Sentencia 2013-00252/20909 de septiembre 25 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 76001 23 33 000 2013 00252 01

Número interno: 20909

Demandante: Carlos Alberto Gómez Jaramillo

Demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Tema: Régimen sancionatorio

Subtema: Sanción por no enviar información

Consejera Ponente (E):

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Bogotá D.C., veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «3. Consideraciones

La Sala decidirá sobre el recurso de apelación interpuesto por la DIAN contra la sentencia del 26 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el contribuyente Carlos Alberto Gómez Jaramillo, y, a título de restablecimiento del derecho, reliquidó la sanción por no enviar información.

3.1. Problema jurídico.

Le corresponde a la Sala decidir si era procedente que en el caso concreto se graduara la sanción por no enviar información exógena al 0.1%, si, para la DIAN, el contribuyente no brindó el mayor grado de colaboración, pues, además de que entregó la información de manera extemporánea, la entregó con errores y que, por lo tanto, persiste el daño infligido a las facultades de fiscalización.

La Sala anticipa que no era procedente graduar la sanción en el porcentaje tasado en la sentencia apelada. Lo procedente era tasar la sanción en un mayor porcentaje. Dado que esta medida se toma en detrimento de la parte demandante, la Sala analizará la base de tasación de la multa, pues el a quo no se refirió a ese punto, pese a que fue alegado en la demanda.

Finalmente, analizará si era procedente aplicar el porcentaje de graduación por allanamiento.

3.2. Aspectos generales de la sanción por no enviar información. De la gradualidad y proporcionalidad de la sanción. Y de los criterios de graduación de la sanción por allanamiento. Reiteración de jurisprudencia(8). 

3.2.1. Del contenido de la norma y de los criterios de gradualidad y proporcionalidad de la sanción.

El artículo 651 del estatuto tributario dispone:

“ART. 651.—Sanción por no enviar información. Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria, así como aquéllas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000) (15.000 UVT), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:

— Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea.

— Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de impuestos.

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsana dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma.

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción de que trata el literal b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los factores citados en el literal b), que sean aprobados plenamente”.

Como se puede apreciar, conforme con el literal a) del artículo 651 ET, quienes no suministren información dentro del plazo establecido para ello, o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, serán acreedores a una multa de hasta de 15.000 UVT según los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma errónea o se hizo extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Conforme lo ha reiterado la Sala, cuando el artículo 651 del estatuto tributario utiliza la expresión ‘hasta el 5%’, se otorga a la administración un margen para graduar la sanción. Sin embargo, esta facultad no puede ser utilizada de forma arbitraria, pues deben tenerse en cuenta los criterios de justicia y equidad, al igual que los principios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción(9).

En efecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-160 de 1998, sostuvo que el poder que se reconoce a la administración para la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 651 del ET no es ilimitado ni discrecional, pues la función sancionadora debe ejercerse dentro de los límites de la equidad y la justicia, tal como lo ordenan la Constitución y el artículo 683 del estatuto tributario.

Dijo, además, que la proporcionalidad y la razonabilidad de las sanciones, en el marco de las infracciones tributarias, tiene un claro fundamento en el principio de equidad, consagrado en el artículo 363 de la Constitución, equidad que no sólo debe predicarse de la obligación tributaria sustancial, sino que debe imperar en la aplicación y cuantificación de las sanciones que se podrían imponer por el desconocimiento de obligaciones tributarias de carácter sustancial y formal.

Que el legislador era el primer llamado a dar prevalencia a estos principios, mediante la fijación de sanciones razonables y proporcionales al hecho que se sanciona. Pero que, igualmente, los funcionarios encargados de su aplicación, estaban obligados a observar esos principios.

Entonces, la Corte Constitucional consideró que las sanciones que puede imponer la administración, con fundamento en el artículo 651 del estatuto tributario, deben estar enmarcadas en criterios de proporcionalidad y razonabilidad que legitimen el poder sancionador. Que, por tanto, no todo error origina sanción, y que si se genera, la sanción debe ser graduada proporcionalmente, de acuerdo con la magnitud del daño producido con el error cometido.

