Sentencia 2013-00199 de abril 1º de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-42-000-2013-00199-01 (AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP

Demandado: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá

Bogotá, D.C., primero de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De los hechos y consideraciones hasta aquí expuestos, se observa que el motivo principal de inconformidad de la ETB con el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá consiste, en que le ha dado trámite a una solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento presentada por Comcel, respecto de un asunto que estima ya fue objeto de decisión en distintas instancias, primero ante Tribunales de Arbitramento, después ante el Consejo de Estado en virtud de los recursos de anulación que presentó, luego ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y finalmente ante el Consejo de Estado en cumplimiento de lo resuelto por el tribunal antes señalado.

Argumenta la ETB, que no hay lugar a continuar discutiendo sobre el conflicto que fue objeto de análisis por las autoridades judiciales antes mencionadas, motivo por el cual estima que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá debe abstenerse de convocar por el mismo asunto a un tribunal de arbitramento, sobre todo cuando Comcel a través la solicitud que presentó para tal efecto, que estima no cumple con todos los requisitos, lo que pretende es dilatar el cumplimiento de la orden emitida por el Consejo de Estado, consistente en devolver una suma de dinero.

En concreto, en esta oportunidad la ETB se opone a que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Bogotá, dé trámite a la solicitud de conformación de Tribunal de Arbitramento presentada por Comcel (antes Celcaribe S.A.), que fue radicada con el número 2847.

Aunque con anterioridad de forma suscita se ha hecho referencia a los hechos con fundamento en los cuales la ETB sostiene que no puede convocarse a un tribunal de arbitramento, por un asunto que ya fue objeto de pronunciamiento por varias autoridades judiciales, se estima pertinente tener en cuenta las siguientes circunstancias, a fin de lograr una mayor compresión de los motivos de inconformidad de la parte accionante:

1. En el año 1998, Comcel, Celcaribe S.A. y Occel S.A., suscribieron de manera separada contratos de interconexión con la ETB, respecto de los cuales establecieron que las controversias surgidas con ocasión de dichos contratos podrían resolverse mediante un tribunal de arbitramento.

2. Por presentarse diferencias contractuales entre las empresas antes señaladas y la ETB, se convocaron 3 Tribunales de Arbitramento a saber: 1) “Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB”; 2) “Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. - Celcaribe vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB”; y 3) “Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB” (fls. 82-257).

3. El 15 de diciembre de 2006, cada uno de los tribunales de arbitramento antes señalados, mediante laudos de la misma fecha (fls. 82-257), condenaron a la ETB a pagar significativas sumas de dinero a las empresas con las cuales suscribió los referidos contratos de interconexión.

4. De conformidad con los laudos proferidos dentro de los conflictos de Celcaribe contra la ETB, y Occel contra la ETB, se destaca que Comcel absorbió a Celcaribe y a Occel (fl. 116, 187).

5. Contra cada uno de los laudos proferidos en su contra, la ETB presentó recursos de anulación, que fueron declarados infundados por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante dos providencias del 27 de marzo de 2008 (frente a los conflictos de Comcel vs. ETB y Comcel - Celcaribe vs. ETB)(1), y una del 21 de mayo del mismo año (respecto al conflicto Comcel - Occel vs. ETB)(2) (fls. 258-475).

6. La ETB acudió al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la acción de incumplimiento, argumentado que el Consejo de Estado ni los referidos tribunales de arbitramento, elevaron ante el Tribunal Supranacional, consulta de interpretación prejudicial de la normatividad andina aplicable a los asuntos planteados.

Mediante providencia del 26 de agosto de 2011, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le dio la razón a la ETB, al considerar que el Consejo de Estado y los mencionados tribunales de arbitramento, incumplieron la obligación de solicitar la interpretación prejudicial que exige el ordenamiento andino.

En consecuencia, se le ordenó al Consejo de Estado, “proceder conforme lo establece el artículo 11 de la decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina, a dar cumplimiento a esta sentencia” (fls. 476-511).

7. La anterior decisión fue aclarada en cuanto a su alcance, mediante providencia del 15 de noviembre de 2011 (fls. 512-519), en la que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que el Consejo de Estado debía adelantar las siguientes actuaciones (517-519):

“Que, tratándose de una acción de incumplimiento en un sistema de integración supranacional, la conducta objeto de la vulneración del ordenamiento jurídico comunitario puede darse por la acción u omisión de cualquiera de los órganos o de las instituciones que hacen parte de los poderes públicos del Estado; en este caso, el Consejo de Estado, Sección Tercera, en la forma como ya se determinó, fue quien incumplió tal como quedó establecido en la sentencia de 26 de agosto de 2011; en consecuencia, debe el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Tercera, realizar las siguientes acciones:

— De conformidad con las previsiones del derecho procesal interno colombiano, dejar sin efecto las providencias que resolvieron los recursos de anulación.

— De conformidad con lo dispuesto en la sentencia de 26 de agosto de 2011, el Consejo de Estado debería solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consultando si los tribunales arbitrales tienen la obligación de solicitar la interpretación prejudicial en los asuntos sometidos a su competencia y que tengan que ver con la aplicación de la normatividad comunitaria andina. Sin embargo, por economía procesal, este tribunal considera que la presente sentencia ya contiene las pautas rectoras que le permitirán al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Tercera, resolver la anulación de los tres laudos arbitrales.

— Es decir, en este momento la obligación que tiene el Consejo de Estado es dejar sin efectos las providencias que resolvieron los recursos de anulación y aplicar la sentencia de 26 de agosto de 2011, tomando dicha determinaciones como la interpretación prejudicial en los mencionados procesos, debiendo proceder a adoptar las acciones necesarias acorde con lo establecido anteriormente.

