Sentencia 2013-00264/21061 de junio 14 de 2018

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente:

Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto

Ref.: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Rad.: 73001-23-33-000-2013-00264-01 (21061)

Demandante: Industrial de Servicios e Inversiones SAS(1).

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Temas: Impuesto sobre la Renta - Año gravable 2008 - Deducciones

Bogotá D.C., catorce de junio de dos mil dieciocho

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala decide sin limitación(21) sobre la legalidad de los actos administrativos que modificaron la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios presentada por Industrial de Servicios e Inversiones SAS, respecto del año gravable 2008.

En concreto, debe establecer si se deben tener en cuenta los documentos allegados por la actora con la demanda, al no haber sido presentados en la actuación administrativa demandada, y si tales documentos demuestran las deducciones declaradas.

Marco general

El artículo 746 del Estatuto Tributario señala que “Se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija”.

La presunción de veracidad admite prueba en contrario y la Administración, para asegurar el “efectivo cumplimiento de las normas sustanciales”, puede desvirtuarla mediante el ejercicio de las facultades de fiscalización e investigación previstas en el artículo 684 del Estatuto Tributario(22).

Así pues, la carga probatoria de desvirtuar la veracidad de las declaraciones tributarias corresponde en principio a la Administración, y se invierte al contribuyente frente a una comprobación especial o una exigencia legal(23).

En ese sentido, el artículo 742 del Estatuto Tributario prevé que la determinación de tributos se debe fundar en los hechos que aparezcan probados en el expediente, y son admisibles los medios de prueba legalmente aceptados por la legislación fiscal y por la legislación civil(24); no obstante, el artículo 743 ibídem señala que la idoneidad(25) de los mismos depende de las exigencias legales para demostrar determinados hechos.

El artículo 772 del Estatuto Tributario(26), establece que la contabilidad constituye un medio de prueba admisible en materia fiscal, y los artículos 773(27) y 774(28) ib. señalan la forma y requisitos para llevarla y para que constituya prueba suficiente. Además, el artículo 781 del Estatuto Tributario prevé que la contabilidad se debe presentar en las oportunidades que la Administración otorgue(29).

En relación con la oportunidad para allegar pruebas, el artículo 744 ejusdem prevé que deben formar parte de la declaración; haber sido allegadas en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación o en cumplimiento del deber de información; haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación; haberse acompañado al memorial de recurso o pedido en éste, o haberse practicado de oficio, entre otras circunstancias.

Sin embargo, los numerales 5º del artículo 162(30), 2 del artículo 166(31) y 4 del artículo 175(32) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, facultan a las partes para presentar nuevas pruebas o mejorar las recaudadas en la actuación administrativa, porque “…en virtud del principio de libertad probatoria y de la carga de la prueba, en el proceso judicial, el contribuyente puede presentar nuevas pruebas o mejorar las aportadas en la vía gubernativa para hacer valer su derecho, sin que exista impedimento para ello(33)“.

A partir de las anteriores consideraciones, es preciso señalar que en este caso no se discute la “no presentación de los libros de contabilidad” a que se refiere el artículo 781 del Estatuto Tributario(34), que como se verá fueron aportados con la respuesta al requerimiento ordinario de información del 29 de septiembre de 2009, sino los soportes de las deducciones registradas por el demandante en la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008.

En esas condiciones, contrario a lo aducido por la entidad demandada, la Sala reitera su criterio en el sentido de considerar que con la demanda se pueden presentar las pruebas necesarias para demostrar el derecho pretendido —como ocurre en este caso—, lo cual exige que el juez las valore y determine si cumplen la finalidad llevar certeza en relación con los hechos que se pretenden demostrar.

