Sentencia 2013-00190 de febrero 1 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Expediente No. 440011102000201300190-01

Registro de Proyecto el primero (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal.

Aprobado Según Acta de Sala No.8 del 2 de febrero de 2017

Bogotá D. C., dos de Febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala tiene competencia para conocer la apelación de los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(3) y 59 de la Ley 1123 de 2007(4); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad alguna que pueda viciar de nulidad lo actuado

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 02 del 1° de julio de 2015, modificó el Capítulo 7 del Título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(5)(resaltado nuestro). 

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Sobre el concurso de faltas en materia disciplinaria.

La Ley 1123 de 2007 es el Código Ético del abogado, en virtud del cual se pretende disciplinar el comportamiento de los profesionales del derecho a la luz de unos deberes instituidos previamente y que efectivizan la función de la abogacía en el plano de un Estado Social de Derecho.

El Estatuto del Abogado indica, que la comisión de una falta disciplinaria dará lugar a la imposición de una sanción disciplinaria, cuando la conducta del investigado se encuadre en algunas de las descritas como tal. Pero no basta con encuadrar el comportamiento en una falta, también, es necesario que la misma, afecte un deber establecido en el artículo 28 de la mencionada Ley, en tanto, de no darse lo anterior, la falta disciplinaria deviene en jurídica para el ordenamiento y por lo tanto carente de todo reproche.

Aunque la Ley 1123 de 2007, no lo consagre específicamente, es perfectamente posible que en materia Disciplinaria un abogado desarrollando una o varias acciones incurra en la comisión de varias faltas, o infrinja varias veces la misma disposición, caso en cual se estaría frente a un concurso de faltas.

Es de advertirse entonces, que dicho fenómeno se supedita a las reglas propias de los concursos perfeccionado s en materia penal, en aplicación del principio de integración normativa contemplado en el artículo 16 del Estatuto Deontológico de los Abogados(6), en atención a que se trata de tipos del ius puniendi del Estado. En ese entendido, se pueden utilizar los conceptos de concursos materiales, ideales y aparentes, tal y como se pasa a explicar:

Se estará frente al concurso material cuando un profesional del derecho incurra en varias faltas disciplinarias con pluralidad independiente de acciones y sea juzgado en un mismo proceso por ellas, de allí que la doctrina penal, enuncia los siguientes elementos constitutivos de este concurso: i) pluralidad de acciones ii) unidad o pluralidad de faltas iii) el juzgamiento del agente en un mismo proceso(7).

Por otro lado, se configuraría un concurso ideal cuando con una sola acción, se cometa varias faltas disciplinarias, al respecto se señalan los siguientes requisitos para su establecimiento: i) unidad de acción, ii) inseparabilidad de conductas iii) afectación plural de deberes profesionales.

Finamente se puede presentar un concurso aparente de faltas, cuando se tiene la impresión inicial de estar ante una conducta enmarcada en varias disposiciones disciplinarias (concurso ideal) pero en realidad solamente una de ellas es aplicable. Generalmente el Juzgador debe acudir a criterios de interpretación para poder resolver el asunto, al respecto se han señalado los siguientes:

i) El principio de especialidad opera cuando el supuesto fáctico está regulado mediante dos normas pero en relación con el juicio de tipicidad, una de ellas ofrece mayor precisión en su descripción.

ii) El principio de subsidiariedad, se aplica cuando el mismo legislador lo ha establecido, en el caso de la Ley 1123 de 2007 no lo establece.

iii) El principio de alternatividad, se presenta cuando dos disposiciones son excluyentes entre sí pero protegen el mismo deber ético, en tanto se aplica el que cobije plenamente el hecho.

iv) El principio de consunción, ocurre cuando “de los varios tipos que recogen la conducta investigada, hay uno que comprende el desvalor delictivo de los otros, de tal manera que se puede afirmar que el contenido de injusto propio de una norma queda íntegramente recogido por la descripción típica de otra” (Sic a lo transcrito)(8)

Orientada la Sala por los anteriores razonamientos, procede al estudio de las faltas disciplinarias endilgadas por la primera instancia.

