Sentencia 2013-00224 de octubre 3 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref. Exp. 17001221300020130022401

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá D.C., tres de octubre de dos mil trece

Discutido y aprobado en sesión de dos de octubre de dos mil trece

Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el veintitrés tres de mayo de dos mil trece por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acción de tutela promovida por Oscar Hernán Hoyos contra el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas, trámite al que se vinculó al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de ese municipio.

I. Antecedentes

A. La pretensión

El ciudadano solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que considera vulnerado con el rechazo de la demanda que presentó, y la negativa a concederle el recurso de apelación que formuló contra esa decisión.

Pretende, en consecuencia, que se amparen las garantías reclamadas y se ordene a la autoridad accionada asumir el conocimiento del proceso que formuló, bajo la ritualidad señalada en el libelo. (Fl. 59, cdno. 1)

B. Los hechos.

1. El accionante instauró una demanda verbal de pertenencia contra Bernardo Trejos Hernández, conforme las disposiciones establecidas en los artículos 396 y 407 del Código de Procedimiento Civil. (Fl. 34, cdno. 1).

2. El conocimiento del asunto correspondió al juzgado civil del circuito de Riosucio, Caldas, quien mediante proveído de 11 de abril de 2013, rechazó el libelo por falta de competencia, en razón de la cuantía, para lo cual expresó: “...el inmueble objeto de usucapión, reporta copia del pago de impuesto predial, un avaluó catastral de treinta y seis millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos (36.348.000) M.L., de donde se desprende que este despacho a pesar de haberse adosado con la demanda un avalúo comercial que supera esa cifra como valor comercial del predio; carece de competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, conforme lo regulado en el artículo 4º de la Ley 1561 de 2012, el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, que como se explicó se encuentra vigente en la actualidad vigente desde el 11/ene/2013; modificatoria de la competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía,”. (Fl. 36, cdno.1).

3. Inconforme con lo decidido, el actor interpuso los recursos de reposición, en subsidio apelación. (Fl. 38, cdno. 1).

4. En auto de 23 de abril de 2013, se negaron las defensas incoadas, y en consecuencia se ordenó la remisión al juez competente. (Fl. 45, cdno. 1).

5. El juzgado segundo promiscuo municipal de Riosucio, asumió el trámite del asunto, y en proveído de 16 de mayo de 2013, ordenó de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1561 de 2012, allegar la información que permita la calificación de la demanda. (Fl. 48, cdno.1).

6. Posteriormente, el 28 de mayo de 2013, la citada autoridad, resolvió dejar sin efecto la citada determinación, y en su lugar inadmitió la demanda, con el fin de que fuera subsanada en el término legal, aportando las exigencias establecidas en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6º de la citada norma y la prueba de que trata el artículo 2º ibídem. (Fl. 50, cdno. 1).

7. Contra esa determinación el tutelante no formuló recurso el recurso de reposición.

8. Vencido el plazo otorgado, el juez de conocimiento rechazó el libelo, porque el reclamante no dio cumplimiento a lo ordenado. (Fl. 52).

9. En criterio del promotor del trámite constitucional se quebrantaron sus derechos por cuanto no era procedente el rechazó del libelo, porque lo pretendido no era el trámite del proceso verbal especial de que trata la Ley 1561 de 2012, sino el establecido en el artículo 407 de la ley procesal civil, que se encuentra vigente en la actualidad. (Fl. 12, cdno. 1).

C. El trámite de la primera instancia.

1. Mediante providencia de 12 de agosto de 2013, se admitió la acción de tutela, ordenándose correr traslado a todos los interesados para que ejercieran su derecho de defensa. (Fl. 65, cdno. 1)

2. La autoridad accionada solicitó denegar el amparo porque no vulneró los derechos incoados. (Fl. 71, cdno. 1)

El juez segundo promiscuo municipal, refirió el trámite dado al asunto del cual conoció. (Fl. 73, cdno. 1).

3. El tribunal negó la tutela porque el reclamante no utilizó los medios de defensa dispuestos en el trámite judicial para obtener la admisión del libelo. (Fl. 80, cdno. 1).

4. Por estar en desacuerdo con la sentencia, el tutelante la impugnó, aduciendo que no formuló los medios de defensa aludidos por el juez constitucional porque los mismos eran improcedentes, conforme a lo establecido por el artículo 148 inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, y porque le era imposible subsanar la demanda ya que la pretensión era que a la demanda se le imprimiera el trámite del artículo 407 de la ley procesal civil. (Fl. 83, cdno. 1).

II. Consideraciones

1. Por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, solo en forma excepcional resulta viable para cuestionarlas cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio.

Una de las causas que justifican la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales se da cuando en ejercicio de sus atribuciones legales, el funcionario se aparta de manera evidente de las normas sustanciales o procesales aplicables al caso, situación con la que termina produciendo una determinación que lesiona las garantías de quienes someten sus conflictos al conocimiento de la jurisdicción.

2. En el presente asunto, como resultado del análisis de las providencias en contra de la que se enfiló el reclamo en tutela, esto es, las proferidas por el juzgado civil del circuito de Riosucio, Caldas, el 11 y 23 de abril de 2013, a través de las cuales rechazó la demanda promovida por el actor, y a su vez negó la reposición que contra esa decisión formuló, se advierte su incursión en una vía de hecho, que hace procedente el amparo, porque se transgreden los derechos fundamentales del actor, siendo imperiosa la intervención del juez constitucional.

En primer lugar, se aparta la Sala de la consideración del juez constitucional, al estimar que el accionante contaba con otros medios de defensa judiciales, pues, ningún sentido tenía insistir en la formulación del recurso de queja frente a una decisión evidentemente inapelable, como lo es la que rechaza la demanda por competencia y envía el expediente a otra autoridad, de conforme lo establece el inciso primero del artículo 148 del Código de Procedimiento Civil.

Al respecto, es oportuno señalar que “...en materia del recurso de apelación rige el principio de taxatividad o especificidad, según el cual solamente son susceptibles de ese remedio procesal las providencias expresamente indicadas como tales por el legislador, quedando de esa manera proscrita las interpretaciones extensivas o analógicas a casos no comprendidos en ellas; siendo menester examinar el caso concreto a la luz de las hipótesis previstas en la norma”. (Sentencia abr. 8/2011. Exp. 00664-00).

Igual sucede, frente a la no interposición de la reposición contra la providencia a través de la cual el juez promiscuo municipal, dando cumplimiento al superior funcional, inadmitió el libelo a fin de que fuera subsanado por el actor, aportando los requisitos establecidos en la Ley 1561 de 2012, porque atendiendo los hechos y pretensiones de la demanda, era evidente que no podía cumplirlos.

En consecuencia, se abre paso para el análisis de fondo de la pretensión constitucional.

En el asunto, el funcionario judicial acusado estimó que debía rechazar la demanda promovida por el reclamante, por carecer de competencia en razón a la cuantía, conforme a lo establecido en el artículo 4º de la Ley 1561 de 2012.

Por vía de tal raciocinio el juzgado consideró:

“Se tiene que a través de esta demanda y por el trámite verbal de pertenencia, el señor Oscar Hernán Hoyos García, procura declararse propietario por prescripción ordinaria y en subsidio extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble descrito en la demanda, pero este asunto, ha debido formularse, ante el juzgado promiscuo municipal reparto de esta ciudad, bajo las pautas de la Ley 1561 de 2012, en operación desde el 11 de enero de 2013, mediante proceso verbal especia, creado para otorgar títulos de propiedad a poseedores materiales de bienes inmueble urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y saneamiento de la falsa tradición, concluyéndose que la demanda, en razón de la cuantía no puede tramitarse en esta sede por prohibición de la Ley 1561 de 2012, donde se regula esta clase de proceso verbal”.

