Sentencia 2013-00240 de mayo 14 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad. 85001-23-33-000-2013-00240-01 (49.717)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Referencia: Apelación Auto. Proceso Ejecutivo

Actor: Universidad de Antioquia

Demandado: Departamento de Casanare

Bogotá, D.C., catorce de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Normatividad aplicable.

La demanda ejecutiva fue presentada el día veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), por lo tanto la norma aplicable al presente asunto es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011) y demás normas que lo modifican y complementan.

En efecto, el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011(3) dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

2. Competencia.

La Subsección es competente para decidir el recurso interpuesto, por tratarse el auto del catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), del rechazo de la demanda de la referencia, según lo dispuesto en los artículos 125(4) y 243 numeral primero(5) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. Título ejecutivo complejo.

El requisito sine qua non para adelantar un proceso ejecutivo es la existencia de un título ejecutivo. Es decir, aquel documento por medio del cual se pretende hacer efectiva una obligación, sobre cuya existencia (obligación) no cabe duda alguna.

La ley procesal, artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, exige para predicar la calidad de título ejecutivo, que el documento contenga una obligación clara, expresa y exigible.

En este sentido, ha dicho la corporación, en reiteradas oportunidades, que:

“El título ejecutivo se define como el documento en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible. Así lo prevé el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 488. El título ejecutivo debe por tanto reunir condiciones formales y de fondo. Las primeras miran, a que se trate de documento o documentos estos que conformen unidad jurídica, que sea o sean auténticos, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia. Las exigencias de fondo, atañen a que de estos documentos aparezca, a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, una ‘obligación clara, expresa y exigible y además líquida o liquidable por simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero’. Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito-deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a elucubraciones o suposiciones. La obligación es clara cuando demás de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición. Dicho de otro modo la exigibilidad de la obligación se debe, a la que debía cumplirse dentro de cierto término ya vencido, o cuando ocurriera una condición ya acontecida, o para la cual no se señaló término pero cuyo cumplimiento solo podía hacerse dentro de cierto tiempo que ya transcurrió, ya que es pura y simple por no haberse sometido a plazo ni condición, previo requerimiento”(6) (negrilla fuera de texto).

Ahora bien, en los contratos estatales como es casi imposible que un solo documento reúna una obligación clara, expresa y exigible, se pasó a hablar de título ejecutivo complejo(7), que lo constituye el contrato y otra serie de documentos, de cuya integración se derivan las características arriba anotadas.

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (L. 1437/2011), en el numeral tercero del artículo 297 consagró lo referente a los títulos ejecutivos complejos en los contratos estatales:

“ART. 297.—Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:

(...).

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones” (negrilla fuera de texto).

4. Caso concreto.

Corresponde a la Sala dilucidar si los documentos aportados por el demandante reúnen una obligación clara, expresa y exigible por parte del departamento de Casanare a favor de la Universidad de Antioquia.

Allegó el demandante para conformar el título ejecutivo los siguientes documentos:

a) Contrato interadministrativo 140 del 17 de diciembre de 2008 suscrito entre el departamento de Casanare y la Universidad de Antioquia.

b) Otrosí modificatorio al convenio interadministrativo 140 del 26 de febrero de 2009.

c) Acta de iniciación del convenio de fecha 23 de abril de 2009.

d) Orden de pago 01-1CA9 2984, por valor de $550.000.000 como pago del anticipo del 50% del convenio interadministrativo 140 del 30 de junio de 2009.

e) Acta de suspensión del contrato de fecha 18 de diciembre de 2009.

f) Orden de reiniciación del convenio interadministrativo de fecha 18 de enero de 2010.

g) Prórroga de dos meses al convenio interadministrativo 140 del 5 de diciembre de 2008.

h) Acta 1 de interventoría al convenio interadministrativo 140 del 5 de diciembre de 2008.

i) Acta de terminación de convenio de cooperación por vencimiento de plazo del 22 de junio de 2009.

Como lo afirma la parte demandante en su escrito de apelación, el numeral 3º del artículo 297 Ibídem, no exige indispensablemente el acta de liquidación del contrato para la configuración del título ejecutivo complejo. Sin embargo, advierte la Sala que los documentos aportados con la demanda ejecutiva no configuran un título ejecutivo dado que no se encuentra acreditada la exigibilidad de la obligación del departamento de Casanare.

En el otrosí modificatorio de la cláusula quinta del convenio interadministrativo 140, se estableció:

“Forma de entrega de los aportes: El departamento trasladará su aporte a la universidad, así: un primer desembolso correspondiente al 50% de los recursos mediante transferencia previa suscripción de la respectiva acta de iniciación para la ejecución del convenio, 20% a los cuatro (4) meses de avance de la ejecución previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y según cronograma y otro 20% a los ocho meses de avance de la ejecución previo recibo a satisfacción por parte del supervisor y según cronograma y un 10% al finalizar el convenio, previo recibo final y liquidación del convenio interadministrativo” (negrilla fuera de texto).

Entendida la exigibilidad de la obligación como la carencia de plazo o condición para demandar su cumplimiento, es claro que en el sub lite la exigibilidad del 50% restante está condicionada al recibo a satisfacción por pate del supervisor del convenio 140.

Así las cosas, observa la Sala que en el acta 1 del 13 de septiembre de 2009, en la que se realizó la entrega final de productos en virtud del convenio 140, no se aprecia la firma y/o el recibo a satisfacción por parte del supervisor de dicho convenio.

Por lo anterior, se tiene que en el caso bajo estudio los documentos aportados con la demanda no prueban la exigibilidad de la obligación por parte del departamento de Casanare y por ende no se configura un título ejecutivo complejo como pretende la parte demandante, y en ese orden de ideas se confirmará la decisión del tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. Confirmar el auto proferido el catorce (14) de noviembre de dos mil trece (2013), por el Tribunal Administrativo de Casanare, por medio del cual negó mandamiento de pago.

2. Ejecutoriado el presente auto devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(3) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(4) “ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de la Sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones de decisión dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

(5) “ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos:

1. El que rechace la demanda.

2. El que decrete una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad y desacato en ese mismo trámite.

3. El que ponga fin al proceso”.

(6) C.P. María Elena Giraldo Gómez, tres (3) de agosto de dos mil (2000), Radicación 17468.

(7) Ver Sección Tercera, providencia de 11 de noviembre de 2004, Expediente 25.356.