Del asunto en concreto. Teniendo claro el alcance del ejercicio de la profesión, la Sala procede a estudiar el comportamiento profesional del abogado HENRY JOAQUIN RIVADENEIRA CURIEL para determinar si puede ser objeto de reproche disciplinario o no.

En efecto del material probatorio obrante en el expediente se tiene que el disciplinable en nombre de la señora Dormelinda Rada Pérez inició proceso ejecutivo contra el señor Víctor Ochoa Guerra con el fin de cobrar una letra de cambio por el valor de $8.935.000. dicho litigio se tramitó en el Juzgado Tercero Civil Municipal de Riohacha bajo el radicado 2009-527.

Una vez adelantado el trámite, se expidieron a favor de la demandante los siguientes títulos judiciales:

TÍTULO FECHA VALOR DEL TÍTULO
00-85522 NOV 2010 $789.483
00-86615 DIC 2010 $1.224.101
00-87763 ENE 2011 $670.232
00-88313 FEB 2011 $786.155
00-89524 MAR 2011 $653.189
00-90792 ABRIL 2011 $733.223
00-91736 MAYO 2011 $753.288
00-92777 MAYO 2011 $778.793
00-93806 JUN 2011 $744.182
00-94685 AGOS 2011 $819.038
00-95910 SEPT 2011 $692.548
00-96909 OCT 2011 $788.824
00-97847 NOV 2011 $684.937
00-98937 DIC 2011 $1.457.351
00-100154 ENE 2012 $678.937
4.360315 FEB 2012 $858.241
00-102146 MAR 2012 $389.477

No obstante lo anterior, la quejosa entregó al plenario nueve títulos judiciales correspondientes a los meses de mayo de 2011 a febrero de 2012 con un valor diferente al referenciado en la tabla anterior.

De la falta contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado.

Tipicidad: la primera instancia imputó al profesional del derecho la falta, consagrada en el numeral 9° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 que señala:

“Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:  

9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.”  

Esta falta es considerada como aquellas de mera conducta o de ejecución instantánea, lo que significa que para su consumación no es necesario que se obtenga el resultado perseguido por la acción, la simple ejecución de uno de los verbos rectores señalados en el tipo, conlleva a su realización.

Este tema fue analizado por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-282A-12(9), cuando se refirió a la naturaleza de la falta consagrada en el numeral 2° del artículo 52 del Decreto 196 de 1971 (hoy señalada en el numeral 9° del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007), en esta oportunidad señaló:

“Conforme a la regla general del derecho disciplinario la falta establecida en el 52-2 del Decreto 196 de 1971, es de mera conducta, y no de resultado, en la medida que no requiere para su perfeccionamiento que los actos fraudulentos causen daños a los intereses de terceros. Por el contrario, lo que sí exige la norma es que los actos busquen causar el detrimento mencionado, esto es que sean idóneos para producir el perjuicio, pero no que generen efectivamente el resultado en el mundo material.  

(…)  

Del texto contenido en el artículo mencionado se desprende que existen tres verbos rectores con los cuales la falta se perfecciona, que consisten en: aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos, este último un adjetivo que califica la acción como un complemento descriptivo del tipo. Estos son verbos determinadores de la conducta que se agotan en un único momento, toda vez que según su estructura no son actos que puedan ejecutarse de forma constante, más cuando son faltas a la lealtad de la administración de justicia que se enmarcan en un proceso, en el que exclusivamente se puede intervenir en específicos momentos procesales. En este sentido, para el perfeccionamiento de la falta no se requiere sostener ninguna creencia en el juez, ya que basta aconsejar, patrocinar o intervenir sin efecto alguno, lo que puede acontecer cuando un abogado simplemente presente una firma en un acto jurídico como una demanda”  

En la presente actuación y como quedó expuesto en párrafos precedentes, se advierte la intervención del togado investigado en actos fraudulentos relacionados con la elaboración y entrega de nueve títulos judiciales espurios pues no correspondían al valor que emitió el Juzgado y que fue cobrado en el banco agrario tal y como pasa a observarse:

