídico:

1. ¿Las irregularidades que el demandante menciona que ocurrieron en el proceso disciplinario violaron el derecho de defensa y el debido proceso del disciplinado?

La Sala sostendrá la tesis de que en el presente proceso no se violó el derecho de defensa ni el debido proceso por la eventual ocurrencia de algunas irregularidades mencionadas por el demandante.

En efecto, el actor afirmó que se le violó el debido proceso por cuanto no contó con los seis (6) meses para ejercer su defensa a partir de su vinculación a la indagación preliminar, tal como lo estipula el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, pues solamente contó con dos (2) meses y trece (13) días.

Al respecto la sala expresará que no tiene razón el demandante porque parte de una interpretación errada del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, al considerar equivocadamente que en todos los casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses.

Así pues la citada norma se encuentra consagra de la siguiente forma:

“ART. 150.—Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar.

En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.

La indagación preliminar tendrá corno fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará investigación preliminar.

Enlosdemáscasos la indagación preliminar tendrá una duración seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura”.

Al respecto, la sala encuentra que de la sola lectura de la citada norma, se colige claramente que en los tres primeros incisos la norma describe varios eventos en los cuales no se establece un término preciso de duración de la indagación preliminar, pero en el cuarto inciso se establece que en los demás casos, es decir, en los casos diferentes a los descritos en los tres primeros incisos de la norma, la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses, conclusión muy diferente a lo mencionado por el demandante, que interpreta erradamente que en todos los casos la indagación preliminar debe durar este último término.

Aunado a lo anterior, en el auto que ordenó la apertura de la investigación preliminar calendado el 1º de marzo de 2010, se dejó claramente establecido que se abría investigación preliminar con el fin de tener claridad y certeza sobre los hechos reportados, información que deduce que la indagación preliminar no tiene término preciso por estar ubicada dentro de los tres primeros incisos del citado artículo 150 de la Ley 734 de 2002 que prevén un amplio margen de eventos por los cuales se abre indagación preliminar sin establecer un término fijo de duración de la misma.

Por tales razones, este cargo no tiene vocación de prosperidad.

De otra parte, el demandante alega que el auto que decretó unas pruebas de oficio carece de veracidad porque fue fechado el 15 de marzo de 2010 y tomó como base una declaración rendida por el PT Carlos Alberto Erazo Estrada, fechada el 26 de marzo.

Al respecto la sala vislumbra que el auto que decretó las pruebas (fls. 12A y 12B) es coherente y legalmente promulgado y dentro de las competencias conferidas al funcionario comisionado (fl. 7) y además cumple con la finalidad de la indagación preliminar de arribar a la verdad real de los hechos ocurridos, como quiera que simplemente ordena escuchar en declaración a unos policiales que de acuerdo con lo declarado por el PT Erazo, se encontraban en el recinto en el cual el demandante extravió o permitió que se perdiera su arma de dotación.

El simple error de la fecha del citado auto, es una mínima inconsistencia que no tiene la virtualidad de afectar, de ninguna manera, el debido proceso o el derecho de defensa del demandante, puesto que como se analizó ut supra, el citado proveído tiene la finalidad de cumplir con la obligación del operador disciplinario de buscar la verdad y certeza de los hechos, a través de las declaraciones decretadas, pruebas que se cumplieron como se evidencia a folios 13 a 20 del expediente y sobre las cuales el demandante tuvo todas las oportunidades procesales para contradecirlas y ejercer su derecho de defensa.

En consecuencia este cargo tampoco tiene vocación de prosperidad.

Otra presunta irregularidad que el demandante presenta como supuestamente violatoria de su derecho de defensa y el debido proceso, consiste en que durante la etapa de indagación preliminar se le tomó declaración juramentada siete días después de vencida la comisión.

Este hecho tampoco constituye una irregularidad ni mucho menos implica una violación al derecho de defensa y al debido proceso porque dentro del régimen disciplinario, en la etapa de indagación preliminar se permite utilizar todos los medios de prueba con el fin de cumplir con el pluricitado deber del operador disciplinario de agotar todos los medios de prueba en aras de encontrar la verdad de los hechos, tal como lo establece el inciso 5º del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

Respecto a que se le tomó declaración el 18 de mayo de 2010, siete días después de vencida la comisión para llevar a cabo la indagación preliminar, este hecho tampoco tuvo incidencia sobre su derecho de defensa o de contradicción y menos aún sí se tiene en cuenta que en el auto del 11 de marzo de 2010 (fl. 7) se advirtió que el término para llevar a cabo las pruebas dentro de la comisión era de 60 días más las distancias.

