Sentencia 2013-00259 de noviembre 26 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 25000-23-37-000-2013-00259-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Actor: Luis Enrique Talero Parra

Demandado: Registraduría Nacional del Estado Civil

Bogotá, D. C., veintiséis de noviembre de dos mil trece

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte accionante, en contra de la sentencia del 11 de abril de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Luis Enrique Talero Parra, en nombre propio, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de solicitar la protección de los derechos a la personalidad jurídica, dignidad humana, debido proceso, mínimo vital y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Solicita en amparo de los derechos invocados que se le ordene a la entidad accionada cancelar el registro de defunción que respecto de él se emitió, y que adelante las gestiones pertinentes para corregir los errores existentes frente a sus documentos de identidad, a fin de que los mismos le sean entregados, en especial su cédula de ciudadanía.

Lo anterior, lo fundamentó en los siguientes hechos y consideraciones (fls. 1-7):

Afirma que al dejar de percibir su mesada pensional por Colpensiones, se enteró respecto de su estado civil que aparecía como fallecido, por lo que adelantó las gestiones pertinentes ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para establecer por qué razón su cédula de ciudadanía se había cancelado por muerte.

Indica que la entidad antes señalada le informó que su “cédula de ciudadanía había sido cancelada por muerte, con fecha de resolución 9 de abril 2012, novedad de la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D. C.”.

Relata que por la suspensión de su pensión, y la vulneración de sus derechos a la seguridad social y debido proceso, en ejercicio del derecho de petición el 31 de octubre de 2012, le solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cancelación de los documentos que certifican incorrectamente su muerte.

Señala que como la referida entidad no contestó dicha solicitud, se vio obligado a presentar contra la misma una acción de tutela, que fue conocida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, que le ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil contestar la petición que elevó el 31 de octubre de 2012.

Manifiesta que a pesar de la anterior situación la entidad accionada no contestó la referida solicitud, por lo que inició un incidente de desacato que no prosperó.

Precisa que gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo logró que la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunciara frente a su situación, indicándole que para la resolución de la misma debía acudir a un proceso judicial, ante un juez de familia, en tanto la cancelación de su cédula de ciudadanía tenía sustento legal en “el registro civil de defunción autorizado por la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D. C.”, que se según esta cumple con los requisitos de ley.

Destaca que para establecer su plena identidad se acercó a la entidad accionada, que después de practicarle las pruebas correspondientes, le indicó que al confrontar su tarjeta dactilar con la que se tuvo en cuenta para expedir por primera vez su cédula de ciudadanía, se advirtió que no había coincidencia.

Añade que también le indicaron que sus impresiones dactilares están relacionadas con la tarjeta dactilar para la expedición de cédula ciudadanía por primera vez, adelantado el 7 de septiembre de 1960, para el señor Felipe Santiago Fernández Rojas.

Indica que nació el 10 de octubre de 1944, por lo que para el 7 de septiembre de 1960 no contaba con la edad necesaria para solicitar la expedición de su cédula de ciudadanía, por lo que estima que las autoridades competentes incurrieron en un error de transcripción al señalar que en la anterior fecha se entregó por primera su cédula de ciudadanía.

Subraya que la Defensoría del Pueblo enterada de la anterior situación le solicitó a la entidad accionada, que en cumplimiento del Decreto 1260 de 1970, y la jurisprudencia aplicable a su caso, sin necesidad de adelantar un proceso judicial, procediera a cancelar las cédulas de ciudadanía relacionadas con su situación de identidad, así como el registro de defunción a su nombre; que procediera a expedir en su favor un documento de identidad con un nuevo cupo numérico; y que mantuviera su registro civil de nacimiento.

Sostiene que ante la ausencia de una respuesta efectiva por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ve obligado a interponer la presente acción, toda vez que como consecuencia de la cancelación de su documento de identidad le fue suspendida su pensión, que constituye su única fuente de ingresos para lograr su congrua subsistencia. Agrega que también le fue suspendido el servicio de salud que requiere y que debe 5 meses de arriendo, circunstancias que estima, atentan directamente contra su derecho al mínimo vital.

Argumenta que al figurar como fallecido su derecho a la personalidad jurídica se ha vulnerado, pues formalmente no está siendo reconocido como un sujeto de derechos y obligaciones, por lo que no puede disfrutar de todas las garantías reconocidas a las personas ante la ley.

Asevera que la entidad accionada vulnera su derecho al debido proceso, al no hacer uso de las facultades legalmente establecidas para asignarle una nueva cédula de ciudadanía y cancelar el registro de defunción a su nombre, así como para corregir la fecha en que fue expedida por primera vez su cédula.

Considera injusto dada la situación en que se encuentra, que se le someta a un proceso judicial ordinario, cuando la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades por vía de la acción de tutela, le ha ordenado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que cumpla con las funciones que frente al registro civil de los colombianos se le han asignado.

La providencia impugnada

Mediante sentencia del 11 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada por las razones que a continuación se sintetizan (fls. 77-98):

Afirma que el problema jurídico consiste en establecer si los derechos fundamentales invocados se vulneraron por la Registraduría Nacional del Estado Civil, al no proceder a anular el registro civil de defunción 7288703, ni restablecer la vigencia de la cédula de ciudadanía que figura a nombre del accionante.

Antes de abordar el problema jurídico indica que la entidad accionada resalta que por los mismos hechos el peticionario presentó una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Frente a dicha acción de tutela, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca destaca que la acción objeto de estudio en sus hechos, pretensiones y derechos invocados, es distinta a la que presentó el actor con anterioridad a fin de obtener por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, una respuesta a la petición que elevó. En ese orden de ideas estima que no se advierte temeridad del accionante al interponer la presente demanda.

De las pruebas aportadas al proceso resalta que la cédula de ciudadanía del demandante fue cancelada por la entidad accionada, teniendo como sustento el registro de defunción con serial 7288703 del 2 de enero de 2012 de la Notaría 38 del Círculo de Bogotá, que según la misma notaría cumple con los requisitos de ley.

Asimismo subraya que la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante oficio del 11 de febrero de 2013 le informó al actor, que no era posible por vía administrativa anular y restablecer la vigencia de su cédula de ciudadanía, al no haberse podido demostrar plenamente su identidad, en tanto de conformidad con el concepto técnico dactiloscópico 2828 de enero de 2013, sus impresiones dactilares no corresponden a las relacionadas para el trámite de expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía relacionada con su nombre, sino que se encuentran registradas frente al trámite adelantado el 7 de septiembre de 1960, para la expedición por primera vez de la cédula de ciudanía del señor Felipe Santiago Fernández Rojas.

A renglón seguido transcribe los artículos 88 y 89 del Decreto Ley 1260 de 1970, y la Circular Nº DNI 068 del 11 de julio de 2008 del Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a fin de destacar el trámite que se debe adelantar para corregir por vía administrativa errores o inconsistentes relacionadas con el estado civil de las personas.

En ese orden ideas indica que la Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a adelantar las gestiones pertinentes para restablecer la vigencia de la cédula de ciudadanía del accionante, para lo cual era necesario establecer su identidad, que no se pudo verificar, en tanto las impresiones dactilares de aquél no corresponden a la tarjeta dactilar para la expedición de la cédula de ciudadanía a su nombre.

Por la anterior circunstancia sostiene que el procedimiento administrativo resulta insuficiente para verificar con certeza la identidad del accionante, motivo por el cual para resolver la presente controversia se requiere la intervención de un juez mediante el procedimiento judicial pertinente.

En tal sentido destaca algunas consideraciones de la sentencia proferida el 14 de agosto de 2008 por la Sección Segunda del Consejo de Estado(1), y del Fallo T-308 de 2012 de la Corte Constitucional, sobre la necesidad de adelantar un proceso judicial especializado cuando la corrección del estado civil de las personas requiere de una valoración que no está llamada a realizarse en sede administrativa.

Por las anteriores razones concluye, que como “la anulación del registro civil de defunción y el restablecimiento de la vigencia de la cédula de ciudadanía del demandante solo es viable si se corrobora su verdadera identidad, situación que se encuentra en discusión al no haber podido ser verificada en sede administrativa, y que para el efecto se requiere un pronunciamiento judicial, para la Sala es claro que los derechos fundamentales del hoy demandante a tener una identidad, a la personalidad jurídica, a la dignidad, al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, no están siendo vulnerados por la Registraduría Nacional del Estado Civil”.