Caso concreto

La Sala observa que en el Requerimiento Ordinario de Información 1.09.201.238.403-506 del 29 de septiembre de 2009(35), la Administración solicitó al contribuyente, entre otros, copia del Libro Mayor y Balance a 31 de diciembre de 2008 y los siguientes documentos relacionados con la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2008:

“10. Relación detallada de los pasivos, indicando el tipo de pasivo, valor nombres y apellidos y número de la cédula de ciudadanía o Razón Social, NIT y dirección de cada uno de los acreedores (…)

12. Relación detallada de los costos y de las deducciones, indicando la clase del costo o deducción, nombres y apellidos y número de la cédula de ciudadanía o Razón Social, NIT y valor de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta”.

En los anexos de la respuesta al requerimiento de información(36), el contribuyente entregó copia del Libro Mayor y Balance a 31 de diciembre de 2008(37) solicitado por la Administración, así como la certificación de Revisor Fiscal(38) sobre los valores registrados contablemente y, en relación con las deducciones en discusión, relacionó los siguientes valores(39):

Costos y deducciones

La contribuyente registró un total deducciones por la suma de $437.765.000, los cuales diferenció así(40):

Clase de gastoNombre y apellidoValor
SueldosEmpleados - Relación$233.384.628
Auxilio de transporteEmpleados - Relación$27.698.588
CesantíasEmpleados - Relación$21.297.366
Int. cesantíasEmpleados - Relación$2.391.626
Prima de serviciosEmpleados - Relación$21.297.366
VacacionesEmpleados - Relación$10.175.624
IndemnizacionesEmpleados - Relación$1.041.539
Aportes a riesgosEmpleados - Relación$5.686.318
Aportes saludEmpleados - Relación$30.443.928
Aportes pensiónEmpleados - Relación$38.012.965
Aporte caja de compensaciónEmpleados - Relación$20.306.449
Total Personal$411.736.397

Además, relacionó los siguientes gastos:

Clase de gastoNombre y apellidoValor
Servicio de teléfonoMovistar - Colombia Telecomunicaciones$1.725.416
Servicio de correoServientrega$249.700
Servicio de transporteBader Tapias Gamal$21.649.190
Registro mercantilCámara de Comercio$126.000
Mantenimiento de equipoTintas y recargas$48.000
Gastos bancariosBancolombia S.A.$1.950.297
HonorariosAndrés Pérez$280.000
Total$26.028.603

El 24 de noviembre de 2009 se realizó visita fiscal a la contribuyente(41) para verificar la procedencia de “costos y deducciones, retenciones en la fuente correspondiente al año gravable 2008(42)“, y se dejó constancia de que “Se solicitaron los soportes de los pagos por costos y deducciones y no fueron puestos a la vista de la comisión visitadora”.

Por lo anterior se solicitó a la actora “Un listado de todo el personal que trabajó en el año 2008 con sus respectivos sueldos y demás pagos salariales. Un auxiliar de contabilidad de Luis Carlos Rondón, Gamal Bader Tapias y Andrés Pérez Trochez soportado con los comprobantes internos y externos de la contabilidad. Fotocopia de los paz y salvos de las cajas de compensación, Comfahuila y Comfaca. Fotocopia de las planillas “pila” de enero a diciembre de 2008”, documentos que no fueron presentados por la contribuyente, aunque presentó 16 comprobantes de egreso por un valor total de $58.784.773(43), que no tenían identificación del beneficiario ni numeración consecutiva.

El 14 de abril de 2010, la Administración expidió el Emplazamiento para Corregir 092382010000011(44), y el 14 de febrero de 2011 el Requerimiento Especial 092382011000002(45), mediante el cual propuso, con fundamento en el reporte de información exógena allegado al proceso(46), aceptar deducciones por $28.529.668(47), el rechazo del valor restante de $409.235.000 y de los pasivos declarados, así como la imposición de sanción por inexactitud ($214.083.000), porque no “se demostró plenamente la realidad del hecho económico”. Las glosas referidas fueron acogidas por la liquidación oficial de revisión.

Con el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación de revisión, la contribuyente allegó dos certificaciones de cajas de compensación, cuyo contenido se transcribe a continuación:

Comfenalco Tolima

“Paz y Salvo para fines fiscales 0596

Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima

Departamento de Subsidio y Aportes

Ibagué, 24/03/2009

Hace constar que industrial de servicios e inversiones S.A. cc o nit. 900154483 pagó por aportes a esta caja la suma de: $8.342.529

Valor aportado conforme a la Ley 21 de 1982, para efectos del subsidio familiar, equivalentes al 4% sobre los salarios por $208.926.200.

El valor pagado corresponde a las nóminas de los meses de 200801 al 200812 quedando a paz y salvo con esta caja por la suma pagada y el tiempo indicado (…)(48)

Comfamiliar Huila

“Me permito certificar que la empresa Industrial de Servicios e Inversiones S.A., identificada con Nit 900.154.483, se encuentra afiliada a nuestra Entidad y ha cancelado aportes parafiscales del 4% (Caja de Compensación Familiar) por el año 2008 y 2009. (…) Este certificado no es válido para efectos de afiliación a otra caja de compensación ni como soporte de pago de parafiscales por contratos(49)”.

Además, en los anexos a la mencionada certificación(50), se indicó que, por el año gravable 2008, la contribuyente realizó pagos por un total de $1.071.094.

La Resolución que resolvió el recurso de reconsideración modificó la liquidación oficial de revisión, para reconocer únicamente la deducción de los valores certificados por Comfenalco Tolima ($8.342.529), con lo cual, el rechazo de deducciones se redujo de $409.235.000 a $400.892.000 y la sanción por inexactitud pasó de $214.083.000 a $209.678.000.

A partir de los hechos señalados, la Sala advierte que el rechazo de deducciones por concepto de salarios y parafiscales se fundó en la inexistencia de soportes de los valores declarados, sobre los cuales la carga probatoria recayó en el contribuyente como consecuencia de las comprobaciones realizadas por la Administración.

Deducción de salarios y parafiscales

El artículo 108 del Estatuto Tributario(51) dispone que los salarios son deducibles si se acredita el pago de aportes a salud(52) y parafiscales (aportes al subsidio familiar, SENA, ISS e ICBF), para lo cual el contribuyente debe estar a paz y salvo por tales conceptos en el año gravable que corresponda, por tratarse de un requisito sine qua non de la deducción.

El artículo 664 del Estatuto Tributario(53), por su parte, sanciona con el desconocimiento de la deducción por salarios, la falta de acreditación en el pago de aportes a salud, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, con anterioridad a la presentación de la declaración tributaria(54).

Así mismo, el artículo 114 del Estatuto Tributario prevé que los aportes efectuados por los patronos al ICBF y los pagos realizados por concepto de subsidio familiar y SENA son deducibles en el impuesto sobre la renta y complementarios.

Lo anterior indica que “los pagos por aportes parafiscales efectuados en un determinado año o período gravable tienen una doble connotación en materia tributaria; por una parte, son requisito adicional para la procedencia de la deducción por concepto de salarios y, por el otro, constituyen en sí mismos una deducción de renta(55)“.

En relación con la prueba del pago de los conceptos aludidos, la Sala(56) reitera que, “en la medida en que se prueben los pagos a la seguridad social y a las entidades beneficiarias de los aportes parafiscales, así sea parcialmente, procede el reconocimiento de la deducción por salarios en forma proporcional a lo que se acredite según los porcentajes de las cotizaciones, y no hay lugar a su desconocimiento total por falta de los certificados de “paz y salvo” de las entidades beneficiarias, pues además de que la Ley no consagra una tarifa legal de prueba, existen otros documentos, como las planillas de aportes o los recibos que expiden las entidades respectivas, suficientes para acreditar el pago de los aportes parafiscales(57)“. (Se resalta).

Teniendo en cuenta que con la demanda y su contestación las partes pueden presentar las pruebas del derecho que pretenden, la Sala observa que, en el caso, con la demanda la contribuyente allegó planillas de “compensación” de los periodos de enero a diciembre de 2008(58), planillas de pago de: riesgos profesionales(59), SENA(60), ICBF(61), cajas de compensación familiar (Comfenalco Tolima y Comfaca)(62), aportes salud (Red Salud EPS, Atención Humana EPS, Saludcoop EPS, Coomeva EPS, ISS EPS, Solsalud EPS, Colmedica EPS, Salud Total EPS, Servicio Occidental de Salud SOS) y pensiones (Porvenir, Protección, Horizonte, Santander, Colfondos, ISS)(63), entre otras planillas de pago(64).

La Sala advierte que los documentos referidos son pruebas idóneas que demuestran el pago parcial de aportes a salud, SENA, ICBF y a cajas de compensación familiar durante el año gravable 2008, que no fueron objeto de tacha de falsedad ni desvirtuados por la Administración, cuya argumentación se concretó en que no se debían valorar porque no fueron presentadas en sede administrativa.

A esa misma conclusión arribó el Tribunal en la sentencia apelada, en la cual, con fundamento en las pruebas recaudadas en la actuación administrativa (certificaciones de Comfenalco Tolima y Comfamiliar Huila) y en los documentos suministrados con la demanda, reconoció la procedencia proporcional de salarios en cuantía de $331.127.397, que corresponde al porcentaje de cotizaciones acreditado por la actora, lo que arrojó un total de costos y deducciones de $368.000.397(65) y un impuesto a cargo de $8.994.000(66).

La Sala evidencia que la demandante en la apelación se limitó a señalar de forma general que las deducciones declaradas estaban acreditadas en el expediente y que se debió oficiar a las entidades de seguridad social para corroborar los soportes aportados, sin referirse ni cuestionar las conclusiones a las que arribó el a quo con fundamento en los elementos de prueba aportados en la actuación administrativa y con la demanda, que le permitieron aceptar parcialmente la deducción por salarios y otros conceptos laborales.

Sobre este último punto, cabe destacar que conforme con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, a la actora le correspondía “probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, y no lo hizo, motivo por el cual el cargo no está llamado a prosperar. Además, la decisión de negar la solicitud de oficiar a las entidades de seguridad social adoptada por el Tribunal en la audiencia inicial, no fue impugnada por la actora en esa instancia procesal(67).

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión de anular parcialmente los actos administrativos demandados.

Sanción por inexactitud - Reiteración Jurisprudencial(68).

El artículo 647 del Estatuto Tributario establece que procede la sanción por inexactitud, entre otros eventos, cuando en la declaración se incluyen costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes, o se utilizan datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados de los que se derive un menor impuesto a cargo o un mayor saldo a favor del contribuyente.

En este caso, en la demanda se alegó que no se dieron los presupuestos previstos en el artículo 647 del Estatuto Tributario, pero la Sala considera que procede la sanción, porque la actora incluyó en su declaración datos incompletos, de los cuales se derivó un menor valor a pagar, lo que constituye inexactitud sancionable.

Ahora bien, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(69), que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció en el parágrafo 5 que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al respecto, se observa que la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario(70), fue modificada por la Ley 1819 de 2016(71), al establecer una sanción más favorable, en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en las liquidaciones oficiales y el declarado por el contribuyente.

En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

En consecuencia, con fundamento en las cifras determinadas por el Tribunal, que no fueron desvirtuadas por el contribuyente ni cuestionadas por la Administración, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación del impuesto de renta del año gravable 2008, para recalcular la sanción por inexactitud y el total saldo a pagar, así:

ConceptoSaldo favor/a pagarSanción por inexactitud
Saldo a favor contribuyente$1.296.000 
Saldo a pagar Tribunal y Consejo de Estado$8.994.000 
Base gravable sanción $10.290.000
Tarifa: 100%
  $10.290.000

Total impuesto a cargo$11.924.000
Total retenciones($2.930.000)
Saldo a pagar por impuesto$8.994.000
Sanciones$10.290.000
Total saldo a pagar$19.284.000

De otra parte, la Sala observa que, con fundamento en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal condenó en costas y agencias en derecho a la demandada, decisión que fue apelada por la entidad.

La Sala no condenará en costas porque el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso(72) prevé que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación(73) “y en el expediente no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen su causación. En consecuencia, revocará el numeral tercero del fallo de primera instancia.

Por las razones expuestas, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia apelada para determinar un total saldo a pagar a cargo de la actora de $19.284.000, revocará el numeral tercero y, en lo demás, confirmará dicha providencia. No se condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFÍCASE el numeral segundo de la Sentencia proferida el 14 de marzo de 2014 por el Tribunal Administrativo del Tolima, el cual quedará así:

“2.: Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho DETERMÍNASE el total saldo a pagar a cargo de la contribuyente Industrial de Servicios e Inversiones SAS, por concepto del impuesto sobre la renta del año gravable 2008, en la suma de diecinueve millones doscientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte. ($19.284.000)”.

2. REVÓCASE el numeral tercero de la sentencia apelada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Sin condena en costas.

Se reconoce personería para actuar al abogado Herman Antonio González Castro en nombre de la entidad demandada, en los términos del poder visible en el folio 1544 del c.p.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

1. Antes Industrial de Servicios e Inversiones S.A.

(...)

21. Código General del Proceso “ART. 328.—Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”. (Se resalta).

22. E.T. “ART. 684.—Facultades de fiscalización e investigación. La Administración Tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá:
a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.
b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.
c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.
d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados.
e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad.
f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación (…)”.

23. Artículo 746 del E.T.

24. Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

25. Aptitud legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho.

26. E.T. “ART. 772.—La contabilidad como medio de prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma”.

27. E.T. “ART. 773.—Forma y requisitos para llevar la contabilidad. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes deberá sujetarse al título IV del libro I, del Código de Comercio y:
1. Mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados.
2. Cumplir los requisitos señalados por el gobierno mediante reglamentos, en forma que, sin tener que emplear libros incompatibles con las características del negocio, haga posible, sin embargo, ejercer un control efectivo y reflejar, en uno o más libros, la situación económica y financiera de la empresa”.

28. E.T. “ART. 774.—Requisitos para que la contabilidad constituya prueba. Tanto para los obligados legalmente a llevar libros de contabilidad, como para quienes no estando legalmente obligados lleven libros de contabilidad, éstos serán prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1.Estar registrados en la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales, según el caso;
2.Estar respaldados por comprobantes internos y externos;
3.Reflejar completamente la situación de la entidad o persona natural;
4.No haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley;
5. No encontrarse en las circunstancias del artículo 74 del Código de Comercio”.

29. E.T. “ART. 781.—La no presentación de los libros de contabilidad será indicio en contra del contribuyente.
El contribuyente que no presente sus libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad cuando la administración lo exija, no podrá invocarlos posteriormente como prueba en su favor y tal hecho se tendrá como indicio en su contra. En tales casos se desconocerán los correspondientes costos, deducciones, descuentos y pasivos, salvo que el contribuyente los acredite plenamente. Únicamente se aceptará como causa justificativa de la no presentación, la comprobación plena de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito.
La existencia de la contabilidad se presume en todos los casos en que la ley impone la obligación de llevarla”.

30. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ART. 162.—Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá: (…) 5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder”.

31. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ART. 166.—Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse: (…) 2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho”.

32. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “ART. 175.—Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá: (…) 4. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de aquellas cuya práctica se solicite. En todo caso, el demandado deberá aportar con la contestación de la demanda todas las pruebas que tenga en su poder y que pretenda hacer valer en el proceso”.