Ahora bien, se resalta que incluso si se hubiere tomado la declaración en un lapso mayor tampoco ese hecho hubiera constituido una irregularidad sustancial porque lo que se debe analizar es que las presuntas irregularidades alegadas afecten sustancialmente el derecho de defensa y el debido proceso del disciplinado, o que por la ocurrencia de esas irregularidades se tomó una decisión diferente a la que debía producirse en derecho, [o cual no ocurrió en el sub examine.

En este punto, la sala, dentro de la función pedagógica y preventiva que pueden cumplir las providencias judiciales, quiere reiterar que no todas las irregularidades que pudieren ocurrir dentro del proceso disciplinario generan de por sí la nulidad de los actos administrativos sancionatorios, habida cuenta que la que interesa fundamentalmente es que no se haya incurrido en fallas de tal naturaleza que impliquen violación del derecho de defensa y del debido proceso, o de la presunción de inocencia, es decir, solo las irregularidades sustanciales o esenciales, que implican violación de garantías o derechos fundamentales, o las que por su ocurrencia determinan una decisión diferente a la que en derecho correspondería, acarrean la anulación de los actos sancionatorios.

En ese sentido se exhorta a que la controversia en procesos disciplinarios se oriente a controvertir asuntos sustanciales como la no ocurrencia de los hechos endilgados, la responsabilidad del disciplinado o las causales de exclusión de responsabilidad del mismo, y no a alegar irregularidades o inconsistencias meramente formales que no tienen la virtualidad de violar el debido proceso o el derecho de defensa del disciplinado.

Conclusión

La Sala concluye de todo lo anterior que al demandante Rody Ordoñez Chauza no se le violó el derecho de defensa y contradicción, ni el debido proceso, por los hechos arriba analizados.

Segundo problema jurídico

2. ¿Existió algún error del operador disciplinario por haber tipificado y sancionado al demandante por haber infringido la conducta establecida en el artículo 34 numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006, cuando al parecer del demandante le hurtaron el arma de dotación?

El demandante menciona que en el presente caso no hubo un extravío o que él no permitió que se perdiera su arma de dotación, sino que existió fue un hurto de su pistola, porque si bien admite que la sacó de su cintura y la colocó debajo de su pierna y después la dejó en el asiento en el que se encontraba sentado y abandonó el lugar sin llevar consigo la pistola, y que después que se percató que no la tenía volvió al sitio donde la había colocado y el elemento letal de dotación ya no se encontraba y que por esa razón, a su entender, se configuró fue un hurto.

La Sala de entrada vislumbra que no tiene razón el demandante por las siguientes razones:

El hecho primigenio que se investigó en el proceso disciplinario es la conducta claramente negligente del intendente Rody Ordoñez Chauza, que consistió en sacar de su cintura un elemento letal de dotación (pistola Sig Sauer Nº de serie SP 0118761), y colocarlo debajo de su pierna en un asiento y luego levantarse del mismo y abandonar el lugar sin tomar nuevamente la citada arma.

El hecho de que a raíz de esa conducta desidiosa, descuidada e incorrecta del actor, posteriormente se hubiere ocasionado un eventual hurto de la misma, no deslegitima la responsabilidad del demandante al infringir nítidamente la conducta establecida en el artículo 34 numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006.

En efecto, en el plenario se encuentra plenamente demostrado que el intendente admitió tal conducta negligente (fls. 30 a 33), al haber ocasionado el extravío o pérdida de un arma mortal que le había sido confiada por la institución policial (fls. 22, 23 y 163) para contribuir a su función fundamental de velar por la seguridad ciudadana, y que el citado intendente con su conducta oprobiosa, hace todo lo contrario a ese deber, poniendo en riesgo la citada seguridad ciudadana e incluso poniendo en riesgo el primero de todos los derechos fundamentales como lo es el derecho a la vida.

Tal conducta fue claramente demostrada en el proceso disciplinario con un importante arsenal probatorio, como entre otras pruebas las siguientes: las evidencias que demuestran que la pistola Sig Sauer Nº de serie SP 0118761 le había sido confiada por la institución policial al demandante (fls. 22, 23 y 163 ), las declaraciones del SI Osorio Arias Ademo (fls. 13-14), PT Carlos Erazo Estrada (fsl. 11-12), PT Diego Alberto Henao Mejía (fls. 16-17), PT Sonia Jaqueline Rodríguez Gutiérrez (fls. 18-20), la declaración del propio demandante (fls. 30-33), Jhon William Peña Solano (fls. 38-39), PT Alejandra Gelvez Yepez (fls. 57-59).