Que, ahora bien, la interpretación de las normas sobre la decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establecerá una vez el Tribunal de Arbitramento se constituya nuevamente de acuerdo con las normas colombianas y este solicite la debida interpretación prejudicial de conformidad con la normatividad comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

8. La Sección Tercera del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitió 3 providencias el 9 de agosto de 2012(3), mediante las cuales dejó sin efectos las 3 sentencias que negaron los referidos recursos de anulación, declaró la nulidad de los 3 laudos a los que se ha hecho referencia, y le ordenó a Comcel devolverle a la ETB, las sumas de dinero que esta le entregó en cumplimiento de los mencionados laudos (fls. 520-862).

En las providencias del 9 de agosto de 2012, para el caso de autos llama la atención que se realiza un análisis sobre algunas afirmaciones que realizó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre la posibilidad de que un tribunal arbitramento revise nuevamente el conflicto existente entre la ETB y Comcel, en tanto, a partir de dicho análisis estas empresas argumentan que frente a los conflictos generados con los mencionados contratos de interconexión, es o no posible que se convoque un tribunal de arbitramento. Para mayor ilustración se transcriben algunas consideraciones de la providencia del 9 de agosto de 2012, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo Gómez, a propósito del conflicto entre Comcel - Celcaribe contra ETB:

“8.3. Ahora bien, después de cumplir la decisión de declarar la nulidad del correspondiente laudo arbitral de diciembre 15 de 2006, cabe preguntar si la Sección Tercera del Consejo de Estado deberá adoptar alguna decisión adicional para dar total y adecuado cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro del presente asunto, cuestión que resulta de la mayor importancia tanto por razón del marco normativo y jurisprudencial que se ha expuesto, del cual se derivan en forma evidente los efectos vinculantes de las decisiones del TJCA, como por razón del propósito decidido que anima a la Sección Tercera del Consejo de Estado para cumplir a cabalidad con dichas decisiones.

En el anotado sentido de dilucidar el último interrogante que se deja planteado, la Sala encuentra dos pronunciamientos, en este mismo asunto, que provienen del mismo Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que resultan antagónicos o al menos disímiles entre sí, a propósito de un mismo punto.

En efecto, de un lado se tiene que en el auto de noviembre 15 de 2011, aclaratorio de la sentencia de agosto 26 de ese mismo año, el TJCA hizo expresa referencia al hecho de que la interpretación prejudicial que deba solicitarse en relación con las normas andinas que deban aplicarse directamente a los aspectos sustanciales de la litis que fue sometida a conocimiento del correspondiente tribunal de arbitramento, será cuestión que deberá cumplirse en su debida oportunidad “... una vez que el Tribunal de Arbitramento se constituya nuevamente de acuerdo con las normas colombianas...”, según los siguientes términos:

“— Es decir, en este momento la obligación que tiene el Consejo de Estado es dejar sin efecto las providencias que resolvieron los recursos de anulación y aplicar la sentencia de 26 de agosto de 2011, tomando dichas determinaciones como la interpretación prejudicial en los mencionados procesos, debiendo proceder a adoptar las acciones necesarias acorde con lo establecido anteriormente.

Que, ahora bien, la interpretación de las normas sobre la decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establecerá una vez que el Tribunal de Arbitramento se constituya nuevamente de acuerdo con las normas colombianas y este solicite la debida interpretación prejudicial de conformidad con la normativa comunitaria y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina” (resaltado añadido).

De otro lado, sin embargo, tal como se indicó en el apartado de antecedentes de esta providencia, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina profirió una nueva decisión el pasado 18 de julio de 2012, por medio de la cual se refirió a los alcances de lo que dispuso ese mismo tribunal el 26 de agosto de 2011 dentro de este asunto para señalar, en esta nueva oportunidad, que después de anular los correspondientes laudos arbitrales, el Consejo de Estado debería “... como efecto, devolver el asunto al tribunal de arbitramento que debió solicitar la consulta prejudicial, para que, de conformidad con los mecanismos procesales aplicables, subsane su omisión y emita un nuevo laudo...”, ello en los siguientes términos:

“Que, para dar cabal cumplimiento a la sentencia a la sentencia de 26 de agosto de 2011, la República de Colombia a través de la Sección Tercera del Consejo de Estado, debe realizar las siguientes acciones:

Proceder a declarar la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que surgió la obligación para el Consejo de Estado de solicitar la interpretación prejudicial, es decir, antes de la emisión de las providencias que resolvieron los recursos de anulación.

Continuar el proceso tomando la sentencia de 26 de agosto de 2011, expedida en el marco del proceso de incumplimiento 03-AI-2010, como la interpretación prejudicial que debió solicitar el Consejo de Estado. Esta providencia, por economía procesal, se debe tomar como la interpretación prejudicial que fija el sentido y alcance de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123 de su estatuto.

Anular los laudos arbitrales y, como efecto, devolver el asunto al Tribunal de Arbitramento que debió solicitar la consulta prejudicial, para que, de conformidad con los mecanismos procesales aplicables, subsane su omisión y emita un nuevo laudo, acogiendo, para tal fin, la providencia que expida en su momento el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”.

Ante la situación que se deja expuesta y siempre con el ánimo de cumplir de la mejor y más adecuada manera con las decisiones proferidas en este caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sección Tercera del Consejo de Estado estima que es su deber efectuar una interpretación razonable de las decisiones comentadas, consultando básicamente el ordenamiento constitucional colombiano como los principios que lo informan, el cual —según se explicó ampliamente— en modo alguno resulta desplazado o modificado por el ordenamiento andino que, bueno es precisarlo, no contiene regulación positiva alguna acerca del régimen arbitral aplicable en la subregión.