TÍTULO FECHA VALOR DEL TÍTULO ORIGINAL y DEL COBRADO EN EL BANCO AGRARIO VALOR DEL TÍTULO FALSIFICADO. DIFERENCIA
00-92777 MAYO 2011 $778.793 $578.793 $200.000
00-93806 JUN 2011 $744.182 $444.182 $300.000
00-94685 AGOS 2011 $819.038 $519.038 $300.000
00-95910 SEPT 2011 $692.548 $492.548 $200.000
00-96909 OCT 2011 $788.824 $488.824 $300.000
00-97847 NOV 2011 $684.937 $484.824 $200.000
00-98937 DIC 2011 $1.457.351 $557.351 $900.000
00-100154 ENE 2012 $678.937 $378.937 $300.000
4.360315 FEB 2012 $858.241 $358.241 $500.000
TOTAL $7.462.851 $4.302.851 $3.200.000

Nótese que de conformidad con las consideraciones vertidas en los párrafos precedente en relación con la naturaleza instantánea de esta falta, esta Sala evidencia que las actuaciones desplegadas por el togado en relación con los títulos judiciales de los meses de mayo a diciembre de 2011 y enero de 2012 no pueden ser analizadas disciplinariamente en razón a la ocurrencia del fenómeno prescriptivo de la acción disciplinaria toda vez que ha trascurrido más de cinco años desde la ocurrencia de los hechos de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007:

“ARTÍCULO 24. TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma.  

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.”  

Así las cosas, en la parte resolutiva de la presente providencia se terminará parcialmente la actuación en lo relacionado con las conductas ejecutadas por el doctor RIVADENEIRA CURIEL durante los meses de mayo a diciembre de 2011 y enero de 2012, en lo que tiene que ver exclusivamente con la falta contra la recta y leal realización de la justicia.

Es preciso recalcar que la conducta ejecutada en el último mes (febrero de 2012) no ha sido afectada por la ocurrencia de la prescripción por lo que será objeto de análisis en lo relativo al juicio de responsabilidad disciplinaria por la falta descrita en el numeral 9 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, como ya se dijo la Sala analizará la última actuación del togado y por lo tanto, de significativa importancia resulta precisar el complemento normativo de acto fraudulento, consagrado por la norma en comento y sin el cual no se podría hablar de falta disciplinaria, al respecto, la guardiana de la Constitución ha establecido:

“está inscrito en el concepto de fraude, palabra cuya acepción semántica y de uso común y obvio, hace referencia a la conducta engañosa, contraria a la verdad y a la rectitud, o que también busca evitar la observancia de la ley, y que afecta o perjudica los intereses de otro, entendiendo como tal no solo a los particulares sino también a las propias autoridades. [Por tanto], al consagrar como falta contra la lealtad debida a la administración de justicia, el consejo, el patrocinio o la intervención “en actos fraudulentos” en detrimento de intereses ajenos, lo que buscó el legislador fue castigar el engaño en cualquiera de sus modalidades, es decir, reprimir los comportamientos del abogado en ejercicio que resulten contrarios a la verdad, e igualmente, cualquier conducta de aquél tendiente a evadir una disposición legal, y que en todo caso causen perjuicio a un tercero”.  

Como puede apreciarse entonces, el acto de entregar documentación falsa por parte del togado investigado, a su cliente, haciéndole creer que eran ciertos y con el fin de aparentar el cobro de un dinero por debajo del valor real, es una conducta engañosa, que comporta el carácter de fraudulenta pues pretendió por este medio engañar a su poderdante presentándole una realidad contraria a la verdad, en detrimento de su patrimonio, pues las expensas allí solicitadas eran a todas luces irreales.

No es de recibo para esta Sala el argumento expuesto por el apelante en el sentido de que la primera instancia no valoró –mediante la prueba pericial correspondiente-- los títulos judiciales aportados por la quejosa. Pues del trascurrir procesal evidenciado en primera instancia se tiene que el profesional del derecho no impugnó en ningún momento la veracidad de dichos documentos, tampoco lo hizo su apoderado de confianza.

Adicionalmente, resulta claro que tampoco controvirtieron el dicho de la quejosa al momento de ampliar su denuncia, por lo que no se entiende porque solo hasta el recurso de apelación se controvierte la procedencia de los títulos judiciales.

Por otra parte, el togado no aportó al plenario copia de los recibos en donde consten las entregas de dineros a su cliente, tampoco enseño la dirección del testigo que pretendía hacer valer y a quien – según su versión de los hechos— le entregó los dineros de su cliente, por cuanto era el hermano de la quejosa.

