SENTENCIA 2013-00210 DE FEBRERO 2 DE 2017

 

Sentencia S2013-002010 de febrero 2 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala número 8 de la fecha

Rad.: 700011102000201300210 01

Bogotá D.C., dos de febrero de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 Constitucional Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura “examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”. (resaltado de la Sala), norma desarrollada por el numeral 4 del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”. (negrilla fuera de texto), concordante con lo preceptuado en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, pues la alzada “procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia”.

Esta facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable. En razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, el cual dispuso que “…Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial...”.

Transitoriedad que fue avalada mediante Auto 278 del día 9 de julio de 2015 proferido por la Honorable Corte Constitucional, proveído que dispuso “De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Límites de la apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del operador de segunda instancia, se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el juzgador que los tópicos no discutidos no suscitan inconformidad. Respecto de la órbita de conocimiento esta corporación, no goza de libertad para emitir un nuevo juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión recurrida y desatar los puntos de disenso esbozados por el apelante29.

Se estudia por esta Superioridad el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 1º de septiembre de 201630, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, lo declaró disciplinariamente responsable por haber sido hallado autor a título de culpa de la falta consagrada en el numeral 6 del artículo 28 y numeral 1 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007; como consecuencia, le impuso sanción de censura.

Caso en concreto. La compulsa de copias realizada por el Juez Promiscuo de Familia de San Marcos trata la presunta infracción disciplinaria en que incurrió el abogado Eudaldo Noriega Luna, en su calidad de asesor jurídico de la ESE, al haber retardado la entrega de las copias auténticas de la historia clínica de la señora Marlkis Reuema Ramos, bajo el primer argumento de requerir poder para quien la reclamaba en su nombre, y luego, aduciendo no ser necesaria su autenticación, invocando norma no aplicable a la situación particular.

Los motivos de disenso del sancionado, se reducen a dos argumentos:

1. Tanto la ESE como él son respetuosos y cumplidores de las normas constitucionales, y que los derechos de petición se resolvieron con fundamento en las normas y términos establecidos para ello; y

2. Las historias clínicas tienen carácter de reservado para algunas personas, y se refiere a la Resolución 1995 de 1999 que estableció el procedimiento para custodia sobre las historias clínicas en los hospitales.

Frente al primer punto de inconformidad, recapitula la Sala sobre el acontecer fáctico que llevó a la señora Marlis Requena Ramos a presentar la acción de tutela, génesis de esta actuación disciplinaria:

El apoderado de la actora, presentó escrito derecho de petición el día 26 de enero de 2011, ante el Hospital Regional Nivel II San Marcos, en el que solicita la expedición de copias auténticas de los documentos en él relacionados.

El gerente de la ESE, en oficio de 17 de febrero de 2011, comunicó al apoderado de la actora que las copias auténticas de la historia clínica son autorizadas a sus costas, por lo que debía acercarse a cancelarlas en la oficina de estadísticas de la entidad, donde le entregarían las copias. Al hacerlo, le informaron que el valor de cada copia es de $1.500, pero por ser persona humilde y de escasos recursos, no le fue posible pagar.

El abogado Numa Rafael Ortiz Fernández, presentó nuevo escrito derecho de petición el día 27 de enero de 2012, dirigido al Agente Especial de Intervención, Juan Carlos Guardo del Río, solicitando la expedición de copia auténtica de toda la historia clínica de la señora Marlis Requena Ramos, incluyendo control prenatal y ecografías realizadas durante el embarazo de esta.

Ante la carencia de poder del abogado, el señor Noriega Luna, en su condición de asesor jurídico de la ESE, en memorial de 30 de enero de 2012, negó la solicitud, por no acreditar el ius postulandi, al no presentar poder para elevar esa solicitud, sin tener en cuenta que ella coadyuvó el escrito en mención.

El 3 de febrero siguiente, la actora —en nombre propio— elevó derecho de petición ante el mismo asesor del Hospital Regional Nivel II San Marcos, doctor Eudaldo Segundo Noriega Luna. El 15 de febrero, el abogado respondió la petición, transcribiendo parte del artículo 25 del Decreto 19 de 2012, haciendo una interpretación errónea de la norma aludida, negando su expedición.