Razones de la impugnación

Mediante escrito del 30 de abril de 2013, el accionante impugnó la sentencia antes descrita por las siguientes razones (fl. 134):

Insiste en que la Registraduría Nacional del Estado Civil vulnera su derecho al debido proceso, al no dar aplicación a la normatividad que permite resolver la situación en que se encuentra (cita el Decreto 1260 de 1970), sin necesidad de acudir a un proceso judicial.

Reitera que la entidad accionada no puede válidamente afirmar que sus huellas corresponden a una cédula de ciudadanía que se profirió cuando tan solo tenía 16 años.

Afirma que es ajeno a los errores que se han cometido respecto de su estado civil, pero que los mismos están afectando significativamente sus derechos, en especial su mínimo vital, pues ha dejado de percibir su pensión, y el derecho a la personalidad jurídica, pues formalmente aparece como fallecido.

Trámite procesal

El escrito de impugnación antes descrito, fue presentado por el accionante después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitiera el expediente de la referencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión (fl. 130), motivo por el cual mediante auto del 3 de mayo de 2013 el mencionado Tribunal ofició a la oficina de correos 472 La Red Postal de Colombia, para que informara en qué fecha le fue entregado al peticionario el telegrama mediante el cual se le notificó el fallo de primera instancia (fls. 129, 137), a fin de establecer si el mismo presentó o no oportunamente la impugnación.

La mencionada empresa de correos certificó que el referido telegrama fue devuelto el día 22 de abril de 2013, bajo la anotación “No existe número” (fls. 139-140).

Por la anterior circunstancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, mediante auto del 14 de mayo de 2013 (fl. 142), consideró que la impugnación interpuesta por el actor debía concederse, por lo que le solicitó a la Corte Constitucional que devolviera el expediente de la referencia (aunque el mismo ya había sido excluido de revisión (fl. 132)), y dispuso que una vez regresara, se enviara al Consejo de Estado para que lo conociera en segunda instancia.

Antes de decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante, se advirtió que al presente proceso no se vinculó a Colpensiones, aunque cualquier decisión que se emita es de su interés, como quiera que a través de la acción objeto de estudio el demandante reprocha que dicha entidad suspendió el pago de su mesada pensional, por errores que no le son imputables respecto de su estado civil, concretamente, que su cédula de ciudadanía fue cancelada por la existencia de un registro de defunción a su nombre.

Asimismo se estimó pertinente vincular al presente trámite a la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D. C., que según la Registraduría Nacional del Estado Civil, fue quien fue autorizó el registro de defunción del accionante (fl. 33).

En consecuencia, mediante auto del 2 de septiembre de 2013 se dispuso vincular al presente trámite a Colpensiones y a la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D. C., brindándoles la oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, y poniendo a su disposición las principales actuaciones y decisiones que han tenido lugar en el proceso de la referencia (fls. 149-151).

De otro lado mediante la providencia antes señalada, a fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver la impugnación presentada, se ordenó oficiar al accionante y a Colpensiones, para que aportaran al presente proceso, los actos administrativos mediante los cuales se le reconoció una pensión al señor Luis Enrique Talero Parra, identificado con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, y se suspendió o canceló el pago de dicha prestación, por el presunto fallecimiento del titular del derecho.

También se ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D. C., para que indicaran con fundamento en qué hechos se constituyó el registro civil de defunción con serial 7288703, del señor Luis Enrique Talero Parra, con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, y se aportaran todos y cada uno de los documentos que se tuvieron en cuenta para registrar la muerte del mencionado ciudadano.

Frente a las anteriores actuaciones, solo intervinieron al presente trámite la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D.C., aportando copia del registro de defunción del señor Luis Enrique Talero Parra, “junto al certificado individual de defunción firmado por el Dr. Edmundo Rodríguez Varón y la fotocopia de la cédula de ciudadanía(,) documentos que sirvieron de base para la inscripción, conforme a lo dispuesto por los artículos 73 y 76 del Decreto 1260 de 1970” (fls. 175-181, 185-188).

En cuanto a los oficios enviados al peticionario, los mismos fueron devueltos por la empresa de correos, precisando respecto de la dirección de aquel, tomada del escrito de tutela (fl. 7), que “no hay calle 37 D” o “no hay calle 37 D con 3B” (fls.195, 199).

Por la anterior circunstancia se estableció comunicación telefónica con el accionante a fin de verificar su dirección de notificaciones (fl. 200), a partir de lo cual se constató que en los oficios enviados faltó incluir al final de la nomenclatura la palabra “Este”.

Adicionalmente con el fin de contar con mayores elementos de juicio para resolver la controversia existente alrededor de la identidad del accionante, mediante auto del 21 de octubre de 2013 (Fls. 201-203) se citó a una audiencia para el 18 de noviembre de 2013, al peticionario, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Notaría 38 del Círculo de Bogotá y a Colpensiones, a fin de que el actor realizara las consideraciones que estimara pertinentes sobre la demanda objeto de estudio y solicitara y/o aportara las pruebas necesarias para acreditar que durante su vida se ha identificado con el nombre Luis Enrique Talero Vargas y la cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá.

De otro lado mediante el mismo auto se dispuso oficiar nuevamente a Colpensiones, para que aportara los actos administrativos mediante los cuales se le reconoció una pensión al señor Luis Enrique Talero Parra, identificado con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, y se suspendió o canceló el pago de dicha prestación, por el presunto fallecimiento del titular del derecho. No obstante lo anterior, la referida entidad guardó silencio.

Antes de la celebración de la referida audiencia, el accionante aportó al presente trámite copia auténtica del registro civil de nacimiento de Flor Marina Talero Durango, quien afirma es su hija; una declaración extrajuicio de Marta Amelia Suárez Barrera, quien asevera fue su cónyuge; una solicitud de un seguro de vida que manifiesta realizó; tres (3) certificaciones laborales a su nombre; algunos documentos que dan cuenta de un accidente laboral que sufrió; certificaciones de algunas personas declaran sobre su identidad y hace cuánto tiempo lo conocen; copia de un carné de pertenencia al Partido Liberal, de un certificado electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente del año 2006; una certificación del 1º de noviembre de 2013 del grupo de atención e información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la cual la cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá a nombre de Luis Enrique Talero Parra se encuentra vigente; y un oficio dirigido al ciudadano antes señalado por parte de Colpensiones, mediante el que se le indica que para solucionar los problemas relacionados con su identidad debe acercarse a la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 213-237).

De la audiencia del 18 de noviembre de 2013 (Fls. 233-243)

La audiencia programada mediante auto del 21 de octubre de 2013, se celebró con la presencia del accionante quien vino acompañado de una defensora pública, del apoderado judicial del Notario 38 del Círculo de Bogotá, y de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

De la mencionada audiencia se destacan los siguientes aspectos:

— El accionante reiteró todos los inconvenientes que ha tenido en virtud de la cancelación de su cédula de ciudadanía, entre los cuales resalta que desde el 25 de septiembre de 2012 se le dejó de cancelar su mesada pensional, por lo que para sufragar sus gastos personales se ha visto obligado a acudir a la solidaridad de sus amigos. También destacó que no ha podido recibir el servicio médico que requiere en atención a sus problemas de salud, varios de ellos productos de algunos accidentes que ha sufrido.

— Precisó el actor que mediante la Resolución 28286 del 29 de junio 2007 (la cual exhibió), se le reconoció por el ISS, Seccional Cundinamarca, una pensión de vejez a partir del 1º de julio de 2007.

— El demandante a través de la defensora pública que lo asistió, resaltó que para lograr la anulación del registro de defunción a su nombre, se está tramitando el proceso correspondiente en la Jurisdicción de Familia, que luego de admitirse se encuentra al despacho en un juzgado de descongestión.

— En la mencionada audiencia se le puso de presente al demandante que la Notaría 38 Círculo Bogotá, indica dentro del presente trámite que el registro civil de defunción a nombre de Luis Enrique Talero Parra, con cédula de ciudadanía 19.176.068 expedida en Bogotá, se autorizó con fundamento un certificado de defunción suscrito el día 31 de diciembre de 2011 por el médico y cirujano Edmundo Rodríguez, por lo que se le preguntó al peticionario si conoce al mencionado profesional de la salud, a lo cual respondió negativamente.

— El peticionario también mencionó que la certificación del 1º de noviembre de 2013 del grupo de atención e información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según la cual la cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá a nombre de Luis Enrique Talero Parra se encuentra vigente, le fue enviada por la entidad antes señalada a su lugar de residencia, con el fin de pudiera identificarse, y porque supuestamente “ya había levantado el certificado de muerto” (fl. 238).