De lo anterior, desatendidos los argumentos de impugnación respecto de este tipo disciplinario, se extrae claramente que el profesional del derecho RIVADENEIRA CURIEL incurrió en la falta establecida en el numeral 9º del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007. Al intervenir en el acto fraudulento de elaborar y entregar a su poderdante un documento apócrifo.

De las faltas contra la lealtad con el cliente y la Honradez del Abogado:

Tipicidad: También le fueron imputadas al togado las faltas establecidas en el artículo 34 literal D y artículo 35 numeral 4 que expresamente señala:

Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:  

d) No informar con veracidad la constante evolución del asunto encomendado o las posibilidades de mecanismos alternos de solución de conflictos;  

Artículo 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:  

4. No entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo.  

En relación con las faltas establecidas anteriormente no existe mayor dificultad en cuanto al juicio de tipicidad, pues se tiene de las pruebas obrantes en el proceso, que efectivamente el profesional del derecho le ocultó el trámite procesal a su cliente y retuvo para sí la suma de $3.200.000 producto del cambio de cifra que realizaba a cada uno de los nueve títulos judiciales apócrifos.

En suma, se evidencia con claridad que no informó con veracidad la constante evolución del asunto, pues su cliente desconocía la realidad sobre los dineros pagados por el demandado al interior del proceso ejecutivo 2009-527.

De allí que dicho comportamiento se encuadre en el literal D del artículo 34 de la Ley 1123, se reitera que este comportamiento se realizó en concurso con la falta establecida en el numeral 9 del artículo 33 ibídem, tal como se trató en el acápite anterior.

Por otro lado, en relación con la falta descrita en el numeral 4º del artículo 35, esta Sala debe enfatizar que el abogado investigado no entregó a su cliente la totalidad del dinero recaudado, a sabiendas de que no le había sido confiado bajo ningún título traslaticio de dominio se apropió de ellos en una totalidad de $3.200.000.

De lo anterior, se evidencia sin lugar a dudas que el disciplinable actualizó los elementos constitutivos de la falta disciplinaria establecida en el numeral 5º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007. Pues entregada la suma de dinero para suplir la obligación cobrada judicialmente, no procedió a entregárselos a su cliente.

Es preciso aclarar en este punto de la discusión, que no puede hablarse en el presente caso de un fenómeno de concurso aparente, como se pasara a explicar:

Como se indicó en precedencia, el concurso aparente requiere de la existencia de dos normas jurídicas que regulen una misma conducta, no obstante, en el presente asunto es evidente que una falta es intervenir en actos fraudulentos y otra muy distinta es no informar con veracidad y retener dineros ajenos. Es decir de entrada el supuesto fáctico de una y otra falta son disímiles lo que en un principio impide hablar de concurso aparente.

En efecto, el acto fraudulento implica el despliegue de conductas engañosas con el fin de generar un detrimento a intereses ajenos del Estado o la Comunidad, la elaboración y entrega de documentación apócrifa es un acto que se puede enmarcar dentro de una conducta fraudulenta.

Ahora bien, considera esta Superioridad que tampoco se puede hablar del principio de consunción para esta falta disciplinaria, en relación con lo establecido en el artículo 34 literal D y 35 numeral 4º de la Ley 1123 de 2007. Lo anterior en tanto no se observa que el desvalor jurídico de la falta contra la recta y leal realización de la justicia se encuentre integrado en la señalada contra la lealtad con el cliente y honradez.

En primer lugar, es necesario señalar que cada grupo de comportamientos típicos protege un deber profesional diferente, los cuales son propios y autónomos y fueron previstos por el legislador para protegerlos de forma independiente. Y en el presente caso, se encuentra demostrado que con su actuar, el profesional del derecho transgredió los tres deberes.

Cosa distinta es que mediante la presentación de documentación falsa se hayan consumado las faltas establecidas en el numeral 9 del artículo 33, literal D del artículo 34 y numeral 4 del artículo 35 al obtener el dinero pretendido, situación de la cual se puede predicar un concurso ideal de faltas, pues con una acción incurrió en varios comportamientos disciplinariamente típicos.