A su vez, la Sala ha considerado que un factor a tener en cuenta para graduar la sanción es la entrega de la información, pues ello denota la intención del contribuyente de contribuir con las labores de fiscalización de la DIAN.

La entrega tardía de la información no exime de la sanción, pues, en los términos del artículo 651 del ET, solo constituye una circunstancia a tener en cuenta para efecto de atenuarla. Así lo dio a entender la Sala en sentencia del 24 de octubre de 2013(10):

“Si bien tanto la falta de entrega de información, como la entrega tardía de la misma, entorpecen por sí solas las facultades de fiscalización y control para la correcta determinación de los tributos y sanciones y, en esa medida, pueden considerarse potencialmente generadoras de daño al fisco, principalmente sobre su labor recaudatoria, sin dejar de lado los consiguientes efectos negativos sobre las arcas públicas, tales omisiones sancionables no pueden medirse con el mismo rasero para fundamentar el daño inferido.

Es así, porque mientras la falta de entrega veda en magnitud considerable la oportunidad de la gestión y/o fiscalización tributaria, llegando incluso a imposibilitar el ejercicio de las mismas, la entrega tardía impacta la oportunidad, de acuerdo con el tiempo de mora que transcurra, de manera que si este es mínimo no alcanza a obstruir con carácter definitorio el ejercicio de la fiscalización pero sí, por el contrario, es demasiado prolongado, puede incluso producir el efecto de una falta absoluta de entrega.

Esa medición de tiempos en el cumplimiento de la obligación de informar pone de presente, igualmente, la actitud colaboradora del contribuyente para que, de una parte, la autoridad tributaria reciba la información que le permite determinar las obligaciones impositivas sustanciales y, más allá de ello, para que pueda satisfacerse el objeto de las mismas, con el recaudo de los tributos debidos por la realización de los presupuestos previstos en la ley como generadores de aquéllos, lo cual constituye la razón primordial para poner en marcha el aparato administrativo y su potestad fiscalizadora”.

3.2.2. De los criterios de graduación de la sanción por allanamiento.

En relación con la procedencia de la sanción máxima que impuso la DIAN y de la sanción reducida al 10% de la sanción por no enviar información, la Sala precisó lo siguiente:(11)

“La misma norma prevé que la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10%, si la omisión es subsanada después de proferido el pliego de cargos y antes de que se notifique la imposición de la sanción, o al 20%, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

Según la citada disposición, para tener derecho a la reducción de la sanción es necesario que el obligado subsane la omisión, pague el valor de la sanción reducida y presente un escrito de aceptación de la sanción reducida, en el que acredite que la omisión fue subsanada y el pago o acuerdo de pago de la sanción reducida.

Así, la reducción de la sanción es un beneficio que tienen los contribuyentes para disminuir el monto de la multa impuesta al 10% o al 20%, teniendo en cuenta que a menor intervención de la administración dentro del trámite sancionatorio mayor será la reducción y que deben cumplirse los requisitos del artículo 651 del estatuto tributario, ya mencionado(12).

Para acceder al beneficio de la sanción reducida al 10% de la multa impuesta en el acto sancionatorio, se requiere que antes de que se notifique la resolución sanción, el contribuyente subsane la omisión, pague el 10% de la sanción impuesta y presente memorial de aceptación de la sanción reducida con la prueba de haber subsanado la omisión y pagado la sanción reducida. Cabe precisar que si la infracción consiste en no haber suministrado la información, la omisión se subsana precisamente entregando la información.

Es de anotar que los actos que aceptan o niegan la solicitud de reducción de la sanción hacen parte de la misma actuación administrativa que se deriva de la imposición de la sanción, pues el artículo 651 del estatuto tributario permite que la reducción se solicite y la omisión se subsane antes de que se notifique la imposición de la sanción (reducción al 10%) o dentro del término para interponer recurso de reconsideración contra el acto sancionatorio (reducción al 20%)(13).

Igualmente, cabe reiterar que el pago de la sanción reducida parte de la base de que la sanción por no informar se haya determinado correctamente(14)”.