Pues bien, en ese sentido resulta fundamental destacar que si bien la Constitución Política de Colombia, en su artículo 116, contempla y autoriza a los particulares para que en su condición de árbitros debidamente habilitados por las partes, puedan ser investidos de la función de administrar justicia, lo hace sobre la base de concebir dichas facultades de manera esencialmente transitoria, razón por la cual, según el régimen arbitral vigente en el país, la jurisdicción y competencia que asisten a cada tribunal de arbitramento desaparecen —al igual que acontece con el tribunal mismo, comoquiera que se desintegra—, entre otras razones, en cuanto cobra firmeza el laudo expedido, independientemente de que con posterioridad pueda ser anulado por el juez del recurso extraordinario.

A este diseño constitucional se aviene perfectamente, en criterio de la Sala, la postura que asumió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de su auto de noviembre 15 de 2011, aclaratorio de su sentencia de agosto 26 de ese mismo año, en cuanto nada ordenó de manera específica y adicional a la decisión de anulación de los laudos correspondientes, sobre la base, según se dejó explicado, de considerar que “... la interpretación de las normas sobre la decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establecerá una vez que el Tribunal de Arbitramento se constituya nuevamente de acuerdo con las normas colombianas y este solicite la debida interpretación prejudicial de conformidad con la normativa comunitaria”.

Por el contrario, la decisión adoptada por el TJCA el 18 de julio de 2012 para efecto de señalar que una vez anulado el laudo el Consejo de Estado debería “devolver el asunto al Tribunal de Arbitramento que debió solicitar la consulta prejudicial”, esto es al tribunal que profirió el laudo cuya nulidad será declarada mediante este pronunciamiento, resultaría abiertamente contraria a tales postulados constitucionales como al régimen legal colombiano que se ha encargado de su desarrollo.

Ciertamente, según la normativa colombiana en materia de arbitramento, la competencia del Tribunal Arbitral, originada en la habilitación que las partes le otorgan con arreglo a las disposiciones constitucionales y legales vigentes, es una atribución competencial que desaparece cuando el tribunal cesa en sus funciones —y, por consiguiente, se disuelve o desintegra, como antes se indicó— lo cual acontece —en lo que al presente asunto interesa— “por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o complemente”(4), de lo cual se desprende que la exigencia que aparentemente contendría el aludido auto de julio 18 de 2012, del TJCA, determinaría una obligación de imposible cumplimiento toda vez que, en estricto rigor, el Tribunal de Arbitramento que expidió el laudo que aquí se anulará ya dejó de existir para el mundo jurídico y aun en el supuesto hipotético de que volvieran a reunirse quienes en su momento integraron dicho tribunal de arbitramento, lo cierto es que no podrían obrar en ejercicio de la competencia que les fue conferida por las partes para emitir un nuevo laudo en reemplazo de aquel cuya nulidad será declarada mediante esta decisión, comoquiera que esa competencia desapareció con la cesación, por parte del Tribunal Arbitral de marras, en el ejercicio de sus funciones.

Asumir que el Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo que ha de anularse pueda continuar sesionando y funcionando en cualquier tiempo, a pesar de haber cesado en sus funciones y a pesar de haberse disuelto como tal, solo significaría entender la existencia de dicho tribunal de arbitramento como una institución con vocación de permanencia, cuestión que —bueno es reiterarlo— reñiría abiertamente con el postulado constitucional que concibe, tutela y autoriza la existencia de la denominada justicia arbitral pero sobre la base de su transitoriedad.

Acerca del carácter eminentemente transitorio de las funciones judiciales que están llamados a cumplir los árbitros, la Corte Constitucional puntualizó:

“En relación con este tema es pertinente recordar que, de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 116 superior, la habilitación para que particulares administren justicia en calidad de árbitros es eminentemente temporal, “en los términos que determine la ley”. Así, es forzoso entender que los árbitros designados por las partes solo tienen la calidad de tales dentro de los límites temporales que hayan sido previstos, por fuera de los cuales conservan su habitual calidad de personas particulares”(5).

Así las cosas y, se insiste, con el fin de alcanzar la mejor, la más razonable y la más coherente interpretación posible a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente caso, para efectos de asegurar su efectivo y adecuado cumplimiento, la Sala entiende que, como bien lo expresó el auto aclaratorio del propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en noviembre 15 de 2011, después de anulado el laudo solo procedería —cuestión que consulta perfectamente el ordenamiento constitucional y legal colombiano— la convocatoria de un nuevo tribunal de arbitramento, convocatoria que debería efectuarse con sujeción a las normas que regulan la materia, nuevo tribunal de arbitramento que tendría, por tanto, el deber de satisfacer la exigencia impuesta por el ordenamiento andino en el sentido de solicitar la interpretación prejudicial que resulta imperativa en el caso sub examine para que, posteriormente, con apoyo en dicha interpretación prejudicial y de haber lugar a ello, se profiera el correspondiente laudo arbitral”.

9. Finalmente se resalta de las providencias del 9 agosto de 2012, que en las mismas también se hace referencia a que la ETB presentó recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias del Consejo de Estado que declararon infundados los referidos recursos de anulación.

Teniendo en cuenta las anteriores circunstancia se comprende con mayor claridad las razones por la cuales la ETB mediante la presente acción de tutela se opone a que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, trámite la solicitud de convocar un tribunal de arbitramento para resolver el conflicto que existente con Comcel (antes Celcaribe), razones que en síntesis pueden relacionarse de la siguiente manera:

1. Para la resolución del proceso arbitral existente alrededor del contrato de interconexión suscrito con Celcaribe (después Comcel), se profirió un laudo que le puso fin a dicho proceso.