Esto se explica porque lo esencial en este caso es el desconocimiento de los deberes consagrados en el Estatuto Deóntico, específicamente en el artículo 28, compromisos que deben ser respetados en el ejercicio de la abogacía, pues fueron establecidos con una finalidad mancomunada con los ideales de un Estado social de derecho, que busca actuar en armonía con la administración de justicia, a efecto de lograr un orden justo, pues no debe olvidarse la función social que desempeña la abogacía.

Así las cosas, y a partir de los medio de prueba analizados conjuntamente, puede concluirse que el letrado cuestionado efectivamente intervino en actos fraudulentos, sin que se haya demostrado justificación por dicho comportamiento irregular. Además, de forma injustificada dejó de informar verídicamente la evolución de la actuación encomendada y retuvo dineros ajenos.

Antijuridicidad: La Ley 1123 de 2007, consagra como uno de sus principios rectores, el de Antijuridicidad, según el cual, “un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte, sin justificación, alguno de los deberes consagrados en el presente código”(10)

Significa lo anterior que, conforme a lo establecido en el Estatuto de la Abogacía, “mientras no se afecte un deber de los previstos en el catálogo expuesto en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, la conducta del abogado constitutiva de falta al ejercer la profesión, no puede desvalorarse como antijurídica, afectación que en garantía de derecho del sujeto disciplinable, debe transcender igualmente de la simple descripción legal”(11)

El quebrantamiento de la norma sólo merece reproche de esta naturaleza cuando se desconoce la norma concebida para preservar la ética de la abogacía, de donde deviene afirmar entonces que la imputación disciplinaria no precisa de la afectación a un bien jurídico sino a la protección de deberes, directrices y modelos de conducta, debidamente legislados.

En este caso, el togado contrarió los deberes consagrados en los numerales 1,3, 8 y literal C del artículo 18 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, deberes que tienen correlación directa con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 33 literal D del artículo 34 y numeral 4º del artículo 35 de la Ley 1123 de 2007, correspondientemente.

Lo anterior por cuanto quedó demostrado que el profesional investigado intervino en un acto fraudulento al realizar un documento falso en aras de cobrar dinero en detrimento de su cliente, además dejó de informar a su cliente y retuvo dineros ajenos. Así pues, desconoció las reglas deontológicas verificadas en este disciplinario, sin que sean atendibles las explicaciones que dio en su defensa.

En consecuencia el comportamiento desplegado por el abogado HENRY JOAQUIN RIVADENEIRA CURIEL, contrarió de forma grave los deberes en cita, configurándose el elemento antijurídico de las faltas imputadas, incumpliendo con su obligación de colaborar con la recta y cumplida administración de justicia y fines del Estado y obrar con honradez en sus relaciones profesionales, sin atender justificación alguna como se explicó con anterioridad.

Culpabilidad: en el presente caso, la modalidad de la conducta deviene en dolosa, pues está claro que el profesional del derecho en su condición de tal y conforme a las circunstancias expuestas, era consciente de su actuar ilícito, infiriéndose su deseo contravenir la norma por la cual se le halló responsable, cuyo conocimiento emerge de la misma condición de abogado, calificado y por lo tanto depositario del saber técnico indispensable, aparte de tratarse del Código Disciplinario de los Abogados, de un catálogo de normas éticas a cuyo acatamiento está obligado inexorablemente.

Aunado a lo anterior, debe indicarse que de forma consciente, y voluntaria, el abogado disciplinado presentó a su cliente documentos espurios para obtener dinero, engañándola haciéndole creer una realidad que no era cierta, dejando de informar y reteniendo dineros ajenos.

Sanción: Considera esta Colegiatura que el quántum de la sanción impuesta por la primera instancia deberá dejarse incólume, de acuerdo con los criterios de dosificación establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 y en aplicación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad de la misma.