Conforme con los criterios expuestos, se procede a analizar el caso concreto.

3.2.3. De si la tarifa de graduación que aplicó el a quo se ajusta a derecho. 

3.2.3.1. Hechos que se encuentran probados.

— Es un hecho no controvertido del pliego de cargos que para el año gravable 2009, el demandante reportó ingresos brutos de $ 1.222.517.000(15).

— Conforme con el artículo 18 de la Resolución 7935 de 2009(16), el demandante tenía hasta el 5 de mayo de 2010, como plazo para entregar la información, teniendo en cuenta los dos últimos dígitos de su NIT(17).

— Es un hecho no controvertido que el demandante no presentó la información en el plazo previsto en la ley.

— El 22 de julio de 2011, la DIAN formuló el pliego de cargos 212382011000099, en el que propuso sancionar a la demandante por no presentar la información exógena correspondiente al año gravable 2009. La sanción propuesta fue de $ 356.445.000(18).

— El 26 de agosto de 2011, la sociedad actora respondió el pliego de cargos(19), y, además, anexó a su respuesta:

o La fotocopia del formulario 49070259441307, mediante el que pagó la suma de $ 1.141.000, correspondiente a la sanción, reducida al 10%, según dijo, en los términos del inciso 7 del artículo 651 ET.

• La fotocopia de los formularios 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 101 y 1012, que, según dijo, fueron enviados los días 19 y 23 de agosto de 2011.

• Los cuadros en excel en los que se visualiza la información enviada en cada formato en los cuales se adicionaron columnas que permiten establecer el tipo de documento que se aporta y que demuestra el valor por parte de cada beneficiario del pago.

• La relación adjunta del listado de pruebas que se enviaron y que fueron suministradas por las personas naturales y jurídicas a las cuales se les efectuaron pagos o ventas durante el año 2009 o eran deudoras o acreedoras.

— El 26 de octubre de 2011, la DIAN profirió la Resolución 212412011000089, que sancionó a la sociedad actora por no enviar la información exógena del año gravable 2009, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo 651 del estatuto tributario(20), y en los términos propuestos en el requerimiento especial.

— Por Resolución 900255 del 1º de noviembre de 2012, la DIAN decidió el recurso de reconsideración, en el sentido de confirmar la Resolución 212412011000089 del 26 de octubre de 2011. Al graduar la sanción, la DIAN dijo(21):

“En el caso objeto de análisis, se observa que el contribuyente presentó los formatos 1001, 1003, 1007, 1008, 1009, 1011 y 1012 los días 19 y 23 de agosto de 2011 y para efectos de verificar la actitud de colaboración del contribuyente, esta subdirección consultó el estado de los formatos presentados en el sistema informático MUISCA y estableció que los formatos 1001, 1007 y 1012, fueron presentados con error y sin corregir la fecha (fls. 374 y 375).

En consecuencia, no está probado que el contribuyente haya cumplido en forma íntegra y completa con la obligación de presentar la información en medio magnético, así sea posteriormente, toda vez que tres (3) de los formatos tienen error y sin corregir, por lo que no está demostrada la plena actitud de colaboración o que haya cesado el daño pues con errores no puede ser leída la información, de manera que impide el cruce que se persigue. Por lo tanto, la tarifa correcta de la liquidación de la sanción por no informar es del cinco por ciento (5%), en concordancia con lo previsto en el literal a) del artículo 1º de la Resolución 17774 de 2005 (…)”.

3.2.3.2. Análisis del caso concreto.

Como se puede apreciar, en este caso está probado que la información exógena fue entregada los días 19 y el 23 de agosto de 2011, esto es, después de la formulación del pliego de cargos (22 de julio de 2011) pero antes de la expedición de la resolución sanción (26 de octubre de 2011).

La DIAN consideró que no se satisfizo la obligación tributaria puesto que advirtió que la información presentaba errores en los formularios 1001 (retenciones en la fuente practicadas), 1007 (ingresos recibidos en el año) y 1012 (información del patrimonio bruto, saldo de efectivo y cheques, cuentas corrientes y/o ahorro, inversiones en bonos, certificados, títulos y otros).