2. El hecho de que el mencionado laudo se haya anulado, no implica que deba constituirse un tribunal de arbitramento, en tanto de aceptarse lo contrario equivaldría a predicar “que toda anulación de una providencia arbitral obligaría a que el panel arbitral se constituyera nuevamente, lo cual no está contemplado en ninguna norma vigente al momento de expedirse los laudos anulados por la Sección Tercera del Consejo de Estado”.

3. Como lo señaló el Consejo de Estado al dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de la referida controversia no puede continuar conociendo del asunto el Tribunal de Arbitramento que profirió un laudo sobre la misma, so pena de desconocer que este ejerció funciones jurisdiccionales de manera transitoria, y que no las ejerce de manera permanente.

4. La solicitud de convocatoria de tribunal de arbitramento presentada por Comcel, adolece de los requisitos legalmente establecidos, toda vez que para el momento de radicarse, el pacto arbitral correspondiente se encontraba en el proceso 2010-00651 ante el Consejo de Estado, que según el software de gestión judicial, corresponde a un recurso extraordinario de revisión que presentó la ETB contra una providencia de esta corporación, que declaró infundado alguno de los recursos de anulación que presentó dicha entidad.

5. Con la referida convocatoria lo que pretende Comcel es que se continúe discutiendo en un tribunal de arbitramento, un asunto respecto del cual el Tribunal que en su momento se conformó ya se pronunció, y por ende se extinguió como lo ha aclarado el Consejo de Estado.

6. Comcel con la referida convocatoria, está dilatando el cumplimiento de la orden que le dio el Consejo de Estado, consistente en devolver el dinero que la ETB le entregó en cumplimiento de los laudos que fueron anulados.

En suma, los motivos de inconformidad expuestos por la ETB podrían resumirse, en que estima que Comcel con la solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento para discutir un asunto ya concluido, está haciendo uso indebido de un mecanismo judicial, con el fin de oponerse a una serie de decisiones judiciales en su contra, proferidas principalmente por el Consejo de Estado en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 26 de agosto de 2011.

Por su parte, Comcel, como se desprende de la solicitud de convocatoria radicada ante la Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá(6), a partir de algunas de las afirmaciones que realizó el Consejo de Estado en las providencias que dieron cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sostiene que puede convocar a un nuevo tribunal de arbitramento, que esta vez cumpla con la obligación de la consulta de interpretación prejudicial de las normas andinas, y que precisamente eso es lo que pretende hacer con la solicitud a la que se opone mediante la presente acción la ETB.

La anterior posición, como se indicó al exponer los principales argumentos de la sentencia de tutela de primera instancia, es compartida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al afirmar que “es absolutamente claro para la Sala de decisión que, en efecto, Comcel S.A., o incluso la propia ETB S.A., tienen la capacidad y el derecho a convocar un nuevo tribunal de arbitramento, ello, con sujeción a las normas que regulan la materia en aras de cumplir el requisito faltante que dio lugar a la anulación de laudos arbitrales expedidos en su momento, esto es, la “interpretación prejudicial” y se profieran los correspondientes laudos arbitrales” (fl. 1012).

Una vez aclarados los principales motivos de inconformidad de la ETB, e incluso descritos de manera sucinta las razones por la cuales Comcel y el a quo, estiman que sí puede convocarse a un nuevo tribunal de arbitramento, sería del caso entrar a pronunciarse sobre si es o no viable que la entidad demandada en el presente actuación, esto es, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, le dé trámite a la solicitud de convocatoria presentada por Comcel, y por consiguiente, si al haber tramitado dicha solicitud adelantado las gestiones pertinentes para que se designen árbitros, obró en contra del ordenamiento jurídico como argumenta la ETB.

Sin embargo, en criterio Sala la resolución del anterior interrogante, está estrechamente relacionado con otros, frente a los cuales vale la pena preguntarse, ¿deben resolverse mediante la acción de tutela?

En efecto, alrededor del reproche que se le hace a la parte accionada en esta oportunidad, de tramitar una solicitud de convocatoria de un tribunal de arbitramento, se están discutiendo entre otros asuntos, si la cláusula compromisoria, en virtud de la cual Celcaribe (después Comcel) y ETB decidieron resolver sus diferencias frente al contrato de interconexión que suscribieron, se agotó con el laudo que en el año 2006 profirió el Tribunal de Arbitramento que se conformó para ese entonces, o si la misma permanece vigente porque en todo caso dicho laudo fue anulado; si la convocatoria a un tribunal de arbitramento que realizó Comcel en el año 2012, en realidad busca la constitución de un nuevo tribunal, o simplemente revivir una controversia que ya había concluido; si la referida solicitud de convocatoria cumple o no con todos los requisitos legalmente establecidos; si la misma se presentó oportunamente; y/o si frente al conflicto planteado existe cosa juzgada.

Como puede apreciarse, la resolución de tales interrogantes, que se reitera están directamente relacionados con el principal motivo de inconformidad de la ETB, esto es, que se está convocando a un tribunal de arbitramento que en su criterio no es viable, y que pretende ser utilizado por Comcel para dilatar o cuestionar las decisiones y órdenes que emitió el Consejo de Estado, requieren de un análisis detenido y especializado, frente al cual en esta oportunidad es necesario determinar si debe realizarse en virtud de la acción de tutela, que constituye un mecanismo expedito, informal, subsidiario y residual de protección de derechos fundamentales, o si existen otros mecanismos especializados a través de los cuales deban resolverse dichos asuntos.