— La Defensoría del Pueblo reprochó que la Registraduría Nacional del Estado Civil no haya corregido por vía administrativa los errores en los cuales estima se incurrió respecto a la identidad del accionante, aunque en criterio de la defensora la mencionada entidad estaba facultada para ello en virtud de lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970 y el Código Electoral.

— Por su parte el apoderado judicial del Notario 38 del Círculo de Bogotá destacó que el registro civil de defunción a nombre del señor Luis Enrique Talero Parra, “con indicativo serial 7288703 fue expedido conforme al art. 73 y subsiguientes del Decreto 1260 de 1970. Que como antecedente se tomó el certificado auténtico de defunción que sirve como antecedente para el registro civil cuyo número es el 70232536-2 de fecha 31 de diciembre de 2011 suscrito por el médico Dr. Eduardo Rodríguez Barón con registro profesional 81560” (fl. 239).

Finalmente en la mencionada audiencia se dispuso lo siguiente, con el fin de que la Registraduría Nacional del Estado Civil ejerciera su derecho a la defensa frente a los documentos que aportó el actor antes de la celebración de aquella, y para que aclarara las razones por las cuales en una certificación del 1º de noviembre de 2013 afirma que el documento de identidad del demandante se encuentra vigente, aunque con anterioridad canceló el mismo mediante la Resolución 2197 del 9 de abril de 2012:

“Acto seguido el despacho DISPONE lo siguiente: Primero: En aras de garantizar el derecho de defensa de la Registraduría Nacional del Estado Civil póngase a disposición de la parte los documentos aportados por el accionante visibles a folios 213 a 231 del expediente para que en un término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas manifieste lo que considere necesario al respecto. Segundo: Solicítese a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en el mismo término se sirva explicar al despacho la posible contradicción de los datos consignados en el documento visible a folio 230 del expediente y al que se ha hecho mención en esta diligencia en el que consta como estado “vigente del documento de identificación 19176068 del señor Luis Enrique Talero Parra” documento expedido el primero de noviembre de 2013 y al (sic) información contenida en el acto Resolución 2197 de 9 de abril de 2012 en el que se indica que la cedula 19176068 del señor Luis Enrique Talero Parra fue cancelada por muerte de su titular (folios 15 a 17). Tercero: Concédase el mismo término de cuarenta y ocho (48) horas para que se sirva allegar la documentación técnica a la que hace referencia Hugo Humberto Domínguez Hernández (funcionario de la Registraduría), según quedó consignado en esta diligencia” (fl. 240).

Informe de la Registraduría Nacional del Estado Civil

La entidad antes señalada mediante oficio radicado el 18 de noviembre del año en curso (fls. 250-251), indicó que el registro de defunción a nombre del señor Jorge Enrique Talero Parra, “no presenta ninguna anomalía ni causal formal de nulidad”, y que si el accionante pretende controvertir el mismo debe acudir a la Jurisdicción de Familia. Además reiteró que las impresiones dactilares del demandante no coinciden con la tarjeta decadactilar con la que se tramitó la cédula de ciudanía 19.176.068.

De otro lado, la referida entidad mediante oficio del 21 de noviembre de 2013 teniendo en cuenta la audiencia celebrada el 18 de noviembre del mismo año, realizó las siguientes consideraciones (fls. 254-261):

Reitera que la cancelación de la cédula de ciudadanía 19.176.068 a nombre de Luis Enrique Talero Parra, tiene sustento legal en el registro civil de defunción debidamente autorizado por la Notaría 38 del Círculo de Bogotá, que a su vez tuvo en cuenta un certificado médico de defunción. Frente a dichos documentos precisa que no se advierten errores de transcripción.

Por la anterior circunstancia considera de vital importancia que al presente trámite se vincule a los posibles herederos Luis Enrique Talero Parra, “puesto que en el evento de procederse con la validación de la cédula de ciudadanía 19.176.068, al accionante Luis Enrique Talero Parra, dicha circunstancia afectaría los derechos sucesorales a que tienen derecho los familiares del causante”, entre ellos un presunto hermano del peticionario cuyos datos de contacto suministra.

Resalta que para corroborar la identidad del demandante debido a las reclamaciones que realizó, se compararon sus impresiones dactilares con las que sirvieron de base para la expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía 19.176.068, en virtud de lo cual se verificó que no correspondían a dicho documento, sino a la cédula número 4.277.052 a nombre de Felipe Santiago Fernández Rojas, que se encuentra vigente. Sobre el particular hace referencia a los cotejos dactiloscópicos 428 de 25 de enero de 2013 y 4856 del día 28 del mismo mes y año, emitidos respectivamente por los técnicos Nimia Estela Vides Peña y Fernando Díaz Herrera.

Asevera que la anteriores circunstancia (sic) le fueron comunicadas al peticionario, a quien le ofreció como alternativa de solución, “gestionar la expedición de cédula de ciudadanía por primera vez, mediante la asignación de un cupo numérico que en efecto registrase sus impresiones dactilares por primera vez, y teniendo en cuenta (que) el número de cédula 19.176.068 reclamado por el accionante registraba una cancelación por muerte de su titular” (fl. 259).

No obstante lo anterior a renglón seguido señala que consultado el Archivo Nacional de Identificación, la cédula de ciudadanía 19.176.068 a nombre de Luis Enrique Talero Parra se encuentra vigente de conformidad con la Resolución 8925 del 30 de agosto de 2013, teniendo en cuenta la certificación de cotejo dactiloscópico 8337 del 12 de agosto de 2013, suscrita por Martha Cecilia Hernández, que señala lo siguiente:

“Que practiqu(é) cotejo sobre la impresiones dactilares del material de cedulación correspondiente al señor Talero Parra Luis Enrique identificado (a) con la cédula de ciudadanía 19.176.068 expedida en Bogotá cancelada por muerte según Resolución 2197 de año 2012 y confirme que SI (X) NO () son las mismas impresiones dactilares que reposan en los archivos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por disposición de la Dirección Nacional de Identificación”.

Sostiene que como el concepto dactiloscópico antes señalado no coincide con los conceptos 428 y 4856 que se emitieron con anterioridad, se solicitó un cuarto dictamen, que emitió el técnico Germán Eduardo Villamil Rodríguez el 15 de noviembre de 2013, según el cual “las impresiones del accionante señor Luis Enrique Talero Parra, no corresponden con aquellas consignadas en la tarjeta decadactilar de primera vez del número de cédula 19.176.068, circunstancia que técnicamente no permite validar los trámites de cedulación que han sido gestionados por el accionante (…), sumado esto a que aún se encuentra un registro civil de defunción que registra el número de cédula 19.176.068 a nombre del señor Luis Enrique Talero Parra”.

Por las anteriores circunstancias estima que para garantizar la debida identificación del peticionario se debe tramitar una cédula de ciudadanía por primera vez, con un nuevo cupo numérico, y que una vez se obtenga esta, la registraduría emitirá las comunicaciones pertinentes a las entidades frente a las cuales el actor se identificó con el número de cédula 19.176.068, entre ellas, Colpensiones y el Ministerio de Salud, “a fin de garantizar la continuidad tanto en el pago de su mesada pensional como en el acceso a los servicios de salud, para conjurar cualquier afectación que se pueda presentar frente a sus derechos fundamentales”.

Consideraciones de la Sala

I. De la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio judicial de defensa, salvo la configuración de un perjuicio irremediable

La procedencia de la acción de tutela por mandato constitucional (artículo 86) y de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 que reglamenta su ejercicio, es una acción de carácter excepcional y subsidiario para la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Lo anterior quiere decir, que la misma en principio no puede ser empleada como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.

Por lo anterior, la misma Carta Constitucional ha preceptuado que la acción de tutela tiene un carácter subsidiario respecto de los medios ordinarios de defensa, porque de lo contrario, desaparecerían todas las acciones y procedimientos especialmente instituidos por el legislador para controvertir cualquier diferencia.

En este sentido, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales; cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política (ante la existencia de las acciones popular y de grupo); y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (en tanto los mismos son objeto de control mediante la acción de inconstitucionalidad y/o los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo).