Luego, al formular el recurso horizontal, el actor a través de su apoderado judicial expresó: “El suscrito abogado, conoce de la existencia de la Ley 1561 de 2012 y de que su vigencia empezó a regir a partir del 11 de enero de 2013, no obstante, el presente trámite no se presentó bajo los lineamientos de la mencionada norma, la pertenencia que aquí se instaura es la regulada por el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, al resolver la citada defensa el funcionario accionado adujo: “...Por todo lo anterior este despacho continua en el convencimiento de la vigencia general de la Ley 1561 de 2012 para adelantar los trámites procesales de todas las acciones de pertenencia a partir del 12 de enero de 2013; su actual vigencia y la derogatoria tácita de toda otra norma procesal que le sea contraria”.

Por consiguiente, mantuvo su determinación y remitió las diligencias al juzgado promiscuo municipal de la citada municipalidad, quien lo inadmitió bajo esa ritualidad, y a su turno exigió al peticionario subsanarla en el término legal, aportando las exigencias establecidas en los numerales 1º,3º,4º,5º,6º, 7º y 8º del artículo 6º de la citada norma y la prueba de que trata el artículo 2º ibídem.

En primer lugar, es del caso precisar que la Ley 1561 de 2012, fue creada a fin de establecer: “un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica y sanear la falsa tradición”.

A su vez, en los artículos primero y segundo, de la reseñada disposición el legislador estipuló: “Objeto. El objeto de la presente ley es promover el acceso a la propiedad, mediante un proceso especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para sanear los títulos que conlleven la llamada falsa tradición, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles. Artículo 2º. Sujetos del derecho. Se otorgara título de propiedad a quien demuestre posesión material sobre bien inmueble, urbano o rural, que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley”.

Y en su artículo 26, determinó el efecto general e inmediato de esa norma: “Podrá (destacado por la Sala), acogerse al proceso verbal especial aquí previsto todo aquel que a la entrada en vigencia de esta ley haya cumplido los requisitos para tal efecto”.

De ahí, emerge que contrario a lo que consideró el juzgador accionado, la ley en cita no derogó el artículo 407 de la ley adjetiva que aún se encuentra vigente, ni mucho menos determinó ese trámite para todas los litigios de pertenencia, porque como se observa, incluso, el legislador en el Código General del Proceso, en su artículo 375 (que aún no se encuentra en vigencia), reguló el trámite establecido para este tipo de acciones.

En síntesis la normativa aplicada por el accionado, no es impositiva es permisiva, y le otorga al demandante la posibilidad de acogerse o no a ella, en caso de cumplir con los requisitos que la misma exige, puesto que es un trámite especial y expedito, creado por el legislador con el fin de garantizar, a los ciudadanos y en especial a la población campesina, el acceso a la propiedad, como quiera que es un proceso especial que comprende inmuebles urbanos y rurales que si bien no cuenta con las formalidades legales, tampoco están contemplados en la restitución de tierras a despojados(1).

De lo anterior, emerge que no era viable que el funcionario judicial alterara por vía de interpretación el querer del demandante amparándose en la derogatoria tácita del artículo 407 de la ley procesal civil, pues como se dijo, el mismo se encuentra vigente, y si él libelista no pidió la aplicación de esa norma y por el contrario se opone a su aplicación, por no reunir los requisitos que la misma exige, le está vedado al juez imponerle ese trámite, pues por lo menos la ley así no lo prevé.

Esto, porque se advierte claramente de las diligencias aportadas, el actor en el libelo demandatorio y en la sustentación del recurso horizontal que formuló, pretende adquirir por prescripción ordinaria adquisitiva de dominio y en subsidio extraordinaria el inmueble identificado con la cédula catastral 010000490005000, conforme los lineamientos de los artículos 306 y 407 del Código de Procedimiento Civil, (fl. 34, cdno.1.), por lo que en momento alguno se avizora que solicitara que se diera aplicación al proceso especial de que trata la Ley 1561 de 2012.