La importancia de determinar la procedibilidad de la acción de tutela para resolver la controversia hasta aquí descrita, obedece a la necesidad de preservar la naturaleza especial de la acción constitucional, y evitar que la misma sea empleada como medio principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Planteado en los anteriores términos el problema jurídico principal en el caso de autos, estima la Sala que las cuestiones arriba descritas, relacionadas directamente con el principal motivo de inconformidad de la ETB, deben resolverse en primer término por el Tribunal de Arbitramento que se está conformando ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues de conformidad con la Ley 1563 de 2012, “por medio del cual se expide el estatuto de arbitraje nacional e internacional y se dictan otras disposiciones”, dicho tribunal después de instalado, es el encargado de decidir sobre su propia competencia, y por consiguiente, si puede o no pronunciarse sobre el conflicto existente entre Comcel y la ETB, que según esta ya está concluido; si el pacto arbitral en virtud del cual es convocado se encuentra o no vigente; si la demanda cumple todos los requisitos de ley; en suma, puede pronunciarse sobre todas las cuestiones existentes alrededor del principal motivo de informidad de la parte accionante.

Asimismo, durante el trámite arbitral, la ETB tiene la posibilidad de exponer en las etapas legalmente establecidas, como la contestación de la demandada, en la primera audiencia de trámite, entre otras, sus motivos de inconformidad, los relativos a la imposibilidad de que un tribunal de arbitramento se pronuncie nuevamente sobre el referido conflicto, en otras palabras, sobre la presunta falta de competencia del tribunal que se solicitó conformar ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Para mayor ilustración, se transcriben a continuación algunos artículos de la Ley 1563 de 2012, de cuya lectura se advierte que es el proceso arbitral el escenario idóneo y especializado para resolver la presente controversia.

ART. 20.—Instalación del tribunal. Aceptada su designación por todos los árbitros y, en su caso, cumplidos los trámites de recusación y reemplazo, el tribunal arbitral procederá a su instalación, en audiencia para la cual el centro de arbitraje fijará día y hora.

Si alguno de los árbitros no concurriere, podrá presentar excusa justificada de su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes. Si no presentare dicha excusa o, si presentada, no concurriere en la nueva fecha, se procederá a su reemplazo en la forma prevista en la presente ley.

En la audiencia de instalación el centro de arbitraje entregará a los árbitros el expediente.

El tribunal elegirá un presidente y designará un secretario, quien deberá manifestar por escrito su aceptación dentro de los cinco (5) días siguientes, y será posesionado una vez agotado el trámite de información o de reemplazo.

Sin perjuicio de lo que luego haya de decidir el tribunal sobre su propia competencia en la primera audiencia de trámite, la admisión, la inadmisión y el rechazo de la demanda se surtirán conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. El tribunal rechazará de plano la demanda cuando no se acompañe prueba de la existencia de pacto arbitral, salvo que el demandante invoque su existencia para los efectos probatorios previstos en el parágrafo del artículo 3º. En caso de rechazo, el demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje.

El poder para representar a una cualquiera de las partes en la audiencia de instalación incluye además de las facultades legales que se le otorgan, la facultad para notificarse de todas las determinaciones que adopte el tribunal en la misma, sin que se pueda pactar lo contrario.

ART. 21.—Traslado y contestación de la demanda. De la demanda se correrá traslado por el término de veinte (20) días. Vencido este, se correrá traslado al demandante por el término de cinco (5) días, dentro de los cuales podrá solicitar pruebas adicionales relacionadas con los hechos en que se funden las excepciones de mérito.

Es procedente la demanda de reconvención pero no las excepciones previas ni los incidentes. Salvo norma en contrario, los árbitros decidirán de plano toda cuestión que se suscite en el proceso.

PAR.—La no interposición de la excepción de compromiso o cláusula compromisoria ante el juez implica la renuncia al pacto arbitral para el caso concreto”.

ART. 29.—Procesos sometidos a la justicia ordinaria o contencioso administrativa. El tribunal de arbitraje es competente para resolver sobre su propia competencia y su decisión prevalece sobre cualquier otra proferida en sentido contrario por un juez ordinario o contencioso administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el recurso de anulación.

Si del asunto objeto de arbitraje estuviere conociendo la justicia ordinaria o la contencioso administrativa, y no se hubiere proferido sentencia de única o primera instancia o terminado por desistimiento, transacción o conciliación; el tribunal arbitral solicitará al respectivo despacho judicial la remisión del expediente y este deberá proceder en consecuencia.

Si dicho arbitraje no concluyere con laudo, el proceso judicial continuará ante el juez que lo venía conociendo, para lo cual el presidente del tribunal devolverá el expediente. Las pruebas practicadas y las actuaciones surtidas en el trámite arbitral conservarán su validez.

ART. 30.—Primera audiencia de trámite. Una vez consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el tribunal arbitral celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de todos sus miembros, en la cual resolverá sobre su propia competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que solo es susceptible de recurso de reposición. Si decidiere que no es competente para conocer de ninguna de las pretensiones de la demanda y la reconvención, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, y se devolverá a las partes, tanto la porción de gastos no utilizada, como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos derivados de la presentación de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para instaurar la demanda ante el juez competente.

En caso de que el tribunal se declare competente por mayoría de votos, el árbitro que haya salvado voto, cesará inmediatamente en sus funciones y será reemplazado en la forma prevista en esta ley. Nombrado el reemplazo, se reanudará y terminará la primera audiencia de trámite.

Por último, el tribunal resolverá sobre las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio estime necesarias.

Concluida la audiencia, comenzará a contarse el término de duración del proceso” (destacado fuera de texto).

Como puede apreciarse, la ETB en el referido proceso arbitral cuenta con varias herramientas para exponer las razones por las cuales estima que el Tribunal de Arbitramento que solicita conformar Comcel no tiene competencia y/o no puede pronunciarse sobre el asunto planteado, que el pacto arbitral se agotó, y/o que la demanda presentada no cumple con los requisitos necesarios, por lo que debe rechazarse o negarse.