Sin embargo, teniendo en cuenta el valor vinculante de la Constitución Política (artículo 4º), y la supremacía que la misma le asigna a los derechos fundamentales (artículo 5º), por el valor jurídico y axiológico que los mismos tienen dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el numeral primero del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha previsto que la acción de tutela es procedente a pesar de la existencia de otro mecanismo judicial de defensa, cuando con ella se persigue evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Ahora bien, la Corte Constitucional con el fin de delimitar el concepto de perjuicio irremediable, y por consiguiente de preservar el carácter residual y excepcional de la acción de tutela, ha establecido respecto a éste las siguientes características:

“A). El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura hipotética. Se puede afirmar que, bajo cierto aspecto, lo inminente puede catalogarse dentro de la estructura fáctica, aunque no necesariamente consumada. Lo inminente, pues, desarrolla la operación natural de las cosas, que tienden hacia un resultado cierto, a no ser que oportunamente se contenga el proceso iniciado. Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay que mirar la causa que está produciendo la inminencia.

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad de la urgencia.

C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que este sea grave, lo que equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, sino solo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a todas luces inconveniente.

D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay postergabilidad de la acción, esta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna. Se requiere una acción en el momento de la inminencia, no cuando ya haya desenlace con efectos antijurídicos. Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para el equilibrio social.

De acuerdo con lo que se ha esbozado sobre el perjuicio irremediable, se deduce que hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado ya en forma directa o como mecanismo transitorio”(2).

Como puede apreciarse, para la procedencia excepcional de la acción de tutela a pesar de la existencia de otro medio judicial de defensa, es necesario que el juez en cada caso determine si el eventual perjuicio posee las características antes expuestas, so pena de negar el amparo solicitado por la improcedencia de la acción constitucional.

Ahora bien, una vez el juez de tutela ha verificado que el actor a pesar de contar con otro medio judicial de defensa requiere el amparo inmediato de sus derechos fundamentales, debe tener en cuenta que el artículo 8º del Decreto 2591 de 1991 le exige tomar las siguientes medidas:

1. Señalar expresamente en la sentencia, que su orden permanecerá vigente solo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

2. Aclarar que en todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela, so pena de que cesen los efectos del amparo concedido.

Las anteriores previsiones, tienen como fin garantizar el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, en tanto le exigen al actor que haga uso de los mecanismos ordinarios de defensa, y le aclaran que la controversia no se ha resuelto totalmente con esta acción, en tanto debe ser objeto de análisis por los jueces especializados en la materia y mediante los procedimientos instituidos por el legislador, garantizándole que mientras se toma la decisión definitiva contará con la protección eficaz y continua de sus derechos fundamentales.

II. Sobre el alcance del derecho a la personalidad jurídica

La Sala estima pertinente traer a colación algunas consideraciones de la Corte Constitucional sobre el alcance de la personalidad jurídica, como quiera que es uno de los derechos que el demandante considera vulnerados por la parte accionada.

“Los artículos 14 y 16 de la Carta Política prevén que todas las personas tienen derecho al reconocimiento y al libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.

Ahora bien, sobre el contenido y alcance del derecho a la personalidad jurídica esta Corte ha sostenido:

"3. Del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica.

El sujeto razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano, en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política.

(…)

3.1. Titular del derecho.

El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Carta Fundamental es un derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan solo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y esta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad.

Esta afirmación se comprueba al estudiar los instrumentos internacionales sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica interpretados a la luz del artículo 93 de la Constitución que determinan quién es el titular del derecho constitucional fundamental establecido en el artículo 14 de la Constitución.

El artículo 93 constitucional le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968, en su artículo 16 establece:

“todo ser humano tienen (sic) derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

La razón jurídica del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica la encontramos en el Preámbulo del Pacto Internacional que reconoce: “que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana”.

A la misma conclusión se llega por vía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 1º numeral 2 dice que para los efectos de esta Convención “persona es todo ser humano”, y el artículo 3º consagra, “que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Como fundamento ideológico orientador de las disposiciones sobre derechos humanos en el mundo, es imperativo hacer mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 6º establece:

“todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica”.

Así pues, para la interpretación del artículo 14 de la Constitución se hace necesario recurrir al análisis de los instrumentos internacionales y de ellos se deduce claramente que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho inherente a la persona humana y que la labor del Estado es de constatación y no de creación”(3)”.

En armonía con lo expuesto los artículos 74, 428, 1502 y 1503 del Código Civil preceptúan i) que son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, y ii) que todas las personan gozan de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, “excepto aquellas que la ley declara incapaces”, es decir quienes, no obstante su calidad de sujetos de derecho, “no pueden dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios” y habrán de actuar por conducto de un representante, ya fuere por minoría de edad, prodigalidad o demencia.

Al respecto vale traer a colación las consideraciones de la Sentencia C-983 de 2002(4), en materia de capacidad negocial, incapacidad legal, guardas y curadurías. Señala la providencia:

“La capacidad, en sentido general, consiste en la facultad que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esta capacidad, de acuerdo con el artículo 1502 del Código Civil, puede ser de goce o de ejercicio.

La primera de ellas consiste en la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones, y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o capacidad legal, por su parte, consiste en la habilidad que la ley le reconoce a aquella para poderse obligar por sí misma, sin la intervención o autorización de otra. Implica, entonces, el poder realizar negocios jurídicos e intervenir en el comercio jurídico, sin que para ello requiera acudir a otro.

La capacidad es, por tanto, la regla general y todo individuo de la especie humana, e inclusive las personas jurídicas, tienen capacidad de goce. En cuanto a la capacidad de ejercicio, que es uno de los requisitos para la validez de las declaraciones de voluntad y de los actos jurídicos, hay que decir que, en principio, la tienen todas las personas salvo aquéllas que la ley declare incapaces (C.C., art. 1503)”(5) (destacado fuera de texto).

III. La importancia de la cédula de ciudadanía y el registro civil, en el ejercicio del derecho a la personalidad jurídica

Esclarecido el alcance del derecho a la personalidad jurídica, estima la Sala necesario destacar algunas consideraciones de la Sentencia T-066 de 2004 de la Corte Constitucional(6), sobre la importancia de la cédula de ciudadanía y el registro civil para materializar el derecho antes señalado, y por supuesto, aquellos con los cuales está íntimamente relacionado, como el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad.

“Esta Sala se ha pronunciado ya sobre el contenido esencial del derecho a la personalidad jurídica, así como sobre la importancia de la cédula de ciudadanía para la realización del mismo y de los derechos que le son conexos, como el derecho al libre desarrollo de la personalidad que se concreta en la realización de planes de vida autónomamente diseñados. En la Sentencia T-909/01 la Sala dijo al respecto:

"El artículo 14 de la Carta Política de 1991, garantiza a todo ser humano el derecho a una personalidad jurídica por el simple hecho de su existencia, independientemente de toda condición. El reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas se refiere a situaciones que no dependen del poder económico, sino que son inherentes a la persona humana y permiten el desarrollo de las aptitudes y energías tanto físicas como espirituales ligadas indudablemente con los derechos humanos. […]

Es así como dentro del desarrollo del derecho a la personalidad jurídica se reconoce el estado civil de las personas, mediante la expresión de una determinada situación o calidad como la nacionalidad, el sexo, la edad, estado mental, si son hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos, casados o solteros etc. También se relaciona con el reconocimiento de derechos subjetivos tanto públicos como privados, situándose dentro de los primeros los propios de quien es reconocido por la Constitución y la ley como ciudadano, esto es, el derecho político al voto, el ejercicio del derecho de protección jurídica y las correlativas obligaciones concretas para las personas como la de pagar impuestos, cumplir el servicio militar obligatorio, etc.

En este orden de ideas, la cédula de ciudadanía es un documento que adquiere especial relevancia para acreditar el reconocimiento de estos derechos y obligaciones y por ende, para el reconocimiento y ejercicio del derecho a la personalidad jurídica de la personas. Esta corporación sobre la importancia de la cédula de ciudadanía ha dicho(7):

'2.1. La Constitución y la ley han asignado a la cédula de ciudadanía, tres funciones particularmente diferentes pero unidas por una finalidad común, cual es la de identificar a las personas, permitir el ejercicio de sus derechos civiles y asegurar la participación de los ciudadanos en la actividad política que propicia y estimula la democracia.

Jurídicamente hablando, la identificación constituye la forma como se establece la individualidad de una persona con arreglo a las previsiones normativas. La ley le otorga a la cédula el alcance de prueba de la identificación personal, de donde se infiere que solo con ella se acredita la personalidad de su titular en todos los actos jurídicos o situaciones donde se le exija la prueba de tal calidad. En estas condiciones, este documento se ha convertido en el medio idóneo e irremplazable para lograr el aludido propósito.