En trámite la acción de tutela formulada por la peticionaria, la ESE le dio respuesta de fondo, pues le fue suministrada copia de la historia clínica autenticada, razón por la cual el despacho no tuteló el derecho fundamental de petición invocado como vulnerado, por configuración del denominado “hecho superado”. Sin embargo, en el citado fallo no solo advierte y ordena a la autoridad pública accionada, para que en un futuro no vuelva a repetir esa conducta, sino que compulsa copias a la Procuraduría y al Consejo Superior de la Judicatura para que se investiguen las conductas de los señores Juan Carlos Guardo del Río, Agente Especial de Intervención del Hospital Regional de II Nivel San Marcos ESE, y al asesor jurídico de esa ESE, aquí disciplinado, por las faltas disciplinarias en que pudieron haber incurrido con su actuar.

Del recuento procesal realizado, para la Sala está acreditada la comisión de la conducta antiética endilgada al profesional del derecho, violatoria del deber que le asistía de expedir las copias auténticas solicitadas, sin las artimañas dilatorias que usó, quizás con la pretensión de que no fueran usadas en contra de la entidad a la que representaba, pues no le era desconocida que la finalidad perseguida con ella, era la instauración de una demanda de reparación directa por responsabilidad médica de la ESE.

El deber vulnerado, es el consagrado en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, del siguiente texto:

2. Deberes del abogado. Son deberes del abogado:

(…).

6. Colaborar leal y cumplidamente en la recta y cumplida administración de justicia y fines del Estado”.

Con lo anterior, incurrió en la falta de que trata el numeral 1 del artículo 30, ibídem, que dispone:

“ART. 30.—Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión.

1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas.”.

Perturbó e interfirió en el procedimiento, porque —como bien lo adujo el a quo— negó la expedición de copias, bajo el argumento de que no era posible acceder a la petición en atención a que el inciso primero del artículo 25 del Decreto 19 de 2012 determinaba la presunción de autenticidad de los documentos públicos; pero omitió y desconoció aplicar el contenido del segundo inciso de la misma norma, que establece la prohibición de las autoridades administrativas para exigir copias autenticadas. En efecto, el aparte pertinente reza:

“Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deben realizar, salvo para el reconocimiento o pago de pensiones.”.

Pero, como ya quedó consignado, el abogado tenía conocimiento que las copias autenticadas solicitadas, no tenían como destino una autoridad administrativa, sino judicial, como prueba en la acción de reparación directa por responsabilidad médica del Hospital ESE, por lo que esa normatividad no le era aplicable.

Adquiere firmeza lo expresado, pues observa la Sala que una vez el Hospital ESE es notificado por el Juzgado —autoridad judicial— de la acción de tutela, de manera inmediata procede a expedir las copias autenticadas.

Por lo expuesto, disiente la Sala del argumento expuesto por el recurrente.

No comprende la Sala la lo perseguido con el segundo punto de alzada —en el que asegura que las historias clínicas tienen carácter de reservado para algunas personas, y se refiere a la Resolución 1995 de 1999 que estableció el procedimiento para custodia sobre las historias clínicas en los hospitales— pues la norma por él traída soporta aún más lo explicado por la Sala a quo, acogido por esta colegiatura. En efecto, el escrito transcribe el artículo 1º de la citada resolución, así:

La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley”.

Y el artículo tercero de la misma norma, señala:

“La custodia de la historia clínica estará a cargo del prestador de servicios de salud que la generó en el curso de la atención, cumpliendo los procedimientos de archivo señalados en la presente resolución, sin perjuicio de los señalados en otras normas legales vigentes. El prestador podrá entregar copia de la clínica al usuario o a su representante legal cuando éste lo solicite, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes.”.

De las normas aludidas por el propio disciplinados, deviene la obligación que le asistía de hacer entrega de la historia clínica a la petente, que era justamente la paciente y/o a su apoderado, sin las dilaciones presentadas.

Igual situación se presenta con la jurisprudencia que consigna, pues se refiere es a los requisitos para acceder a la historia clínica sujeta a reserva de una persona fallecida, que no es el caso en estudio.

Resueltos de manera desfavorable los puntos discutidos en el escrito de alzada, procederá esta Colegiatura a confirmar la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la providencia de 1º de septiembre de 2016, mediante la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, declaró disciplinariamente responsable al abogado Eudaldo Segundo Noriega Luna, por haber sido hallado autor a título de culpa de la falta consagrada en el numeral 6 del artículo 28 y numeral 1 del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007; como consecuencia, le impuso sanción de censura, con fundamento en la parte considerativa de este proveído.

2. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala, advirtiendo que contra esta providencia no procede recurso alguno.

3. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.

30 M.P. Sergio Sánchez.