Por la tanto, para la Sala es claro que través de la acción tutela, dada su naturaleza expedita, informal, subsidiaria y residual, no deben abordarse y resolverse todos los interrogantes existentes alrededor de la convocatoria al Tribunal de Arbitramento que presentó Comcel, sino que dicho tribunal es quien en primer término está llamado a pronunciarse sobre el particular.

Ahora bien, la parte demandante en el escrito de impugnación, ante la posibilidad que plantea el a quo, de que algunos de sus motivos de inconformidad sean resueltos por la justicia arbitral, estima que el Centro de Arbitraje y Conciliación puede pronunciarse sobre la existencia del pacto arbitral y su vigencia, lo que en manera alguna implica que con la decisión que tome esté ejerciendo facultades jurisdiccionales. Lo anterior, porque la ETB estima que la decisión de no dar trámite a la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento sí está en su manos, y no debe trasladar la misma a otras autoridades, por ejemplo a los árbitros designados.

Sobre la mencionada argumentación, la Sala considera que la resolución de los interrogantes planteados alrededor del principal motivo de inconformidad de la ETB, sí implica la adopción de decisiones que son propias de las autoridades judiciales, tales como si la demanda presentada reúne todos los requisitos legales; si el pacto arbitral en virtud del cual es convocado el Tribunal de Arbitramento está vigente, o se agotó con el laudo que se profirió en el año 2006; si respecto del conflicto planteado existen decisiones definitivas que impiden que el mismo se aborde nuevamente; entre asuntos, que comúnmente se ventilan ante las autoridades judiciales, porque son las mismas y no otras quienes tienen la competencia para pronunciarse.

Por la anterior situación, como lo hizo el a quo en el fallo controvertido, es necesario reiterar que los Centros de Arbitraje y Conciliación no ejercen funciones jurisdiccionales, como claramente lo indicó la Corte Constitucional en la Sentencia C-1038 de 2002(7), al resolver una demanda de inconstitucional que entre asuntos, planteó que el Decreto 2651 de 1991 le estaba asignando funciones judiciales a los centros de arbitraje y conciliación. En tal sentido en la sentencia antes señalada se indicó:

“20. El artículo 116 establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Esta norma señala entonces que los árbitros, cuando son habilitados por las partes, pueden ejercer la función judicial, pero no indica expresamente que los centros de arbitraje puedan desarrollar esas atribuciones. Por consiguiente, el actor acierta en que los particulares solo pueden habilitar a los árbitros mismos, pero no a los centros de arbitraje; y por ello no puede la ley conferir atribuciones judiciales al centro de arbitraje, o a su director.

21. Con todo, podría argumentarse que la anterior interpretación deja de lado que el arbitraje se ejerce “en los términos que determine la ley” (C.P., art. 116) y por ello esta Corte había reconocido que el principio de habilitación no excluye una amplia libertad de configuración en esta materia. Ha dicho al respecto esta corporación:

“La Corte Constitucional comparte plenamente el argumento expuesto por el actor, según el cual la justicia arbitral solo está permitida constitucionalmente si está habilitada por las partes. Sin embargo, resulta equivocado deducir de esta premisa que el Legislador está impedido para regular el procedimiento que rige este tipo de mecanismos de solución de conflictos, pues si bien el acceso a la justicia arbitral es voluntario, la función de administración de justicia por árbitros deberá desarrollarse “en los términos que determine la ley” (C.P., art. 116).

En este orden de ideas, el artículo 116 de la Carta debe interpretarse en armonía con el artículo 29 superior, según el cual toda persona tiene derecho a ser juzgado ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”, lo cual permite concluir que, en situaciones donde los particulares no acordaron procedimiento especial que los regule, le corresponde al Legislador fijar las formas procesales de cada juicio, lo que incluye, el proceso arbitral. Por consiguiente, si los árbitros ejercen la función pública de administrar justicia, es razonable que el legislador configure el marco general y las directrices de la actuación arbitral, dentro del marco de la Constitución”(8).

En esas circunstancias, podría considerarse que la previsión de una fase prearbitral de naturaleza judicial y adelantada por los centros de arbitraje no es en sí misma inconstitucional, pues no desconoce el principio de voluntariedad del arbitraje, ni su carácter temporal y excepcional. En efecto, esa fase prearbitral existe exclusivamente porque las partes, por medio de un pacto arbitral (sea cláusula compromisorio, o sea compromiso) decidieron voluntariamente acudir a la justicia arbitral. Esa fase prearbitral opera entonces exclusivamente por la voluntad de las partes de acudir a ese mecanismo alternativo de resolución de conflictos, y únicamente para el litigio específico, con lo cual se respetan los principios de habilitación y temporalidad. Finalmente, es obvio que esta fase prearbitral solo puede operar para aquellos eventos en que el arbitraje es normativamente posible, con lo cual se respeta también el carácter excepcional de esta institución.

Podría entonces objetarse que la regulación es constitucional, en razón a que esta fase prearbitral es una forma como la ley quiso que se ejerciera la justicia arbitral, sin que ello desconozca el principio de habilitación, pues este se hace en los términos establecidos por la ley. Según esta objeción, cuando dos partes en un negocio jurídico deciden acudir a la justicia arbitral, aceptan que la ley ha establecido esa fase prearbitral, sin que la realización de dicho trámite desconozca el carácter voluntario del arbitramento. En efecto, se entendería que las partes libremente renunciaron a la justicia estatal para solucionar su litigio por medio del proceso arbitral, conociendo la existencia de esa fase prearbitral.

22. La Corte considera que el anterior reparo, fundado en la libertad del legislador para regular el proceso arbitral, no es de recibo, pues deja de lado los principios constitucionales que gobiernan el arbitraje, y la naturaleza excepcional del ejercicio de funciones judiciales por los particulares.