De otra parte, la cédula juega papel importante en el proceso de acreditación de la ciudadanía, que se ejerce por los nacionales a partir de los 18 años y que, en los términos del artículo 99 de la Constitución, es la "(…) condición previa e indispensable para ejercer el derecho de sufragio, para ser elegido y para desempeñar cargos públicos que llevan anexa autoridad o jurisdicción".

La ciudadanía es pues el presupuesto esencial para el ejercicio de los derechos políticos y estos, a su vez, se traducen en la facultad de los nacionales para elegir y ser elegidos, tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, cabildos abiertos, revocatorias de mandatos, constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas, promover acciones de inconstitucionalidad en defensa de la integridad y supremacía de la Constitución y, en fin, desempeñar cargos públicos, etc. (C.P. arts. 40, 99, 103, 107, 241)'".

Así mismo, esta Corte se ha pronunciado acerca de las características y funciones del registro civil. En la Sentencia T-963 de 2001 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra) dijo la Corte:

"La inscripción en el registro civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar, y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte.

La doctrina ha señalado, que el estado civil es un conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia de donde proviene, o con la familia que ha formado y con ciertos hechos fundamentales de la misma personalidad.

Igualmente, el Decreto 1260 de 1970 artículo 1º, señala que el estado civil de una persona es su situación juridica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible. Por tanto, cada acto o hecho debe ser inscrito en el correspondiente registro" (el destacado es nuestro).

IV. Análisis del caso en concreto

De conformidad con los hechos y consideraciones hasta aquí expuestos, se advierte que el accionante pretende la cancelación de todos los documentos mediante los cuales se certifica que ha fallecido, en especial el registro de defunción con serial 7288703, en tanto a su juicio dicha circunstancia por no corresponder a la realidad vulnera su derecho a la personalidad jurídica, y ha conllevado a la cancelación injusta de su mesada pensional por parte del Colpensiones.

Con fundamento en el registro antes señalado, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Notaría 38 del Círculo de Bogotá D.C., indican que el fallecimiento del ciudadano bajo el nombre Luis Enrique Talero Parra con C.C. 19.176.068 (que corresponde a los datos de identificación que invoca el accionante), tuvo lugar el día 31 de diciembre de 2011, y añaden que dicha situación se registró a partir del certificado de defunción suscrito por el médico y cirujano Edmundo Rodríguez; información que en efecto se corrobora con los documentos aportados en esta instancia por las mencionadas entidades (fls. 165,166,186,187).

En relación con la anterior circunstancia el demandante aporta copia de la Resolución 2197 del 9 de abril de 2012 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la cual se canceló la cédula de ciudadanía 19.176.068 a nombre de Luis Enrique Talero Parra (fl. 15-17), con fundamento en el mencionado registro defunción autorizado por la Notaría 38 del Círculo de Bogotá.

Frente al anterior acto administrativo debe precisarse que en lo que respecta al demandante fue revocado por la Resolución 8925 del 30 de agosto de 2013 del Director Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil (fls. 274-276), que restableció la vigencia de la cédula de ciudadanía antes señalada, con fundamento en el concepto dactiloscópico que emitió Martha Cecilia Hernández (del 12 de agosto de 2013) (fl. 277), según el cual de conformidad con lo indicado por la referida entidad en el informe rendido el 21 de noviembre del año en curso (fls. 254-261), las huellas del actor coinciden con el documento de identidad 19.176.068. Sin embargo, frente a la anterior situación debe aclararse que la misma registraduría resalta que después del concepto de la técnico Martha Cecilia Hernández, se emitió otro dictamen el 15 de noviembre de 2013, según el cual la impresiones dactilares del actor no coincidente con la mencionada cédula de ciudadanía (fls. 260, 278), por lo que en suma, de las pruebas aportadas al proceso existe incertidumbre sobre la vigencia del documento de identidad del peticionario.

Adicionalmente el demandante alega que le fueron tomadas sus impresiones dactilares para verificar su identidad, y que como consecuencia de ello la registraduría le indicó que estas no corresponden a las relacionadas para el trámite de expedición por primera vez de la cédula de ciudadanía 19.176.068 a nombre Luis Enrique Talero Parra, sino que se encuentran registradas frente al trámite adelantado el 7 de septiembre de 1960, para la expedición por primera vez de la cédula de ciudanía del señor Felipe Santiago Fernández Rojas, que corresponde al número 4.277.052.

La información antes señalada es confirmada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, como puede verificarse de los informes rendidos en el presente proceso y los documentos que se aportan con los mismos (fls. 46-74,100-128, 254-261).

En ese orden de ideas se tiene de conformidad con lo indicado por las partes y los documentos que aportan las mismas, que frente a la identidad del accionante existe una situación de indefinición, de un lado, porque las autoridades competentes con fundamento en documentos que se presumen válidos, indican que el señor Luis Enrique Talero Parra con cédula de ciudadanía 19.176.068 falleció el 31 de diciembre de 2011, y de otro, porque frente a la afirmación que el peticionario realiza de ser la persona que responde al nombre antes señalado y a quien se le asignó el mencionado documento de identidad, la registraduría indicó que sus impresiones dactilares no corresponden a las plasmadas para la expedición por primera vez de la cédula de ciudanía 19.176.068, sino a las relacionadas con la cédula número 4.277.052 a nombre Felipe Santiago Fernández Rojas.

Frente a la situación antes planteada el actor (a través de la Defensoría del Pueblo(8)) alega que puede solucionarse directamente por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que reprocha mediante la acción de tutela que dicha entidad se niegue a corregir los errores existentes, argumentando que se requiere de la intervención de una autoridad judicial y de un proceso especializado para tal efecto.

Sobre el particular la Sala considera pertinente aclarar, como lo ha hecho en otras oportunidades frente a controversias relacionadas con el derecho a la personalidad jurídica que puede verse afectado por presuntos errores en el registro civil(9), que de la lectura sistemática de los artículos 87 a 97 del “Estatuto del registro del estado civil de las personas”, el legislador (extraordinario) previó tres formas de corregir y/o modificar las inscripciones existentes en el mencionado registro, las cuales a saber son: 1) Ante los funcionarios encargados de llevar este, 2) mediante el otorgamiento de una escritura pública, 3) o a través de una decisión judicial producto de un proceso de la misma naturaleza.

Por intermedio de los funcionarios encargados de llevar el registro, el artículo 91 del Decreto 1260 de 1970(10) señala, que la persona interesada debe elevar una solicitud por escrito cuando se trata de corregir “errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio”. Asimismo dicha norma establece que el mecanismo adecuado es la escritura pública, frente a errores de inscripción distintos a los antes señalados, sin especificar en qué casos puede presentarse tal situación.

Frente a la vía judicial se presenta un particularidad, en tanto no se indica de forma casuística en qué eventos debe la persona interesada acudir ante la autoridad judicial correspondiente, aunque se destaca que los artículos 89(11) y 96(12) del referido estatuto, exigen la existencia de una decisión judicial cuando los cambios impliquen alternaciones o cancelaciones de las inscripciones realizadas, en criterio de la Sala, cuando no se trata de simples errores o modificaciones que puedan realizarse ante el funcionario encargado de llevar el registro o ante un notario, esto es, cuando existe una controversia del (sic) tal entidad que hace indispensable la intervención de una autoridad judicial.

Sin embargo también se destaca, que los artículos 89, 93, 95 y 97, relacionados con las modificaciones que se realizan al registro civil en virtud de una decisión judicial, también hacen referencia a dichas modificaciones mediante escritura pública, sin distinguir en qué eventos debe acudirse a uno o a otro mecanismo, por lo que en cada caso será necesario establecer cuál es la vía idónea para realizar un cambio.

Para mayor ilustración, se estima pertinente tener en cuenta algunas consideraciones de la Sentencia T-308 de 2012 de la Corte Constitucional(13), en la cual se destaca que cuando no se trata de simples errores o modificaciones que puedan realizarse ante el funcionario encargado de llevar el registro o ante un notario, es necesaria la intervención de una autoridad judicial, debido a la valoración que se requiere para solucionar el caso en concreto:

“5.2. Dicho instrumento, sirve para probar la calidad de una persona ante la familia, la sociedad y el Estado(14). Esta corporación sobre este tema sostuvo: “La inscripción en el registro civil, es un procedimiento que sirve para establecer, probar y publicar todo lo relacionado con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su muerte”(15).

Así, una vez sentadas las inscripciones del estado civil, estás solo podrán ser modificadas en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados,(16) así:

(i) El primer evento, se presenta cuando la alteración de una inscripción produce cambio del estado civil, por lo que se hace indispensable una decisión judicial(17), en firme, que lo ordene(18). En esta situación, la competencia de corregir o modificar el estado civil de las personas que necesita un estudio de los hechos planteados dada su incertidumbre le corresponde al juez.(19)

En ese sentido, el artículo 5 del Decreto-Ley 2272 de 1989(20), estipula que los jueces de familia son competentes en primera instancia “De la corrección, sustitución o adición de partidas del estado civil, cuando se requiera intervención judicial”.

(ii) Respecto al segundo caso, solo puede ser solicitada la rectificación o corrección por la persona a que él se refiere, por sí o a través de sus representantes legales o sus herederos, siempre y cuando la alteración no se refiera a elementos esenciales de la inscripción ni implique modificaciones del estado civil. Esto es, que el funcionario encargado del registro, a solicitud del interesado, subsanará las equivocaciones mecanográficas, ortográficas y aquellas que se determinen con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio. En cuanto a los yerros de inscripción distintos a los referidos, se enmendarán por escritura pública(21), en la que indicará el otorgante las razones de la rectificación y protocolizará los documentos que la fundamente. Lo anterior, con el objeto de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil.(22)

En relación con la corrección del registro civil de las personas este tribunal predicó que:

“…puede ser realizada a partir de una comprobación declarativa o exigir una comprobación constitutiva; esta última es la excepción, toda vez que corresponde a una valoración de lo indeterminado. Así, cuando el artículo 89 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988, establece que ‘las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme o por disposición de los interesados’, debe entenderse que la competencia del juez está restringida a aquellos casos en los cuales sea necesaria una comprobación valorativa, mientras que la competencia del responsable del registro se expande, correlativamente, a todos aquellos casos en los cuales deba determinarse si el registro responde a la realidad; o, en otras palabras, que la competencia del responsable del registro se extiende a aquellos casos en los cuales sea necesario confrontar lo empírico con la inscripción en aras de que la situación jurídica del interesado se ajuste a la realidad fáctica”(23).”

En el caso de autos dada la complejidad de situaciones existentes alrededor de la identidad del accionante, pues existe de por medio un registro de defunción y conceptos técnicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que indican que sus impresiones dactilares no corresponden al nombre y documento de identidad del señor Luis Enrique Talero Parra, sino del ciudadano Felipe Santiago Fernández Rojas, es claro para la Sala que cualquier modificación al registro civil de peticionario, y/o pronunciamiento con carácter vinculante y definitivo relacionado con su identidad, debe ser resultado de la intervención de una autoridad judicial especializada y no administrativa, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1260 de 1970 y la jurisprudencia en la materia.

Hecha la anterior precisión, y teniendo en cuenta la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela de acuerdo a lo expuesto en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, la pregunta a resolver es si el actor cuenta con un mecanismo especializado para que se resuelvan las situaciones existentes respecto de su identidad.

Frente al interrogante planteado estima la Sala que el demandante sí cuenta con un proceso judicial de carácter especializado para obtener un pronunciamiento de fondo y definitivo frente a su situación, esto es, el proceso de jurisdicción voluntaria ante la jurisdicción ordinaria, de conformidad con el numeral 11 del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil que consagra lo siguiente:

“ART. 649.—Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al procedimiento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:

(…)

11. La corrección, sustitución o adición de partidas de estado civil o del nombre, o anotación del seudónimo en actas o folios de registro de aquel, según el Decreto 1260 de 1970”.

Por la anterior circunstancia, ante la existencia de un mecanismo judicial ordinario de defensa la acción de tutela en principio es improcedente, pues la misma como se indicó en el numeral I de la parte motiva de esta providencia, no puede ser utilizada para sustituir o reemplazar los medios de resolución de conflictos previstos por el legislador y a los jueces especializados asignados a los mismos.

Es más, sobre el particular se estableció a partir de la audiencia practicada en esta instancia el 18 de noviembre de 2013, que el demandante por intermedio de la Defensoría del Pueblo inició el proceso judicial correspondiente ante la Jurisdicción de Familia, para obtener la anulación del registro de defunción a su nombre, proceso que fue admitido y se encuentra en un juzgado de descongestión para su trámite y resolución, circunstancia que confirma que para solucionar de manera definitiva los problemas existentes alrededor de la identidad del actor, que se reitera no consisten en simples errores de transcripción o de información sobre su estado civil, existe otro medio de defensa que en principio hace improcedente la acción de tutela dada su naturaleza subsidiaria y residual.

En ese orden de ideas, habría que confirmar la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que negó el amparo solicitado porque el peticionario cuenta con otro medio judicial de defensa.

No obstante lo anterior, no puede olvidarse que la acción constitucional a pesar de la existencia de otro mecanismo jurisdiccional de protección puede proceder de manera transitoria, a fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable, que en el caso de autos puede predicarse de la situación del actor ante los particulares y entidades públicas respecto a su identidad, a la suspensión de la pensión que le fue reconocida y de la cual depende su subsistencia, y a las dificultades que ha tenido que afrontar para acceder al servicio médico que requiere.

En efecto, la Sala no puede pasar por alto que el actor tiene 69 años de edad(24); que según manifestó en la audiencia celebrada el 18 de noviembre de 2013 padece varios problemas de salud, algunos de ellos por accidentes que ha sufrido; que con ocasión a la controversia que existe sobre su identidad ha tenido dificultades para recibir el servicio médico; que depende económicamente de la pensión que le fue reconocida, y cuyo pago afirma le fue suspendido desde el mes de septiembre de 2012 en virtud de la cancelación de su documento de identidad, por lo que desde entonces ha tenido que recurrir a la solidaridad de algunos de sus amigos para su subsistencia; que su derecho a la personalidad jurídica se encuentra entre dicho, con la consecuente afectación que la no garantía del mismo tiene para otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad, como se expuso en el numeral I de la parte motiva de esta providencia; en suma, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad cuya gravedad e inminencia requiere medidas urgentes de protección.

Entre las circunstancias apremiantes en las que se encuentra el demandante, el mismo resalta su situación económica por la suspensión de su mesada pensional. Sobre el particular se recuerda que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se presume que una persona de la tercera edad ve afectado su derecho al mínimo vital cuando no se le reconocen efectivamente las mesadas pensionales a que tiene derecho. En tal sentido pueden apreciarse las siguientes consideraciones, contenidas en la Sentencia T-277 de 2010 de la Corte Constitucional, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub:

“La Corte Constitucional, en su abundante jurisprudencia, ha sido enfática en reconocer la existencia de un derecho fundamental al mínimo vital en cabeza de las personas de la tercera edad, en tanto, según lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Política, es obligación del Estado, de la sociedad y de la familia, concurrir a la protección y asistencia de aquellas personas, de tal manera que se les garantice el acceso a una vida digna, a la seguridad social, a un trato igualitario, y al pago oportuno de las mesadas pensionales, cuando tengan derecho a ello. Así, en la Sentencia T-458 de 1997(25), se explicó:

En otras palabras, la Constitución Política contempla una serie de sujetos necesitados de un “trato especial” en razón de su situación de debilidad manifiesta. El régimen de favor comprende a personas o colectivos indefensos que merecen una particular protección del Estado para que puedan desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros del conglomerado social, y no se vean reducidos, con grave menoscabo de su dignidad, a organismos disminuidos y oprimidos por las necesidades de orden más básico.

En particular, a este grupo pertenecen las personas de la tercera edad, quienes al final de su vida laboral tienen derecho a gozar de una vejez digna y plena (C.P. artículos 1º, 13, 46 y 48). En relación con estas personas, la Corte ha sentado la doctrina del derecho fundamental a la seguridad social. Así se le ha dado preciso alcance al mandato constitucional de defender, prioritariamente, el mínimo vital que sirve, necesariamente, a la promoción de la dignidad de los ancianos (C.P., artículos 1º, 13, 46 y 48).

El derecho al mínimo vital según el enfático precedente jurisprudencial, no se limita a la protección del ingreso mínimo, concebido desde un criterio cuantitativo. Las necesidades personales y familiares deben ser valoradas por el juez en cada caso desde el punto de vista subjetivo, sin importar su monto. Al respecto, en procura de complementar y sistematizar unas pautas básicas a partir de las cuales entender vulnerado el mínimo vital, la jurisprudencia reciente ha establecido que ello se produce cuando es posible detectar, por lo menos, dos elementos: (i) que el salario o la mesada constituya un ingreso exclusivo, o que existiendo otros no alcancen a cubrir las necesidades básicas, y (ii) que la falta de pago genere una situación crítica para el afectado(26).

Por consiguiente, le corresponde a la entidad encargada de pagar esta prestación, desvirtuar la presunta vulneración al mínimo vital, demostrando que el pensionado posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia(27).”

En el presente caso no se ha desvirtuado la afirmación del actor consistente en que es una persona de avanzada edad que solo cuenta con su pensión para lograr su subsistencia en condiciones dignas, motivo por el cual se presume que la suspensión de esta ha afectado su derecho al mínimo vital, e incluso a la seguridad social, situación ante la cual el juez de tutela está llamado a intervenir para conjurar el estado de peligro en el que se encuentra el peticionario.

Valga la pena aclarar, que se ha tenido por cierta la afirmación del actor consistente en que su mesada pensional se le dejó de pagar por Colpensiones, debido a la cancelación de su documento de identidad, teniendo en cuenta que aquella pesar de ser vinculada al presente trámite y ser requerida en varias oportunidades como se expuso en el acápite de trámite procesal de esta providencia, ha guardado silencio, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que reza:

“ART. 20.—Presunción de veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa”.

Asimismo, no puede pasarse por alto que el derecho a la salud del peticionario se encuentra en riesgo, pues según el mismo debido a sus problemas de identidad no ha podido acceder a los servicios médicos que necesita.

En ese orden de ideas, si bien es cierto la acción de tutela no es el escenario idóneo para resolver la controversia existente alrededor de la identidad y el registro civil de defunción del accionante, en tanto para tal efecto existe un procedimiento especializado como antes se indicó, en el caso de autos es indispensable que el juez de tutela intervenga de manera transitoria en dichos asuntos, a fin de garantizar la protección de los derechos a la personalidad jurídica, mínimo vital, salud y seguridad social del actor.

Efectivamente, en atención a la situación del demandante y a su condición de sujeto de especial protección, no puede esperarse a la finalización del proceso de jurisdicción voluntaria en el que se defina la controversia existente sobre su identidad y el registro de defunción a su nombre, para que se determine con posterioridad qué cédula de ciudadanía debe portar, si tiene o no derecho a la reactivación de la pensión que le fue reconocida, o que se garantice sin más obstáculos su acceso al servicio de salud.

Añádase a lo expuesto, que sin perjuicio de lo que estime el juez competente frente al estado civil e identidad del actor, en el presente trámite existen varios elementos de juicio para afirmar, al menos sumariamente, que el mismo durante su vida se ha identificado y lo continúa haciendo con el nombre de Luis Enrique Talero Parra y la cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, circunstancia que controvierte el registro de defunción del ciudadano antes señalado.

En tal sentido respecto al demandante en el expediente se encuentra una copia del registro civil de nacimiento; certificaciones laborales emitidas en los años 1983, 1990 y 2007; un certificado electoral para las elecciones de Presidente y Vicepresidente del año 2006; algunos documentos que dan cuenta de un accidente de trabajo que sufrió en el año 1985; una certificación del 22 de julio de 2009 de la Junta de Acción Comunal del barrio Guacamayas en Bogotá, según la cual el mencionado ciudadano habita en dicho sector desde hace 30 años; el registro civil de nacimiento de Flor Marina Talero Durango, que relaciona como padre al señor Luis Enrique Talero Parra con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, entre otras pruebas (fls. 19, 213-237).

Asimismo tampoco puede desconocerse que el actor como el principal interesado en superar los inconvenientes que ha afrontado por el hecho de que a su nombre exista un registro civil de defunción, ha acudido ante las autoridades pertinentes para solicitar su asistencia e intervención, entre ellas la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, y en esta oportunidad la Rama Judicial, ante la cual ha respondido de manera diligente a los distintos requerimientos que se le han realizado para precisar su situación, entre ellos, a la audiencia que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2013.

Los aspectos antes señalados son de suma importancia, pues sin perjuicio de lo estime el juez competente y las medidas que pueda adoptar el mismo, el hecho de que se cancele el documento de identidad que ha empleado el actor (teniendo en cuenta lo probado en el presente trámite), traería para el mismo varias dificultades en cuanto a su relación con los particulares y con las autoridades públicas, esto es, pone en entredicho su derecho a la personalidad jurídica, y por contera, su derecho al mínimo vital, pues como antes se indicó, ante la cancelación de dicho documento se suspendió la pensión del demandante.

Por la anterior circunstancia se estima que la alternativa que ofrece la Registraduría Nacional del Estado Civil, consistente en que se le asigne al actor un documento de identidad con un nuevo cupo número no es eficaz, en atención a que éste para todos los efectos ha sido identificado con la cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, por lo que no resulta difícil prever que la asignación de un nuevo número traería consecuencias adversas para una persona de 69 años de edad que durante la mayor parte de su vida se ha identificado ante los particulares y autoridades con el código antes señalado.

En todo caso se reitera que en esta oportunidad de ninguna manera se está definiendo cuál es la identidad correcta del actor, si se cometió o no un error al emitir la referida cédula de ciudadanía, o si el registro de defunción a nombre de Luis Enrique Talero Parra es válido, simplemente se está permitiendo, mientras las autoridades competentes aclaran las cuestiones antes señaladas, que el actor continúe identificándose con el documento de identidad 19.176.068 de Bogotá, para garantizar que el mismo siga recibiendo la pensión que le fue reconocida, acceda sin problemas al servicio de salud que requiere, y que en garantía de su derecho a la personalidad jurídica, continúe siendo reconocido con el nombre Luis Enrique Talero Parra, frente a todas las actuaciones que ha adelantado ante los particulares y entidades públicas.

Con ese propósito en primer lugar se revocará la sentencia de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo solicitado sin considerar suficientemente la situación de perjuicio irremediable en que se encuentra el actor, que hace procedente la acción constitucional como mecanismo transitorio. En su lugar se tutelarán transitoriamente los derechos a la personalidad jurídica, mínimo vital, salud y seguridad social del accionante, que en criterio de la Sala son los que se encuentran en inminente en riesgo por las razones antes señaladas.

En ese orden de ideas, se le ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en el término de 10 días siguientes a la notificación de la presente decisión, adelante las gestiones pertinentes, para que mientras se define por el juez natural del asunto la validez del registro defunción a nombre del ciudadano Luis Enrique Talero Parra con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, el mencionado documento de identidad permanezca vigente en sus bases datos, y además, que el mismo se expida y entregue al actor que no cuenta con el mismo(28), a fin de que ejerza el derecho a la personalidad jurídica como se indicó en el numeral III de la parte motiva de esta providencia.

Nótese que la vigencia del amparo será condicionado a la decisión que adopte el juez natural del asunto, teniendo en cuenta que según lo informó la Defensoría del Pueblo en el presente trámite, respecto al demandante se encuentra en curso ante la Jurisdicción de Familia un proceso correspondiente para que se anule el registro de defunción a su nombre (fl. 237), con fundamento en el cual en un primer momento la Registraduría Nacional del Estado Civil canceló la cédula de ciudadanía del peticionario (mediante la Resolución 2197 de 2012).

Por la anterior circunstancia, también se instará a la Defensoría del Pueblo a que continúe asesorando al actor como lo ha venido haciendo hasta el momento, respecto a las actuaciones judiciales que ha iniciado para lograr la anulación del referido registro de defunción, o las que estime necesarias emprender, como quiera que con el amparo que aquí se concede, no se está resolviendo de manera definitiva las situaciones existentes respecto a la identidad del demandante.

Entre las circunstancias que llaman la atención de la Sala y deben resolverse, se encuentran las inconsistencia que se han presentado frente a las impresiones dactilares del demandante y su documento de identidad, pues la misma Registraduría Nacional del Estado Civil en algunas oportunidades ha indicado que existen incongruencias con las huellas del actor, pero también ha sostenido lo contrario, por lo que mediante la Resolución 8925 del 30 de agosto de 2013, teniendo en cuenta la certificación de cotejo dactiloscópico 8337 del 12 de agosto de 2013, suscrita por Martha Cecilia Hernández, sostuvo que la cédula de ciudadanía 19.176.068 del señor Luis Enrique Talero Parra se encuentra vigente (fls. 259, 274-277).

En atención a dicha situación y en aras de garantizar el derecho a la personalidad jurídica, se ordenará a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en ejercicio de sus competencias, adelante las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias por las cuales se ha indicado que las impresiones dactilares del accionante no coinciden con el documento de identidad que durante años ha utilizado, y en consecuencia se tomen los correctivos pertinentes en el evento de verificar que existe un error, teniendo en cuenta en todo caso la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el peticionario.

De otro lado, como la fuente de ingresos del demandante fue suspendida ante la cancelación de su cédula de ciudadanía por la existencia del mencionado registro de defunción, se le ordenará a Colpensiones que de manera inmediata y sin dilaciones, reanude el pago de la pensión del actor, reconociendo y entregando adicionalmente las mesadas que ha dejado de cancelar, en atención a que la suspensión de la mismas ha afectado su calidad de vida.

Con lo anterior se busca garantizar que el accionante a futuro cuente con una fuente de ingresos para procurar su congrua subsistencia, y por consiguiente se logre la protección efectiva e integral de sus derechos al mínimo vital, seguridad social y salud.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 11 de abril de 2013, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, negó la acción de tutela instaurada. En su lugar, TUTELAR transitoriamente los derechos a la personalidad jurídica, mínimo vital, salud y seguridad social del accionante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDÉNASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil, que en el término de 10 días siguientes a la notificación de la presente decisión, adelante las gestiones pertinentes, para que mientras se define por el juez natural del asunto la validez del registro defunción a nombre del ciudadano Luis Enrique Talero Parra con cédula de ciudadanía 19.176.068 de Bogotá, el mencionado documento de identidad permanezca vigente en sus bases datos, y además, que el mismo se expida y entregue al actor.

TERCERO: ÍNSTASE a la Defensoría del Pueblo a que continúe asesorando al peticionario como lo ha venido haciendo hasta el momento, respecto a las actuaciones judiciales que ha iniciado para lograr la anulación del referido registro de defunción, o las que estime necesarias emprender, como quiera que con el amparo que aquí se concede, no se está resolviendo de manera definitiva las situaciones existentes respecto a la identidad del demandante.

CUARTO: ORDÉNASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil que en ejercicio de sus competencias, adelante las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias por las cuales se ha indicado que las impresiones dactilares del accionante no coinciden con el documento de identidad que durante años ha empleado, y en consecuencia se tomen los correctivos pertinentes en el evento de verificar que existe un error, teniendo en cuenta en todo caso la situación de vulnerabilidad en que se encuentra el peticionario.

QUINTO: ORDÉNASE a Colpensiones que de manera inmediata y sin dilaciones, reanude el pago de la pensión del actor, reconociendo y entregando adicionalmente las mesadas que ha dejado de cancelar.

Notifíquese en legal forma a las partes e intervinientes dentro del presente trámite.

Envíese copia de esta providencia al Tribunal de origen.

Cópiese y notifíquese. Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(1) Expediente 08001-23-31-000-2008-00045-01.

(2) Corte Constitucional, Sentencia T-1060 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(3) Corte Constitucional. Sentencia C-476 de 1992, M. P. Alejandro Martínez Caballero.

(4) M. P. Jaime Córdoba Triviño. En esta oportunidad la Corte resolvió i) declarar exequible “la palabra “sordomudo” contenida en los artículos 62, 432 y 1504 del Código Civil”, y ii) excluir del ordenamiento las expresiones “por escrito” contenida en los artículos 62, 432, 560 y 1504 del mismo Código (…) y tuviere suficiente inteligencia”, que hacían parte del artículo 560 del Código en mención, al estimar, de una parte, que las normas declaradas inexequibles consideraban incapaces absolutos a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y en consecuencia los sometía a curaduría general sin razón suficiente y, de otra, que someter a las personas sordomudas a pruebas para determinar su grado de inteligencia resulta discriminatorio y vulnera su dignidad.

(5) Sentencia T-855 de 2006. M. P. Álvaro Tafur Galvis.

(6) M. P. Jaime Araújo Rentería.

(7) Sentencia C-511 de 1999. M. P. Antonio Barrera Carbonell.

(8) Como puede constatarse en la audiencia que se llevó a cabo en esta instancia el 18 de noviembre de 2013 (fls. 233-243).

(9) En tal sentido pueden apreciarse las sentencias emitidas por esta Subsección el 10 de marzo de 2011, expediente 25000-23-15-000-2010-03696-01, y el 8 de noviembre 2012, expediente 25000-23-41-000-2012-00309-01, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

(10) “ART. 91.—Notas para corrección de errores. <Artículo modificado por el artículo 4º del Decreto 999 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los folios llevarán notas de recíproca referencia. Los errores en la inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo se consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de referencia recíproca.

Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil. ”

(11) “ART. 89.—Alteración de inscripciones del estado civil. <Artículo modificado por el artículo 2º del Decreto 999 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Las inscripciones del estado civil, una vez autorizadas, solamente podrán ser alteradas en virtud de decisión judicial en firme, o por disposición de los interesados, en los casos del modo y con las formalidades establecidas en este decreto” (el destacado es nuestro).

(12) “ART. 96.—Decisiones judiciales que alteran o cancelan el registro. Las decisiones judiciales que ordenen la alteración o cancelación de un registro se inscribirán en los folios correspondientes, y de ellas se tomarán las notas de referencia que sean del caso y se dará aviso a los funcionarios que tengan registros complementarios” (destacado fuera de texto).

(13) M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(14) Sentencia T-279 de 2011. Del estado civil de las personas, Héctor A. Arango Morales. Editorial Señal, 2007. Artículo 5º del Decreto-Ley 1260 de 1970. Artículo 8º de la misma norma, señala que el archivo del registro civil se compone de: “1. El registro de nacimientos; 2. El registro de matrimonios; 3. El registro de defunciones; 4. Los índices de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones; 5. El libro de visitas, y; 6. El archivador de documentos”.

(15) Sentencia T-963 de 2001.

(16) Artículo 89 del Decreto-Ley 1260 de 1970, modificado por el artículo 2º del Decreto-Ley 999 de 1988.

(17) Artículo 95 del Decreto 1260 de 1970 “Toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial firme que lo ordene o exija, según la ley civil”.

(18) “Derecho Civil. Personas y Familia”, Fabio Naranjo Ochoa, 11ª edición 2006. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

(19) Sentencia T-504 de 1994.

(20) “Por el cual se organiza la jurisdicción de familia, se crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”.

(21) Artículo 95 del Decreto 1260 de 1970 “Toda modificación de una inscripción en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita de escritura pública o decisión judicial firme que lo ordene o exija, según la ley civil”.

(22) Artículo 91 del Decreto 999 de 1988. “Una vez realizada la inscripción del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregirá los errores mecanográficos, ortográficos y aquellos que se establezcan con la comparación del documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura de uno nuevo donde se consignarán los datos correctos. Los folios llevarán notas de recíproca referencia.//Los errores en la inscripción, diferentes a los señalados en el inciso anterior, se corregirán por escritura pública en la que expresará el otorgante las razones de la corrección y protocolizará los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se procederá a la sustitución del folio correspondiente. En el nuevo se consignarán los datos correctos y en los dos se colocarán notas de referencia recíproca.//Las correcciones a que se refiere el presente artículo se efectuarán con el fin de ajustar la inscripción a la realidad y no para alterar el estado civil”.

(23) Sentencia T-066 de 2004.

(24) Teniendo en cuenta la copia del registro civil de nacimiento que aporta, visible a folio 19 del expediente.

(25) Sentencia del 24 de septiembre de 1997, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(26) Sentencia T-567 de 2005

(27) Según la jurisprudencia, la afectación del derecho fundamental al mínimo vital como consecuencia de la falta de pago de la remuneración salarial se presume cuando el incumplimiento sea prolongado o indefinido. Esta presunción, sin embargo, se desvirtúa en dos eventos: a) Cuando el incumplimiento no se haya extendido por más de dos meses, excepción hecha de la remuneración equivalente a un salario mínimo. b) Cuando el demandado demuestre o el juez encuentre que la persona posee otros ingresos o recursos con los cuales puede atender sus necesidades primarias vitales y las de su familia (Sentencia T-582 del 12 de junio de 2000, M. P. Humberto Antonio Sierra).

(28) Dicha circunstancia fue destacada por la Defensoría del Pueblo en la audiencia que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2013 (fl. 241) y en el escrito de tutela, a través del cual el actor solicita la emisión de su cédula de ciudadanía (fl. 6).