Conforme se precisó inicialmente, con fundamento en la Sentencia C-160 de 1998 de la Corte Constitucional y en sentencias reiteradas de esta Sala, se ha considerado que la sanción por no suministrar información a que alude el artículo 651 ET, puede ser graduada.

De ahí que, dependiendo del momento en que se entregue la información, y bajo la consideración de que el artículo 651 ET permite imponer una sanción de “hasta” el 5%, la Sala ha precisado que es procedente graduar la tarifa al 0.5%(22), cuando la información se entrega extemporáneamente pero antes de que se formule pliego de cargos; al 1%(23) cuando la información se entregue con la respuesta al pliego de cargos y hasta que se imponga la sanción; al 3%(24) cuando la información se entregue con el recurso de reconsideración, y se aplica la máxima, esto es, la del 5%(25), cuando la información se entrega una vez vencidos los plazos para formular el recurso de reconsideración o definitivamente no se entrega.

En el caso concreto es un hecho probado que la información se entregó con la respuesta al pliego de cargos y antes de que se impuso la sanción. En consecuencia, la tarifa que procede aplicar es la del 1% sobre el monto de la información aportada de manera extemporánea, pues, se reitera, tal circunstancia denota una actitud de colaboración del contribuyente.

Frente al argumento relacionado con la entrega de información errada, es preciso señalar que el supuesto de hecho que condujo a la expedición de los actos administrativos demandados es la omisión en el envío de la información en el plazo establecido para ello, respecto del que procede la sanción reducida. Este supuesto difiere claramente del envío de información con errores. En efecto, si bien la omisión en el suministro de información y la entrega de información errada tienen su origen en el trámite administrativo dispuesto para la sanción por no enviar información, lo cierto es que se trata de hechos diferentes(26).

Esto, porque siendo el fundamento del pliego de cargos la omisión en la entrega de la información, no puede la administración, posteriormente, aducir que en la información presentada se configura un hecho sancionable distinto, como lo es el envío de información con errores, pues ello equivaldría a impedir ejercer a la actora el derecho de defensa frente a los presuntos errores.

En ese contexto, la sanción debería tasarse sobre la base impuesta en los actos administrativos demandados. No obstante, como por efectos de que se accede al recurso de apelación interpuesto por la DIAN, y se reliquidaría la sanción en detrimento del demandante, en un porcentaje superior al determinado por el a quo, le corresponde a la Sala revisar la base imponible de la multa, puesto que este fue un aspecto alegado en la demanda, pero no fue considerado en la sentencia apelada.

3.2.4. De la base para tasar la sanción. Solución del caso concreto.

El demandante pidió que se excluyera de la base de tasación de la sanción, los siguientes rubros:

— Los rubros reportados en los formatos 1011(27) (Datos sobre el patrimonio, inventarios, y algunos valores sobre costos y deducciones) y 1012(28) (Saldos en bancos). Dijo que estos rubros fueron reportados en la declaración de renta, que no son relevantes porque se reportaron cifras globales, y no se relacionan con terceros.

— Los rubros de menor cuantía reportados en el formato 1001(29) (pagos o abonos a terceros), porque no superan el tope de $ 500.000(30). Y porque, además, se trata de información que concierne a personas naturales o jurídicas “que manifestaron a través de distintas pruebas, tales como constancia de haber reportado a través de medios magnéticos, suministro de la respectiva declaración de renta o suministro del RUT, haber recibo (sic) la suma correspondiente a cada pago”(31).

— Los rubros de menor cuantía reportados en el formato 1007(32) (ingresos), porque no superan el tope de $ 1.000.000(33).

— Los rubros de menor cuantía reportados en los formatos 1008(34) (deudores de créditos) y 1009(35) (pasivos), porque no superan el tope de $ 5.000.000(36).

— Los reportados por entidades vigiladas por el Estado, y los que coincidan con el valor del beneficiario del pago, pues estaría probado que no se generó daño al fisco pues se reportó la información correcta (dijo que aportó la prueba de su dicho)(37).