Así, las funciones judiciales que se atribuyen a particulares deben ser conferidas de manera expresa, pues su carácter excepcional así lo exige. Tal conclusión se complementa perfectamente con el elemento de la voluntad de las partes, que deciden no solo acudir a la justicia arbitral, sino quiénes serán los árbitros. En ese sentido, la voluntad de las partes activa tanto la jurisdicción arbitral como las competencias y atribuciones de las personas que obrarán como árbitros. Lo contrario, es decir, admitir que funcionarios que no han sido habilitados por la voluntad de las partes puedan ejercer una labor judicial de carácter excepcional, sería ir en contra no solo el espíritu de la normatividad en materia de arbitramento —basada en la voluntad de las partes— sino también contrariar la Constitución, que establece claramente que se trata de una situación excepcional cuya interpretación debe ser restrictiva.

Admitir una interpretación contraria desconocería el tenor del artículo 116 de la Carta, según el cual los particulares solo habilitan a los árbitros, no al centro de arbitraje ni a otros funcionarios para el ejercicio de una función tan delicada como la de administrar justicia. En ese orden de ideas, mal podría la ley hacer obligatoria la intervención de personas o entidades no autorizadas por las partes para intervenir en el procedimiento. Es menester entonces reconocer el peso del principio de habilitación al momento de conferir facultades judiciales a los particulares, sin que ello implique negar la importancia de las labores de apoyo y trámite, que pueden ejercer los centros de arbitraje. Solo así puede ser evitada una participación extraña en el desarrollo de un procedimiento de carácter excepcional que opera basado en la habilitación dada por la voluntad de las partes que acuden al mecanismo. Con base en los fundamentos anteriores, esta Corte encuentra que el cargo del actor es acertado, pues los centros de arbitramento no pueden ser habilitados por la ley para tomar decisiones judiciales indisolublemente ligadas a la suerte del proceso arbitral. Dichas decisiones solo pueden ser tomadas por los árbitros habilitados por las partes (C.P., art. 116), sin perjuicio de que la ley pueda conferir a dichos centros labores de apoyo al proceso arbitral, o el desarrollo de ciertas funciones en materia de conciliación” (el destacado es nuestro).

Por lo tanto, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, no es llamado a resolver los motivos de inconformidad expuestos por la ETB, por lo que se reitera, es el Tribunal de Arbitramento que se está conformando por solicitud de Comcel, el que en primera medida debe pronunciarse sobre el particular.

Por supuesto no se desconoce que para la ETB el hecho que se plantee nuevamente la posibilidad de que se reabra un conflicto frente al cual tiene la convicción que ya se ha decidido, implica para dicha empresa emprender ciertas actuaciones que en su criterio podrían calificarse como desgastantes, o que se convalida la actitud contraria a derecho o de abuso del mismo que estima ha mantenido por Comcel, empero, en criterio de la Sala dicha situación tampoco puede catalogarse como constitutiva de un perjuicio irremediable, como para predicar que deben analizarse los referidos motivos de inconformidad en el presente trámite.

Asimismo se observa que una de las preocupaciones de la ETB, es que con la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, Comcel continúe dilatando la devolución del dinero que le ordenó entregar el Consejo de Estado, frente a lo cual estima la Sala que la empresa demandante puede adelantar las gestiones judiciales pertinentes para perseguir la devolución de dicho dinero, a pesar de que deba ejercer su derecho a la defensa en el referido proceso arbitral, por lo que tampoco se advierte que dicha situación constituya un perjuicio irremediable que haga procedente transitoriamente el amparo solicitado, ante la existencia de otro medio de protección.

De otro lado, la ETB indica que en el trámite prearbitral la entidad accionada ha vulnerado su derecho a la igualdad, pues ha adelantado el mismo para favorecer los intereses de Comcel.

Con el fin de establecer si durante el trámite prearbitral el Centro de Arbitraje y Conciliación ha vulnerado el derecho a la igualdad de la ETB, se resumen a continuación las principales actuaciones que se ha desarrollado dentro del mismo, con fundamento en los documentos que componen la copia cuaderno principal del trámite 2847:

1. La solicitud de convocatoria presentada por Comcel fue radicada el 21 de diciembre de 2012 (fls. 1-68).

2. La entidad accionada mediante escrito del 11 de enero de 2013, dirigido a Comcel, acusó recibo de la solicitud de convocatoria, y afirma que el pacto arbitral que sustenta la misma se encuentra dentro del Expediente 2010-00651-00 ante el Consejo de Estado (fl. 104), que como antes se indicó, corresponde al recurso extraordinario de revisión que presentó la ETB contra uno de los fallos que declaró infundado uno de los recursos de anulación que presentó.

Asimismo, a través del referido escrito se cita a Comcel a una reunión para el 21 de enero de 2013, a las 12:30 p.m., con el fin de establecer el trámite a seguir previa la designación de los árbitros.

3. A folios 105 y 106 del referido cuaderno se observa, que el 14 de enero de 2013 la ETB recibió por parte de la entidad accionada, un oficio mediante el cual se le cita a la reunión antes señalada, con ocasión a la solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento que realizó Comcel. En dicho oficio también se aclara que el pacto arbitral se encuentra en el Consejo de Estado.

4. Comcel mediante escrito del 16 de enero de 2013, aportó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación, copia del contrato de interconexión que contiene la cláusula compromisoria, con el fin de que en la reunión prevista para el 21 de enero de 2013 se proceda a la designación de los árbitros (fls. 108-142).