En lo que atañe al impedimento del juzgador de ir en contravía con el querer de las partes, esta corporación expresó: “Al margen de lo anterior, sabido se tiene “que las normas procesales son instrumentos para el ejercicio de los derechos sustanciales y, por ende, deben interpretarse de tal manera que se logre dicho propósito” (Sent. abr. 29/2011, Exp. T. Nº. 85001-22-08-000-2011-00013-01); de ahí que los juzgadores, entre otros deberes, se han de sujetar al de hallar la verdadera intención que tuvo el demandante a la hora de plantear su petitum demandatorio, en tanto que, en línea de principio, será su voluntad real la que demarque el decurso del trámite a emprender, mas no la simple enunciación de un tópico que no comulga, por inconexo, con el pleno de su fundamento fáctico y jurídico al efecto esbozados, de donde no puede erigirse en óbice para emitir su decisión dentro de un asunto, la circunstancia de mediar cierta falta de exactitud vislumbrada en el planteamiento expuesto.

Valga recordar, entonces, que “si bien es cierto, es deber del juez interpretar la demanda cuando carezca de precisión y claridad con el fin de desentrañar la verdadera intención del actor, también lo es, que debe hacerlo de forma razonada y lógica para evitar cambiar el sentido de lo que realmente expresa la voluntad del demandante” (sentencia jun. 7/2007, Exp. 2007-00053-01). Es por ello que la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que el juez al interpretar la demanda debe desentrañar el verdadero querer del demandante, ínsito en el libelo introductor, pero sin alterar su contenido o desviar sus objetivos (Cfr. sentencia nov. 30/94, Exp. 1144)” (sentencia nov. 25/2011, Exp. T.Nº. 17001-22-13-000-2011-00285-01).

3. En ese orden de ideas, el razonamiento esbozado por el fallador accionado se evidencia incompatible con la norma jurídica aplicable al caso concreto, pues como se reiteró estando en vigencia el artículo el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, el juzgador convocado al apartarse del conocimiento del asunto, indicando que no era competente para conocerlo, porque debía tramitarse por la cuerda de la Ley 1561 de 2012, incurrió en una vía de hecho, pues, en su decisión se advierte un desconocimiento de los preceptos aplicables al caso.

La caprichosa e infundada elección normativa del accionado, entonces, comportó el desconocimiento de las normas vigentes sobre competencia, que obliga la intervención del juez constitucional en aras de garantizar la protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

4. En consecuencia, se impone la revocatoria de la sentencia impugnada, para en su lugar CONCEDER el amparo impetrado, ordenando al juzgado civil del circuito de Riosucio, para que decida nuevamente el recurso de reposición formulado contra el auto de 11 de abril de 2013 que rechazó la demanda, teniendo en cuenta las motivaciones expuestas en este proveído. De ahí, que las decisiones proferidas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Riosucio, Caldas, quedan sin valor y efecto.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de procedencia y fecha señaladas.

En su lugar, CONCEDER el amparo deprecado por Oscar Hernán Hoyos García. En consecuencia, deja sin efecto todo lo actuado en el proceso ordinario en comento a partir del auto de 23 de abril de 2013, inclusive, y ordena al juzgado civil del circuito de Riosucio, Caldas que en el término de cuarenta y ocho horas (48) horas, a partir de la notificación del presente proveído, resuelva nuevamente el recurso de reposición contra el auto que rechazó la demanda, teniendo en cuenta, estrictamente, entre los factores relevantes, lo expuesto en la parte motiva de este fallo.

Comuníquese telegráficamente esta decisión a los interesados y en oportunidad, remítase el diligenciamiento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Magistrados: Margarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda—Fernando Giraldo Gutiérrez—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona—Jesús Vall de Rutén Ruiz.

(1) Ponencia del senador Eduardo Enriquez Maya.