En consideración a lo anterior, pidió que se tuviera en cuenta la siguiente base para tasar la sanción(38):

1
 

Sea lo primero precisar que, revisados los actos administrativos demandados, se puede apreciar que la DIAN calculó la sanción sobre la base de información extraída de las declaraciones de renta, IVA y retención en la fuente que la demandante presentó por el año 2009. La Sala considera pertinente partir de esta base, pues, al compararla con la información que reportó la demandante, se aprecia que no difieren sustancialmente y que, en todo caso, ciertos rubros son mayores a los que tomó la DIAN.

En ese contexto, la Sala excluirá los rubros referidos a las cuantías menores, con fundamento en los artículos 4º(39), 8(40), 10(41) y 11(42) de la Resolución 7935 de 2009, que efectivamente prevén que no hay obligación a reportar las menores cuantías referidas. Se tomarán los rubros precisados por la demandante, en la medida en que no fueron controvertidos por la DIAN.

También excluirá el rubro equivalente a $ 2.209.877.000, que figura en los formatos 1001 y 1011, pues la DIAN lo tomó dos veces. No excluirá el rubro de saldos en bancos que forma parte del patrimonio y está relacionado en los formatos 1011 y 1012, toda vez que, como se podrá apreciar más adelante, la DIAN tuvo en cuenta un patrimonio menor al reportado por la demandante, para liquidar la sanción, el saldo en bancos.

No excluirá los rubros sugeridos por la parte actora, y que habrían sido reportados por terceros o que no generaron daño por haber adjuntado la prueba de su causación, por cuanto la obligación de presentar la información exógena se debe cumplir independientemente del deber que les asiste a terceros de cumplir la misma obligación. La información reportada por quien está obligado es la que le sirve a la autoridad tributaria, precisamente, para hacer los cruces de verificación correspondientes, por lo tanto, no es pertinente excusar al contribuyente de la obligación de entregar por el hecho de que terceros reportaron la información.

Tampoco es pertinente verificar si se causó o no un daño al erario, pues, la información que debió entregar el actor se necesitaba, precisamente, para efectos de que la DIAN comprobara si la información era exacta y veraz, verificaciones que se hacen en la actuación administrativa correspondiente a la de determinación del tributo.

La actuación administrativa sancionatoria no es la pertinente para establecer si la información reportada por el propio contribuyente y por terceros se ajusta a lo que efectivamente y en derecho debieron declarar en sus respectivos denuncios de renta. La actuación pertinente para el efecto, se reitera, es la de determinación del impuesto. En consecuencia, no se excluirán los rubros que, según el demandante, coinciden con los soportes correspondientes.

3.2.5. De la graduación por allanamiento.

Ahora bien, la demandante manifestó que se allanó a la sanción y que por tanto, tiene derecho a que se le reduzca la sanción al 10%, de conformidad con lo previsto en el artículo 651 ET.

Para el efecto, probó que pagó un total por concepto de sanción reducida de $ 1.141.000, que tasó así:

2
 

La Sala considera que no hay lugar a reducir la sanción al 10% por cuanto, el demandante tomó una base diferente y no ajustada para calcular la sanción, conforme se precisó en el acápite anterior.

Siendo así, es procedente confirmar la decisión de declarar la nulidad parcial de los actos cuestionados. Pero, la Sala reliquidará la sanción impuesta, en la que se tendrá en cuenta el valor pagado por el demandante. La liquidación, entonces, queda así:

3
3
 

3.3. De la condena en costas.

La Sala advierte que en el recurso de apelación la DIAN no dijo nada en concreto respecto de la condena en costas. Sin embargo, la Sala considera que debe emitir un pronunciamiento en cuanto su procedencia en la segunda instancia.

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagra:

“Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La normativa aplicable a los asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en materia de costas, establece la regla, según la cual, en la sentencia, el juez debe pronunciarse sobre la condena en costas, con excepción de los asuntos de interés público. Además, señala que la liquidación y ejecución se regirán por lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.

La Ley 1564 de 2012 [C.G.P], en el artículo 365, señala las reglas para su determinación, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 

“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación. 

“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción” (subraya la Sala).