5. La ETB a través de escrito del 16 de enero de 2013, le solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación, copia de la demanda de convocatoria, y que la reunión de designación de árbitros programada para el 21 de enero de 2013, se reprogramara para después del 31 de enero, “teniendo en cuenta que para la fecha y hora convocada no es posible asistir por compromisos judiciales previamente programados para ese día” (fl. 143).

6. La entidad accionada mediante oficios del 17 de enero de 2013, recibidos el 21 de enero del mismo año por Comcel y la ETB, puso a disposición de dichas entidades los documentos que ha sido aportados por la partes, e invitó a las mismas a que asistieran a una reunión para el 28 de enero de 2013, a las 9:30 a.m., con el fin de designar a los árbitros (fls. 220-221). Se destaca que de la referida citación se informó a todos los interesados mediante correos electrónicos del 17 y 18 de enero de 2013 (201-219).

7. El Centro de Arbitraje y Conciliación, a través de oficio del 18 de enero de 2013, le solicitó al Consejo de Estado que remitiera copia auténtica de 3 expedientes, con el fin de dar trámite a las demandas arbitrales que presentó la ETB contra Comcel (fl. 223).

8. En escrito del 23 de enero de 2013, la ETB le solicitó a la parte accionada “no llevar a cabo la reunión de designación de árbitros del 28 de enero de 2013, abstenerse de adelantar cualquier gestión en relación con el asunto de la referencia, y en consecuencia devolver la inusual petición a Comcel”. Para tal efecto, expuso los argumentos que invocó en el presente trámite, relativos a la existencia de pronunciamientos judiciales que resolvieron en su favor la controversia existente alrededor del contrato de interconexión, a fin de argumentar que lo pretende Comcel es revivir un proceso arbitral. Adicionalmente reprochó que la demanda presentada no cumple con los requisitos previstos en las normas procesales (fls. 225-227).

9. Finalmente, a folio 229 del mencionado cuaderno, se observa un acta de la reunión llevada a cabo el 28 de enero 2013, prevista para designar a los árbitros dentro del proceso arbitral, a la cual no acudió la ETB, por lo que no fue posible la designación de estos de común acuerdo, y se dispuso la expedición de copias auténticas de la lista oficial de árbitros, “con el fin de acudir al Juez Civil del Circuito para el nombramiento de los árbitros que integrarán el tribunal. Lo anterior en los términos del numeral 4º del artículo 14 de la Ley 1563 de 2012” (fl. 229).

No se advierte dentro del referido cuaderno, que la ETB haya indicado las circunstancias por la cuales no acudió a la reunión a la que fue citada.

Teniendo en cuenta las actuaciones antes descritas, se observa que se le ha informado a la ETB del trámite prearbrital adelantado, y no se advierte que con las decisiones adoptadas, que por ahora simplemente consisten en la citación a una reunión para designar a los árbitros de común acuerdo, y ante la imposibilidad de dicha alternativa, de optar por la designación de aquellos de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1563 de 2012(9), se haya incurrido en un trato discriminatorio.

Asimismo, para la Sala no puede considerarse como un hecho constitutivo de una clara y flagrante violación del derecho a la igualdad de la ETB que justifique acceder al amparo solicitado, que no se haya resuelto de manera favorable su petición de realizar la designación de árbitros después del 31 de enero de 2013.

En ese orden de ideas, no hay lugar a conceder el amparo solicitado, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del 6 de febrero de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, negó la acción de tutela presentada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Envíese copia de esta providencia al tribunal de origen».

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha».

(1) Proceso 2007-00010-00 (33.645), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y 2007-00009-00 (33.644), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Proceso 2007-00008-00 (33.643), C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

(3) Emitidos dentro de los procesos 2012-00013-00 (43.045), C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 2012-00018-00 (43.195), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; y 2012-00020-00 (43.281), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(4) El artículo 167 del Decreto 1818 de 1998, a este respecto, establece lo siguiente: “El tribunal cesará en sus funciones:

1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de gastos y honorarios prevista en el presente decreto.

2. Por voluntad de las partes.

3. Por la ejecutoria del laudo, o de la providencia que lo adicione, corrija o complemente.

4. Por la interposición del recurso de anulación.

5. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga”.

(5) Corte Constitucional. Sentencia T-1031 del 3 de diciembre de 2007.

(6) Folios 1 a 68 de la copia del cuaderno principal del trámite arbitral con radicado 2847.

(7) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(8) Sentencia C-163 de 1999, fundamento 8.

(9) “ART. 14.—Integración del Tribunal Arbitral. Para la integración del tribunal se procederá así:

1. Si las partes han designado los árbitros, pero no consta su aceptación, el director del centro de arbitraje los citará por el medio que considere más expedito y eficaz, para que se pronuncien en el término de cinco (5) días. El silencio se entenderá como declinación.

Este mismo término y el efecto concedido al silencio, se aplicará para todos los eventos en que haya designación de árbitro y este deba manifestar su aceptación.

2. Si las partes no han designado los árbitros debiendo hacerlo, o delegaron la designación, el director del centro de arbitraje requerirá por el medio que considere más expedito y eficaz a las partes o al delegado, según el caso, para que en el término de cinco (5) días hagan la designación.

3. Si las partes delegaron al centro de arbitraje la designación de todos o alguno o varios de los árbitros, aquella se hará por sorteo dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud de cualquiera de ellas.

4. En defecto de la designación por las partes o por el delegado, el juez civil del circuito, a solicitud de cualquiera de las partes, designará de plano, por sorteo, principales y suplentes, de la lista de árbitros del centro en donde se haya radicado la demanda, al cual informará de su actuación.

5. De la misma forma se procederá siempre que sea necesario designar un reemplazo.

6. Las partes, de común acuerdo, podrán reemplazar, total o parcialmente, a los árbitros con anterioridad a la instalación del tribunal” (el destacado es nuestro).