Los elementos suasorios analizados en conjunto, son congruentes entre sí y conducen inevitablemente a la sala a concluir con certeza que el 13 de febrero del 2010, en horas de la tarde, el intendente Rody Ordoñez Chauza, extravió y/o permitió que se perdiera su arma de dotación (pistola Sig Sauer Nº de serie SP 0118761), configurando con ello una diáfana violación a su deber funcional por haber infringido la conducta consagrada en el artículo 34 numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006, establecido también el artículo 34 numerales 21 y 22 de la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único.

Tal como se analizó ut supra, la conducta negligente e incorrecta del intendente Ordoñez, es ostensiblemente antijurídica y constituye una ilicitud sustancial porque no solamente no cumplió con su deber funcional de velar por la seguridad ciudadana, sino que con su actuar desidioso y reprobable, puso en peligro la mentada seguridad ciudadana e incluso puso en riesgo el bien jurídico más preciado de los seres humanos: la vida.

Como consecuencia de todo lo anterior, al policial Rody Ordoñez Chauza se le sancionó con el correctivo disciplinario de suspensión e inhabilidad especial de seis (6) meses, sanción que la sala encuentra proporcional y razonada.

En conclusión: Dentro del trámite disciplinario adelantado en contra del señor Rody Ordoñez Chauza no se cometió ningún error al habérsele sancionado por violación a su deber funcional por haber infringido la conducta consagrada en el artículo 34 numeral 21 literal d) de la Ley 1015 de 2006, y que por el contrario, existe dentro del proceso abundante material probatorio, legalmente recaudado y aportado, tal como se analizó ut supra, que demuestran la responsabilidad del policial Rody Ordoñez Chauza de haber infringido la citada Ley 1015 de 2006.

En suma, al no encontrarse probado ninguno de los cargos endilgados en contra de los actos acusados, la Subsección A denegará las pretensiones de la demanda.

No hay lugar a la condena en costas porque no se demostró temeridad o mala fe de las partes, tal y como lo regulaba el artículo 171 del CCA, vigente para este proceso, que consagraba un criterio subjetivo para efectos de la imposición de costas.

Decisión

Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas y valoradas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, la sala procederá a NEGAR las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Rody Ordoñez Chauza en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por las razones analizadas y expuestas en la parte considerativa.

2. Sin condena en costas por lo expuesto en la parte motiva.

3. Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase».

1 Consejo de Estado. Sala Plena de [o Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de agosto de 2016, número de referencia: 1 10010325000201 100316 00 (121 0-11). Demandante: Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Magistrado Ponente William Hernández Gómez.

2 De acuerdo al artículo 23 de la Ley 1015 de 2006 estos son los servidores públicos a los cuales regula la misma.

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá D.C. 15 de mayo de 2013. Rad.: 11001-03-25-000- 2011-00571-00(2196-11). Actor: Jorge Eduardo Serna Sánchez. Demandado: Procuraduría General de la Nación.

4 En sentencia del 8 de abril de 1999, expediente 15258, Magistrado Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, el Consejo de Estado sostuvo que la valoración probatoria corresponde a las operaciones mentales que hace el juzgador al momento de tomar la decisión para conocer el mérito y la convicción de determinada prueba. Por su parte la sana crítica, es la comprobación hecha por el operador jurídico que de acuerdo con la ciencia, la experiencia y la costumbre sugieren un grado determinado de certeza de lo indicado por la prueba.

5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C, 13 de febrero de 2014. Rad.: 11001-03-25- 000-2011-00207-00(0722-11). Actor: Plinio Mauricio Rueda Guerrero. Demandado: Fiscalía General de la Nación.

6 Al respecto en Sentencia T-161 de 2009, Magistrado Ponente Mauricio González Cuervo precisó la Corte: “[...] En cuanto a la autoridad pública encargada de adelantar el proceso penal es evidente que se trata de funcionarios investidos de poder jurisdiccional cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada, mientras, por regla general, el proceso disciplinario está a cargo de autoridades administrativas cuyas decisiones pueden ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa; además, en materia de tipicidad la descripción de la conducta señalada en la legislación penal no atiende a los mismos parámetros de aquella descrita por la legislación disciplinaria, pues en esta última el operador jurídico cuenta con un margen mayor de apreciación, por cuanto se trata de proteger un bien jurídico que, como la buena marcha, la buena imagen y el prestigio de la administración pública, permite al “juez disciplinario” apreciar una conducta y valorar las pruebas con criterio jurídico distinto al empleado por el funcionario judicial, teniendo en cuenta, además, que en el proceso disciplinario se interpreta y aplica una norma administrativa de carácter ético […]”.