En el presente asunto, se está ante la circunstancia prevista en el numeral 5, dado que el tribunal anuló parcialmente los actos demandados y, al resolver el recurso de apelación, esta sección modificó esa decisión, para, en su lugar, reliquidar la sanción impuesta al contribuyente. Por lo tanto, conforme con la norma citada, en principio, el juez puede condenar parcialmente a pagar las costas de la instancia. Sin embargo, esa circunstancia está sujeta a la regla del numeral 8, según la que solo habrá condena en costas cuando aparezcan causadas en el expediente y, siempre que estén probadas.

En el caso concreto no aparece ningún elemento de prueba que justifique la imposición de las costas en la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral uno de la sentencia del 26 de noviembre de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Calor Alberto Gómez Jaramillo contra la DIAN, que quedará así:

1. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución 2124120110000089 del 26 de octubre de 2011 y de la Resolución de reconsideración 900255 del 1º de noviembre de 2012, en lo relacionado con el monto de la sanción. En su lugar, téngase como sanción a cargo del contribuyente Carlos Alberto Gómez Jaramillo, la suma de ciento noventa y siete millones, ochocientos noventa y ocho mil pesos moneda corriente ($ 97.898.000). A este valor, la DIAN restará $ 1.141.000, que pagó la demandante por concepto de sanción, para un total a pagar de noventa y seis millones, setecientos cincuenta y siete mil pesos, moneda corriente ($ 96.757.000).

2. CONFÍRMASE, en lo demás, la sentencia apelada.

3. RECONÓCESE a la abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, como apoderada de la DIAN, en los términos del poder que le fue conferido (fl. 280).

Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

8 La Sala reitera lo dicho en la sentencia del 9 de abril de 2015, Exp. 250002337000201200038-01 (20243), demandante: Luz Marina Romero González, demandado: UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.

9 Entre otras, ver sentencias de 20 de abril del 2001, Exp. 11658; de 20 de febrero y 4 de abril del 2003, Exps. 12736 y 12897; de 15 de junio del 2006, Exp. 2003-00453-01 y 26 de marzo del 2009, Exp. 16169.

10 Expediente 730012331000201100225-01 (19454), demandante: José Mariano Murillo Herrera, demandada: DIAN. También puede consultarse la sentencia del 23 de abril de 2015, Exp. 20355.

11 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Rad. 130012333000201200039-01 (20479). Actor: Fortunato Hernández Sánchez. Demandado: DIAN.

12 Entre otras, ver sentencia de 6 de noviembre de 2014, Exp. 20344, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

13 Ibídem.

14 Sentencia de 19 de febrero de 2015, Exp. 20079, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

15 Folios 29 a 36 c.a. 2.

16 “ART. 18.—Para la entrega de la información solicitada en la presente resolución, deberá tenerse en cuenta el último dígito del NIT del informante cuando se trate de un gran contribuyente o los dos últimos dígitos del NIT del informante cuando se trate de una persona jurídica y asimilada o de una persona natural, y suministrarse a más tardar en las siguientes fechas:
… PERSONAS JURÍDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES:
Últimos dígitosFecha
56 a 6005 de mayo de 2010”

17 NIT 16.203.858-2.

18 Folios 33 a 40.

19 Folios 40 a 66 caa.

20 Folios 4 a 13.

21 Folios 403 a 410.

22 Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Bogotá D.C., catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016). Rad. 810012331000201200083-01 (20905). Demandante: Sergio Ayala Atuesta. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

23 Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016). Rad. 25000-23-37-000-2013-00135- 01 [21716]. Actor: Armando Moreno González. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

24 Sentencias de 29 de septiembre de 2015, Exp. 20440, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 17 de marzo de 2016, Exp. 20932, y 26 de julio de 2017 (Exp. 21602) C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

25 Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección cuarta. C.P. (E): Stella Jeannette Carvajal Basto. Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017).

26 La Sala reitera el criterio fijado en sentencia del 7 de diciembre de 2016, Exp. 25000-23-37-000-2014-00896-01 (22483). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

27 $ 6.846.022.266.

