Sentencia 2013-00291/4496-2014 de febrero 11 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 20001233300020130029101

Número interno: 4496-2014

Actor: Luis Fernando Iriarte de León

Demandado: Municipio de Agustín Codazzi - Cesar

Consejero Ponente:

Dr. Alfonso Vargas Rincón

Bogotá, D.C., once de febrero de dos mil quince.

Con fundamento en los artículos 125 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, decide el despacho el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la providencia de 26 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Antecedentes

Luis Fernando Iriarte de León por intermedio de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó del Tribunal Administrativo del Cesar la nulidad del acto administrativo de 24 de junio de 2013 mediante el cual el señor Alcalde del Municipio de Agustín Codazzi le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indexaciones y la sanción moratoria al demandante.

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización por la no consignación de sus cesantías en un fondo de cesantías, el reconocimiento de la cuota parte que el Municipio debía realizar a las entidades de seguridad social por concepto de aportes a salud, pensión y riesgos profesionales, el reconocimiento de la no existencia de solución de continuidad en relación a los contratos celebrados entre las partes.

Igualmente solicitó el reconocimiento y pago a título de reparación del daño al equivalente de las prestaciones sociales que percibían los demás empleados, tales como el auxilio de cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, el recargo nocturno, los dominicales y festivos, las horas extras diurnas, nocturnas, extras nocturnas, extras festivas y dominicales diurnas, auxilio de transporte y dotación. Agregó que también debe reconocerse e indexarse los valores correspondientes a prestaciones sociales de conformidad con lo ordenado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, la sanción moratoria y el pago de las costas y agencias del derecho.

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en los siguientes hechos:

El señor Luis Fernando Iriarte de León suscribió contrato de prestación de servicios con el Municipio de Agustín Codazzi, desde el 1º de agosto de 2004 y hasta el 26 de marzo de 2007 para desempeñar de manera personal las funciones de guardián de la cárcel Municipal de Codazzi - Cesar, bajo la continua dependencia y subordinación del director de turno.

Las labores que desempeñó el demandante como guardián las realizó en un horario de 24 horas diarias de lunes a domingo de 6 a.m. a 6 a.m., retomando funciones a las 6 a.m. del día posterior a su salida, igualmente, indicó que realizó las actividades diarias haciendo uso de los elementos, herramientas y equipos suministrados por el municipio.

La providencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de agosto de 2014 en desarrollo de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, declara prescritos los derechos del señor Luis Fernando Iriarte de León y da por terminado el proceso con base a las siguientes consideraciones:

En el entendido que el último contrato de prestación de servicio celebrado por el demandante con el Municipio de Agustín Codazzi es de 27 de febrero de 2007 y como quiera que han trascurrido más de tres años entre esa fecha y el momento en el señor Luis Fernando formuló la petición ante la alcaldía tendiente al reconocimiento de las prestaciones enunciadas en la demanda, el Tribunal consideró que se configura la prescripción de los derechos reclamados con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, además, agregó que el máximo plazo que tenía el demandante para formular la reclamación respectiva vencía el 27 de febrero de 2010.

Indicó que si bien es cierto, el Consejo de Estado inicialmente había establecido que a partir de la sentencia constitutiva se configuraba la relación laboral, según la posición de 9 de abril de 2014, ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 0131-13, la reclamación de los derechos pretendidos respecto de la administración debía hacerse dentro de los tres años siguientes al rompimiento del vínculo contractual, so pena de prescribir el derecho a reclamar la existencia de la relación laboral y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se deriven.

De la apelación

La apoderara del demandante sustenta el recurso de apelación contra la providencia de 26 de agosto de 2014 argumentando que se está vulnerando el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que indicaba que en tratándose de las reclamaciones surgidas con ocasión de los contratos de prestación de servicios, los derechos de carácter laboral sólo podían ser exigibles a partir de la sentencia que así lo declara.

Para resolver, se

Considera

El problema jurídico gira en torno a determinar si en el caso concreto se configura la prescripción de los derechos a reclamar las prestaciones derivadas del contrato realidad.

Para efectos de decidir, se tiene lo siguiente:

El artículo 41 del Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968, por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispone:

Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años, contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.

De la cita normativa anterior, es claro que para que el fenómeno de la prescripción surta efectos, es indispensable que la exigibilidad de los derechos objeto de la controversia, sea evidente.

Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado lo siguiente:

Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta desde que la obligación se hace exigible, pero debe tenerse en cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el derecho surge desde el momento en que la sentencia lo constituye a favor del contratista junto al restablecimiento traducido en el pago de la suma indemnizatoria, porque previo a la expedición de la sentencia que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios emanado de un vínculo laboral, con lo que resulta, que es imposible que se pueda predicar la prescripción de un derecho que no ha nacido a la vida jurídica. No resulta razonable aplicar la prescripción trienal a la indemnización que se reconoce al contratista en la sentencia, si se tiene en cuenta que como se advirtió, dicha figura es una sanción al titular del derecho por no ejercerlo dentro de los plazos que la ley le otorga, derecho que solo se constituye en la sentencia que determina la existencia de la relación laboral”(1).

Luego, esta Subsección aclaro que si bien es cierto la exigibilidad de los derechos laborales en tratándose de los contratos de prestación de servicio sólo aparece a partir de la sentencia que así lo declara, también es cierto que “…para efecto de reclamar ante la administración los mencionados derechos, el peticionario lo debe hacer dentro de los 3 años siguientes a la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969…”(2).

El criterio jurisprudencial anterior fue reiterado en sentencia de 9 de abril de 2014, por el Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero(3), quien señaló:

En esta oportunidad, la Sala debe precisar que si bien la anterior es la tesis que se aplica en la actualidad y, en efecto, se reitera que el derecho a reclamar las prestaciones derivadas de un contrato realidad solo se hace exigible a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral; también lo es que el particular debe reclamar de la administración y del juez el reconocimiento de su relación laboral, dentro de un término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que reclama.

Lo anterior quiere decir que si finiquitó la relación que inicialmente se pactó como contractual, el interesado debe reclamar la declaración de la existencia de la relación laboral, en un término no mayor de 3 años, so pena de que prescriba el derecho a reclamar la existencia de la misma y el consecuente pago de las prestaciones que de ella se derivan.

En virtud a lo anterior y como quiera que en el presente caso se advierte que el último contrato de prestación de servicios finalizó el 26 de marzo de 2007 y que el demandante acudió a través de petición de fecha 11 de junio de 2013 al Municipio de Agustín Codazzi (fl. 79), la Sala considera que indudablemente hay lugar a declarar la prescripción de los derechos laborales como quiera que entre la fecha en que finalizó el último contrato de prestación de servicios y la fecha de formulación de la solicitud de agotamiento de vía gubernativa transcurrió más de seis (6) años y dos (2) meses.

Por lo anterior, la Sala confirma por las razones expuestas en esta providencia, la decisión adoptada en el auto de 26 de agosto de 2014 proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CONFIRMASE la providencia de 26 de agosto de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el cual declaró la prescripción de los derechos del señor Luis Fernando Iriarte de León y dio por terminado el proceso.

Cópiese, notifíquese y ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Gustavo Gómez Aranguren.—Alfonso Vargas Rincón.—Luis Rafael Vergara Quintero. 

1 Sentencia 6 de marzo de 2008, M.P. Gustavo Eduardo Gomez Aranguren, exp. 2152-06, Actor: Roberto Urango Cordero.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón, Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), rad. 68001-23-31-000-2010-00449-01(1807-13), Actor: Daniel Eduardo Sánchez Sierra.

3 Radicación 20001-23-31-000-2011-00142-01(0131-13).