Sentencia 2013-00294 de mayo 24 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 660011102000201300294 01

Aprobado según Acta 42 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: Disciplinario contra Mario Antonio Agudelo Sánchez - Juez de paz de la comuna Cuba de Pereira.

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

De la competencia

La Sala es competente para conocer de este asunto en el grado de CONSULTA según los términos del artículo 208 de la Ley 734 de 2002, que establece: “Consulta. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados”.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

De acuerdo con lo anterior, tiene competencia esta Sala para conocer por vía de consulta de la sentencia emitida el 26 de noviembre de 2014 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, por la cual se impuso sanción de suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo al señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en calidad de Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira. Pero antes de abordar el fondo del asunto, es necesario traer a colación lo sostenido por esta Sala en providencia aprobada en acta 41 del 4 de mayo de 2011, radicado 2007-00461, en la cual se fijaron lineamientos en torno al régimen disciplinario de los jueces de paz, en la siguiente forma:

“De los jueces de paz y de reconsideración.

Considera la Sala, en primer lugar, que debe sentar precedente en torno al régimen disciplinario de los jueces de paz, las sanciones y el procedimiento a seguir en materia de los miembros de la citada jurisdicción.

En tal orden de ideas, y previo al pronunciamiento que deba hacerse respecto de la sentencia consultada, con vocación de permanencia, la Sala se referirá a continuación sobre:

1. La naturaleza de la jurisdicción de paz,

2. Los jueces de paz como sujetos disciplinables y el juez competente,

3. Aplicación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,

4. Procedimiento disciplinario, y

5. Faltas y sanciones en que pueden incurrir los jueces de paz.

1. Naturaleza de los jueces de paz

Uno de los objetivos principales que se propuso el Constituyente de 1991 en materia de administración de Justicia, fue el de agilizarla, a través de procedimientos que permitan la descongestión de los despachos judiciales y garanticen el acceso a todos los ciudadanos.

A tal efecto, la Constitución Política consagró, de un lado la posibilidad de que los particulares sean investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, en condición de conciliadores o de árbitros habilitados por las partes, para proferir fallos en derecho o en equidad (art. 116 C.P.); de otro lado, le atribuyó función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas (ibídem); y, por otro lado, estableció las llamadas jurisdicciones de los pueblos indígenas, dentro de su ámbito territorial (art. 246 C.P.), por una parte, y los jueces de paz (art. 247 C.P.), por la otra.

Se trata, en todos estos casos, de mecanismos que buscan, como antes se señaló, hacer más expedita la administración de justicia al tratar de zanjar controversias que no revistan especial significación jurídica, pero que de todas formas pueden alterar la pacífica convivencia de los ciudadanos, individualmente considerados, o de las comunidades a las cuales pertenecen(2).

Entonces, los jueces de paz y reconsideración fueron creados en la Constitución Política de 1991, como una jurisdicción especial, a quienes se les invistió de facultades para resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios:

“ART. 247.—La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación popular”.

Debe entenderse entonces, que conforme al artículo 116(3) de la Carta Política, los jueces de paz se encuentran incluidos dentro de la expresión “jueces”, cuando la norma enseña quiénes administran justicia.

El desarrollo legal de la norma constitucional citada fue la Ley 497 de 1999, la cual reiteró que las decisiones de dichos jueces son en equidad (artículo 3º), señaló su objeto y competencia (arts. 8º y 9º), siendo el artículo 14 donde se consagró su naturaleza:

“ART. 14.—Naturaleza y requisitos. Los jueces de paz y los jueces de reconsideración son particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y la presente ley.

Para ser juez de paz o de reconsideración se requiere ser mayor de edad, ser ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y haber residido en la comunidad respectiva por lo menos un (1) año antes de la elección”.

Pero es más, fruto de la modificación de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia —Ley 1285 del 22 de enero de 2009—, expresamente la Jurisdicción de Paz es considerada como parte de la Rama Judicial del Poder Público, y se advierte que sus jueces ejercen la función jurisdiccional; en tal sentido los artículos 4º y 5º de la norma en cita consignan:

“ART. 4º—Modifíquese el artículo 11 de la Ley 270 de 1996:

“ART. 11.—La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: a)…b)…c)…

d) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz”.

“ART. 5º—El artículo 12 de la Ley 270 de 1996 quedará así:

“ART. 12.—Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria.

Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción”.

2. Los jueces de paz como sujetos disciplinables y el juez competente.

El artículo 34 de la Ley 497 de 1999, considera a los jueces de paz como sujetos disciplinables, señala su juez natural y de manera enunciativa señala faltas y sanciones:

Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

La competencia de esta jurisdicción para adelantar actuaciones disciplinarias se encuentra ratificada en la cláusula general de competencia de la jurisdicción disciplinaria de que trata el artículo 193 de la Ley 734 de 2002, que dice:

“Alcance de la función jurisdiccional disciplinaria. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, se tramitan y resuelven los procesos que, por infracción al régimen disciplinario contenido en el presente estatuto, se adelanten contra quienes ejerzan funciones jurisdiccionales de manera permanente, transitoria u ocasional, excepto quienes tengan fuero especial”.

Adicionalmente y de manera expresa, el artículo 216 de la misma normatividad citada indica:

“Competencia. Corresponde exclusivamente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura juzgar disciplinariamente, en primera instancia, a los Jueces de Paz”.

3. ¿Se aplica la ley estatutaria de la administración de justicia a los jueces de paz?

Se trata de establecer si son aplicables a los jueces de paz las normas relativas a deberes y prohibiciones de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Encontramos al respecto que en el capítulo VI, del Libro III de la citada norma estatutaria, dedicada a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales, en su artículo 74 se prevé:

“Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a todos los agentes del Estado pertenecientes a la Rama Judicial así como también a los particulares que excepcional o transitoriamente ejerzan o participen del ejercicio de la función jurisdiccional de acuerdo con lo que sobre el particular dispone la presente Ley Estatutaria.

En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos «funcionario o empleado judicial» comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior”.

De hecho, cuando la Guardiana de la Constitución ejerció el control automático y previo de esta norma de especial jerarquía, expresamente la declaró exequible y la ratio decidendi de su decisión indicó:

“Esta norma se limita a advertir que la responsabilidad por causas relacionadas con la administración de justicia se aplica a todos aquellos que en forma permanente o transitoria hagan parte de ella. Valga anotar que, en este último caso, se incluyen igualmente a las autoridades indígenas y a los jueces de paz, pues en el momento de dirimir con autoridad jurídica los conflictos de su competencia, ellos son realmente agentes del Estado que, como se vio, también están sometidos al imperio de la Constitución y de la ley y, por tanto, también son susceptibles de cometer alguna de las conductas descritas en los artículos anteriores del presente proyecto de ley. Con todo, debe puntualizarse que, habida cuenta las explicaciones dadas respecto de los artículos anteriores, el último inciso de la norma bajo examen no cobija a los magistrados que pertenecen a las altas cortes u órganos límite en los términos establecidos en esta providencia.

La disposición, bajo estas condiciones, será declarada exequible”(4).

Luego, la respuesta al cuestionamiento planteado es positiva y con carácter de cosa juzgada, valga decir, de obligatorio acatamiento y con efectos erga omnes; pero adicionalmente, como ya se indicó, la reciente reforma de la Ley Estatutaria vincula la jurisdicción de paz como parte de la Rama Judicial del Poder Público e indica que sus jueces ejercen funciones jurisdiccionales.

Ahora bien, siendo que por mandato constitucional y legal, los jueces de paz profieren decisiones en equidad, en esa medida los jueces disciplinarios deben evaluar en cada caso, cuándo la norma imperativa o de prohibición estatutaria que pueda constituir una falta disciplinaria, resulta o no aplicable, pues la infracción a muchas de estas normas solo podrían aplicarse a quienes deciden en derecho, y pueden resultar no serlo para los jueces de paz dada su naturaleza y función.

4. ¿Cuál es el procedimiento disciplinario aplicable?

Conforme al artículo 66 de la Ley 734 de 2002, el procedimiento que esa misma codificación prevé debe ser aplicado, entre otras autoridades, por la jurisdicción disciplinaria:

“ART. 66.—Aplicación del procedimiento. El procedimiento disciplinario establecido en la presente ley deberá aplicarse por las respectivas oficinas de control interno disciplinario, personerías municipales y distritales, la jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación.

El procedimiento disciplinario previsto en esta ley se aplicará en los procesos disciplinarios que se sigan en contra de los particulares disciplinables conforme a ella”.

Jurisdicción disciplinaria que, naturalmente, está conformada por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales y Superior de la Judicatura.

De suerte que siendo que los jueces de paz hacen parte de los destinatarios del régimen disciplinario a cargo de esta Jurisdicción, no existe razón alguna para que no se aplique el mismo procedimiento contenido en la Ley 734 de 2002.

5. ¿Cuáles son las faltas en que pueden incurrir los jueces de paz y cuáles las sanciones a imponer?

La Ley 497 de 1999 en materia disciplinaria, en el ya citado artículo 34, señaló:

“Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Concejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

Se pregunta la Sala si cabe predicar que allí se encuentra el régimen de faltas y sanciones para los jueces de paz, y de hecho, que la única sanción imponible a estos es la remoción del cargo, respondiendo desde ahora que no.

Admitir tal hipótesis comportaría, en primer lugar, ni más ni menos total desconocimiento del principio constitucionalidad de legalidad, pues sin duda que allí no se señalan las descripciones genéricas, impersonales y abstractas (tipicidad) que puedan ser consideradas como faltas y a las cuales deban atenerse tanto los jueces de paz como sus jueces disciplinarios, y en tales condiciones, se atenta contra la seguridad jurídica que reclama en materia punitiva la existencia de una ley previa, cierta o inequívoca y escrita; y entonces no podemos admitir que la mencionada norma contenga el catálogo de faltas.

De otra parte, de interpretarse que la sanción de remoción del cargo es la única aplicable, sin duda alguna conllevaría a la vulneración del derecho a la igualdad y el desconocimiento de los principios de proporcionalidad y favorabilidad, pues no se entendería que a los Jueces y Magistrados de las demás jurisdicciones, quienes por demás contrario a los jueces de paz, son personas versadas en leyes, sí se les pueda infligir sanciones más benignas, como lo es la amonestación, multa y suspensión del cargo, claro está, dependiendo de la gravedad de la conducta y la forma de culpabilidad, aspectos estos últimos que por demás no establece la Ley 497 de 1999, pero a los cuales debe acudir el juez disciplinario para efectos de la determinación de la graduación de la sanción conforme la regulación prevista en la Ley 734 de 2002.

¿Y entonces dónde se encuentra el catálogo de faltas? En la misma normatividad que las de los demás Jueces de la República; su definición, o el fundamento de su tipicidad lo prevé el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, que dicho sea de paso reúne la exigencia de la legalidad de las sanciones:

“Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código”.

Deberes, prohibiciones, inhabilidades, impedimento incompatibilidades y conflicto de intereses que se encuentran en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, de cuyos destinatarios hacen parte los jueces de paz, en los ya citados términos del artículo 74 de dicha normatividad y con el alcance que a tal disposición dio la Corte Constitucional con carácter de cosa juzgada constitucional y por expresa disposición de los artículos 11 y 12 modificados por la Ley 1285 de 2009; una vez más llamando la atención sobre la específica función de estos jueces y la naturaleza de sus fallos; así como los que puedan prever la Ley 497 de 1999 y demás normas que regulen la función de los jueces de paz”.

Del caso en particular

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, es claro que en el presente caso el trámite dado a las presentes diligencias se adelantó conforme el procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”, y que el pliego de cargos irrogado al Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira se fundó en el catálogo de deberes y prohibiciones previstos en la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia”, por lo que no se observa causal alguna de nulidad, máxime que el disciplinable fue notificado en forma personal de las diferentes providencias emitidas en el trámite de primera instancia.