33. Sentencia del 13 de octubre de 2016, Exp. 22165, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

34. En la respuesta al requerimiento ordinario de información del 29 de septiembre de 2009, la actora presentó los libros contables exigidos por la Administración.

35. Fls. 18 y 19 del c.a.a.

36. Fl. 20 del c.a.a.

37. Fls. 21 22 del c.a.a.

38. El certificado de revisor fiscal de febrero de 2009, señaló que “…la contabilidad de la compañía se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de Accionistas se llevaron y conservaron debidamente (…)” — Fls. 31 a 33 del c.a.a.

39. Fls. 21 a 36 del c.a.a.

40. Fls. 26 y 27 del c.a.a.

41. Fls. 38 y 39 del c.a.a.

42. En cumplimiento del Auto Comisorio 109201238-133 del 30 de octubre de 2009 - Fl. 37 del c.a.a.

43. Fls. 45 a 59 del c.a.a.

44. Fls. 61 a 73 del c.a.a.

45. Fls. 132 a 152 del c.a.a.

46. Folio 20 del c.a.a.

47. ISS $11.519.143, SENA $4.741.870, Seguros La Equidad $5.041.972 e ICBF $7.226.683.

48. Fl. 197 del c.a.a.

49. Fl. 198 del c.a.a.

50. Fls. 199 y 200 del c.a.a.

51. E.T. “Art. 108. Los aportes parafiscales son requisito para la deducción de salarios. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el respectivo año o período gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las entidades recaudadoras constituirán prueba de tales aportes.
Los empleadores deberán además demostrar que están a paz y salvo en relación con el pago de los aportes obligatorios previstos en la Ley 100 de 1993.
Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a descansos remunerados es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las Cajas de compensación familiar (…)”. Artículo vigente durante los hechos en discusión.

52. Previstos en la Ley 100 de 1993.

53. E.T. “ART. 664.—Sanción por no acreditar el pago de los aportes parafiscales. El desconocimiento de la deducción por salarios, por no acreditar el pago de los aportes al Instituto de Seguros Sociales y a las entidades a que se refiere la Ley 100 de 1993, al Servicio Nacional de Aprendizaje, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las Cajas de Compensación Familiar, de quienes estén obligados a realizar tales aportes, se efectuará por parte de la Administración de Impuestos, si no se acredita que el pago fue efectuado previamente a la presentación de la correspondiente declaración del impuesto sobre la renta y complementarios (…)”.

54. Lo anterior fue puesto de presente por la Sala en Sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 18607, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

55. Sentencia del 12 de diciembre de 2014, Exp. 19167, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

56. Sentencias del 12 de marzo de 2009, Exp. 16057, C.P. Héctor J. Romero Díaz, del 4 de marzo de 2010, expediente 17074, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y del 12 de diciembre de 2014, Exp. 19167, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

57. Sentencia del 4 de marzo de 2010, Exp. 17074, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

58. Fls. 666 a 800 del c.a.

59. Fls. 807 a 812 del c.a.

60. Fls. 813 a 816 del c.a.

61. Fls. 817 a 820 del c.a.

62. Fls. 821 a 824 del c.a.

63. Fls. 824 a 847 del c.a.

64. Fls. 255 a 440 y 857 a 1266 del c.a.

65. $331.127.397 más $36.873.000 reconocidos por la Administración.

66. Fl. 1444 del c.p.

67. Fl. 1387 del c.p.

68. Se reitera el criterio expuesto por la Sala en Sentencias del 20 de febrero de 2017, Exp. 20623, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E) y 9 de marzo de 2017, Exp. 19823, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

69. “Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones”.

70. E.T. “Artículo 647. Sanción por inexactitud. (…) La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente”.

71. Artículo 288 de la Ley 1819 de 2016, que modificó el artículo 648 del E.T.

72. Ley 1564 de 2012.

73. Se reitera el criterio de la Sala expuesto en Sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.