28 $ 130.843.796.

29 Total reportado: $ 2.296.888.200.

30 Total menor cuantía: $ 307.330.969.

31 Total reportado por terceros: $ 1.606.672.666.

32 Total reportado: $ 2.442.136.498.

33 Total menor cuantía: $ 8.743.502.

34 Total reportado: $ 135.727.367.

35 Total reportado: $ 638.717.530.

36 Total mínima cuantía formato 1008: $ 0.
Total mínima cuantía formato 1009: $ 133.780.699.

37 Pidió excluir $ 5.009.445.901.

38 Folio 140 c.p. página 36 de la demanda.

39 ART. 4º—Información de pagos o abonos en cuenta. De acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 631 del estatuto tributario, los obligados a presentar información, deberán suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta (causación) que constituyan costo o deducción o den derecho a impuesto descontable, Incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado por beneficiario de los mismos, por el año gravable 2009, sea igual o superior a quinientos mil pesos ($ 500.000), según el concepto contable a que correspondan, diligenciándolos en la columna de pagos o abonos en cuenta.
Igualmente, deberán suministrarse los pagos o abonos en cuenta (causación) no solicitados fiscalmente como costo o deducción, según el concepto contable a que correspondan, diligenciándolos en la columna de pagos o abonos en cuenta no deducibles.
Los pagos o abonos en cuenta se deben reportar en el formato 1001, versión 7, según el concepto a que corresponda, de la siguiente manera:

PAR.1ºEl valor mínimo a reportar por cada beneficiario de un pago o abono en cuenta es de quinientos mil pesos ($ 500.000), no obstante que al discriminar el pago por concepto los valores a reportar sean menores.
Sin embargo, a opción del informante, podrán reportarse pagos o abonos en cuenta menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.
Los pagos que acumulados por beneficiario por todo concepto sean menores a quinientos mil pesos ($ 500.000), se informarán acumulados en un solo registro, con identificación 222222222, razón social “Cuantías Menores” y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando la dirección del informante.

40 ART. 8º—Información de ingresos recibidos en el año. Conforme con lo dispuesto en el literal f) del artículo 631 del estatuto tributario, los obligados a presentar información, deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación y país de residencia o domicilio de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso obtenido por el año gravable 2009 hubiese sido igual o superior a un millón de pesos ($ 1.000.000), indicando el valor total de los ingresos brutos recibidos y el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos.
La información deberá ser suministrada en el formato 1007, Versión 7, según el concepto a que corresponda, de la siguiente manera: …
“PAR. 1º—El valor mínimo a reportar por cada persona de quien se recibieron ingresos es de un millón de pesos ($ 1.000.000), no obstante que al discriminar por concepto los valores a reportar, estos sean menores.
Sin embargo a opción del informante podrán reportarse los ingresos menores a dicha cuantía, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas.
Los ingresos obtenidos en operaciones donde no sea posible identificar al adquirente de los bienes o servicios por el sistema de facturación que se utilice y los ingresos menores a un millón de pesos ($ 1.000.000), se informarán acumulados en un solo registro con identificación 222222222, razón social “Cuantías Menores” y tipo documento 43, en el concepto a que correspondan, reportando el país del informante.

41 ART. 10.—Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre de 2009. Conforme con lo establecido en el literal h) del artículo 631 del estatuto tributario los obligados a presentar información, deberán suministrar los apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, cuando el saldo acumulado por acreedor a 31 de diciembre del año gravable 2009 hubiese sido igual o superior a cinco millones de pesos ($ 5.000.000) en el formato 1009 versión 7, según el concepto a que corresponda, de la siguiente manera:

42 ART. 11.—Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre de 2009. Conforme con lo establecido por el literal i) del artículo 631 del estatuto tributario, los obligados a presentar información, deberán suministrar apellidos y nombres o razón social, identificación, dirección y país de residencia o domicilio de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, cuando el valor individual del saldo acumulado a 31 de diciembre del año gravable 2009, hubiese sido igual o superior a cinco millones de pesos ($ 5.000.000) en el formato 1008 versión 7, de la siguiente manera: