Sentencia 2013-00232/21000 de agosto 1 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 25000-23-37-000-2013-00232-01 [21000]

Actor: Inepetrol Colombia en liquidación

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN

Impuesto sobre la renta - año gravable 2010

Consejera Ponente:

Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia

Bogotá D.C., primero de agosto de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la Sala decide sobre la legalidad de la liquidación oficial de revisión, por la cual la DIAN modificó la declaración de renta presentada por la actora por el año gravable 2010. Para ello, analiza, si es válida la declaración de corrección provocada por el requerimiento especial, único aspecto que debatió la apelante.

Validez de la corrección provocada por el requerimiento especial.

El artículo 709 del estatuto tributario establece lo siguiente:

“ART. 709.—Corrección provocada por el requerimiento especial. Si con ocasión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por inexactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la planteada por la administración, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al requerimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida”.

Así, los requisitos de la corrección provocada por el requerimiento especial son los siguientes:

1. El contribuyente debe corregir la declaración dentro del término para dar respuesta al requerimiento especial, es decir dentro de los tres meses siguientes a la notificación de dicho acto de acuerdo con el artículo 707 del estatuto tributario(19).

2. En la corrección puede aceptar total o parcialmente los hechos determinados en el requerimiento especial y debe incluir los mayores valores aceptados, al igual que la sanción por inexactitud propuesta, reducida a la cuarta parte.

3. Debe presentar un memorial en el que consten los hechos aceptados y la liquidación de la sanción reducida.

4. Debe entregar copia de la declaración de corrección y de la prueba del pago de los mayores valores aceptados, incluida la sanción por inexactitud reducida.

Sobre los requisitos indicados la Sala ha considerado lo siguiente(20):

“[…] el contribuyente que corrija la declaración tributaria con ocasión del requerimiento especial, entre otros, deberá observar los siguientes presupuestos para tener como válida la corrección:

Aceptar total o parcialmente los hechos planteados en el requerimiento especial;

Liquidar la sanción por inexactitud, reducida a la cuarta parte de la propuesta en el requerimiento, y en relación con los hechos aceptados;

Corregir la declaración privada en la que se incluyan los mayores valores aceptados y la sanción reducida y,

Adjuntar con la respuesta al requerimiento especial la copia de la respectiva corrección junto con la prueba del pago o acuerdo de pago de los mayores impuestos, retenciones y sanciones, incluida la sanción de inexactitud reducida”.

En el caso en estudio, se encuentran probados los siguientes hechos:

— El 18 de abril de 2011, la actora presentó la declaración de renta por el año gravable 2010, en la que determinó un saldo a favor de $ 924.980.000(21).

— El 11 de octubre de 2011, la actora solicitó la devolución del saldo a favor de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2010(22).

— El 2 de diciembre de 2011, la actora corrigió la declaración para eliminar la pérdida liquida del ejercicio sin afectar el saldo a favor(23).

— El 27 de abril de 2012, la DIAN notificó a la actora requerimiento especial en el que propuso adicionar ingresos brutos no operacionales por $ 28.296.038.000(24).

— Con la respuesta al requerimiento especial, el 13 de julio de 2012 la actora corrigió la declaración para adicionar ingresos brutos no operacionales por $ 28.296.038.000, como lo propuso la DIAN.

— Además, en la corrección incluyó costos por el mismo valor del ingreso adicionado, por estar asociados a este y no determinó sanción por inexactitud porque no se modificó el saldo a favor(25).

— El 17 de diciembre de 2012, la DIAN notificó a la actora liquidación oficial de revisión en la que no aceptó como válida la corrección provocada por el requerimiento especial, por las siguientes razones:

“En ese orden de ideas, y revisada la declaración de corrección del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2010, Nº 91000141036236 presentada por el contribuyente Inepetrol Colombia en liquidación. NIT. 900.271.198-6 el día 12 de julio de 2012 (fl. 431), este despacho considera que la misma no es válida, ya que no cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 709 del estatuto tributario antes citado y por lo mismo no será tenida en cuenta, dadas las siguientes inconsistencias:

• Como antes se anotó, en la corrección se incluyen costos que no se habían llevado a la declaración objeto de investigación y por lo mismo no fueron materia de verificación y discusión en la etapa investigativa adelantada por la división de gestión de fiscalización.

• Verificada la sanción que se lleva al renglón 82 por valor de $ 0, se observa que esta no corresponde a la cuarta parte ($ 3.708.923.000) de la sanción de inexactitud propuesta en el requerimiento especial por la suma de $ 14.835.691.000”.

— Igualmente, en la liquidación oficial de revisión, la DIAN mantuvo las glosas propuestas en el requerimiento especial. Por lo tanto, adicionó ingresos brutos no operacionales por $ 28.296.038.000 e impuso sanción por inexactitud de $ 14.835.691.000, para un total a pagar de $ 23.183.018.000, como se advierte a continuación:(26)

ConceptoDeclaración privadaLiquidación oficial de revisión
Ingresos brutos no operacionales21.730.00028.317.768.000
Intereses y rendimientos financieros11.00011.000
Total ingresos brutos21.741.00028.317.779.000
Total ingresos netos21.741.00028.317.779.000
Total costos00
Total deducciones21.741.00021.741.000
Renta líquida ordinaria del ejercicio028.296.038.000
O pérdida líquida del ejercicio00
Renta líquida028.296.038.000
Renta presuntiva198.138.000198.138.000
Renta líquida gravable198.138.00028.296.038.000
Impuesto sobre la renta líquida gravable65.386.0009.337.693.000
Total impuesto a cargo65.386.0009.337.693.000
Otras retenciones990.361.000990.361.000
Total retenciones del año gravable 2010990.361.000990.361.000
Anticipo renta por el año gravable 201100
Saldo a pagar por impuesto08.347.327.000
Sanciones014.835.691.000
Total saldo a pagar023.183.018.000
O total saldo a favor924.980.0000

Procedencia del costo asociado al ingreso adicionado.

La actora sostiene que aceptó la adición de ingresos propuesta en el requerimiento especial porque provienen de la venta de activos que hizo a Petronova el 28 de junio de 2010. Alega, además, que correlativamente incluyó en la corrección los costos por el mismo valor del ingreso, porque están asociados a la operación y que no determinó sanción por inexactitud porque no había base para liquidarla, pues la inclusión del ingreso y del costo asociado no alteró el saldo a favor determinado en la declaración privada.

Como soporte de los costos adicionados en la corrección provocada, con la respuesta al requerimiento especial la actora entregó a la DIAN el certificado del revisor fiscal de la compañía, suscrito el 22 de junio de 2012(27). Con igual propósito, con la demanda, aportó el dictamen pericial de 1º de marzo de 2013(28).

El revisor fiscal de Inepetrol certificó (en cifras dadas en miles) lo siguiente:

“El suscrito revisor fiscal de Inepetrol Colombia en liquidación

NIT. 900.271.198-6

CERTIFICA QUE:

1. En el año 2010, entre las sociedades extranjeras Inepetrol S.A. con domicilio en Venezuela y Petronova Colombia Inc. (antes denominada Inepetrol Colombia Inc), con domicilio en Islas Caimán, se celebró un contrato de cesión de activos de fecha 28 de Junio de 2010, por el cual la primera transfería a título de venta, los intereses, derechos y obligaciones de los contratos E&P de los que era titular la segunda.

El costo de los activos cedidos por parte de Inepetrol S.A. a Petronova Colombia Inc. asciende a la suma de 28.296.038 valor que se discrimina así:

fg1
 

2. La anterior transacción, incluyó la modificación de los contratos de unión temporal celebrados con Tecpecol S.A. (hoy denominada Tecpetrol S.A.S.) para que la misma quedara constituida con el nuevo cesionario y en el cual se mantuvo el 20% de participación que originalmente detentaba Inepetrol S.A.

3. La cesión se realizó por el valor en libros de los activos objeto de la cesión, como consta en la factura.

4. La información ha sido tomada de los registros contables los cuales se llevan conforme a los requisitos legales y se encuentran debidamente respaldados por los documentos de carácter interno y externo en poder de la Compañía. […]”

Así, el revisor fiscal de la demandante certificó que el costo de los activos enajenados a Petronova fue de $ 28.296.038 (cifra dada en miles), que se discrimina en activos, pasivos e inversión suplementaria de capital. También Indicó que la operación se realizó por el valor en libros de los activos cedidos, que consta en “la factura”, documento que no identificó y que la información se tomó de los registros contables de la actora llevados en debida forma, que se soportan, a su vez, en documentos externos e internos en poder de Inepetrol.

Por su parte, el dictamen pericial indicó que el costo de activos enajenados por la actora era de $ 28.296.038.111(29) e informó que el resultado de la operación, es decir, la diferencia entre el precio de venta y el costo de los activos enajenados podía registrarse “neteado” porque corresponde a una actividad no operacional de la actora.

Asimismo, el perito señaló que el costo de los activos se encontraba adecuadamente soportado en documentos internos y externos, en la certificación del revisor fiscal de Inepetrol y en la contabilidad y los registros contables de venta llevados correctamente por la demandante(30).

A su turno, en el proceso administrativo, la DIAN practicó y tuvo en cuenta las siguientes pruebas:

— Auto de verificación o cruce de 322402012001463 de 27 de febrero de 2012(31), para la práctica de la diligencia de verificación a Inepetrol, en la que tuvo acceso al libro mayor y balances, libro diario, y al libro de inventarios y balances, como consta en el acta de libros de contabilidad de 16 de abril de 2012(32).

— Auto de verificación o cruce 322402012001960 de 9 de abril de 2012(33) con el cual la DIAN verificó los ingresos, retenciones en la fuente, deducciones, facturas de venta, contrato de compraventa con Petronova, certificados de retención en la fuente y copia del libro mayor y balances, según se evidencia en el acta de visita a la demandante de 17 de abril de 2012.

— Diligencia de visita al contribuyente, practicada el 17 de abril de 2012 en las instalaciones de la actora, para verificar las operaciones de renta del año gravable 2010. En el acta de la visita consta lo siguiente(34):

“En la presente visita se efectuaron las siguientes tareas:

— Verificación de los ingresos

— Verificación de la retención en la fuente solicitada

— Verificación de las deducciones

Información solicitada:

— Facturas de venta

— Contrato entre Inepetrol S.A. y Petronova Colombia Inc.

— Certificados de retención en la fuente

— Copia del libro mayor y balance

Información recibida:

— Facturas de venta de la Nº 0001 al 00022

— Contrato de compraventa de activos y responsabilidad civil

— Fotocopia libro mayor y balances

Observaciones: Al verificar los ingresos se evidencia que la factura Nº 0021 de 18 de junio de 2010, no se encontraba declarada, la cual corresponde al contrato de compraventa de activos. Las facturas No. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022 se encuentran anuladas”.

— Acta de visita a Petronova de 18 de abril de 2012(35), en la que se verificaron las compras efectuadas a Inepetrol en el año 2010, la retención practicada por Petronova a la actora por el año gravable 2010, el certificado de retenciones, la declaración de retención del periodo 6 de 2010, copia de la factura 0021 de 28 de junio de 2010 y el registro de inversión suplementaria del capital asignado de Petronova.

— En la visita practicada el 18 de abril de 2012 en las instalaciones de Petronova se verificaron las transacciones entre Inepetrol Colombia en liquidación NIT 900.271.198 y Petronova Colombia Inc. NIT 900.335.237 de renta del año gravable 2010. En el acta de la visita consta lo siguiente(36):

“En la presente visita se efectuaron las siguientes tareas:

— Verificación de las compras efectuadas a Inepetrol Colombia en liquidación NIT. 900.271.198, durante el año 2010.

— Verificación de la retención practicada en el año 2010 a Inepetrol Colombia NIT 900.271.198

Información solicitada:

— Copia del certificado de retención

— Copia de la declaración de retención periodo 2010/6

— Contabilización de los bienes adquiridos a Inepetrol Colombia 900.271.198

— Copia de las facturas de compra.

Información recibida:

— Fotocopia libro mayor y balance de los meses de mayo, junio, julio y diciembre de 2010 y comprobante de contabilidad de las compras efectuadas.

— Fotocopia de la declaración de retención en la fuente periodo 6 de 2010

— Fotocopia del certificado de retención en la fuente expedido a Inepetrol Colombia con NIT 900.271.198

— Certificado Cámara de Comercio de Petronova Colombia.

— Copia de la factura Nº 0021 de fecha 18 de junio de 2010

— Registro de la Inversión Suplementaria de Capital Asignado”

— Declaración de retenciones de Petronova correspondiente al 6º periodo del año 2010, en la que consta la retención por $ 990.631.000 que esta practicó a la actora por la venta de los activos por $ 28.296.038.114 (renglón 35)(37).

— Factura 0021 de 18 de junio de 2010 por la venta de activos de Inepetrol a Petronova por $ 28.296.038.114(38).

— Certificación de retención en la fuente por concepto de compras por $ 990.631.000, que corresponde al 3.5% del valor de la venta de los activos(39).

Así, la DIAN verificó directamente la contabilidad de Inepetrol y constató que esta no registró la venta de los activos por $ 28.296.038.000 ni incluyó estos ingresos en la declaración de renta del año gravable 2010. A pesar de ello, en dicha declaración llevó como retención la que le practicó Petronova por $ 990.631.000, lo que dio lugar al saldo a favor determinado en la declaración privada, que, incluso, solicitó en devolución(40).

Fue con la retención en la fuente practicada por Petronova a la demandante por $ 990.631.000, la declaración de retenciones de Petronova del periodo 6 de 2010, la copia de la factura de compra 0021 de 18 de junio de 2010 y el registro contable de la inversión suplementaria del capital asignado de Petronovaque la DIAN, evidenció la existencia del ingreso obtenido por la actora por la enajenación de activos a Petronova.

Es de anotar que las pruebas de la DIAN fueron practicadas antes de la notificación a la actora del requerimiento especial (27 de abril de 2012). No obstante, solo con la respuesta al requerimiento especial la actora aceptó que había omitido ingresos y alegó la existencia del costo vinculado al ingreso cuya adición le propuso la demandada. Además, con dicha respuesta pretendió acreditar el costo asociado al ingreso, con el certificado de su revisor fiscal.

El artículo 773 del estatuto tributario dispone lo siguiente:

“ART. 773.—Forma y requisitos para llevar la contabilidad. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:

1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.

2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa.

Por su parte, el artículo 774 del estatuto tributario, prevé los requisitos que debe tener la contabilidad para ser tenida como prueba:

1. Los libros deben estar registrados en la cámara de comercio(41) o en la DIAN.

2. Tener respaldo en comprobantes internos y externos.

3. Reflejar fielmente la situación real del contribuyente.

4. No estar desvirtuada por medios probatorios directos o indirectos, que no estén prohibidos por la ley.

5. No estar incurso en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio(42).

En el presente asunto, la contabilidad de Inepetrol quedó desvirtuada por la verificación que la DIAN realizó a los libros contables y demás documentos entregados por la actora en las visitas de verificación, pues no reflejaba la situación económica real de esta, dado que no había incluido el ingreso por $ 28.296.038.000 proveniente de la venta de activos a Petronova. Tal omisión, se repite, se evidenció con la retención en la fuente practicada por Petronova, adquirente de los activos enajenados por Inepetrol. Además, la demandante aceptó esta omisión(43).

Por lo anterior, la contabilidad de la actora no puede ser tenida como prueba y al estar cuestionada la idoneidad de la contabilidad, el certificado del revisor fiscal de la actora y el dictamen pericial que esta aportó con la demanda tampoco pueden ser apreciados como prueba válida de la existencia del costo asociado al ingreso, pues se elaboraron con base en una contabilidad que no se llevó en debida forma.

Además, el certificado del revisor fiscal tampoco contiene el detalle de las cuentas analizadas, la referencia a los comprobantes de contabilidad que soportaban la enajenación de los activos por la actora y el costo asociado a la operación.

Lo mismo sucede con el dictamen pericial, pues en este no se indican las cuentas ni los comprobantes internos y externos de Inepetrol que se estudiaron para llegar a las conclusiones del dictamen. Y si bien en el dictamen se mencionan unos anexos, estos corresponden a documentos y cuentas de la contabilidad de Tecnopecol no de la actora, que, por lo mismo, no son pertinentes para demostrar el costo en que incurrió la demandante en la enajenación realizada a Petronova.

Sobre la valoración de la prueba en materia tributaria y la contabilidad como prueba, la Sala ha precisado lo siguiente(44):

La contabilidad como registro cifrado de la situación patrimonial de un ente económico(45), se incluye entre los medios de prueba que el legislador tributario estableció a favor del contribuyente.

Su mérito depende de que se lleve en debida forma, es decir, ajustada a los requisitos especialmente previstos en los artículos 773 y 774 ibídem(46) y, por remisión de la primera de dichas normas, a los propios de la legislación comercial(47) y a los establecidos en el estatuto contable - Decreto 2649 de 1993.

Por disposición expresa del artículo 50 del Código de Comercio, la contabilidad debe llevarse en libros registrados y suministrar una historia clara, completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones que expida el gobierno, para así cumplir los objetivos que le asigna el artículo 3º del Decreto 2649 de 1993, entre ellos el de fundamentar la determinación de las cargas tributarias que, como todos los de su género, se satisface adecuadamente cuando la información es comprensible, útil y en ciertos casos comparable (art. 4º ibídem).

Tales libros contienen el asiento en orden cronológico de las operaciones mercantiles que realiza el ente económico y de todas las que puedan influir en su patrimonio. En ellos debe hacerse referencia a los comprobantes de contabilidad(48) que soporten tales operaciones, a cada uno de los cuales deben anexarse los documentos que los justifican.

Los comprobantes, entonces, respaldan las partidas asentadas en los libros y permiten constatar los asientos individuales, así como el estado general de los negocios de la empresa, de modo que entre unos y otros (libros y comprobantes) ha de existir la debida correspondencia, so pena de que carezcan de eficacia probatoria en favor del comerciante obligado a llevarlos.

Sin duda alguna, esa exigencia —la de debida correspondencia— da cuenta de la importancia que tienen los comprobantes contables en nuestro sistema tributario, que, a la postre, se ratifica en disposiciones como los artículos 774, 775 y 776 del estatuto tributario, el último de los cuales limita la comprobación de costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos hasta la concurrencia del valor de los comprobantes externos, cuando las cifras registradas en los asientos contables excedan su valor.

De cara a ese conjunto documentario, la Sala ha advertido en la prueba contable una unidad conformada por varios medios probatorios: los libros, los comprobantes externos e internos, y todos los documentos que tengan relación directa con los registros contables(49) (destaca la Sala).

En tal sentido, para la Sala no es posible aceptar el costo adicionado por la actora a la corrección provocada de la declaración de renta del año gravable 2010, pues los documentos aportados por la actora no demuestran fielmente la existencia de este costo y las condiciones en que se produjo.

Como el demandante no demostró la realidad del costo solicitado en la corrección provocada, la DIAN debía desconocer dicho costo.

De otra parte, como se precisó, en la corrección provocada la demandante no liquidó sanción por inexactitud debido a que consideró que la inclusión del ingreso y el costo asociado por el mismo valor no alteró el saldo a favor determinado en la declaración inicial, por lo cual no había base para liquidar la sanción.

Sin embargo, como en este caso, la actora debía corregir provocadamente la declaración solo para adicionar los ingresos aceptados con ocasión de la respuesta al requerimiento especial ($ 28.296.038.000), lo procedente era que determinara el mayor impuesto proveniente de esa adición, al igual que la sanción por inexactitud correspondiente, reducida a la cuarta parte, conforme lo prevé el artículo 709 del estatuto tributario.

Frente a los principios de lesividad e integración normativa que se aplican a las sanciones tributarias, establecidos en el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y que la actora aduce como violados porque no había base para liquidar la sanción por inexactitud y por lo mismo no se produjo ningún daño a la administración, la Sala reitera que como por efecto de la corrección provocada por el requerimiento especial solo era procedente la adición de ingresos, la sanción reducida del artículo 709 del E.T correspondía a la cuarta parte de la propuesta en el requerimiento especial ($ 14.835.691.000), esto es, la suma de $ 3.708.923.000, pues sí existía base para liquidar dicha sanción, como lo advirtió la DIAN en dicho requerimiento y en el acto demandado, así:

fg2
 

Además, el perjuicio a la administración se produjo por la omisión de ingresos que implicó que la actora pagara un impuesto menor al que legalmente le correspondía pagar y que constituye una infracción sancionable de acuerdo con el artículo 647 del estatuto tributario.

Igualmente, se garantizó el principio de integración normativa, porque al tratarse de una corrección provocada por el requerimiento especial, la actora podía acogerse a la sanción por inexactitud reducida a la cuarta parte, prerrogativa que fijó expresamente el legislador (E.T., art. 709) en favor de los administrados que admiten haber infringido la ley tributaria y que enmiendan su error, en este caso, con ocasión de la respuesta al requerimiento especial.

En consecuencia, la actora no cumplió los requisitos del artículo 709 del estatuto tributario, para que la corrección provocada por el requerimiento especial fuera válidamente presentada.

Ante la invalidez de la corrección provocada y comoquiera que la actora no desvirtuó la adición de ingresos, pues, por el contrario, la aceptó y esta omisión condujo a que disminuyera el impuesto a cargo, procede no solo la adición de ingresos y el mayor impuesto determinado sino la sanción por inexactitud. Ello, porque, como ya se precisó, conforme con el artículo 647 del estatuto tributario constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias la omisión de ingresos de la cual se derive un menor impuesto a pagar.

Por lo anterior, se confirma la sentencia apelada, pues debe mantenerse la legalidad de la liquidación oficial de revisión por la cual la DIAN modificó a la actora la declaración de renta correspondiente al año gravable 2010.

En consideración a que el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia debe disponer sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se debe hacer conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, la Sala se pronuncia sobre tal aspecto, en los siguientes términos:

De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso (actual régimen procedimental colombiano) las reglas para la determinación de la condena en costas, son las siguientes:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (destaca la Sala).

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 3 del artículo 365 del Código General del Proceso. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”(50).

En esas condiciones, se advierte que, una vez revisado el expediente, no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas o agencias en derecho a cargo de la apelante. Por lo tanto, confirma la decisión de negar las costas en primera instancia y tampoco condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería a Isabel Cristina Castañeda Muñoz como apoderada de la DIAN, según el poder del folio 245 del cuaderno principal.

No se condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(19) “ART. 707.—Respuesta al requerimiento especial. Dentro de los tres (3) meses siguientes, contados a partir de la fecha de notificación del requerimiento especial, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, deberá formular por escrito sus objeciones, solicitar pruebas, subsanar las omisiones que permita la ley, solicitar a la administración se alleguen al proceso documentos que reposen en sus archivos, así como la práctica de inspecciones tributarias, siempre y cuando tales solicitudes sean conducentes, caso en el cual, éstas deben ser atendidas”.

(20) Sentencia de 18 de febrero de 2016, exp. 18429, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

(21) Folio 43 c. ppal.

(22) Folio 1 c.a. 1.

(23) Folio 44 c. ppal.

(24) Folios 398 a 409 c.a. 3.

(25) Folios 417 a 426 c.a. 3.

(26) Folios 436 a 456 c.a. 3.

(27) Folios 429 y 430 c.a. 3.

(28) Folios 48 a 52 c.p.

(29) Folio 49 c. ppal.

(30) Folios 48 a 52 c.p.

(31) Folio 240 c.a. 2.

(32) Folios 244 a 246 c.a. 2.

(33) Folio 242 c.a. 2.

(34) Folios 247 a 248 c.a. 2.

(35) Folios 362 a 391 c.a. 2.

(36) Folios 362 a 363 c.a. 2.

(37) Folio 382 c.a. 2.

(38) Folio 364 c.a. 2.

(39) Folio 383 c.a. 2.

(40) Folio 43 c. ppal.

(41) El artículo 175 del Decreto 19 de 2012 eliminó la inscripción de los libros de contabilidad en el registro mercantil.

(42) Código de Comercio, artículo 74. Doble contabilidad. Consecuencias. Si un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cualquier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles sólo tendrán valor en su contra.
Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleva dos o más libros iguales en los que registre en forma diferente las mismas operaciones, o cuando tenga distintos comprobantes sobre los mismos actos”.

(43) Folios 244 a 246, 247 a 361 y 364 a 389 c.a. 2.

(44) Sentencia de 12 de noviembre 2015, exp. 19999, M.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

(45) De acuerdo con el artículo 56 del Decreto 2649 de 1994, los registros deben hacerse a más tardar en el mes siguiente a aquél en el cual las operaciones se realizaron y cualquier error u omisión debe salvarse con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere.

(46) ART. 773.—Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio […]
ART. 774.—[…]

(47) Artículos 48 a 60.

(48) Documento que debe elaborarse previamente al registro de cualquier operación y en el cual se indicará el número, fecha, origen, descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el asiento. A cada comprobante se anexarán los documentos que lo justifiquen (C. de Co., art. 53).

(49) Sección Cuarta, sentencia del 1º de marzo de 2012, exp. 17568, C. P. Dr. Hugo Fernando Bastidas.

(50) Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.