En punto de la proporcionalidad, la Corte Constitucional en 1993, a través de sentencia C-467, puntualizó que:

“(…) La razón jurídica de la razonabilidad y de la proporcionalidad no es otra que la necesidad de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de proporcionalidad rige todas las actuaciones de la administración pública y de los actos de los particulares que estén encargados de la prestación de un servicio público, cuando se trate de la imposición de una sanción que conlleve la pérdida o disminución de un derecho (…)”  

También en sentencias C-070/96 y C-118/96, de manera general se planteó lo siguiente:

“(…) El principio de proporcionalidad presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales. Este sopesamiento asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los medios. Como principio para la delimitación y concretización de los derechos constitucionales, la proporcionalidad exhibe una naturaleza diferencial, o sea, que admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo, en el ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de derechos constitucionales, sólo la restricción excesiva e imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la realización de los fines constitucionales. 

En términos generales, entre mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la facultad legal.  

La dosimetría de penas y sanciones es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución (…)”.  

Quántum proporcional y razonable, toda vez que el ejercicio de la abogacía requiere ser controlado con la finalidad de lograr la efectividad de los derechos y principios consagrados en la Constitución, con mayor razón cuando los juristas deben abstenerse de realizar fraudes en sus diversas actuaciones y, en el caso sub lite, la conducta del disciplinado dista de la misión de todo profesional del derecho, en cuanto a la posibilidad de que sea ejercida de una manera ecuánime y justa frente a la labor que desempeñen sus colegas en el ámbito profesional, así como la modalidad y gravedad de la conducta imputada, por cuanto dichos comportamientos causan desconfianza, sumado a la afectación de los intereses de los clientes.

En efecto, se observa una conducta disciplinaria sumamente grave por cuanto se demostró que el disciplinable ejecutó todo su actuar de forma dolosa, interviniendo en un acto fraudulento de gran relevancia pues mediante títulos judiciales espurios logró engañar a su prohijada.

La constatación de la realidad revela sin lugar a dudas que el abogado elaboró dichos documentos con la suficiente preparación para hacerlos pasar por ciertos, es decir el abogado encauzó su actuar de forma premeditada, y dolosa, encuadrándose en un comportamiento antiético sin importarle el detrimento económico causado a su poderdante, pues ninguno de esos dineros recibidos hacia parte de una gestión real.

Hace énfasis esta Sala que el comportamiento del doctor RIVADENEIRA CURIEL desborda la afectación a la relación cliente abogado y sus deberes éticos inherentes, es decir el actuar del profesional del derecho reviste de una gran trascendencia, concretándose un impacto negativo en la concepción que tienen las personas sobre los juristas.

Así las cosas, si bien el investigado no cuenta con antecedentes disciplinarios, la gravedad de la conducta, la trascendencia de la misma y la modalidad de su realización, son factores suficientes para confirmar la sanción impuesta por el a-quo, en tanto es evidente que se está ante un concurso heterogéneo de faltas, un desconocimiento simultáneo de deberes profesionales y el desprecio del togado disciplinado a los parámetros que rigen su profesión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO.- TERMINAR la actuación disciplinaria seguida contra el abogado HENRY JOAQUIN RIVADENEIRA CURIEL por las actuaciones realizadas en los meses de mayo a diciembre de 2011 y enero de 2012 en lo que tiene que ver con la falta descrita en el numeral 9 del Artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

SEGUNDO.- CONFIRMAR el fallo proferido el 29 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira, sancionó con SUSPENSIÓN por el término de TREINTA Y SEIS (36) MESES en el ejercicio de la profesión y MULTA DE 18 SMLMV al abogado HENRY JOAQUIN RIVADENEIRA CURIEL, al declararlo responsable de la comisión de las faltas establecidas en el numeral 9° del artículo 33, literal d del artículo 34 y numeral 4 del artículo 35 todos de la Ley 1123 de 2007.

TERCERO.- ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

CUARTO.- NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, por el término de 20 días libres de distancia, debiendo ceñirse al trámite previsto en la Ley para tal efecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE»

3 “Art. 112. Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

4 “Art. 59. De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código…”

5 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

6 Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza del derecho disciplinario.

7 Derecho Penal, Parte General, Velázquez Fernando, Páginas 1002 y ss.

8 El Concurso de Delitos, Reyes Alvarado Yesid, páginas 151 y ss.

9 Fallo del 12 de abril de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

10 Artículo 4

11 Lecciones del derecho disciplinario Volumen 13. Procuraduría General de la Nación. Año 2009. Tema: Ilícito disciplinario. Pag 35 y s,s.