Entrando al estudio del asunto puesto a consideración de esta Sala, de cara a la imputación efectuada al Juez de Paz Marco Antonio Agudelo Sánchez, esta es, haber faltado al deber establecido en el artículo 153.1 y 2 de la Ley 270 de 1996, cuyo tenor es: “respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, y “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”, los preceptos legales que se le imputan, esto es, haber transgredido la Ley 497 de 1999, son del siguiente tenor:

“ART. 9º—Competencia. Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento, que versen sobre asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley, en cuantía no superior a los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…).

“ART. 23.—De la solicitud. La competencia del juez de paz para conocer de un asunto en particular iniciará con la solicitud que de común acuerdo le formulen, de manera oral o por escrito, las partes comprometidas en un conflicto. En caso de ser oral, el juez de paz levantará un acta que firmarán las partes en el momento mismo de la solicitud.

Dicha acta deberá contener la identidad de las partes, su domicilio, la descripción de los hechos y la controversia, así como el lugar, fecha y hora para la audiencia de conciliación, que deberá celebrarse en el término que para el efecto señale el juez de paz.

Recibida la solicitud en forma oral o por escrito, el juez le comunicará por una sola vez, por el medio más idóneo, a todas las personas interesadas y a aquellas que se pudieren afectar directa o indirectamente con el acuerdo a que se llegue con la decisión que se adopte”.

“ART. 34.—Control disciplinario. En todo momento el juez de paz y los jueces de paz de reconsideración podrán ser removidos de su cargo por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, cuando se compruebe que en el ejercicio de sus funciones ha atentado contra las garantías y derechos fundamentales u observado una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo”.

En el caso en particular, conforme el material probatorio obrante en el plenario, se establece que William Villegas González acudió ante el Juez de Paz de la Comuna Cuba de Pereira con el fin de darle a conocer una situación que lo estaba afectando, respecto al dominio de un vehículo de servicio público.

Dentro del dossier no obra petición elevada voluntaria y de común acuerdo entre el señor mencionado y con quien tenía el conflicto, pero si obra a folio 31 del cuaderno original una orden emitida por el Juez de Paz encartado en procura de mediar ante una situación puesta a su conocimiento por un usuario, referente a tomar medidas respecto del dominio de un taxi SJU-582.

Tal y como lo indicó la Sala de primera instancia en el presente asunto, se concluye que la conducta objetivamente se encuentra probada, ya que dentro de las facultades que le otorga la Ley 497 en los artículos 9º y 23, no se encuentra la de expedir órdenes a entidades privadas o de cualquier índole, y menos cuando el asunto no ha sido sometido a su conocimiento por los sujetos en conflicto; pues si bien es cierto a su despacho llegó un usuario comentándole un problema, también lo es que en ningún momento se suscribió acta de solicitud de conocimiento o hubo alguna manifestación por parte de la contraparte para someter el asunto al conocimiento del juez de paz; lo cual nos indica claramente que el señor Agudelo Sánchez no era competente para conocer de dicho asunto, y a pesar de ello envió una orden a la Cooperativa de Transporte plurimencionada, conducta que se torna del todo irregular porque para ello no tenía competencia.

En este evento, al no existir solicitud expresa y de consuno de las partes a efecto de someter su conflicto a la jurisdicción especial de paz, no era posible que el Juez de Paz mediara.

Entonces, tal como se endilgó en los cargos al disciplinable y por lo que se le sancionó en primera instancia, este objetivamente no observó el contenido de los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, pues asumió el conocimiento de un conflicto, sin que así se lo hubieran deprecado de consuno los extremos en contienda.

Igualmente objetivamente está probado que la ausencia de una solicitud mancomunada para que el Juez de Paz interviniera al interior de un conflicto que, al parecer, se presentaba por un vehículo de servicio público, le impedía adoptar decisiones al respecto; sin embargo, contrario sensu, asumió atribuciones que constituyen irregularidades, en tanto que, ordenó a la Cooperativa de Transporte Covichoralda expedir un tarjetón, sobre el dominio administrativo de un taxi.

Así las cosas, al haber asumido el señor Mario Antonio Agudelo Sánchez, en calidad de Juez de Paz, el conocimiento de un conflicto para el cual no tenía competencia por no haberse solicitado sus servicios de común acuerdo por las partes, y a su vez estaba impedido para adoptar decisiones al respecto; desconoció los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999.

Esta Superioridad encuentra por lo anteriormente descrito la infracción al deber del artículo 153 numeral 1º de la Ley 270 de 1996 al desconocer el Juez de Paz la Ley 497 de 1999 en torno a la competencia y a la falta de solicitud de consuno por las partes para habilitarlo para actuar.

En torno al tema, la Corte Constitucional en Sentencia T-796 del 27 de septiembre de 2007 con ponencia del Dr. Jaime Córdoba Triviño sostuvo:

“En lo que concierne a los criterios de competencia, la ley establece que son susceptibles de ser sometidos a la jurisdicción de paz aquellos conflictos en los que concurran los siguientes presupuestos:

a. Sometimiento consensuado. El conflicto debe ser sometido al conocimiento del Juez de Paz en forma voluntaria y de común acuerdo entre las partes involucradas.

(…)

Ahora bien, en lo que concierne al procedimiento que deben observar los jueces de paz para el trámite de los asuntos sometidos a su conocimiento, la Ley 497/99 prevé las siguientes reglas:

a. El procedimiento contempla dos etapas: una previa de conciliación o autocompositiva, y una posterior de sentencia o resolutiva.

La solicitud. La competencia del Juez de Paz surge a partir de la solicitud que le formulen en forma oral o escrita, y de común acuerdo las partes comprometidas en un conflicto” (negrilla fuera de texto).

En cuanto a la exculpación dada por el defensor de oficio designado en este asunto al disciplinable, en torno a que la Cooperativa hizo caso omiso a dicha orden, la cual no se cumplió y por ende no hay lugar a responsabilidad disciplinaria de su prohijado. Dicho argumento no es aceptado por esta Sala como quiera que en el derecho disciplinario no cabe el criterio de antijurícidad material y de ilicitud sustancial conducido a aspectos simplemente materiales de producción de resultados, tal y como en su momento la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia C-948 de 2002, al declarar ajustado a la Constitución el artículo 5º de la Ley 734 de 2002 que regula el concepto de ilicitud sustancial, expresó:

“En efecto, la exposición de motivos presentados por la Procuraduría General de la Nación deslinda derecho penal y derecho disciplinario, señalando a este como un sistema autónomo e independiente con objetivos y características propias, precisando la necesidad de diferenciar la antijuricidad penal de la disciplinaria, pues en aquel se habla de lesividad o de antijuricidad material (…) pues bien, si ello es así, como lo es por resultar correcto, no se puede utilizar en derecho disciplinario la expresión lesividad, habida cuenta de que la misma denota un sistema de injusto montado sobre la base de la lesión a bienes jurídicos tutelados, cuya puesta en peligro o lesión origina la antijuricidad material como categoría dogmática (…) El derecho disciplinario no puede ser entendido como protector de bienes jurídicos en el sentido liberal de la expresión, toda vez que se instauraría una errática política criminal habida cuenta que no existiendo diferencias sustanciales entre derecho penal y derecho disciplinario por virtud de ello, llegaría el día en que el legislador, sin más ni más, podría convertir sin ningún problema todos los ilícitos disciplinarios en injustos penales”.

De otro lado, esta Superioridad considera que no ocurre lo mismo con la imputación jurídica irrogada en el pliego en cuanto al desconocimiento del deber consagrado en el artículo 153 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, referente al desempeño honorable, eficaz e imparcial de las funciones de su cargo, ya que simplemente lo que se observa, como anteriormente se indico es la infracción al deber de hacer cumplir la Ley especial de los Jueces de Paz, lo cual encuadra jurídicamente en el desconocimiento del deber descrito en el artículo 153-1 ibídem.

Así como tampoco se evidencia el desconocimiento del artículo 34 de la Ley 497 de 1999, como quiera que este artículo señala el control disciplinario en cabeza de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y la sanción que podrán imponer cuando en el ejercicio de sus funciones se atente contra las garantías y derechos fundamentales o se observe una conducta censurable que afecte la dignidad del cargo.

Por lo anterior, se absolverá al Juez encartado de los cargos formulados en torno al desconocimiento del deber consagrado en al artículo 153 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, así como la vulneración del artículo 34 de la Ley 497 de 1999 por no guardar consonancia con la situación fáctica imputada, tal como se indicara en la parte resolutiva.

De acuerdo con lo anterior, y sin entrar a efectuar más razonamientos sobre este tópico, es claro que el Juez de Paz Mario Antonio Agudelo Sánchez, transgredió el deber tipificado en el artículo 153.1 de la Ley 270 de 1996, este es, “respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos”, pues, contrarió lo dispuesto en los artículos 9º y 23 de la Ley 497 de 1999.

Calificación de la falta y sanción

De lo anterior, se colige que esta Superioridad comparte la calificación de la falta como grave, ya que sin lugar a dudas cobró una gran trascendencia social, en el entendido de que quien la cometió es un juez de paz, elegido por la propia comunidad para que fuera intermediario en la solución de conflictos, además su actitud menoscaba la confianza del usuario frente a la administración de justicia en equidad.

Ahora bien, en materia disciplinaria, conforme lo prevé el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, las faltas solo son sancionables a título de dolo o culpa. En el sub examine, la calificación dada por el Juez colegiado a quo, fue la de culpa, ello en la medida de que el resultado típico fue producto de la falta de deber objetivo de cuidado, pues lo que se observa en el presente caso es que, el Juez de Paz inculpado actuó en un asunto para el cual no tenía competencia, sin detenerse a revisar la normatividad que rige a los jueces de paz, que de haberlo hecho, lo habría llevado a no realizar la conducta.

Además, ninguna evidencia permite afirmar su comportamiento consciente y voluntaria de parte del disciplinable orientado a desconocer las disposiciones especificadas tanto por la primera instancia como por esta Superioridad.

Entonces, teniendo decantado que la conducta fue grave y culposa, al tenor del numeral 1º del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, la sanción no puede ser otra que la de suspensión en el ejercicio de cargo, y por ende esta Sala, y teniendo en cuenta los criterios para la graduación de la sanción previstos en el artículo 47 ibídem, literales g) y h), como lo es el grave daño social y la afectación al derecho fundamental al debido proceso, confirmará la sanción de suspensión en el cargo por el lapso de dos (2) meses.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia consultada de fecha 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en contra de Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su condición de juez de paz de la comuna Cuba de Pereira, para en su lugar ABSOLVERLO de la infracción al deber contenido en el artículo 153 numeral 2º de la Ley 270 de 1996, así como del desconocimiento del artículo 34 de la Ley 497 de 1999, por las consideraciones expuestas en precedencia.

2. CONFIRMAR la sentencia consultada de fecha 26 de noviembre de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en contra de Mario Antonio Agudelo Sánchez, en su condición de juez de paz de la comuna Cuba de Pereira, por la infracción al deber previsto en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, por inobservancia de los artículo 9º y 23 de la Ley 497 de 1999, así como la sanción de DOS (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo.

3. REMITIR copia del presente fallo a la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con constancia de su ejecutoria, para efectos de su anotación antes las autoridades correspondientes.

4. DEVOLVER el expediente a su lugar de origen.

Notifíquese y cúmplase».

2 Concepto tomado del módulo de formación Nº 2 para los Jueces de Paz y Reconsideración, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla.

3 “La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar”.

4 C-037 de 1996.